Editorial
La Desgracia de los Dominicanos del Exterior.
A pesar del importante aporte económico de los dominicanos que han huído del país por razones socio-económicas, lo cierto es que no sólo son considerados ciudadanos de segunda categoría, sino también instrumento de manipulación de los medios de comunicación social seriamente corrompidos de la República Dominicana.
Los criollos que viven fuera, principalmente en los Estados Unidos, ahora son presas de unos canales de televisión que envían su señal desde la República Dominicana con la imposición de falsos valores y la defensa de los que prácticamente se han robado el patrimonio público nacional, cuyos propietarios se resisten a colocar programas de opinión por temor a análisis cuestionadores de personas tan oscuras como Leonel Fernández.
Telemicro Internacional, Súpercanal Caribe y Televisión Dominicana llegan vía satélite a las operadoras de cable de los Estados Unidos, los cuales, de alguna manera, con la exclusión de la última de las tres, son canales atados a los intereses del Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, en virtud de que ambos propietarios en el fondo no tienen nada, ya que esas estaciones pertenecen en realidad al Banco Central y al Gobierno, respectivamente.
En el caso concreto de Telemicro Internacional, » propiedad» del señor Juan Ramón Gómez Díaz, fue beneficiado mediante decreto emitido por Leonel Fernández con la asignacion del canal 5, que pertenecía a Radio Televisión Dominicana cuando eran 4,5 y 12, los cuales luego fueron unificados para de esa manera resolver un conflicto que mantenía el dueño de esa estación con el licenciado Hatuey Decamps por la frecuencia del canal seis, conocido como Circuito Independencia, manejado por el susodicho empresario.
Sin lugar a dudas, que Telemicro Internacional a pesar de su programación dañina para la comunidad, mantiene un alto nivel de tele-audiencia, sobre la base de la promoción de una serie de anti-valores que distorsionan la esencia de la dominicanidad.
Pero esa penosa situación no le importa a nadie, absolutamente a nadie, ni siquiera a las organizaciones que dicen defender los mejores intereses de los dominicanos que viven en el exterior, cuyo colmo tiene que ver con la manipulación periodística que se produce desde ese canal en contra de la comunidad, donde su propietario sostiene que prefiere mantener a Telemicro Internacional como un canal de entretenimiento y no de opinión y análisis periodístico.
Lo mismo se produce con Súpercanal Caribe, cuyo supuesto propietario, Frank Jorge Elías, se lo vendió por 15 millones de dólares al quebrado Banco Intercontinental (BANINTER), presidido por el ahora convicto Ramón Buenaventura Báez Figueroa, pero que al final de la crisis esa estación de televisión en vez de pasar a manos del Banco Central se quedó en poder del referido empresario.
Es decir, que Jorge Elías con la complicidad de Leonel Fernández se quedó con los 15 millones y Súpercanal Caribe, lo que le impide ofrecer a los dominicanos que viven en los Estados Unidos la verdad de lo que pasa en el país.
El colmo es que los dominicanos son los que financian la permanencia de esa manipulación en su contra, porque son los que pagan los paquetes en español para la colocación de esos canales en las operadoras de cable de la unión americana.
La desgracia de los dominicanos del exterior es que no sólo tienen que financiar la corrupción que se produce a través de los consulados y las misiones diplomáticas, sino también mediante unos canales de televisión que constituyen una verdadera vergüenza nacional.
Se puede afirmar sin temor a equivocación que Telemicro y Súpercanal Caribe afianzan la negación de los derechos de los dominicanos del exterior, porque les eliminan el derecho constitucional hasta de disfrutar del derecho a la información y la opinión.
En lo que tiene que ver con Televisión Dominicana, éste no pasa de ser un simple negocio con los dominicanos, sin importar mucho el curso del país, dado que los propietarios son españoles que lo único que buscan es hacer dinero a como de lugar.
De manera, que si para ello tienen que utilizar un periodismo crítico o utilizar cualquier otro tipo de contenido, así lo harán, porque su fin es sencillamente ganar dinero.
Y nada más.
El reportaje histórico-interpretativo de esta semana parte del legado ético moral de los tres grandes líderes de las últimas décadas, naturalmente guardando las diferencias entre ellos, lo que lleva a este periódico a sostener que su legado parece que ha servido de poco.
Los tres, Balaguer, Pena Gómez y Bosch, representan una época que luce que no volverá, porque la sociedad dominicana ha entrado en un marcado deterioro en los detalles que constituyeron las principales fortalezas de estos prohombres.
Estamos hablando de la visión ética de los tres, uno más que otro, pero que actuaron durante toda su trayectoria no apegados a lo que es el comportamiento de la figura del depredador del patrimonio público, el cual acompaña la historia nacional desde los tiempos de la colonia.
La muerte de los tres líderes ha traído consigo una profundización del problema ético en la política, ya que se ha visto que el asunto es tan serio que nadie entra a esta actividad para servir, sino para servirse, cuyas aspiraciones no es llevarse del Estado 1,50 o cien millones de pesos, sino miles.
Los casos de corrupción que no paran son el mejor ejemplo de la realidad por la que atraviesa la sociedad dominicana, ya que se puede afirmar que con el dinero público sustraído se pueden construir varias republicas dominicanas y más grande que la que tenemos.
El panorama nacional luce bastante feo, dado que los déficits fiscales de la nación están asociados a un gasto público definitivamente poco racional y explicado por los niveles tan altos de corrupción administrativa, cuya deuda externa también impactada por ese deseo de acumulación de bienes materiales de los actores de la vida política nacional.
