Siete activistas prodemocráticos fueron condenados a cadena perpetua (Foto: PressTV)
La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), los gobiernos de Gran Bretaña y Francia y diversos grupos defensores de derechos humanos rechazaron la decisión del máximo tribunal de Bahrein de ratificar severas condenas contra 13 activistas sociales encarcelados por participar en manifestaciones pacíficas antigubernamentales.
El pasado lunes, el Tribunal Supremo de Justicia rechazó la apelación de los activistas presos y confirmó sus respectivas condenas, entre las que destacan siete cadenas perpetuas; lo que motivo el pronunciamiento del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton.
El portavoz de Ban, Martin Nesirky, comunicó que “el Secretario General lamenta profundamente la decisión del Tribunal de Bahréin de mantener las severas penas, incluidas cadenas perpetuas, sobre los activistas sociales”.
De igual manera, Ban reiteró su firme convicción de que “la única manera de promover la paz, la estabilidad, la justicia y la prosperidad en Bahrein es a través de un diálogo nacional, dirigido a favorecer las legítimas aspiraciones de todos los ciudadanos”.
En tanto, la Unión Europea también criticó la decisión de la corte, argumentando que se debe otorgar una amnistía a todos los activistas pacíficos encarcelados en el reino árabe.
«La UE solicita reiteradamente a las autoridades de Bahrein considerar una amnistía para todos los detenidos el pasado año, juzgados por cargos relacionados con la expresión de sus opiniones políticas», dijo el portavoz de Ashton, Michael Mann.
Asimismo, agregó que, “aunque la UE respeta plenamente la independencia del poder judicial de Bahrein, también sigue preocupado por la falta de avance de la reconciliación nacional”.
«Todas las partes deben entablar un diálogo pacífico, incluyente y constructivo, al tiempo de abstenerse de toda forma de violencia e intimidación», añadió Mann.
Por su parte, los gobiernos de Francia y Gran Bretaña también criticó la decisión del tribunal, mediante respectivos comunicados oficiales, y expresaron su «pesar» y «consternación» por la sentencia.
De igual manera, organizaciones defensoras de los derechos humanos en Bahréin han rechazado la decisión judicial, exigiendo, a su vez, la liberación de los detenidos y la renuncia de la dinastía real Al Khalifa.
Entre las penas de cárcel contra los 13 líderes sociales destacan siete cadenas perpetuas, cuatro penas de cuatro a 15 años de cárcel y el resto son sentencias de dos a cinco años.
El régimen de Mamana ha adoptado severas medidas a fin de reprimir las manifestaciones populares y sembrar el temor entre los revolucionarios, que desde el pasado 14 de febrero de 2011 reclaman el fin del régimen del monarca Hamad Bin Isa Al Jalifa.