El presidente Luis Abinader aprobó el decreto 787-26, que obliga a las instituciones públicas a garantizar transparencia, supervisión humana y protección de datos personales cuando utilicen sistemas de inteligencia artificial.

SANTO DOMINGO. — El Gobierno dominicano estableció nuevas reglas para el uso de la inteligencia artificial (IA) en las instituciones públicas, mediante la aprobación del decreto 787-26, que crea el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos y establece medidas destinadas a prevenir abusos tecnológicos, proteger los derechos fundamentales y garantizar que las decisiones administrativas permanezcan bajo supervisión humana.

La disposición, aprobada por el presidente Luis Abinader, introduce obligaciones para las entidades de la administración pública centralizada y descentralizada, especialmente cuando utilizan herramientas automatizadas capaces de incidir en el acceso de los ciudadanos a servicios, beneficios sociales y procedimientos administrativos.

La iniciativa fue desarrollada mediante un proceso de consultas encabezado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el acompañamiento de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Ciudadanos podrán exigir explicaciones sobre decisiones tomadas con IA

Uno de los principales aspectos de la normativa es el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a conocer cuándo una decisión administrativa ha sido apoyada por sistemas de inteligencia artificial.

Las instituciones deberán proporcionar explicaciones comprensibles sobre el uso de estas tecnologías y habilitar procedimientos que permitan solicitar la revisión humana de decisiones automatizadas.

Esta medida busca evitar que las personas queden sometidas a determinaciones tecnológicas sin posibilidades de conocer sus fundamentos o cuestionar sus resultados.

Asimismo, los sistemas considerados de alto impacto deberán someterse a evaluaciones previas de sus posibles efectos sobre los derechos fundamentales.

La exigencia comprende herramientas que puedan influir en la concesión de ayudas sociales, el acceso a servicios públicos y el ejercicio de facultades sancionadoras del Estado.

Prohíben vigilancia biométrica masiva y clasificación social

El nuevo Código de Ética establece restricciones expresas frente a determinadas aplicaciones de inteligencia artificial consideradas incompatibles con la protección de los derechos ciudadanos.

Entre las prácticas prohibidas figuran los sistemas de clasificación social generalizada, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial y los mecanismos de predicción criminal sustentados en prejuicios territoriales o condiciones socioeconómicas.

También se prohíbe utilizar inteligencia artificial para automatizar sentencias penales y desarrollar armas autónomas.

Estas disposiciones procuran impedir que la tecnología sea utilizada como instrumento de discriminación, vigilancia indiscriminada o sustitución de responsabilidades humanas en decisiones especialmente delicadas.

Protección especial para niños y adolescentes

La normativa contempla medidas reforzadas para proteger a los menores de edad frente a los riesgos asociados con los sistemas automatizados.

En ese sentido, establece restricciones para impedir la utilización de herramientas capaces de generar o distribuir contenidos abusivos, discriminatorios o perjudiciales contra niños, niñas y adolescentes.

El objetivo es reducir los riesgos derivados del uso de tecnologías que puedan afectar su privacidad, seguridad y dignidad.

Instituciones deberán proteger los datos personales

Otro componente fundamental del decreto está relacionado con la soberanía digital y la seguridad de la información administrada por las instituciones estatales.

Las entidades públicas deberán exigir a los proveedores tecnológicos garantías de trazabilidad, ciberseguridad y control sobre los datos que manejan.

También deberán evitar la contratación de plataformas cuyo funcionamiento no pueda ser examinado o auditado adecuadamente por los organismos responsables.

Con estas medidas, el Gobierno procura reducir los riesgos de utilización indebida de información personal y asegurar una mayor capacidad de supervisión sobre las tecnologías contratadas por el Estado.

Crearán Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial

El decreto dispone la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, concebido como un organismo consultivo y de coordinación para acompañar la aplicación de las nuevas disposiciones.

En su integración participarán representantes de instituciones públicas y sectores no gubernamentales, incluyendo espacios de representación académica y de la sociedad civil.

Este mecanismo busca fortalecer la vigilancia institucional y promover la participación de diferentes sectores en la formulación de criterios para el uso responsable de la tecnología.

Gobierno concede 180 días para implementar las medidas

Las instituciones públicas dispondrán de un plazo transitorio de 180 días calendario para adaptar sus procedimientos internos a los nuevos requisitos.

Durante ese período deberán identificar y registrar los sistemas de inteligencia artificial que utilizan, designar funcionarios responsables y establecer controles destinados a garantizar el cumplimiento de las disposiciones éticas.

La normativa se enmarca en los esfuerzos de transformación digital del Estado dominicano y toma como referencia principios internacionales promovidos por organismos como la UNESCO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Un nuevo desafío para la administración pública

La incorporación de inteligencia artificial en los servicios gubernamentales puede contribuir a agilizar trámites, reducir tiempos de respuesta y mejorar la gestión de información.

