Editorial
La Desgracia de los Dominicanos del Exterior.
A pesar del importante aporte económico de los dominicanos que han huído del país por razones socio-económicas, lo cierto es que no sólo son considerados ciudadanos de segunda categoría, sino también instrumento de manipulación de los medios de comunicación social seriamente corrompidos de la República Dominicana.
Los criollos que viven fuera, principalmente en los Estados Unidos, ahora son presas de unos canales de televisión que envían su señal desde la República Dominicana con la imposición de falsos valores y la defensa de los que prácticamente se han robado el patrimonio público nacional, cuyos propietarios se resisten a colocar programas de opinión por temor a análisis cuestionadores de personas tan oscuras como Leonel Fernández.
Telemicro Internacional, Súpercanal Caribe y Televisión Dominicana llegan vía satélite a las operadoras de cable de los Estados Unidos, los cuales, de alguna manera, con la exclusión de la última de las tres, son canales atados a los intereses del Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, en virtud de que ambos propietarios en el fondo no tienen nada, ya que esas estaciones pertenecen en realidad al Banco Central y al Gobierno, respectivamente.
En el caso concreto de Telemicro Internacional, » propiedad» del señor Juan Ramón Gómez Díaz, fue beneficiado mediante decreto emitido por Leonel Fernández con la asignacion del canal 5, que pertenecía a Radio Televisión Dominicana cuando eran 4,5 y 12, los cuales luego fueron unificados para de esa manera resolver un conflicto que mantenía el dueño de esa estación con el licenciado Hatuey Decamps por la frecuencia del canal seis, conocido como Circuito Independencia, manejado por el susodicho empresario.
Sin lugar a dudas, que Telemicro Internacional a pesar de su programación dañina para la comunidad, mantiene un alto nivel de tele-audiencia, sobre la base de la promoción de una serie de anti-valores que distorsionan la esencia de la dominicanidad.
Pero esa penosa situación no le importa a nadie, absolutamente a nadie, ni siquiera a las organizaciones que dicen defender los mejores intereses de los dominicanos que viven en el exterior, cuyo colmo tiene que ver con la manipulación periodística que se produce desde ese canal en contra de la comunidad, donde su propietario sostiene que prefiere mantener a Telemicro Internacional como un canal de entretenimiento y no de opinión y análisis periodístico.
Lo mismo se produce con Súpercanal Caribe, cuyo supuesto propietario, Frank Jorge Elías, se lo vendió por 15 millones de dólares al quebrado Banco Intercontinental (BANINTER), presidido por el ahora convicto Ramón Buenaventura Báez Figueroa, pero que al final de la crisis esa estación de televisión en vez de pasar a manos del Banco Central se quedó en poder del referido empresario.
Es decir, que Jorge Elías con la complicidad de Leonel Fernández se quedó con los 15 millones y Súpercanal Caribe, lo que le impide ofrecer a los dominicanos que viven en los Estados Unidos la verdad de lo que pasa en el país.
El colmo es que los dominicanos son los que financian la permanencia de esa manipulación en su contra, porque son los que pagan los paquetes en español para la colocación de esos canales en las operadoras de cable de la unión americana.
La desgracia de los dominicanos del exterior es que no sólo tienen que financiar la corrupción que se produce a través de los consulados y las misiones diplomáticas, sino también mediante unos canales de televisión que constituyen una verdadera vergüenza nacional.
Se puede afirmar sin temor a equivocación que Telemicro y Súpercanal Caribe afianzan la negación de los derechos de los dominicanos del exterior, porque les eliminan el derecho constitucional hasta de disfrutar del derecho a la información y la opinión.
En lo que tiene que ver con Televisión Dominicana, éste no pasa de ser un simple negocio con los dominicanos, sin importar mucho el curso del país, dado que los propietarios son españoles que lo único que buscan es hacer dinero a como de lugar.
De manera, que si para ello tienen que utilizar un periodismo crítico o utilizar cualquier otro tipo de contenido, así lo harán, porque su fin es sencillamente ganar dinero.
Y nada más.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.