El expresidente de la Junta Central Electoral cuestionó la iniciativa presentada por una diputada del PRM y advirtió sobre posibles consecuencias jurídicas, migratorias y electorales.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, denunció este jueves que un proyecto de ley presentado por la diputada oficialista Maribel Almánzar de Ogando podría constituir una amnistía encubierta para extranjeros que obtuvieron documentación dominicana mediante procedimientos irregulares.

Rosario sostuvo que la iniciativa, promovida por una legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pretende establecer mecanismos especiales de regularización de identidad que, a su juicio, podrían entrar en conflicto con la Constitución dominicana, la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional y la Ley 169-14.

El exfuncionario afirmó que, aunque la propuesta se presenta como una solución humanitaria para personas con dificultades documentales, considera que podría abrir nuevas vías para regularizar situaciones migratorias y registrales contrarias a la legislación vigente.

Cuestiona alcance jurídico de la iniciativa

Rosario argumentó que el Estado dominicano ya dispone de instrumentos legales para atender los casos de personas afectadas por irregularidades en el Registro Civil.

En ese sentido, defendió que las situaciones particulares deben examinarse mediante los procedimientos establecidos y, cuando corresponda, ser resueltas por los tribunales competentes.

También manifestó preocupación por la posibilidad de que personas que hayan obtenido documentos mediante falsedades o irregularidades puedan beneficiarse del nuevo mecanismo de identificación.

Proyecto contempla una cédula especial sin derecho al voto

La iniciativa legislativa busca establecer un procedimiento para determinar o reconstruir la identidad de personas que durante años han utilizado documentación dominicana, pero que posteriormente enfrentaron obstáculos para renovarla debido a inconsistencias, duplicidades o suplantaciones.

Entre sus disposiciones figura la creación de una cédula especial para personas cuya nacionalidad dominicana no pueda acreditarse jurídicamente.

Ese documento tendría la inscripción visible «NO VOTA» y permitiría realizar determinados trámites civiles, laborales, bancarios y administrativos, sin conferir por sí mismo la nacionalidad dominicana, el derecho al sufragio ni el acceso al pasaporte dominicano.

Asimismo, la propuesta establece que las eventuales responsabilidades por falsedades documentales no quedarían automáticamente extinguidas mediante el procedimiento de regularización.

Rosario advierte sobre posibles implicaciones electorales

El expresidente de la JCE también relacionó la presentación del proyecto con la proximidad de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de 2028.

A su entender, la iniciativa podría responder a intereses políticos y no exclusivamente a razones humanitarias.

Rosario advirtió que una eventual aprobación podría generar controversias sobre la política migratoria, la seguridad jurídica del Registro Civil y la confianza en el sistema electoral dominicano.

Sin embargo, esas consideraciones constituyen señalamientos del exfuncionario y no conclusiones judiciales sobre el contenido o las motivaciones de la propuesta.

Reclama cumplimiento de la legislación migratoria

El exfuncionario exhortó al Gobierno a garantizar la aplicación de la Ley General de Migración 285-04, respetando el debido proceso y los derechos fundamentales de todas las personas.

Insistió en que cualquier mecanismo para resolver irregularidades documentales debe ajustarse al ordenamiento constitucional y a las disposiciones que regulan el reconocimiento de la nacionalidad dominicana.

La controversia abre un nuevo debate sobre la necesidad de garantizar el derecho a la identidad de las personas que enfrentan dificultades registrales, sin desconocer los requisitos constitucionales y legales relativos a la nacionalidad.

El proyecto permanece como una iniciativa legislativa cuya eventual aprobación dependerá del procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional.

Tribunal concede arresto domiciliario a Rafael Luis Martínez Hazim, con garantía económica de RD$15 millones, impedimento de salida y localizador electrónico.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este jueves la prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros cuatro imputados en el proceso judicial por presuntas irregularidades y desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), mientras dispuso la variación de la medida de coerción impuesta a Rafael Luis Martínez Hazim.

La decisión fue adoptada por el juez Deiby Timoteo Peguero durante la revisión obligatoria de las medidas de coerción, al considerar que persisten las circunstancias que justificaron la privación de libertad de cinco de los procesados.

Además de Santiago Hazim, permanecerán recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Spiekler Mateo.

El magistrado fundamentó su decisión en la persistencia de riesgos procesales, la gravedad de los hechos investigados y la magnitud del presunto perjuicio económico, así como en la necesidad de garantizar la presencia de los imputados durante el desarrollo del proceso judicial.

Conceden arresto domiciliario a Martínez Hazim

En cuanto a Rafael Luis Martínez Hazim, el tribunal acogió los nuevos elementos presentados por su defensa y ordenó sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, acompañado de una garantía económica de 15 millones de pesos mediante contrato de fianza.

La decisión también contempla impedimento de salida del país sin autorización judicial y la colocación de un dispositivo de localización electrónica.

La defensa argumentó que su representado no posee participación accionaria en las empresas investigadas y que no existen riesgos procesales suficientes para justificar su permanencia en prisión.

Tras evaluar los planteamientos, el juez consideró necesario aplicar un criterio de proporcionalidad, tomando en cuenta las circunstancias particulares del imputado.

Ministerio Público solicitó mantener las medidas

Durante la audiencia, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, solicitó rechazar las peticiones de variación formuladas por las defensas.

Camacho sostuvo que los documentos aportados no constituían elementos nuevos, debido a que, según su posición, ya habían sido presentados anteriormente ante el tribunal.

