Editorial
La Desgracia de los Dominicanos del Exterior.
A pesar del importante aporte económico de los dominicanos que han huído del país por razones socio-económicas, lo cierto es que no sólo son considerados ciudadanos de segunda categoría, sino también instrumento de manipulación de los medios de comunicación social seriamente corrompidos de la República Dominicana.
Los criollos que viven fuera, principalmente en los Estados Unidos, ahora son presas de unos canales de televisión que envían su señal desde la República Dominicana con la imposición de falsos valores y la defensa de los que prácticamente se han robado el patrimonio público nacional, cuyos propietarios se resisten a colocar programas de opinión por temor a análisis cuestionadores de personas tan oscuras como Leonel Fernández.
Telemicro Internacional, Súpercanal Caribe y Televisión Dominicana llegan vía satélite a las operadoras de cable de los Estados Unidos, los cuales, de alguna manera, con la exclusión de la última de las tres, son canales atados a los intereses del Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, en virtud de que ambos propietarios en el fondo no tienen nada, ya que esas estaciones pertenecen en realidad al Banco Central y al Gobierno, respectivamente.
En el caso concreto de Telemicro Internacional, » propiedad» del señor Juan Ramón Gómez Díaz, fue beneficiado mediante decreto emitido por Leonel Fernández con la asignacion del canal 5, que pertenecía a Radio Televisión Dominicana cuando eran 4,5 y 12, los cuales luego fueron unificados para de esa manera resolver un conflicto que mantenía el dueño de esa estación con el licenciado Hatuey Decamps por la frecuencia del canal seis, conocido como Circuito Independencia, manejado por el susodicho empresario.
Sin lugar a dudas, que Telemicro Internacional a pesar de su programación dañina para la comunidad, mantiene un alto nivel de tele-audiencia, sobre la base de la promoción de una serie de anti-valores que distorsionan la esencia de la dominicanidad.
Pero esa penosa situación no le importa a nadie, absolutamente a nadie, ni siquiera a las organizaciones que dicen defender los mejores intereses de los dominicanos que viven en el exterior, cuyo colmo tiene que ver con la manipulación periodística que se produce desde ese canal en contra de la comunidad, donde su propietario sostiene que prefiere mantener a Telemicro Internacional como un canal de entretenimiento y no de opinión y análisis periodístico.
Lo mismo se produce con Súpercanal Caribe, cuyo supuesto propietario, Frank Jorge Elías, se lo vendió por 15 millones de dólares al quebrado Banco Intercontinental (BANINTER), presidido por el ahora convicto Ramón Buenaventura Báez Figueroa, pero que al final de la crisis esa estación de televisión en vez de pasar a manos del Banco Central se quedó en poder del referido empresario.
Es decir, que Jorge Elías con la complicidad de Leonel Fernández se quedó con los 15 millones y Súpercanal Caribe, lo que le impide ofrecer a los dominicanos que viven en los Estados Unidos la verdad de lo que pasa en el país.
El colmo es que los dominicanos son los que financian la permanencia de esa manipulación en su contra, porque son los que pagan los paquetes en español para la colocación de esos canales en las operadoras de cable de la unión americana.
La desgracia de los dominicanos del exterior es que no sólo tienen que financiar la corrupción que se produce a través de los consulados y las misiones diplomáticas, sino también mediante unos canales de televisión que constituyen una verdadera vergüenza nacional.
Se puede afirmar sin temor a equivocación que Telemicro y Súpercanal Caribe afianzan la negación de los derechos de los dominicanos del exterior, porque les eliminan el derecho constitucional hasta de disfrutar del derecho a la información y la opinión.
En lo que tiene que ver con Televisión Dominicana, éste no pasa de ser un simple negocio con los dominicanos, sin importar mucho el curso del país, dado que los propietarios son españoles que lo único que buscan es hacer dinero a como de lugar.
De manera, que si para ello tienen que utilizar un periodismo crítico o utilizar cualquier otro tipo de contenido, así lo harán, porque su fin es sencillamente ganar dinero.
Y nada más.
Editorial
Abinader se expone a destitución con promulgacion de ley sobre candidaturas independientes.
La promulgación del presidente de la Ley 13-26 que busca eliminar las candidaturas independientes pone en cuestionamiento hasta la propia legalidad del jefe de Estado en razón de que la misma implica una grave violación de la Constitución de la República.
