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Diputados concluyen en tiempo récord análisis de reforma presupuestaria que elevaría déficit fiscal en RD$85,393 millones

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La comisión especial de la Cámara de Diputados terminó en aproximadamente 24 horas el estudio de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, mientras legisladores opositores cuestionan la planificación fiscal y la suspensión temporal de disposiciones legales.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La Comisión Especial de la Cámara de Diputados concluyó este miércoles 18 de noviembre el análisis del proyecto de reformulación del Presupuesto General del Estado correspondiente a 2026, una iniciativa presentada por el presidente Luis Abinader que contempla elevar el déficit fiscal en más de RD$85,000 millones durante la etapa final del año.

La propuesta fue examinada por una comisión integrada por 20 legisladores, que completaron sus trabajos en aproximadamente 24 horas. La Cámara de Diputados tiene previsto conocer el informe este jueves, lo que permitiría avanzar en la tramitación legislativa en menos de tres días desde su presentación.

La modificación presupuestaria contempla aumentar el déficit fiscal de RD$280,575 millones a RD$365,968 millones, equivalente a una diferencia de RD$85,393 millones, recursos que ampliarían la capacidad de financiamiento del Gobierno antes del cierre del ejercicio fiscal, previsto para el 31 de diciembre.

De recibir la aprobación de ambas cámaras legislativas, esta constituiría la segunda reformulación del presupuesto nacional durante el presente año.

Proyecto contempla suspensión temporal de disposición fiscal

Uno de los aspectos que ha generado mayor discusión es la solicitud del Poder Ejecutivo de suspender temporalmente, hasta el 31 de diciembre, la aplicación de una disposición del artículo 5 de la Ley 35-25 de Responsabilidad Fiscal.

La medida permitiría flexibilizar determinadas restricciones sobre las operaciones financieras del Gobierno durante las últimas semanas del ejercicio presupuestario.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó que la suspensión facilitaría la ampliación del déficit fiscal contemplada en la iniciativa.

La discusión ocurre en un escenario en el que la inflación interanual registrada en octubre alcanzó el 5.14 %, de acuerdo con datos del Banco Central de la República Dominicana, ligeramente por encima del límite superior del rango meta de inflación, establecido entre 3 % y 5 %.

Legisladores opositores cuestionan la iniciativa

Aunque la comisión especial contó con representación de distintas organizaciones políticas, el informe favorable fue respaldado únicamente por legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados.

Representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y otras organizaciones rechazaron la propuesta, al considerar que el incremento del déficit fiscal plantea interrogantes sobre la planificación presupuestaria del Gobierno.

El diputado Ramón Raposo, del PRD, cuestionó la administración de las finanzas públicas y reclamó mayor responsabilidad y transparencia en la utilización de los recursos estatales.

Congreso deberá decidir sobre ampliación del déficit

El proyecto abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre las necesidades de financiamiento del Gobierno, la ejecución del gasto público y el cumplimiento de las normas de responsabilidad fiscal.

La aprobación de la iniciativa permitiría modificar las previsiones presupuestarias antes de finalizar 2026, aunque su aplicación dependerá del contenido definitivo que adopte el Congreso Nacional.

Por el momento, la atención se concentra en la sesión de la Cámara de Diputados prevista para este jueves, cuando los legisladores deberán decidir si respaldan la modificación presupuestaria promovida por el Poder Ejecutivo.

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Aduanas confirma gracia navideña de US$5,500 para dominicanos residentes en el exterior

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La disposición permitirá a los dominicanos residentes en el exterior ingresar regalos y artículos de uso familiar libres de impuestos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por Aduanas.

Santo Domingo, República Dominicana. – La Dirección General de Aduanas (DGA) anunció que mantendrá en US$5,500 el monto de la gracia navideña correspondiente al año 2026, una disposición que permitirá a los dominicanos residentes en el extranjero ingresar al territorio nacional artículos personales, regalos y mercancías destinadas al uso familiar sin pagar los impuestos aduaneros correspondientes, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

El anuncio fue realizado por el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, quien explicó que la decisión procura facilitar el regreso de miles de compatriotas que aprovechan las celebraciones de Navidad y Año Nuevo para reencontrarse con sus familiares.

La institución destacó que mantener este beneficio representa un respaldo a la diáspora dominicana, cuyo aporte económico y social resulta significativo para el país, tanto por el envío de remesas como por su participación en diversas actividades productivas.

Requisitos para beneficiarse de la gracia navideña

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por Aduanas, la exoneración será otorgada por núcleo familiar y estará dirigida a los dominicanos residentes en el exterior que tengan al menos seis meses sin visitar la República Dominicana.

Los beneficiarios podrán transportar artículos cuyo valor FOB no supere los US$5,500, siempre que se trate de bienes destinados al uso personal o familiar y no de mercancías en cantidades que evidencien propósitos comerciales.

La facilidad estará disponible para quienes ingresen al país por vía aérea o marítima, permitiendo que los viajeros que utilicen aeropuertos y puertos nacionales puedan acogerse a la disposición.

