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Senador Antonio Taveras cuestiona muertes a manos de policías y advierte sobre los riesgos de sustituir la justicia por la fuerza
El legislador por Santo Domingo exige que las autoridades expliquen las muertes registradas en supuestos intercambios de disparos y reclama que el Senado ejerza su función de fiscalización para garantizar el respeto a la vida y al debido proceso.
Santo Domingo, República Dominicana. – El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, expresó este miércoles su preocupación por las muertes de ciudadanos durante intervenciones de la Policía Nacional y advirtió sobre las consecuencias que tendría para el Estado de derecho la normalización del uso de la fuerza letal como mecanismo para combatir la delincuencia.Durante su intervención ante el pleno del Senado, el legislador cuestionó el denominado “29”, expresión utilizada en el debate público para referirse a actuaciones policiales con consecuencias mortales, y criticó que estas puedan convertirse en una alternativa a los procedimientos judiciales establecidos por la Constitución y las leyes.
“Si la delincuencia se resuelve con el ‘29’, cerremos los tribunales, ampliemos los cementerios y olvidémonos de la reforma policial”, manifestó Taveras, al rechazar cualquier práctica que implique sustituir la investigación, el procesamiento y el juzgamiento de los presuntos delincuentes por actuaciones extrajudiciales.
Reclama explicaciones por muertes en intervenciones policiales
El senador hizo referencia a informaciones periodísticas que reportan el fallecimiento de siete personas en un período de apenas 72 horas, las cuales se sumarían a otras 104 muertes registradas durante septiembre y octubre en circunstancias vinculadas a intervenciones policiales.
Ante estas cifras, consideró indispensable que las autoridades expliquen las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinen si las actuaciones de los agentes se ajustaron a los protocolos institucionales y al marco legal vigente.
Taveras sostuvo que cada fallecimiento debe ser esclarecido mediante investigaciones transparentes, independientemente de los antecedentes o de las acusaciones que pudieran existir contra las personas involucradas.
Asimismo, solicitó que sean examinadas y presentadas las grabaciones de las cámaras de vigilancia disponibles, con el propósito de contribuir al esclarecimiento de los acontecimientos.
Solicita comparecencia de autoridades ante el Senado
El legislador recordó que el pasado 15 de octubre depositó una resolución para convocar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, a comparecer ante el Senado.
La iniciativa procura que ambos funcionarios expliquen las circunstancias de las muertes producidas durante operativos policiales, los procedimientos utilizados por los agentes y los mecanismos de investigación y supervisión aplicados por las instituciones correspondientes.
Sin embargo, Taveras cuestionó que la solicitud todavía no haya sido conocida, pese a la importancia de las denuncias y al interés público que reviste la actuación de los organismos encargados de garantizar la seguridad ciudadana.
Comisión de Justicia dispone de 30 días para estudiar iniciativa
En respuesta a los cuestionamientos, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Rafael Barón Duluc, explicó que la resolución no ha podido ser examinada debido al volumen de proyectos pendientes de conocimiento.
Por su parte, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, remitió la propuesta a dicha comisión, otorgándole un plazo ordinario de 30 días para su evaluación, contado a partir de este miércoles 4 de noviembre.
La decisión implica que la solicitud de comparecencia deberá agotar el procedimiento legislativo correspondiente antes de que pueda producirse una eventual convocatoria de los funcionarios.
Seguridad ciudadana y respeto al debido proceso
La intervención del senador reabre el debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte de los organismos policiales y la obligación del Estado de garantizar tanto la seguridad pública como el respeto a los derechos fundamentales.
La Constitución dominicana protege el derecho a la vida y reconoce garantías esenciales como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso.
En consecuencia, la actuación de los cuerpos de seguridad debe desarrollarse dentro de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, sin que la lucha contra la criminalidad pueda justificar actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.
De igual manera, corresponde a los organismos competentes investigar de forma independiente las muertes ocurridas durante intervenciones policiales, a fin de establecer las circunstancias y determinar las posibles responsabilidades.
