Santo Domingo, R.D.-Se estima que los imputados en los casos de corrupción de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han devuelto al Estado alrededor de más de cuatro mil millones de pesos a propósito de los acuerdos entre los implicados en casos de corrupción y el Ministerio Público.

El presunto primer caso de corrupción que se destapó, fue la operación Antipulpo, donde el principal implicado es Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. De acuerdo al Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (Pepca) anunció el 16 de enero de 2023 que los encartados arribaron a un acuerdo donde el Estado dominicano recuperó RD$200 millones por concepto de bienes, muebles, inmuebles y dinero.

Alexis Medina, principal implicado en caso Antipulpo, supuesto entramado de corrupción. (Fuente externa).

Exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal implicado en supuesto entramado de corrupción conocido como Medusa. (Foto de archivo).

Otro caso sonoro de presunta corrupción fue el caso Medusa, cuyo principal encartado es el exprodurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, apresado el 29 de junio de 2021 en la sede del Ministerio Público dando inicio a la investigación, cuya presunta red «desfalcó» al Estado por más de 6 mil millones de pesos.

Pese al monto de los 6 mil millones de pesos presuntamente sustraídos por la red de corrupción, el Ministerio Público hizo pública la información de que había recuperado par las arcas del Estado aproximadamente RD$ 800 millones de pesos del caso Medusa, conocido el pasado 7 de julio de 2022.

Los supuestos actos de corrupción de pasadas gestiones de gobierno tocó también el círculo íntimo de funcionarios del más alto nivel, lo confirma el Pepca cuando llevó a cabo en marzo de 2023 la operación Calamar.

Donald Guerrero y José Ramón Peralta, acusados de corrupción. (Foto de archivo).

Los principales implicados de la operación Calamar fueron pasados funcionarios del PLD muy cercanos al expresidente Medina, tales como Donald Guerrero, exministro de Hacienda; José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, acusados de encabezar una red de servidores públicos de alto nivel que sustrajo por diferentes vías más de RD$ 41 mil millones en operaciones financieras encubiertas.

Según el Pepca, para marzo de 2023 los implicados en el caso Calamar habían devuelto una suma de 2 mil millones de pesos, entregadas en dinero e inmuebles al Estado dominicano.

La lista de casos de presunta corrupción también llegó a las filas de los cuerpos castrenses cuando se destapó el caso Coral y Coral 5G, cuyo principal encartado es Adán Cáceres quien se desempeñó hasta su arresto en abril de 2021 como jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.

Según el Pepca estos entramados de corrupción sustrajeron más de 4 mil millones de pesos, de los cuales el militar encartado Erasmo Pérez «operativo» de Adán Cáceres devolvió 1000 mil millones de pesos, según el abogado Zacarías Payanos en unas declaraciones el 8 de diciembre de 2022 tras salir de una audiencia de este caso Coral.

Hasta el momento las autoridades del Ministerio Público no han precisado con actitud el monto de lo recuperado en concepto de dinero, bienes e inmuebles a encartados de corrupción.

Santo Domingo, R.D.-Luis Abinader, presidente de la República, dictó el decreto núm. 353-24, mediante el cual se establece el reglamento de aplicación de la Ley núm. 247-12 Orgánica de la Administración Pública.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el objeto del reglamento es garantizar el ejercicio de la función administrativa, en apego a la juridicidad, la jerarquía, la racionalidad, la eficiencia, la eficacia, la objetividad, la igualdad, la transparencia, la economía, la publicidad y la coordinación.

También incluye disposiciones relativas a la coordinación administrativa, los consejos consultivos y las políticas organizativas de la administración pública.

El reglamento regula el funcionamiento de la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, el Consejo de Ministros, los ministerios, los organismos autónomos y descentralizados y las empresas públicas.

“Una propuesta inicial de este reglamento fue presentada en el marco de la Convocatoria Presidencial del Diálogo por las Reformas para el Fortalecimiento Institucional y la Gestión Eficiente del Estado y posteriormente enriquecida en una comisión técnica conformada por representantes del Ministerio de Administración Pública (MAP), la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y otras instituciones públicas invitadas”, indica el documento.

El reglamento estaba pendiente desde que promulgó la ley Orgánica de la Administración Pública en el 2012.

Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República con tan sólo 30 días para que finalice esta legislatura del cuatrienio 2020-2024, reintrodujo el Código Penal sin la inclusión de las tres causales.

La pieza aprobada por 20 legisladores se conoció sin leer el contenido, debido a que fue liberado de lectura, y se decidió enviarse a una comisión especial.

Mientras que la senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, calificó como innecesaria la aprobación de este proyecto legislativo a tan solo días de la culminación de las labores congresuales.

Sin embargo, Genao aclaró y garantizó que los artículos que contempla el documento legal de su autoría no presentan ninguna variación a los conocidos a inicios de 2023, momento en que fue aprobada por los senadores en segunda lectura con 23 votos a favor y posteriormente enviada a la Cámara de Diputados, donde perimió.

De acuerdo con explicaciones de Genao, este conjunto de leyes tiene el objetivo de solucionar algunos 100 años de retraso que afectan a República Dominicana, agregando más de 400 artículos importantes normativas penales garantizaran la tipificación de los delitos y actos criminales.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, designó una delegación especial para estudiar sin plazo fijo, dejando abierta la extensión del conocimiento de las posibles modificaciones a realizarse con miras a la próxima legislatura programada para el 16 de agosto.

De los Santos indicó que Santiago Zorrilla, como presidente; Dionis Sánchez, José del Castillo, Iván Lorenzo, Antonio Taveras, Franklin Romero, Virgilio Cedano, Pedro Catrain, Ramón Rogelio Genoa y Lía Díaz de Díaz serán los congresistas encargados de desarrollar un informe sobre este particular.

Además, permitirá un marco de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos.