Nacionales
Pedro Castillo, un preso con un trato preferencial
Pedro Castillo acudió ayer al tribunal de San Cristóbal donde se conoce su solicitud de prisión domiciliaria por seis meses. (Carlos Mejía)
A pesar de que el procurador, Francisco Domínguez Brito, anunció con bombos y platillos la eliminación de los privilegios en las cárceles, la práctica sigue en Najayo.
Al menos así consta en el acta de inspección que levantó el juez del Tribunal para la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Bayoan Rodríguez Portalatín, en la celda de Pedro Castillo, condenado a 10 años de prisión por desfalco al Banco del Progreso. Según el acta, levantada el pasado 28 de diciembre, la celda del recluso es un cuarto compuesto por una sala, un dormitorio y un baño.
En la sala tiene un sillón, tres mesas, una meseta con fregadero, despensas arriba y abajo, una nevera con freezer, un microondas, una computadora laptop, un aire acondicionado, un deshumidificador, cuatro sillas plásticas, una silla de hierro, un radio, un nebulizador, un inversor, un bebedero, dos lámparas, un módem para Internet y un aparato de teléfono. En el dormitorio tiene una cama full, un aire acondicionado, dos mesas de noche, una lámpara, un nebulizador, un ionizador de aire, un televisor plasma, un reproductor de DVD y muebles con gavetas. El baño consta de una bañera en condiciones limpias, un inodoro y un ionizador de aire.
La orden que dio el Procurador al director de Prisiones, mayor general Tomás Holguín la Paz, para que termine los privilegios no se ha cumplido, a pesar de que el 28 de septiembre, cuando Domínguez Brito hizo pública la decisión, afirmó que lo más vergonzoso de los privilegios carcelarios es que benefician a quienes cumplen prisión por delitos graves por los que se han hecho poseedores de grandes fortunas.
Castillo ha salido 83 veces del penal
Castillo solicitó que se le varíe la prisión carcelaria por la domiciliaria por un periodo de seis meses, según sus alegatos porque debido a la humedad y hongos que hay en su celda, una bacteria se le alojó en los pulmones, situación que ha complicado sus quebrantos de hipertensión y asma. Durante la inspección a su celda, Castillo se quejó de que no está apta para preservar su salud debido a que cuando llueve en el baño caen 152 goteras que él ha contado.
En la audiencia de ayer para conocer el caso, el magistrado se reservó el fallo de esa solicitud, a la que se opone el Ministerio Público, para el 23 de este mes. Francisco Álvarez, abogado del Banco del Progreso, afirmó que en los tres años que lleva Castillo preso ha salido 83 veces del penal supuestamente para chequeos médicos en clínicas como la Abel González, Corazones Unidos, Cedimat y la Plaza de la Salud.
“Trabajamos a mano pelada”
El auxiliar de enfermería de Najayo le confesó al juez Rodríguez Portalatín que trabajan a “manos peladas”. Miguel Álvarez reveló que no cuentan con aparatos para medir la presión ni para hacer electrocardiograma en ese centro. Debido a esas precariedades, Castillo le aclaró al juez que solo ha llegado hasta la puerta del dispensario del penal de Najayo porque además carece de aparatos para entubar y oxígeno.
Álvarez afirmó que el dinero para suplir algunas de las necesidades del centro lo aportan los médicos o el alcaide, Faustino Pulinario, y que en la mayoría de los casos no hay ni jeringas.
El auxiliar de enfermería también reveló que en el penal se habilitó un área especial porque han tenido dos casos de cólera.
Camión de la basura es ambulancia de Najayo
Aunque no es el caso de Castillo, quien según fotos a las que tuvo acceso elCaribe, se traslada a los centros de salud en una yipeta, los presos que se enferman en la cárcel de Najayo son transportados en el camión de la basura debido a que la ambulancia de que dispone el centro está dañada desde hace más de un año. Según las declaraciones que le dio el auxiliar de enfermería del penal, Miguel Álvarez a Rodríguez Portalatín, días antes al 28 de diciembre o, murió un interno en el penal que padecía sífiles, sida y tuberculosis debido a que no había médicos para asistirlo y el camión de la basura usado como ambulancia también se dañó.
En el acta del levantamiento, el interno Pedro Castillo le afirma al magistrado que él contribuyó con el penal tanto para la ambulancia como para el camión de la basura. “La ambulancia que contribuimos se la llevaron para arreglarla y todavía no se ha podido, el camión que contribuimos también está todavía dañado”, le explicó Castillo a Rodríguez Portalatín. Según declaró el auxiliar de enfermería al magistrado, Castillo también fue quien donó el único nebulizador que tiene Najayo.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-Eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico dos hombres y una mujer que fueron encontrados muertos con múltiples impactos de balas en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa y la ciudad de Santiago, según la La Policía Nacional.
informó que los dos hombres encontrados muertos con múltiples impactos de bala en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa, eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico, y se les vincula directamente con el reciente asesinato de una mujer en Santiago de los Caballeros.