Sin embargo, también plantea desafíos relacionados con la privacidad, los errores automatizados, la discriminación algorítmica y la responsabilidad de los funcionarios frente a las decisiones adoptadas mediante sistemas tecnológicos.

Con la aprobación de este Código de Ética, República Dominicana establece un marco de obligaciones que busca equilibrar las ventajas de la innovación con la protección de los derechos fundamentales.

El principal desafío será garantizar que las disposiciones no se limiten a principios escritos, sino que se traduzcan en mecanismos efectivos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas en cada institución pública.

Los nuevos investigadores recibieron formación especializada en técnicas de investigación, manejo de evidencias, delitos tecnológicos y respeto al debido proceso, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la lucha contra la criminalidad en República Dominicana.

SANTO DOMINGO. — La Policía Nacional anunció la integración de 200 nuevos agentes a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), con el propósito de fortalecer las labores de persecución del delito, mejorar la capacidad de respuesta institucional y elevar la calidad de las investigaciones criminales en el territorio dominicano.

Los efectivos participaron en el taller especializado Investigación Criminal 360, un programa de capacitación que contempla herramientas técnicas, jurídicas y operativas para enfrentar las diferentes modalidades delictivas que afectan a la sociedad.

La iniciativa fue desarrollada por instrucciones del director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, como parte de las acciones de fortalecimiento y profesionalización de los recursos humanos de la institución.

Según informó la entidad del orden, el objetivo es contar con investigadores mejor preparados para desarrollar procesos sustentados en evidencias, respetando las garantías constitucionales, el debido proceso y las disposiciones legales vigentes.

Formación ética y jurídica para enfrentar la delincuencia

La jornada de capacitación estuvo encabezada por el director central de Investigación, general Pedro Ignacio Matos Pérez, quien destacó la importancia de que los agentes desarrollen sus funciones con responsabilidad, profesionalismo y apego a los principios legales que regulan las actuaciones policiales.

Durante su intervención, abordó los fundamentos jurídicos, éticos y metodológicos que deben orientar las investigaciones, así como las competencias necesarias para recopilar información, analizar hechos delictivos y contribuir al esclarecimiento de los casos.

La capacitación también estuvo dirigida a fortalecer la preparación de los agentes ante las exigencias de un sistema de justicia que requiere investigaciones documentadas y procedimientos ajustados a las normas legales.

Tecnología y delitos cibernéticos entre los temas abordados

Uno de los componentes del programa estuvo dedicado a los avances tecnológicos aplicados a la investigación criminal.

El director de Área de la Policía Cibernética, general Werner Núñez Quezada, explicó la importancia de incorporar herramientas digitales y procedimientos especializados para enfrentar las nuevas modalidades de criminalidad.

Estas capacidades resultan especialmente relevantes en la investigación de delitos cometidos mediante dispositivos electrónicos, plataformas digitales y otros recursos tecnológicos.

La institución procura que los investigadores puedan aprovechar los avances de la tecnología en el análisis de evidencias y en el desarrollo de sus actuaciones.

Destacan integridad y disciplina como valores esenciales

Por su parte, el subdirector central de Investigación, coronel Fulvio Grullón Pensó, resaltó que la preparación técnica debe estar acompañada de una conducta ética y profesional.

Entre las cualidades fundamentales de un investigador mencionó la integridad, objetividad, disciplina, perseverancia, lealtad, empatía y control emocional.

Estos principios, según explicó, son indispensables para desarrollar investigaciones responsables, evitar actuaciones arbitrarias y fortalecer la confianza ciudadana en los organismos encargados de perseguir los hechos delictivos.

Capacitación incluyó crimen organizado e investigación científica

El programa también contempló exposiciones sobre delitos contra las personas y la propiedad, investigación del crimen organizado, procedimientos de la Policía Científica y funciones de la Oficina Central Nacional de Interpol.

Los participantes recibieron orientaciones de responsables de distintas áreas especializadas del Dicrim, quienes compartieron conocimientos relacionados con el procesamiento de evidencias, el análisis de casos y la documentación de actuaciones investigativas.

La metodología combinó formación teórica, estudios de situaciones reales y ejercicios prácticos destinados a mejorar las destrezas de los nuevos agentes.

Buscan fortalecer la confianza en las investigaciones policiales

La incorporación de los 200 investigadores representa una ampliación de los recursos humanos disponibles para las labores investigativas de la Policía Nacional.

No obstante, la efectividad de esta medida dependerá de la aplicación de los conocimientos adquiridos, la disponibilidad de recursos técnicos y la coordinación con el Ministerio Público, responsable de dirigir la investigación penal conforme al ordenamiento jurídico dominicano.

El fortalecimiento de las capacidades investigativas constituye uno de los componentes necesarios para mejorar el esclarecimiento de los delitos y contribuir a una respuesta más efectiva frente a la criminalidad.

Con esta nueva integración, la Policía Nacional procura avanzar hacia un modelo de investigación más profesional, apoyado en herramientas científicas, procedimientos legales y personal capacitado para responder a los desafíos de la seguridad ciudadana.