El senador sostuvo que la transparencia institucional constituye un elemento indispensable para fortalecer la confianza de la ciudadanía en una Policía Nacional capaz de combatir eficazmente la delincuencia sin recurrir a excesos.
Reforma policial vuelve al centro del debate
Las declaraciones de Antonio Taveras colocan nuevamente en discusión la necesidad de profundizar la reforma policial, fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar que los procedimientos operativos respondan a criterios profesionales y respetuosos de los derechos humanos.
El debate también pone de relieve la responsabilidad del Congreso Nacional de fiscalizar las actuaciones de los organismos públicos y exigir explicaciones cuando se producen hechos que comprometen derechos fundamentales.
La discusión trasciende las cifras de fallecidos y plantea una cuestión esencial para la democracia dominicana: combatir la delincuencia con firmeza, pero sin convertir la fuerza policial en sustituto de la justicia.
La exigencia de esclarecimiento de estas muertes representa, por tanto, un llamado a fortalecer el Estado de derecho y a garantizar que la seguridad ciudadana y el respeto a la vida constituyan responsabilidades inseparables de las instituciones públicas.
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Corte de Apelación conocerá este jueves recurso de imputado por muerte de joven tras venta de celular en Marketplace
La defensa de Lenin Jhericop Núñez de León solicita sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario. El caso está relacionado con una presunta estafa en la venta de un teléfono celular que terminó con la muerte de Enmanuel Contreras Medina.
Santo Domingo, República Dominicana. – La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional tiene previsto conocer este jueves 5 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, el recurso interpuesto por la defensa de Lenin Jhericop Núñez de León, imputado por la muerte de Enmanuel Contreras Medina, ocurrida luego de un conflicto relacionado con la compraventa de un teléfono celular anunciado a través de Facebook Marketplace.
Los abogados del imputado procuran que el tribunal revoque o modifique la medida de prisión preventiva que actualmente cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, para que le sea impuesto arresto domiciliario.
Según las informaciones disponibles, la defensa fundamenta su solicitud en la posibilidad de que Núñez de León continúe sus estudios mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.
La audiencia ha sido aplazada en dos ocasiones, por lo que se espera que este jueves el tribunal examine los argumentos presentados por las partes y determine si procede mantener o modificar la medida de coerción.
Una presunta estafa que terminó en tragedia
El caso se originó en julio de 2026, cuando una negociación para adquirir un iPhone 15 Pro Max a través de Facebook Marketplace terminó desencadenando un enfrentamiento que posteriormente ocasionó la muerte de Contreras Medina.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Núñez de León había publicado un anuncio para vender el dispositivo por RD$35,000.
Posteriormente, Yoan Manuel Jiménez Medina habría utilizado la publicación para hacerse pasar por el legítimo vendedor y ofrecer el mismo teléfono a la víctima por RD$15,000, suma que recibió mediante una transferencia bancaria.
Según el expediente, Jiménez Medina contactó a Núñez de León para informarle que el comprador acudiría a retirar el equipo y realizar el pago personalmente.
El encuentro fue coordinado para el primero de julio en las inmediaciones del estadio de béisbol La Javilla, en el Distrito Nacional.
Sin embargo, Contreras Medina habría acudido al lugar convencido de que ya había pagado el teléfono, mientras que Núñez de León esperaba recibir el dinero correspondiente a la venta.
Ministerio Público atribuye agresión con un bate al imputado
Conforme a la acusación preliminar, cuando Núñez de León reclamó el pago del dispositivo, se produjo una situación que terminó con Contreras Medina intentando abandonar el lugar.
El Ministerio Público sostiene que el imputado persiguió al joven portando un bate, al tiempo que gritaba que se trataba de un ladrón.
La investigación establece que Núñez de León habría alcanzado a Contreras Medina y le propinó varios golpes en la cabeza y la espalda, provocándole lesiones graves.
El joven fue trasladado a un centro de salud de Santo Domingo, donde permaneció ingresado en estado de coma y bajo cuidados intensivos.