Ello así, porque si no se respeta una parte de la carta magna tampoco puede tener validez el resto de ella y como la elección de la presidencia de la República se sustenta en el artículo 124 de ley sustantiva de la nación, igual ocurre con los demás articulados de la misma, como por ejemplo los 184 y 185 que dota de facultad al Tribunal Constitucional para someter al mandato de la carta magna todas aquellas normas que la violentan.
Y sobre esa base y por la autoridad otorgada por el constituyente es que el TC tiene la facultad de examinar todas las leyes y cualquier otra norma para que se ajuste al espíritu de la ley de leyes e incluso todas aquellas que provienen del derecho externo y que son de obligatorio cumplimiento a nivel interno.
De manera, que si cualquier funcionario público, incluido el presidente de la República, se atribuye la calidad de anular una parte de ella, ello implica que todo el ordenamiento jurídico, además del constitucional, quedaría invalidado, porque una parte del texto no puede ser válido cuando se intenta anular aquella que le afecta a quien toma una medida que se puede calificar de ilegal.
Y exactamente esto ha ocurrido con el presidente Luís Abinader que mediante la promulgación de la Ley 13-26 busca anular las candidaturas independientes sobre la base de una medida ilegal y violatoria de la Constitución y de todo el sistema jurídico e institucional de la nación.
En esa lógica si una cosa no es legal a pesar de que así lo dispone el texto constitucional, pues igual ocurre con aquella disposición que permite que la autoridad que así actúa tampoco la tenga y entonces se entraría en un nivel de cuestionamiento general que arruina la credibilidad de todo el sistema.
Y efectivamente en ese plano se ha colocado Abinader, porque no es verdad de que porque sea el jefe del Estado dominicano tiene la calidad para sólo cumplir con aquellas partes del texto constitucional que le convengan y que beneficie sus intereses políticos.
Luce que Abinader no entiende en el embrollo legal en que ha metido el país, cuya palabra en lo inmediato la tiene el TC, pero en cualquier caso también otorga un nivel de participación y decisión importante al derecho convencional e internacional.
Las consecuencias de la torpeza de Luis Abinader con la promulgación de una norma que despoja de la facultad que tiene el Tribunal Constitucional de interpretar de las leyes a través del artículo 47 de la Ley 137-11 para sumarse a las travesuras de los senadores y diputados, que están llenos de miedo más que de vergüenza, coloca a la democracia dominicana en una posición de total falta de credibilidad y que confirma que la Constitución sólo es válida y cumplible cuando así lo entiende el funcionario público, que en este caso no es nada menos que el presidente de la República, quien se ha atrincherado en la ilegalidad para defender lo indefendible.
Abinader podrá tener algún nivel de ingenuidad, pero parece que en su persona pesa más la ignorancia que cualquier otra virtud, lo que pone en peligro la seguridad jurídica e institucional de la sociedad dominicana.
Razones de tipo profundamente culturales y de inversión de valores representan el principal escollo para que en el país surja la figura del “outsider” en función de la necesidad de la política nacional.
Este tipo de personaje ha sido muy común en los procesos electorales de los países suramericanos, principalmente en Ecuador y Perú.
Igual puede decirse que ha ocurrido en México, donde el escenario político y electoral fue monopolizado durante largos años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual llegó a su fin con el triunfo de Manuel López Obrador, quien en ningún momento intentó modificar la Constitución para perpetuarse en el poder.
Sin embargo, la figura del “outsider” ha sido prácticamente difícil que surge en el escenario dominicano por factores que no son tan fáciles de romper con ellos, como aquellos de inversión de valores que han hecho desaparecer la hermandad, la solidaridad y la reciprocidad sustituyéndolos después de la llegada del neoliberalismo salvaje por el chisme, la envidia, el egoísmo y el amor por los asuntos materiales y monetarios.
Estas desviaciones explican de alguna manera el hecho de que el clientelismo tenga tanta fuerza en la sociedad dominicana, donde cualquier candidato a un cargo electivo debe ingeniársela y buscar cantidades significativas de dinero para lograr el triunfo.
El asunto tiene una complejidad que incluso el problema de la creación de un nuevo liderazgo tiene como dique de contención el criterio que prevalece en el ciudadano de que cualquier aspirante que busque su apoyo debe decirle donde está lo suyo, lo cual además tiene el agravante de que todas las personas se consideran con las condiciones hasta para dirigir el Estado, aunque nunca hayan ido a la escuela.