Un respaldo a los dominicanos en el extranjero

Nelson Arroyo resaltó que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos institucionales para reconocer la importancia de los dominicanos que viven fuera del país y que, durante las festividades, contribuyen al dinamismo económico mediante sus compras, viajes y apoyo a sus familiares.

Asimismo, señaló que la permanencia del monto de exoneración permite a los viajeros organizar sus compras y preparar sus equipajes con mayor tranquilidad, al conocer anticipadamente las condiciones bajo las cuales podrán introducir sus artículos al territorio dominicano.

Mayor movimiento de pasajeros durante las festividades

La temporada navideña representa uno de los períodos de mayor llegada de dominicanos residentes en Estados Unidos, Puerto Rico, Europa y otros destinos internacionales.

Durante estas fechas, miles de familias esperan el regreso de sus parientes, quienes suelen traer regalos, efectos personales y artículos para el hogar como parte de las tradicionales celebraciones de fin de año.

Con esta decisión, la Dirección General de Aduanas reafirma su política de facilitar el ingreso de los dominicanos residentes en el extranjero y mantener un mecanismo de exoneración que contribuye a aliviar los gastos asociados con su retorno durante las festividades.

La institución recordó que el beneficio está sujeto al cumplimiento de los requisitos aduaneros y que no contempla mercancías destinadas a actividades comerciales.

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Poder Judicial nombra a Ramón Horacio González Pérez como nuevo inspector general

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El Consejo del Poder Judicial también designó a César Thomas Castillo como contralor general y a Gersy Medina al frente de Mensuras Catastrales, en el marco de una reorganización de importantes áreas institucionales.

Santo Domingo, República Dominicana.-El Consejo del Poder Judicial (CPJ) designó este martes al magistrado Ramón Horacio González Pérez como nuevo inspector general del Poder Judicial, una posición de especial relevancia para la supervisión del funcionamiento de los tribunales y el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia dentro del sistema judicial dominicano.

La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria número 31-2026, celebrada el 17 de noviembre, en la que también fueron aprobados los nombramientos de César Thomas Castillo como contralor general y Gersy Medina como director nacional de Mensuras Catastrales.

Las nuevas designaciones forman parte de las medidas institucionales orientadas a fortalecer la administración judicial, los controles internos y la eficiencia de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

Inspectoría General supervisa funcionamiento de los tribunales

La Inspectoría General desempeña una función fundamental dentro de la estructura del Poder Judicial, debido a que tiene entre sus responsabilidades vigilar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y recopilar información sobre la prestación de los servicios de justicia.

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, esta dependencia actúa como órgano de apoyo investigativo y de vigilancia, con facultades para realizar diligencias relacionadas con las denuncias sometidas ante el Consejo.

Sus atribuciones incluyen contribuir al mejoramiento de la gestión judicial y verificar situaciones que puedan afectar el funcionamiento adecuado de los tribunales, respetando las competencias que corresponden a otras instituciones del Estado.

En consecuencia, la nueva responsabilidad de González Pérez lo coloca al frente de un organismo vinculado directamente con la supervisión institucional y la promoción de mejores prácticas en la administración de justicia.

Amplia trayectoria en la judicatura dominicana

El magistrado Ramón Horacio González Pérez cuenta con una extensa carrera profesional en el ámbito judicial, particularmente en materia penal, donde ha ocupado importantes posiciones durante varias décadas.

Es doctor en Derecho, egresado magna cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y realizó estudios de posgrado en Derecho Público e Internacional en Italia.

En el ámbito jurisdiccional, desempeñó funciones como juez presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional entre 2007 y 2019, período durante el cual también ejerció como segundo sustituto del presidente de esa jurisdicción.

Previamente, ocupó posiciones como juez presidente de tribunales de primera instancia y magistrado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

Su experiencia también comprende una importante participación en la formación académica de profesionales del Derecho.

González Pérez ha impartido docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), institución donde ejerció como director de la Escuela de Derecho y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Reconocimientos por su trayectoria y aportes a la ética judicial

La carrera del nuevo inspector general ha estado relacionada con iniciativas de promoción de la ética y los principios que deben orientar el ejercicio de la función jurisdiccional.

En 2021 recibió el Premio al Mérito Judicial Iberoamericano, concedido por unanimidad por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, como reconocimiento a su trayectoria y contribuciones al sistema de justicia.

También formó parte del jurado evaluador del Concurso de Ensayos sobre el Código Iberoamericano de Ética Judicial.

En 2020 fue presentado como candidato dominicano a juez de la Corte Penal Internacional, mediante una nominación respaldada por el Consejo del Poder Judicial y el Gobierno dominicano.

Estas experiencias forman parte de su perfil profesional al asumir una dependencia relacionada con la vigilancia institucional y el cumplimiento de las responsabilidades de los órganos judiciales.

Nuevas autoridades en Contraloría y Mensuras Catastrales

Durante la misma sesión, el Consejo del Poder Judicial dispuso el nombramiento de César Thomas Castillo como contralor general, una posición vinculada al fortalecimiento de los mecanismos de control interno de la institución.

