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Investigan presunto plan de atentado contra Abinader y arrestan a joven de 29 años en San Francisco de Macorís
El Ministerio Público realizó dos allanamientos y ocupó dispositivos electrónicos y sustancias químicas. Las autoridades investigan supuestas amenazas contra el mandatario relacionadas con los actos del Día de la Constitución, previstos para el 6 de noviembre.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Ministerio Público arrestó este martes 3 de noviembre a un hombre de 29 años, señalado en una investigación sobre presuntas amenazas contra la vida del presidente Luis Abinader y la posible planificación de un atentado durante las actividades conmemorativas del Día de la Constitución.
El detenido fue identificado como Delvinson De la Cruz Sosa, quien fue apresado durante un allanamiento realizado en su residencia, ubicada en el sector Vista del Valle, de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
La operación se desarrolló luego de que organismos de inteligencia alertaran a las autoridades sobre informaciones relacionadas con supuestas intenciones de atentar contra el jefe del Estado.
De acuerdo con los datos conocidos, las investigaciones buscan determinar si existía una planificación concreta para ejecutar las amenazas y establecer las circunstancias que rodean el caso.
Supuesto atentado estaría relacionado con actos del 6 de noviembre
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación figura en la documentación judicial utilizada para autorizar los allanamientos.
Según la solicitud presentada por el Ministerio Público, las diligencias están vinculadas con la presunta planificación de un atentado contra el presidente Abinader que habría sido previsto para el viernes 6 de noviembre de 2026.
El supuesto ataque estaría relacionado con las actividades conmemorativas del Día de la Constitución, que, de acuerdo con el documento, tendrían como escenario la sede del Congreso Nacional.
La referencia a un posible atentado forma parte de la hipótesis investigativa de las autoridades y no constituye, por sí sola, una comprobación judicial de que existiera un plan ejecutable.
Los organismos correspondientes procuran establecer el alcance de la información recibida, su veracidad y la posible existencia de elementos materiales que permitan sustentar las sospechas.
Allanamientos en residencia y establecimiento comercial
El arresto de De la Cruz Sosa se produjo durante una intervención realizada en un apartamento situado en el segundo nivel de una vivienda de la calle Joaquín Balaguer, en Vista del Valle.
Las autoridades también allanaron la Ferretería Molina, establecimiento comercial ubicado en la avenida Profesor Juan Bosch, donde trabaja el investigado.
Ambas actuaciones fueron realizadas mediante autorización judicial solicitada por los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar.
La orden fue emitida por la magistrada Josefina Noemí Díaz Marte, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís.
La intervención contó con el apoyo de organismos especializados en labores de inteligencia e investigación tecnológica.
Ocupan equipos electrónicos y sustancias químicas
Durante los allanamientos, los investigadores ocuparon dispositivos electrónicos y sustancias químicas cuya naturaleza y posible vinculación con los hechos se encuentran bajo evaluación.
Entre los objetos que las autoridades procuraban localizar figuraban teléfonos celulares, tabletas, computadoras, armas de fuego, pertrechos militares y otros elementos que pudieran aportar información relevante al expediente.
La solicitud judicial también contemplaba la búsqueda de posibles artefactos explosivos, aunque las informaciones divulgadas hasta el momento no confirman la ocupación de dispositivos de esa naturaleza.
El Ministerio Público cuenta con la colaboración de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entidad que participa en las diligencias relacionadas con el análisis de evidencias tecnológicas.
Los resultados de las experticias serán importantes para determinar si los objetos ocupados guardan alguna relación con las amenazas investigadas.
Investigación deberá establecer responsabilidades
El caso se encuentra en una etapa inicial, por lo que corresponde al Ministerio Público reunir los elementos probatorios necesarios para determinar si existen fundamentos para formular imputaciones penales.
La investigación deberá esclarecer el origen y contenido de las presuntas amenazas, así como establecer si las informaciones obtenidas por los organismos de inteligencia permiten demostrar la existencia de actos preparatorios relacionados con un posible atentado.