Por su parte, Miguel Valerio, abogado de Santiago Hazim, informó que no presentó nuevos presupuestos para solicitar la modificación de la medida de coerción y que no se oponía a su mantenimiento.

En igual sentido se pronunciaron los representantes legales de Gustavo Enrique Messina Cruz y Germán Rafael Robles Quiñones.

Defensa de Hazim espera acusación formal

Al concluir la audiencia, Valerio expresó que su equipo legal espera la presentación de la acusación formal del Ministerio Público para responder a los señalamientos contra su representado.

El abogado indicó que, conforme al calendario procesal, la investigación podría concluir dentro de aproximadamente un mes.

Asimismo, señaló que el actual director ejecutivo de SeNaSa, Edward Guzmán, podría desempeñar un papel importante como testigo para esclarecer la situación financiera de la institución y el déficit denunciado.

Valerio sostuvo que, pese a las condiciones de salud de Santiago Hazim, la defensa no ha solicitado modificar la prisión preventiva.

Lectura íntegra será el 26 de noviembre

El tribunal fijó para el próximo 26 de noviembre de 2026 la lectura íntegra de la resolución, a partir de la cual comenzarán a computarse los plazos legales para la interposición de los recursos correspondientes.

El proceso judicial continúa en fase de investigación, mientras el Ministerio Público reúne los elementos probatorios destinados a sustentar las acusaciones relacionadas con el presunto manejo irregular de recursos del Seguro Nacional de Salud.

Las imputaciones permanecen sujetas al conocimiento de los tribunales, bajo el principio constitucional de presunción de inocencia.

Durante los operativos, las autoridades ocuparon tres armas de fuego ilegales, incautaron presuntas sustancias narcóticas y recuperaron motocicletas, teléfonos celulares y otros artículos reportados como robados.

Santo Domingo, República Dominicana. – La Policía Nacional informó sobre el apresamiento de 13 personas durante una serie de operativos preventivos realizados en distintos sectores del municipio Santo Domingo Norte, donde también fueron desmantelados cinco presuntos puntos de distribución de sustancias narcóticas.

De acuerdo con el informe policial, las intervenciones se desarrollaron durante un período de 24 horas, como parte de las acciones dirigidas a combatir la delincuencia, el microtráfico de drogas y otras actividades ilícitas en esa demarcación.

Durante los procedimientos, los agentes ocuparon tres armas de fuego ilegales, dos de fabricación convencional y una de fabricación artesanal, además de ejecutar una orden de arresto contra una persona requerida por las autoridades.

Desmantelan cinco puntos de distribución de drogas

La institución del orden indicó que, como resultado de las intervenciones, fueron desmantelados cinco lugares identificados como presuntos puntos de comercialización de sustancias controladas.

En esos espacios se ocuparon varias porciones de sustancias presumiblemente cocaína, marihuana y crack, las cuales deberán ser sometidas a los análisis correspondientes para determinar su composición.

Asimismo, una persona fue detenida por presunta posesión de drogas, mientras las autoridades continúan las investigaciones relacionadas con las actividades ilícitas detectadas durante los operativos.

Las acciones forman parte de los esfuerzos de vigilancia y prevención desarrollados en sectores considerados vulnerables a la comercialización de narcóticos y otros hechos delictivos.

Recuperan motocicletas, celulares y objetos robados

La Policía Nacional también reportó la recuperación de seis teléfonos celulares, tres motocicletas, dinero en efectivo, una batería de vehículo, un radiador y otros artículos que habían sido denunciados como robados.

Los objetos recuperados serán sometidos a los procedimientos de verificación correspondientes para establecer su procedencia y facilitar su eventual devolución a los legítimos propietarios.

De igual manera, fueron retenidas 12 motocicletas cuyos conductores no presentaron la documentación requerida durante las inspecciones realizadas por los agentes.

Las autoridades señalaron que estas actuaciones buscan fortalecer los controles sobre la circulación de vehículos y prevenir su utilización en actividades delictivas.

Detienen a dos personas por carreras clandestinas

Como parte de los operativos, dos personas fueron sorprendidas participando en carreras clandestinas de motocicletas, una práctica que representa un riesgo para la seguridad de conductores, peatones y residentes de las comunidades donde se desarrolla.

Las carreras ilegales constituyen una preocupación para las autoridades debido a la posibilidad de accidentes de tránsito y a las alteraciones del orden público que pueden generar.

Durante las intervenciones también fue ocupada una máquina tragamonedas que, según el informe policial, operaba de manera ilegal.

Refuerzan acciones preventivas en Santo Domingo Norte

Los operativos se enmarcan en las estrategias de seguridad ciudadana dirigidas a prevenir delitos, retirar armas ilegales de circulación y combatir la distribución de sustancias narcóticas.

La institución indicó que las personas detenidas serán sometidas a los procedimientos correspondientes, mientras continúan las investigaciones para establecer las circunstancias particulares de cada caso.

Las actuaciones también ponen de relieve la importancia de mantener una vigilancia permanente sobre las actividades ilícitas que afectan la tranquilidad de los residentes de Santo Domingo Norte.

El desmantelamiento de los cinco presuntos puntos de venta de drogas y la recuperación de objetos robados constituyen resultados reportados por la Policía Nacional, aunque la efectividad de estas intervenciones dependerá también del seguimiento judicial, las investigaciones y las acciones preventivas que se mantengan en las comunidades.