Cinco de los magistrados seleccionados provienen de la carrera judicial y tres son mujeres. La renovación del máximo tribunal mantiene abierta la discusión sobre la participación femenina en los principales órganos de justicia del país.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designó este lunes 2 de noviembre a seis nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en un proceso de renovación que fortalece la presencia de jueces de carrera, pero mantiene la representación femenina por debajo de un tercio de la composición del máximo tribunal ordinario.

De los seis magistrados seleccionados, cinco cuentan con trayectoria dentro del Poder Judicial, mientras que una procede del ejercicio privado de la abogacía y la docencia universitaria.

La elección incluye a tres mujeres y tres hombres, con lo cual la Suprema Corte tendrá cinco magistradas entre sus 17 integrantes, equivalentes al 29.4 % del total.

Aunque esta composición restablece el número de mujeres que tenía el tribunal antes del proceso de renovación, no representa un incremento de su participación porcentual, pese a las propuestas de distintos sectores que planteaban una mayor presencia femenina.

Experiencia judicial predomina entre los seleccionados

Los nuevos integrantes de la Suprema Corte proceden de distintas jurisdicciones y especialidades del derecho, incluyendo las materias penal, civil, comercial, administrativa y de familia.

Entre los designados figura Julio César Emilio Canó Alfau, quien presidía la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y acumula más de cuatro décadas de trayectoria en la administración de justicia.

También fue seleccionada Antonia Josefina Grullón Blandino, magistrada de la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes del Distrito Nacional, cuya experiencia se concentra en asuntos relacionados con la protección de menores y conflictos familiares.

Otro de los escogidos es Amauri Antonio Pimentel Fabián, quien se desempeñaba como presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega.

A la lista se suma Arelis Socorro Ricourt Gómez, quien presidía la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega, así como Diomede Ydelfo Villalona Guerrero, procedente de la presidencia del Tribunal Superior Administrativo.

La sexta integrante es Ylona María de la Rocha Camilo, profesional del derecho vinculada al ejercicio privado y a la enseñanza universitaria en Santiago de los Caballeros.

Su incorporación representa la participación de profesionales externos a la carrera judicial en la integración del máximo tribunal.

Constitución establece equilibrio en la procedencia de los jueces

La selección de los nuevos magistrados se enmarca en las disposiciones del artículo 180 de la Constitución dominicana, que establece criterios para la integración de la Suprema Corte de Justicia.

La disposición constitucional contempla que las tres cuartas partes de sus integrantes procedan del sistema de carrera judicial, mientras que la cuarta parte restante puede ser seleccionada entre profesionales del derecho, académicos y miembros del Ministerio Público.

Este mecanismo procura combinar la experiencia acumulada en el ejercicio de la judicatura con conocimientos provenientes de otros ámbitos de la práctica jurídica.

La procedencia de cinco de los seis nuevos miembros de la carrera judicial refleja el peso otorgado a la experiencia jurisdiccional en el proceso de selección.

Participación femenina continúa siendo un desafío

Uno de los aspectos que ha generado mayor atención es la proporción de mujeres dentro de la nueva composición de la Suprema Corte.

A pesar de que tres de las seis personas seleccionadas son magistradas, la representación femenina global permanecerá en un 29.4 %, frente a un 70.6 % correspondiente a los hombres.

Durante el proceso de evaluación y selección, representantes de organizaciones de la sociedad civil y sectores vinculados al sistema judicial habían planteado la conveniencia de aumentar el número de mujeres designadas.

La discusión sobre la participación femenina en los órganos superiores de justicia forma parte de un debate más amplio sobre igualdad de oportunidades, representación institucional y acceso a posiciones de dirección dentro del Estado.

Justiniano Montero encabezará la nueva etapa

La renovación de la Suprema Corte coincide con la elección de Justiniano Montero Montero como nuevo presidente del tribunal, en sustitución de Luis Henry Molina.

Asimismo, el Consejo Nacional de la Magistratura designó a Diomede Ydelfo Villalona Guerrero como primer sustituto del presidente y a Arelis Socorro Ricourt Gómez como segunda sustituta.

Con estas designaciones, el máximo tribunal inicia una nueva etapa institucional marcada por expectativas relacionadas con la reducción de la mora judicial, la modernización de sus procedimientos, la independencia de los jueces y el fortalecimiento de la seguridad jurídica.

Los magistrados seleccionados deberán ser juramentados el próximo 10 de noviembre, antes de asumir formalmente sus nuevas responsabilidades.

La renovación de la Suprema Corte no solamente supone un cambio en su integración, sino también una oportunidad para examinar los desafíos pendientes en materia de eficiencia, acceso a la justicia y confianza ciudadana.

La verdadera dimensión de esta nueva composición se reflejará en la calidad de sus decisiones, el respeto a las garantías constitucionales y la capacidad del tribunal para responder a las demandas de una sociedad que reclama una justicia independiente, transparente y oportuna.