También será necesario verificar la naturaleza de las sustancias ocupadas y cualquier evidencia digital que pueda resultar pertinente.
El arresto del investigado no equivale a una declaración de culpabilidad, debido a que la responsabilidad penal solamente puede establecerse mediante los procedimientos previstos en la legislación dominicana y una decisión judicial definitiva.
Seguridad presidencial y garantías constitucionales
La investigación sobre las supuestas amenazas contra el presidente de la República reviste especial importancia por tratarse de hechos que, de comprobarse, podrían comprometer la seguridad del mandatario y el funcionamiento de las instituciones del Estado.
Las autoridades tienen la responsabilidad de prevenir posibles acciones violentas y adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad de los funcionarios públicos y de la ciudadanía.
No obstante, esas actuaciones deben desarrollarse dentro del marco constitucional, garantizando el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia de las personas investigadas.
Hasta el momento, las informaciones disponibles no establecen que las sustancias ocupadas estuvieran destinadas a fabricar explosivos ni que se hubiera comprobado la existencia de un plan organizado para ejecutar un atentado.
El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las presuntas amenazas contra el presidente Luis Abinader, mientras se esperan los resultados de los análisis de las evidencias ocupadas y las actuaciones judiciales que correspondan.
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Empresas de seguridad advierten riesgos económicos y piden aplazar dos años responsabilidad penal corporativa
ADESINC solicita al Congreso Nacional aprobar antes del 5 de noviembre una prórroga hasta 2028, al considerar que las empresas necesitan tiempo para adecuarse a las nuevas exigencias del Código Penal dominicano.
Santo Domingo, República Dominicana.- La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (ADESINC) solicitó al Congreso Nacional aprobar con carácter de urgencia una extensión de dos años para la entrada en vigencia de las disposiciones del nuevo Código Penal relacionadas con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ante el temor de que su aplicación inmediata genere dificultades legales, económicas y operativas para el sector empresarial.
La entidad, presidida por el mayor general retirado Freddy González Estrada, considera que las compañías dominicanas necesitan un período de adaptación para establecer mecanismos de supervisión, fortalecer sus controles internos y preparar a sus empleados frente a las nuevas obligaciones legales.
González Estrada explicó que el sector empresarial respalda la modernización del sistema de justicia y el fortalecimiento de la responsabilidad corporativa, pero entiende que una implementación precipitada podría comprometer la seguridad jurídica y afectar la estabilidad de numerosas empresas.
Advierten sobre posibles sanciones y pérdida de empleos
El dirigente empresarial expresó preocupación por las consecuencias que podrían enfrentar las compañías que no logren adecuarse oportunamente a las disposiciones legales, entre ellas multas, restricciones comerciales, cierre de establecimientos y, en los casos previstos por la legislación, la disolución de sociedades.
A juicio de ADESINC, estas medidas podrían tener repercusiones sobre miles de empleos formales, especialmente en las pequeñas y medianas empresas que cuentan con recursos limitados para establecer programas especializados de cumplimiento normativo.
La organización destacó que la industria de seguridad privada desarrolla operaciones particularmente sensibles, relacionadas con la protección de personas, instalaciones y bienes, por lo que necesita protocolos adecuados de dirección, control y supervisión.
Proyecto legislativo busca extender plazo hasta noviembre de 2028
La propuesta de modificación legislativa, presentada por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, procura aplazar hasta el 5 de noviembre de 2028 la aplicación de los artículos 8, 9, 10 y 11 del nuevo Código Penal, relativos a la responsabilidad penal empresarial.
La iniciativa fue aprobada por el Senado el 21 de octubre, mediante un procedimiento de urgencia en dos lecturas consecutivas, y remitida posteriormente a la Cámara de Diputados para su conocimiento.