Finalmente, falleció el 9 de septiembre de 2026, como consecuencia de las lesiones sufridas, según las informaciones incorporadas al expediente.
Otro imputado enfrenta prisión preventiva por la presunta estafa
Por este mismo caso también fue sometido a la justicia Yoan Manuel Jiménez Medina, señalado como la persona que presuntamente organizó el engaño mediante el cual recibió los RD$15,000 transferidos por la víctima.
A Jiménez Medina le fueron impuestos tres meses de prisión preventiva como medida de coerción por su presunta participación en la operación fraudulenta.
Las autoridades investigan de manera diferenciada las actuaciones atribuidas a ambos imputados, tomando en consideración las circunstancias que dieron origen a la negociación y los hechos violentos posteriores.
Tribunal deberá evaluar los presupuestos de la prisión preventiva
La audiencia de este jueves estará centrada en el recurso contra la medida de coerción impuesta a Núñez de León, y no en una decisión definitiva sobre su culpabilidad o inocencia.
En ese sentido, los jueces deberán valorar los argumentos de la defensa, la posición del Ministerio Público y los presupuestos legales que justifican la imposición o mantenimiento de una medida privativa de libertad.
Entre los elementos relevantes para decidir sobre la prisión preventiva se encuentran los riesgos procesales, especialmente el peligro de fuga y la posibilidad de obstaculización de la investigación, conforme a las disposiciones aplicables del Código Procesal Penal dominicano.
El tribunal también deberá considerar si una medida menos gravosa, como el arresto domiciliario solicitado, resulta suficiente para garantizar la presencia del imputado durante el proceso.
La gravedad del hecho investigado constituye un elemento importante del contexto judicial, pero la prisión preventiva no puede utilizarse como una condena anticipada.
Caso reabre debate sobre las compras mediante plataformas digitales
La muerte de Enmanuel Contreras Medina ha puesto nuevamente sobre la mesa los riesgos asociados a las transacciones comerciales realizadas a través de redes sociales cuando intervienen intermediarios que ocultan su verdadera identidad.
El expediente describe una modalidad de presunto fraude en la que una persona habría utilizado una publicación legítima de venta para engañar simultáneamente al comprador y al propietario del artículo.
Más allá de las responsabilidades penales que deberán determinar los tribunales, el caso evidencia las consecuencias que pueden producirse cuando un conflicto económico deriva en actos de violencia.
La decisión que adopte la Corte de Apelación este jueves será determinante para establecer si Lenin Jhericop Núñez de León continuará en prisión preventiva o podrá enfrentar el proceso bajo arresto domiciliario, mientras avanzan las investigaciones y las actuaciones judiciales relacionadas con la muerte de Contreras Medina.
La familia de la víctima ha adelantado que se opondrá a la modificación de la prisión preventiva, al considerar que existe riesgo de fuga.
Noticias de hoy en República Dominicana+1
Información contrastada con publicaciones del 19 de octubre de 2026 que confirman la audiencia fijada para el jueves 5 de noviembre, a las 10:00 a. m.
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Policía Nacional captura a tres fugitivos internacionales y recibe dominicano extraditado desde Argentina
Los detenidos eran buscados por autoridades de Francia, Países Bajos y Chile por su presunta vinculación con homicidios, narcotráfico y lavado de activos. Las operaciones fueron coordinadas por INTERPOL Santo Domingo.
Santo Domingo, República Dominicana. – La Policía Nacional informó este miércoles 4 de noviembre sobre la captura en territorio dominicano de tres hombres requeridos por las autoridades judiciales de Francia, Países Bajos y Chile, así como la recepción de un ciudadano dominicano extraditado desde Argentina, como resultado de diferentes operaciones de cooperación policial internacional.Las actuaciones fueron coordinadas por la Oficina Central Nacional de INTERPOL Santo Domingo, en colaboración con organismos de seguridad y autoridades judiciales de los países involucrados.