Los fallecidos fueron identificados como Natanael Peña, alias “El Cha”, y un hombre conocido hasta el momento como “La Rata”.
Según el informe preliminar, estos hombres mantenían una disputa por el control de puntos de drogas con Margarita Díaz García, alias “La China”, quien fue ultimada recientemente en La Yagüita de Pastor, en Santiago.
Las autoridades señalan que Díaz García y su pareja, Roberto Hans Sánchez Tejada, alias “El Flaco”, operaban la distribución de sustancias en esa zona.
El cruce de información entre la Dirección de Investigación (Dicrim) de La Vega y Santiago conectó ambos casos. La Policía Científica confirmó que los casquillos recolectados en la escena del asesinato de «La China» en Santiago coinciden en todas sus características con los levantados donde hallaron a «El Cha» y «La Rata», en el sector La Virgen de Jarabacoa.
El análisis de cámaras de seguridad permitió a las autoridades identificar el vehículo utilizado en el ataque de Santiago: una yipeta Honda CR-V, rojo vino (placa G-763855). El vehículo había sido rentado por Ruddy Manuel Moran Almonte, alias “La Pólvora”, un reconocido delincuente de la zona.
Durante los operativos desplegados en Jarabacoa, la Policía retuvo la yipeta mencionada, la cual era conducida por Erika Martínez Peralta, de 26 años. Al ser interrogada, la joven confesó que «La Pólvora» le había ordenado abandonar el vehículo.
Martínez Peralta guió a unidades élites de la Policía hasta una villa en el sector El Pedregal, donde se escondían los prófugos. Al notar la presencia policial, los hombres armados huyeron hacia una zona boscosa cerca del río Baiguate. Durante la persecución cayó abatido Miguel Marine Rodríguez, alias “La Cabra”.
A «La Cabra» se le ocupó una pistola calibre 9 milímetros. Los análisis balísticos confirmaron que esa fue el arma utilizada tanto en el asesinato de «La China» en Santiago, como en la ejecución de «El Cha» y «La Rata» en Jarabacoa.
La información del GPS proporcionada por la empresa de alquiler de vehículos evidenció que el sistema registró que la yipeta hizo una parada a las 4:15 de la madrugada del 20 de mayo de 2026 en el sector La Virgen, en Jarabacoa. Este fue el lugar y la hora exacta en la que los sicarios ejecutaron y abandonaron los cuerpos de Natanael Peña y el apodado «La Rata».
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados el proyecto que tiene el objetivo de reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo, el cual contiene diversas variaciones con respecto al documento actual.
Una de las alteraciones está centrada en la licencia por paternidad otorgada a los trabajadores. Para el Gobierno, el nuevo contenido que tendría la regulación laboral representa “un aumento del 100%”, ya que elevaría el periodo de dos a cuatro días.
“Hemos logrado consensos en aumento en un 100% de la licencia por paternidad a cargo de la empresa”, comunicó el 26 de agosto de 2024 el entonces ministro Luis Miguel De Camps, quien dirigió los diálogos realizados con empresarios y sectores sindicales antes de presentar la base del proyecto de ley que en la actualidad conoce el Congreso Nacional.
En las discusiones que han desarrollado durante más de un año, los legisladores habían acordado elevar la cantidad de días a siete, pero, finalmente, se limitaron a respaldar la recomendación enviada por el Poder Ejecutivo.
“Cuatro días laborables de licencia por paternidad con disfrute de salario para el caso de alumbramiento de la esposa o de la pareja debidamente registrada en la empresa”, dicta el nuevo texto que contendría el artículo 54 del documento.
Asimismo, algunos congresistas entendían necesario incluir a los hermanos en la lista de parientes que son considerados cuando el empleado requiera de una licencia por duelo establecida en cuatro días.
Esto significa que únicamente los familiares que aplican para ese caso son los abuelos, padres, hijos o la pareja del asalariado.
Por otro lado, los representantes de la cámara baja aprobaron también la realización de un cambio en la entrega de las propinas a los empleados de hoteles, restaurantes, cafés, barras y bares, “en general en los establecimientos comerciales donde se expande comida o bebida para su consumo en esos mismos lugares”.
Aunque se registraron intentos por parte de algunos senadores y diputados de eliminar ese apartado, la propuesta legislativa mantuvo el 10% de gratificación que debe entregar el empleador, recolectado de un tributo colocado a cuenta pagada por el consumidor. Esta bonificación no incluye al personal que integra el área gerencial y administrativa.