De acuerdo con el marco legal vigente, estas disposiciones están previstas para entrar en vigor el próximo jueves 5 de noviembre de 2026, por lo que el Congreso dispone de un margen limitado para decidir sobre la modificación solicitada.
Sector empresarial reclama transición ordenada
ADESINC manifestó su respaldo a la posición del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que también ha planteado la necesidad de conceder tiempo adicional para que las sociedades comerciales puedan cumplir adecuadamente con las nuevas disposiciones.
La organización sostiene que la prórroga permitiría desarrollar programas de prevención de infracciones, capacitar al personal y establecer procedimientos internos de vigilancia y cumplimiento.
González Estrada insistió en que la solicitud no pretende eliminar las responsabilidades legales de las empresas, sino facilitar su incorporación al nuevo régimen penal mediante un proceso gradual y organizado.
Congreso enfrenta decisión sobre aplicación de nuevas normas
La discusión legislativa adquiere relevancia debido a que el nuevo Código Penal introduce un régimen que permite atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas por determinadas infracciones cometidas en el ámbito de sus operaciones, bajo las condiciones establecidas por la ley.
Estas disposiciones forman parte de la Ley 74-25, modificada por la Ley 44-26, y buscan fortalecer los mecanismos de responsabilidad y control dentro de las organizaciones empresariales.
Mientras los sectores empresariales reclaman un plazo adicional para adecuarse a las exigencias normativas, la decisión corresponde ahora a los legisladores, quienes deberán determinar si mantienen la fecha prevista o aprueban la extensión solicitada.
La Cámara de Diputados tiene ante sí una decisión que incidirá en el calendario de aplicación de la responsabilidad penal empresarial y en los preparativos que deberán realizar las compañías para cumplir con el nuevo marco jurídico.
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Colegio Médico suspende huelga y marcha al Palacio Nacional tras intervención del presidente Abinader
El gremio médico decidió dejar sin efecto las protestas programadas para el 11 de noviembre, luego de que el mandatario convocara a sus representantes a una reunión para discutir reajustes salariales, incentivos pendientes y mejoras hospitalarias.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció este martes la suspensión del paro nacional de labores de 24 horas y de la marcha hacia el Palacio Nacional que había convocado para el próximo miércoles 11 de noviembre, luego de recibir una invitación del presidente Luis Abinader para retomar las negociaciones sobre las demandas del sector salud.
La decisión fue comunicada por el presidente del gremio, Luis Peña Núñez, quien explicó que el mandatario se puso en contacto con él desde España para coordinar un encuentro con las autoridades gubernamentales.
La reunión quedó programada para el jueves 12 de noviembre, a las 3:00 de la tarde, en el Palacio Nacional, donde se espera abordar las principales reivindicaciones de los profesionales de la medicina.
Gremio apuesta al diálogo para buscar soluciones
Durante una rueda de prensa celebrada en la sede del Colegio Médico Dominicano, Peña Núñez manifestó que la suspensión de las movilizaciones procura facilitar un espacio de entendimiento con el Gobierno.
El dirigente gremial señaló que la intención es avanzar hacia acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales de los médicos y, al mismo tiempo, fortalecer los servicios de salud que recibe la población.
La convocatoria presidencial se produce en medio de reclamaciones acumuladas relacionadas con salarios, incentivos económicos, reconocimiento por antigüedad y terminación de establecimientos hospitalarios.
Aunque el gremio decidió detener las protestas anunciadas, las demandas que originaron la convocatoria continúan pendientes de solución.
Reclaman mejores salarios para cientos de médicos
Entre los principales puntos que serán discutidos figura la situación salarial de 143 profesionales que prestan servicios en el Ministerio de Salud Pública y reciben remuneraciones mensuales que oscilan entre RD$40,000 y RD$50,000.
El CMD solicita que estos médicos sean incorporados al Servicio Nacional de Salud (SNS), con la correspondiente asignación presupuestaria que permita mejorar sus ingresos y condiciones de trabajo.