De acuerdo con la institución del orden, los procedimientos forman parte de los esfuerzos para localizar a personas reclamadas por la justicia y evitar que el territorio dominicano sea utilizado como refugio por individuos investigados por delitos graves en otras naciones.
Francés investigado por asesinato fue detenido en el AILA
Entre los apresados figura el ciudadano francés Romain Cairfarland Eleuthere, quien fue interceptado el pasado 26 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, cuando se disponía a viajar hacia las Islas Vírgenes Británicas.
Según la información suministrada por la Policía Nacional, Eleuthere es requerido por las autoridades francesas como principal sospechoso de un asesinato ocurrido en febrero de 2026 en Guadalupe, territorio francés ubicado en el Caribe.
Su detención permitió ponerlo a disposición de las autoridades competentes para continuar los procedimientos judiciales correspondientes.
Arrestan en Juan Dolio a extranjero buscado por narcotráfico
En otra intervención, realizada el 30 de octubre en Juan Dolio, las autoridades arrestaron a Roberto Aurelio Stefano Porru, identificado como ciudadano neerlandés de nacionalidad italiana.
El detenido es reclamado por la justicia de Países Bajos por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico internacional de cocaína, lavado de activos y dirección de una organización criminal.
La Policía Nacional informó que el extranjero supuestamente utilizaba documentos españoles fraudulentos para ocultar su verdadera identidad y dificultar su localización.
Las autoridades deberán continuar los procedimientos correspondientes para determinar su situación jurídica y tramitar las solicitudes formuladas por el país requirente.
Dominicano era buscado en Chile por presunto homicidio
También el 30 de octubre, agentes policiales capturaron en Santo Domingo Este al dominicano Modesto Brand Javier, requerido por las autoridades judiciales chilenas.
De acuerdo con el informe policial, Brand Javier es investigado por su presunta participación en un homicidio registrado en noviembre de 2024 en la ciudad de Santiago de Chile.
La detención se produjo en cumplimiento de los mecanismos de colaboración internacional establecidos para localizar a personas que enfrentan procesos judiciales fuera del territorio dominicano.
Extraditan desde Argentina a implicado en homicidio ocurrido en Villa Consuelo
Como parte de otra operación, la Policía Nacional recibió el pasado 31 de octubre al dominicano Cristian López, conocido con el alias de “Emerson”, quien fue extraditado desde Buenos Aires, Argentina.
López era buscado por la justicia dominicana por su presunta vinculación con asociación de malhechores, homicidio y porte ilegal de armas de fuego.
Las imputaciones están relacionadas con un hecho violento ocurrido en mayo de 2024 en el sector Villa Consuelo, Distrito Nacional, donde una persona perdió la vida y un adolescente de 14 años resultó herido de bala.
El imputado había sido localizado y detenido en territorio argentino mediante una operación desarrollada en coordinación con las autoridades de ambos países.
Su entrega a República Dominicana permitirá que enfrente los procedimientos judiciales pendientes ante los tribunales competentes.
Cooperación internacional contra la criminalidad
Las cuatro actuaciones ponen de relieve la importancia de la coordinación entre las instituciones policiales y judiciales de diferentes países para enfrentar delitos que trascienden las fronteras nacionales.
La colaboración mediante INTERPOL facilita el intercambio de información, la localización de personas requeridas por la justicia y la ejecución de procedimientos de detención con fines de extradición, siempre dentro de los mecanismos legales aplicables.
La Policía Nacional indicó que las personas detenidas quedaron bajo custodia de las autoridades competentes para dar continuidad a los trámites judiciales correspondientes.
Las operaciones representan un avance en la localización de personas reclamadas por distintos sistemas judiciales, aunque corresponderá a los tribunales determinar las responsabilidades penales individuales conforme a las pruebas presentadas y al debido proceso.
Las detenciones también evidencian la necesidad de mantener mecanismos permanentes de cooperación internacional para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y otros delitos graves.
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Intrant anuncia que la revista vehicular comenzaría a aplicarse en el primer semestre de 2027
La institución trabaja en la certificación de talleres y técnicos automotrices para implementar un sistema de inspección que permita evaluar las condiciones mecánicas y de seguridad de los vehículos que circulan en República Dominicana.