Es muy común escuchar que si se quiere acumular riquezas hay que incursionar en la actividad política partidista o vender drogas o ascender al control del patrimonio público y cuando esto no ocurra perseguir una contrata del Estado para de entrada llevarse a sus bolsillos no menos de un 80 por ciento del presupuesto de la misma, la cual tiene la opción de aumentar el monto originalmente aprobado mediante adendas que cuadruplican el valor de la obra.
Todo ello deja claro que el problema del país es ético-moral, pero que este discurso no encaja con ninguno de los partidos que tienen reales posibilidades de ascender al poder, porque ya han sido probados y los mismos continuarán pregonando lo que no practican.
Es decir, que el legado de los líderes políticos ya fallecidos, no le sirve de mucho al país, ya que la formación de los actores de la vida política nacional consiste más en llenar sus bolsillos que apegarse al legado de prohombres que pregonaron durante toda su vida política la ética y la moral en el manejo de la administración pública.
No hay un solo escenario en el que la administración estadounidense no busque sustituir la fuerza por la razón.
El primer lugar escogido fue Venezuela, donde fue apresado dentro de su territorio el presidente de ese país, quien independientemente de su legitimidad o no, debe ser enjuiciado por los tribunales de su país, no de los Estados Unidos.
La ofensiva a través del uso o de la amenaza de la fuerza fue seguido en contra de Groenlandia, isla autónoma de Dinamarca, e igual amenaza sufre el pueblo haitiano con buques de guerra en sus costas.
Pero la imposición de la fuerza, aunque en una versión política, no militar, también ha sido vista en Honduras, Costa Rica, Chile, Argentina, entre otras naciones del continente, por parte de la nueva versión de gobernar del presidente Donald Trump.
Aunque todo luce como una locura que no cabe en pleno siglo 21, cuando el derecho internacional está lo suficientemente empoderado, es como una versión del régimen nazi, cuyo principal protagonista actúa sin miramientos y sin importarle las consecuencias de su conducta.
La realidad es que se sienta un precedente de tensión y violencia que cambia una serie de patrones culturales que se han impuesto en las sociedades civilizadas y modernas de estos tiempos.
Este periódico lo había advertido de que Donald Trump era un peligro para la paz mundial, quien, incluso, ha logrado doblegar la institucionalidad que ha exhibido históricamente los Estados Unidos, ejemplo de aplicación de un buen derecho y cuyo sistema de justicia es admirado en todo el planeta.
Sin embargo, inexplicablemente Trump se ha puesto por encima del orden y la ley, lo que distorsiona el espíritu que tradicionalmente ha caracterizado a la nación más poderosa del mundo, fruto de que allí prevaleció un Estado netamente capitalista sin influencias federales, como resultado de un alto desarrollo de las fuerzas productivas y de la conciencia social.
En el contexto de los embates de una visión autoritaria y vulneradora de derechos, Trump ahora mete sus manos en Haití mediante la amenaza de la fuerza a través de las armas e impone a un gobernante que no garantiza el logro del objetivo perseguido por la comunidad internacional de construir un Estado que haga duradera una democracia que promueva el estado de derecho y la paz anhelada por el pueblo más débil y pobre de todo el hemisferio.
El desgraciado precedente que persigue hacer sucumbir el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y a la auto determinación de los pueblos toma cuerpo ante la mirada complaciente de gente que antepone el miedo frente la vergüenza y la dignidad humana.
La educación superior es cuestionada permanentemente por aquellos que conocen del asunto, porque en el país las universidades se han convertido en un negocio vulgar.
Formar a troche y moche es la filosofía que prevalece en la mayoría de las universidades nacionales, donde un buen nivel académico y mucho más preocuparse por la investigación científica es un asunto del pasado y que parece que nunca volverá.
Lo peligroso de este concepto de comercializar con la educación es que genera la salida hacia las calles, que entran al mercado laboral, profesionales como médicos, abogados e ingenieros que poco les importa los resultados de su trabajo.
Porque su poca formación no es solo académico, sino tambien ético, ya que son educados en un entorno en el que no tiene ningún valor una buena conducta, sólo el componente dinero.
Hace algún tiempo que luego de la celebración de una feria de la salud se vio a un joven profesional de la Medicina muy preocupado mientras estaba en la oficina de la empresa organizadora de la misma y cuando se le preguntó por qué lucia así, dijo que tenía una paciente que había venido de los Estados Unidos para hacerse una cirugía plástica, pero que mostraba las plaquetas muy bajas y que si se concreta la operación podía morir.
Agregó que su dilema era si hacía o no la cirugía porque entendía que frente a la situación ella podía morir, pero que el dueño de la clínica le decía que le pusiera sangre y la interviniera, lo que dejó evidente su poco amor por la vida de sus pacientes y que sólo le interesaba el dinero.
Ese cuadro es el pan nuestro de cada día, a lo que se agrega el hecho de que en muchos casos no sólo se produce un problema ético, sino también de poca preparación o formación profesional y cuando ambos se juntan los resultados jamás pueden ser buenos.
La cuestión es que el aspecto ético generalmente es imperceptible y el Estado no cuenta con mecanismos para detectarlo o vigilarlo, ya que incluso los colegios profesionales que deben jugar ese papel están también desnaturalizados como parte del problema integral que padece la sociedad.
Se impone que las universidades dominicanas sean vigiladas para que mejoren académicamente y que fortalezcan la ética en la enseñanza para que el país esté en manos de médicos más preparados, pero lo propio hay que decir de los abogados e ingenieros, así como de los demás profesionales académicos que también son parte del festival de graduaciones universitarias sobre la base del dinero, de las ganancias económicas, sin importar suplir la necesidad nacional de formar los científicos y técnicos que contribuyan con el desarrollo nacional.