El gremio también denunció que existen profesionales de la medicina vinculados al Ministerio de Obras Públicas que reciben salarios cercanos a RD$35,000 mensuales.
Según Peña Núñez, esa situación ha sido comunicada a las autoridades mediante diferentes solicitudes, sin que hasta ahora se hayan obtenido respuestas satisfactorias.
Más de mil médicos esperan pagos por antigüedad
Otra de las reclamaciones está relacionada con los incentivos económicos por años de servicio.
El presidente del CMD informó que existen 1,106 expedientes de médicos pendientes de recibir pagos correspondientes al reconocimiento de su antigüedad laboral.
Asimismo, planteó la necesidad de revisar las compensaciones por guardias presenciales, cuyos montos, según explicó, se encuentran entre RD$600 y RD$1,000, dependiendo de la duración de las jornadas, que pueden extenderse de 12 a 24 horas.
Los representantes del sector consideran que estas remuneraciones deben ser revisadas tomando en cuenta las responsabilidades profesionales y las condiciones en que los médicos desarrollan sus funciones.
Hospitales inconclusos forman parte de las demandas
El gremio también incluyó entre sus prioridades la conclusión de varios proyectos de infraestructura sanitaria que, según sus representantes, permanecen pendientes de terminación.
Entre las obras mencionadas figuran establecimientos hospitalarios de la región noroeste, Puerto Plata, San Pedro de Macorís y La Romana, así como el Hospital Padre Billini, en el Distrito Nacional.
El CMD sostiene que la culminación de estas infraestructuras es fundamental para ampliar la capacidad de atención y mejorar las condiciones en que trabajan los profesionales de la salud.
Las reclamaciones no se limitan a beneficios económicos, sino que también abarcan aspectos relacionados con el funcionamiento y la calidad de los servicios hospitalarios.
Colegio Médico reclama deuda de RD$27 millones al Intrant
Peña Núñez también reiteró que, según los registros del gremio, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) mantiene una deuda de RD$27 millones con el Colegio Médico Dominicano.
El dirigente explicó que fueron remitidas las facturas correspondientes para gestionar el pago, pero aseguró que todavía no cuentan con una fecha definida para recibir los recursos.
La reclamación se produce pese a que anteriormente el Intrant había informado que pagó la única factura que reconocía como pendiente con el gremio, lo que evidencia diferencias entre ambas instituciones respecto de las obligaciones económicas reclamadas.
Este asunto también figura entre los puntos que requieren aclaración y seguimiento institucional.
Expectativas ante reunión con el presidente
La suspensión de la huelga y de la marcha representa una oportunidad para que el Gobierno y los médicos retomen las conversaciones sin que se materialice la interrupción de servicios anunciada para el 11 de noviembre.
Sin embargo, la convocatoria al diálogo no significa que se hayan alcanzado acuerdos definitivos sobre las reclamaciones.
El encuentro del jueves 12 será determinante para establecer si las autoridades presentan propuestas concretas relacionadas con los reajustes salariales, los incentivos pendientes, la terminación de hospitales y los compromisos económicos reclamados por el gremio.
La decisión del Colegio Médico Dominicano abre una nueva etapa de negociación con el Gobierno, mientras miles de pacientes y profesionales de la salud permanecen atentos a los resultados de un diálogo que deberá traducirse en compromisos verificables y soluciones para el sistema sanitario nacional.
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Dos incidentes en cárcel de Najayo generan alerta: denuncian intento de agresión a funcionario y ocupan arma blanca
Los hechos ocurrieron este martes en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, donde agentes penitenciarios intervinieron ante una denuncia de presunta extorsión telefónica y la conducta de otro recluso que exhibía un cuchillo.
SAN CRISTÓBAL, República Dominicana. – Dos incidentes registrados este martes 3 de noviembre en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XX) de Najayo provocaron la intervención del personal de seguridad penitenciaria, luego de que un privado de libertad supuestamente intentara agredir a un funcionario del recinto y otro fuera sorprendido exhibiendo un arma blanca.