Asimismo, designó a Gersy Medina como director nacional de Mensuras Catastrales, dependencia de especial importancia para el funcionamiento de la Jurisdicción Inmobiliaria y los procedimientos técnicos relacionados con los inmuebles.

Estos nombramientos buscan fortalecer áreas fundamentales para la gestión administrativa, la supervisión institucional y la prestación eficiente de los servicios judiciales.

Fortalecimiento de la confianza en la justicia

La designación de las nuevas autoridades se produce en un contexto en el que la transparencia, la eficiencia administrativa y la adecuada supervisión de los tribunales constituyen aspectos esenciales para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial.

En particular, la Inspectoría General tiene una responsabilidad significativa en la identificación de situaciones que puedan afectar la calidad de los servicios y en la realización de las investigaciones que correspondan dentro de sus atribuciones legales.

Con estas decisiones, el Consejo del Poder Judicial busca reforzar sus estructuras de vigilancia y control, mientras las nuevas autoridades asumen el desafío de contribuir a una administración de justicia más eficiente, transparente y apegada a los principios institucionales.

La información fue confirmada mediante el comunicado oficial publicado por el Poder Judicial el 17 de noviembre de 2026, que ratifica los tres nombramientos aprobados en la sesión ordinaria número 31-2026.

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Nuevo aplazamiento retrasa proceso judicial por asesinato de chofer recolector de basura.

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El Segundo Juzgado de la Instrucción fijó para el 14 de diciembre la continuación de la audiencia preliminar contra siete imputados, luego de que uno de los abogados defensores renunciara a la representación de su cliente.

Santiago, República Dominicana.-El proceso judicial seguido contra siete personas acusadas de participar en la muerte de un conductor de un camión recolector de basura en Santiago sufrió un nuevo retraso, luego de que el Segundo Juzgado de la Instrucción decidiera posponer la audiencia preliminar hasta el próximo 14 de diciembre.

El expediente está relacionado con el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 41 años, quien perdió la vida en abril de 2026, tras un violento incidente en el que presuntamente participaron varios motociclistas.

La decisión del tribunal se produjo después de que uno de los abogados defensores renunciara a representar al imputado Miguel García Balbuena, circunstancia que hizo necesario gestionar la intervención de la Defensoría Pública para garantizar su asistencia legal.

Con este nuevo aplazamiento, suman dos las ocasiones en que la audiencia ha sido reprogramada, mientras los familiares de la víctima continúan esperando que el proceso avance hacia una decisión judicial.

Familiares cuestionan los constantes retrasos

El abogado José Martínez Brito, representante de los familiares del conductor fallecido, expresó su inconformidad con la suspensión de la audiencia y consideró que los incidentes procesales podrían estar siendo utilizados para prolongar el conocimiento del expediente.

El jurista calificó la situación como una posible estrategia dilatoria y aseguró que mantendrá sus esfuerzos para que los tribunales conozcan las acusaciones y determinen las responsabilidades correspondientes.

Martínez Brito sostuvo que la familia continuará reclamando justicia, independientemente de los obstáculos procesales que puedan surgir durante el desarrollo del caso.

Sin embargo, desde la representación legal de algunos imputados también se expresaron preocupaciones por las reiteradas suspensiones.

El abogado Roberto Pérez, quien defiende a dos de los procesados, manifestó que esperaba que la audiencia pudiera celebrarse, debido a que los aplazamientos afectan igualmente a sus representados.

Durante la jornada de este martes, el tribunal no llegó a examinar las pruebas audiovisuales ni otros elementos relacionados con la acusación.

Siete acusados enfrentan proceso preliminar

Entre los imputados vinculados al expediente figuran Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

Las autoridades también señalan a Jhovanny de Jesús Mets Cruz, conocido como «Macho», como presunto autor material del homicidio.

Este último cumple prisión preventiva luego de haber sido repatriado desde Jamaica, país al que, según las autoridades, se trasladó después de los hechos investigados.

La acusación está relacionada con la muerte violenta del conductor, quien dejó cinco hijos en la orfandad, una tragedia que provocó consternación entre sus familiares y allegados.

Garantías procesales y derecho a una justicia oportuna

El nuevo aplazamiento pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre los retrasos que afectan determinados procesos penales y sus consecuencias para las víctimas y las personas sometidas a la justicia.

Aunque la renuncia de un abogado puede hacer necesaria la suspensión de una audiencia para garantizar el derecho de defensa, también corresponde a los tribunales adoptar las medidas procesales pertinentes para evitar retrasos injustificados.

En la etapa preliminar, el órgano judicial debe examinar los elementos presentados por el Ministerio Público y determinar si existen fundamentos suficientes para disponer la apertura a juicio de fondo, sin que esta fase implique establecer anticipadamente la culpabilidad de los imputados.

En ese sentido, tanto los familiares de la víctima como los acusados tienen derecho a que el expediente sea conocido con respeto al debido proceso y dentro de un plazo razonable.

La próxima audiencia, programada para el 14 de diciembre, será determinante para establecer si finalmente puede avanzar la fase preliminar del proceso por la muerte de Abreu Quezada, un caso que continúa generando atención en Santiago.

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