Latinoamericanas
Liberadas 14 personas detenidas durante toma de posesión de Peña Nieto
Los 14 ciudadanos habían iniciado una huelga de hambre el pasado 24 de diciembre como medida de protesta. Una vez libres, aseguraron que continuarán su lucha para demostrar su inocencia de los delitos por los cuales fueron encarcelados.
Las manifestaciones a favor de los presos anti Peña Nieto continuaron durante la jornada del jueves (Foto:Archivo)
Las 14 personas que permanecían recluidas, una mujer en el penal femenino de Santa Martha Acatitla y 13 hombres en el Reclusorio Norte, fueron liberadas el jueves por la noche luego de 27 días de arresto por los disturbios del pasado primero de diciembre durante la juramentación de Enrique Peña Nieto como presidente de México.
Dos diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pagaron una fianza de unos 10 mil 700 dólares por todos los detenidos. El pago de la fianza fue por una cuestión «mínima de solidaridad y elemental justicia», dijo el diputado del PRD, José Luis Muñoz Soria.
Luego de ser puestos en libertad, los 14 ciudadanos fueron recibidos con aplausos y gritos de familiares, amigos y miembros de diversos movimientos sociales.
El primero de los detenidos en ser liberado fue Bryan Reyes Rodríguez, a quien, además de ser señalado como uno de los presuntos responsables de ataques a la paz pública, también se le imputa el ilícito de daño en propiedad privada.
Los otros 13, entre ellos Rita Neri Moctezuma, recluida en Santa Martha Acatitla y otros 12 hombres recluidos en el Reclusorio Norte abandonaron la prisión unas horas después. Encabezó la marcha de salida Carlos Miguel Ángel García, quien dijo tener mucho ánimo para seguir luchando.
Minutos después traspasaron la puerta del penal Eduardo Columna Muñiz y el profesor Enrique Rosales Rojas, quien afirmó que continuará luchando para demostrar la inocencia de todos los procesados.
Tras abandonar el penal de Santa Marta Acatitla, Rita Neri Moctezuma exigió justicia para quienes fueron injustamente encarcelados y que se sancione a los verdaderos responsables de los disturbios del pasado primero de diciembre.
Moctezuma, quien se desempeña como pasante de enfermería y única mujer que permaneció detenida, abandonó el penal “con la convicción de que podré demostrar que no soy culpable de lo que se me acusa”.
Exigió a las autoridades capitalinas que “primero investiguen para que se demuestre que somos inocentes y que castiguen a quienes hicieron realmente todos los desastres por los que tuvimos que pagar no sólo nosotros, sino también nuestras familias”.
Denunció que el uso excesivo de la fuerza en su detención y estancia en la cárcel.
Los 14 liberados continuarán fuera de prisión el proceso en su contra. La Liga de Abogados Primero de Diciembre insistió en la inocencia de sus defendidos y aseguró que continuarán en la lucha hasta demostrar que no son responsables de los delitos que les imputan.
En un comunicado publicado este lunes, 24 de diciembre, los ahora ya liberados confirmaron que iniciaron una huelga de hambre de 48 horas como protesta ante su encarcelamiento y además afirmaron que se “mantenían fuertes y unidos”, en la medida, mientras que aseveraron que “algunos compañeros continuaremos a una huelga de hambre” indefinida.
La semana pasada, el movimiento estudiantil #YoSoy132 llamó a una concentración para llevar a cabo un cacerolazo masivo a favor de la liberación de las 14 personas detenidas.
Según datos oficiales, unas 69 personas fueron detenidas ese día como consecuencia de los disturbios ocurridos entre manifestantes y policías, en los que hubo importantes daños materiales en el centro histórico capitalino y junto al Congreso mexicano.
El pasado día 9, una juez ordenó la liberación sin cargos de 55 de ellos, pero los 14 restantes permanecían en el Reclusorio Norte de ciudad de México y en la cárcel de Santa Marta, sometidos a proceso por los actos vandálicos de protesta.
Ante dicha situación, el movimiento #YoSoy132 se movilizó para pedir su liberación, así como exigir al Gobierno, especialmente a la Policía del Distrito Federal, que asuma su responsabilidad, pues los jóvenes aseguran que las fuerzas de seguridad violaron la regla de las manifestaciones pacíficas con la utilización de balas de goma y gases lacrimógenos.
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.