Los acontecimientos ocurrieron en circunstancias diferentes, aunque ambos generaron situaciones de tensión dentro del establecimiento carcelario, según informaciones atribuidas a fuentes vinculadas al centro.
Denuncia de extorsión desencadena primer incidente
El primero de los casos se produjo alrededor de las 11:40 de la mañana, cuando la Subdirección de Seguridad recibió una alerta sobre presuntas actividades de extorsión realizadas desde una cabina telefónica destinada a facilitar la comunicación de los internos con sus familiares.
La denuncia involucraba al recluso Melkin Cede Rodríguez Germán, quien se encuentra en prisión preventiva por una supuesta violación de la Ley 24-97, relacionada con la violencia intrafamiliar y de género.
De acuerdo con las informaciones difundidas, el interno presuntamente utilizaba el sistema telefónico del establecimiento para realizar llamadas con fines de extorsión.
Ante la alerta, la dirección del centro penitenciario dispuso una requisa en la celda de observación donde permanecía recluido.
Durante el procedimiento, Rodríguez Germán habría reaccionado de manera agresiva, alterando el orden e intentando atacar al subdirector del establecimiento.
La situación motivó la intervención de los agentes de seguridad, quienes lograron controlar al privado de libertad y restablecer el orden, conforme a la versión ofrecida por la fuente.
Hasta el momento, no se han informado detalles sobre posibles lesiones ni sobre la apertura de un procedimiento adicional relacionado con la denuncia de extorsión.
Otro recluso exhibía un cuchillo desde una ventana
El segundo incidente involucró a Nael Esteban Peguero, quien cumple una condena de diez años de prisión por infracciones relacionadas con asociación de malhechores y robo.
Según las informaciones disponibles, el interno comenzó a vociferar desde una de las ventanas del recinto penitenciario mientras exhibía un cuchillo, generando preocupación entre el personal encargado de la vigilancia.
Ante la situación, fue requerida la participación de la Unidad Táctica de Reacción (UTAR), cuyos agentes intervinieron para desarmar al condenado.
El personal especializado consiguió retirar el arma blanca y controlar el incidente, sin que se hayan ofrecido informaciones sobre personas lesionadas.
Seguridad penitenciaria bajo atención
Los dos acontecimientos colocan nuevamente en el debate la importancia de los mecanismos de vigilancia, prevención de conflictos y control de objetos prohibidos dentro de los establecimientos penitenciarios.
En particular, la presencia de un cuchillo en manos de una persona privada de libertad plantea interrogantes sobre los controles de acceso, las requisas y los procedimientos utilizados para detectar armas u otros objetos que puedan representar riesgos para internos y agentes.
Asimismo, la denuncia sobre una posible extorsión mediante teléfonos habilitados para la comunicación familiar evidencia la necesidad de supervisar el uso de esos servicios, respetando los derechos reconocidos a las personas privadas de libertad.
La seguridad de los centros penitenciarios requiere medidas que permitan prevenir actividades ilícitas, proteger la integridad física de los reclusos y garantizar condiciones adecuadas para el desempeño del personal.
Pendientes posibles medidas disciplinarias
Hasta ahora no se ha precisado si las autoridades penitenciarias adoptarán sanciones disciplinarias contra los internos involucrados o si remitirán las actuaciones al Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades penales adicionales.
En el caso de la denuncia de extorsión, será necesario establecer si existen pruebas que confirmen la supuesta utilización indebida de las instalaciones telefónicas del recinto.
En cuanto al arma blanca ocupada, corresponderá determinar cómo ingresó o fue obtenida dentro del establecimiento y si existieron fallas en los mecanismos de control.
Ambos incidentes fueron controlados mediante la intervención del personal de seguridad penitenciaria, mientras permanecen pendientes mayores detalles oficiales sobre las circunstancias en que ocurrieron y las medidas que podrían adoptarse para prevenir situaciones similares.