Según establece la pieza, los trabajadores y empleadores de los establecimientos podrán acordar que el repartimiento porcentual de la propina derive de criterios que “tomen en consideración la generación del porcentaje de propina en cada una de las áreas de servicios de los establecimientos, así como la posibilidad de incluir a quienes no asistieron a sus labores ese día”.
Uno de los temas más conflictivos dentro del proceso de debate que ha causado el tema de la reforma laboral es la cesantía, luego de que el sector empresarial haya manifestado en diversas ocasiones la intención que tienen de modificarla, a través de la colocación de un límite.
El proyecto legislativo también agrega una figura antes no contemplada para los procesos judiciales: El juez conciliador.
Este tendría la responsabilidad de proponer soluciones razonables, a través de reflexiones que considere oportunas, para intentar que el empleador y el asalariado logren un acuerdo cuando tengan conflictos reportados ante los juzgados.
Asimismo, los diputados colocaron un tope para establecer una duración máxima de 24 meses para el término de los procesos judiciales.
Momentos después de que la sociedad conociera sobre la aprobación del documento legislativo, alrededor de 80 colectivos comerciales se pronunciaron a través del Consejo Nacional de las Empresas Privadas (Conep) para expresar su rechazo, ya que “aspectos pueden incrementar costos laborales, generar incertidumbre jurídica y dificultad para generar nuevos empleos formales”.
Los diputados aún no han reaccionado a las debilidades, según aseguran los comerciantes, que contiene supuestamente el proyecto de ley.
Santiago, R.D. – Las labores en los tribunales del pais fueron paralizadas por jueces, juezas y servidores judiciales que denuncian “abandono”, sobrecarga laboral y el deterioro extremo en que aseguran opera actualmente el Poder Judicial.
Vestidos de negro, con pancartas en alto y lanzando consignas frente al Palacio de Justicia de Santiago, cientos de magistrados y empleados judiciales protagonizaron una jornada de protesta que suspendió miles de audiencias y dejó prácticamente paralizada gran parte de la administración de justicia en República Dominicana.
La manifestación, respaldada por más de 450 jueces y más de 2,000 servidores judiciales a nivel nacional, fue definida por sus organizadores como un “grito desesperado” ante años de reclamos ignorados por las autoridades del sistema judicial.
“Este es un día histórico y trascendental para la judicatura nacional”, declaró la magistrada Esther Carolina Reyes Aracena, jueza sustituta de presidente en funciones del Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, al explicar que la protesta busca obligar a las autoridades a escuchar las denuncias acumuladas durante años.
Tras el acto, jueces y empleados se trasladaron a sus respectivos tribunales para realizar la cancelación simbólica de los roles de audiencia, oficializando así el paro nacional de 24 horas, que impactará directamente miles de procesos judiciales pendientes.
La jornada alcanzó su punto más fuerte con la lectura del “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia”, pronunciado por el magistrado Rubén Uceta, quien lanzó duras críticas contra la gestión administrativa del Poder Judicial y denunció un escenario de “crisis institucional”.
“La justicia no puede sostenerse únicamente sobre vocación, sacrificio personal y compromiso individual. La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales”, expresó el juez ante decenas de magistrados y servidores que respondían con aplausos y consignas.
El documento describe un sistema judicial golpeado por la falta de jueces, déficit de personal, bajos salarios, exceso de expedientes, renuncias masivas, inseguridad y deterioro de las infraestructuras judiciales.
Según denunciaron, la escasez de personal ha obligado a muchos empleados a asumir funciones equivalentes a las de dos, tres y hasta cuatro personas, mientras magistrados manejan cargas laborales que calificaron como “inhumanas”.
Los jueces también cuestionaron el manejo del presupuesto institucional, denunciando que, mientras tribunales operan en precariedad, se destinan millones de pesos a gastos considerados innecesarios.
Entre los ejemplos señalados, mencionaron el montaje de un árbol navideño valorado en cerca de 11 millones de pesos, así como gastos en publicidad, eventos, viajes, restaurantes e influencers.
“No a la industrialización de la justicia. No a la desigualdad salarial. No a la dilapidación de recursos en privilegios y campañas publicitarias”, proclamó Uceta durante la lectura del manifiesto.
“Ya no es tiempo de diagnósticos ni de planificación; es tiempo de decisiones concretas y ejecutables”, advirtieron.
El manifiesto dejó claro que la protesta no está dirigida contra una persona específica, sino contra “un modelo de gestión” que, según denunciaron, ha ignorado sistemáticamente los reclamos de jueces y servidores judiciales.