Santo Domingo, República Dominicana. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó este miércoles que proyecta poner en funcionamiento la inspección técnica vehicular, popularmente conocida como la revista, durante el primer semestre de 2027, como parte de las iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad vial y mejorar las condiciones de los vehículos que circulan por las carreteras y avenidas del país.
El anuncio fue realizado por el director ejecutivo de la institución, general retirado Juan Manuel Méndez García, quien explicó que el organismo desarrolla los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para implementar el servicio conforme a las disposiciones de la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Méndez García indicó que el Intrant trabaja en coordinación con la Dirección General de Contrataciones Públicas para identificar el mecanismo que permita establecer el sistema de inspección en el menor tiempo posible, respetando los procedimientos legales correspondientes.
Talleres y técnicos deberán estar certificados
Uno de los principales componentes del proyecto consiste en la certificación de talleres automotrices que deseen participar en el proceso de evaluación de las condiciones técnicas de los vehículos.
La institución realiza levantamientos para determinar los requisitos de infraestructura, equipamiento y capacidad operativa que deberán cumplir los establecimientos autorizados.
Asimismo, se contempla un procedimiento de certificación para los técnicos responsables de efectuar las inspecciones, quienes tendrán que demostrar sus competencias profesionales y obtener las autorizaciones necesarias para validar los resultados.
Con estas medidas, el Intrant procura establecer un sistema de evaluación sustentado en criterios técnicos y procedimientos verificables.
Inspecciones buscan reducir riesgos de accidentes
La implementación de la revista vehicular permitirá establecer un mecanismo formal para verificar las condiciones de seguridad y funcionamiento de los automóviles, motocicletas y demás unidades sujetas al régimen que finalmente se apruebe.
Entre los aspectos que habitualmente comprende una inspección técnica se encuentran el estado de los frenos, neumáticos, dirección, luces, suspensión y otros componentes que inciden directamente en la seguridad de conductores, pasajeros y peatones.
La revisión periódica de estos elementos puede contribuir a detectar desperfectos mecánicos que representen riesgos durante la circulación.
También constituye una herramienta de prevención frente al deterioro de vehículos que continúan transitando sin recibir el mantenimiento adecuado.
Aplicación responderá a la Ley 63-17
El proyecto forma parte del marco regulatorio establecido por la Ley 63-17, que contempla mecanismos de supervisión y control destinados a garantizar condiciones adecuadas de seguridad en el transporte terrestre.
La puesta en funcionamiento del sistema representaría un paso importante hacia la modernización de los controles vehiculares en República Dominicana, donde la circulación de unidades en condiciones mecánicas deficientes constituye una preocupación para la seguridad vial.
Sin embargo, las autoridades todavía deberán precisar los procedimientos definitivos de inspección, las tarifas aplicables, la frecuencia de las evaluaciones y los requisitos que tendrán que cumplir los propietarios de vehículos.
Conductores deberán estar atentos a las nuevas disposiciones
Aunque el Intrant ha señalado el primer semestre de 2027 como período previsto para comenzar la implementación, todavía no se ha anunciado una fecha específica para el inicio de las inspecciones.
Tampoco se han detallado los mecanismos mediante los cuales los conductores podrán solicitar las evaluaciones o identificar los talleres que recibirán autorización oficial.
Estos aspectos deberán ser comunicados oportunamente para que los propietarios de vehículos puedan conocer sus obligaciones y prepararse para el nuevo procedimiento.
La implementación de la revista vehicular constituye un desafío tanto administrativo como técnico, debido a la necesidad de garantizar que el sistema funcione con transparencia, criterios uniformes y capacidad suficiente para atender el parque vehicular nacional.
De concretarse en el plazo anunciado, la iniciativa marcaría una nueva etapa en la política de seguridad vial dominicana, con el objetivo de promover una circulación más segura y reducir los riesgos asociados a fallas mecánicas.