Sin embargo, nadie puede negar que han surgido las evidencias de que el país podría estar a la puerta del nacimiento de un “outsider”, cuya figura tal vez no sea la ideal por las razones expuestas más arriba, pese a que esto queda en manos de los ciudadanos, ya que los partidos políticos tienen un descredito tal que puede llevar a la ruina total a la democracia.
Ahí precisamente está la explicación de la oposición de senadores y diputados a tolerar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), la cual abre la vía de que los ciudadanos, si bien tienen la opción de ir a la administración pública a través de los partidos políticos, pero de igual modo pueden hacerlo mediante lo consignado en el artículo 22, numeral 1, de la Constitución de la República.
De manera, que tras la interpretación del TC existen las vías directa e indirecta para buscar participar en la lucha por el control del Estado, pero que esta visión no es compartida por los partidos políticos por sus altos niveles de descréditos en la sociedad dominicana.
No obstante, la figura de las candidaturas independientes, la cual en español no es otra cosa que el “outsider” ha traído consigo grandes retos para la partidocracia, principalmente para el partido de gobierno, el Revolucionario Moderno, que no sale de una torpeza que cuestiona su verdadera vocación democrática.
Lo que nadie puede poner en duda es de que en país están dadas las condiciones jurídicas, políticas y sociales para que surge la figura del “outsider”, pero todo dependerá de cómo el ciudadano asuma la circunstancia surgida y si realmente está en capacidad de que la política salga del clientelismo para entrar a la racionalidad y la conciencia del voto para construir una mejor sociedad, naturalmente siempre en el marco de una democracia más participativa que representativa, lo cual sólo es posible a través de las candidaturas independientes, no de los partidos políticos.
En el país se desarrolla un debate nacional sobre la decisión tomada por el Congreso Nacional, conformada por diputados y senadores provenientes de los partidos políticos tradicionales, que busca eliminar las candidaturas independientes del sistema electoral nacional.
La ilegalidad de los legisladores choca frontalmente con el mandato de la Constitución de la República que dispone en su artículo 2 y 22 que la soberanía del pueblo dominicano descansa en el ciudadano y es el único que disfruta del derecho de elegir y ser elegido.
Pero en una interpretación distorsionada y negadora del espíritu democrático de la carta magna los partidos políticos a través de sus senadores y diputados, principalmente el Revolucionario Moderno, hoy en el poder, se han empañado en anular las candidaturas independientes que son el resultado en su nueva versión de una interpretación del Tribunal Constitucional en virtud de su facultad otorgada por los artículos 184 y 185 de la ley sustantiva de la nación y el 47 de su ley orgánica, la 137-11.
Los diputados y senadores han pretendido atribuirse una facultad que no tienen de abolir una norma que es el resultado de una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional, olvidándose que, si bien ellos tienen la autoridad de interpretar la constitución en su labor legislativa, pero que la misma no es definitiva ni vinculante, como son aquellas que provienen del TC.
Sin embargo, el Congreso Nacional sostiene su posición en que para introducir las candidaturas independientes en el sistema electoral nacional debe producirse una modificación constitucional, lo cual choca con lo ya decidido por el alto tribunal en torno a la figura, pero además que esa decisión no está en el contexto de la competencia del legislador, sino de la alta corte.
La cuestión toma otra dimensión porque habrá que ver cuál es la decisión del presidente Luis Abinader, ya que el proyecto aprobado para eliminar las candidaturas independientes ahora pasa a su control y del Poder Ejecutivo debe venir una observación o la promulgación de una ley que sería inconstitucional y que entonces devuelve el asunto hacia el propio TC mediante la interposicion de una acción directa de inconstitucionalidad.
De cualquier modo, el proyecto de ley aprobado por ambas cámaras pone en una situación difícil, no sólo a la democracia, sino también a la vida institucional de la nación, ya que lo aprobado en el Congreso Nacional cuestiona la autoridad de un órgano facultado por la Constitución para interpretar las normas e incluso los tratados y convecciones del derecho internacional.
Ahora falta esperar cuál será el próximo paso de un gobierno que no planifica nada y que carece de un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo para que el dominicano cuente con una mejor democracia.
El reto está echado, pero del presidente inclinarse por la promulgación del proyecto dejaría la democracia muy mal parada, incluida su propia legalidad como jefe de Estado y de observarla estaría fortaleciendo la institucionalidad que tanto se cuestiona en el país.
Sólo falta esperar.