Latinoamericanas
Justicia chilena ratificó aplicación de Ley Antiterrorista contra mapuches
El Gobierno de Sebastián Piñera reforzó el contingente policial en la región de la Araucanía, al sur del país, y advirtió que la Ley Antiterrorista será aplicada a todas aquellas personas que resulten culpables de los atentados incendiarios.
Ley permite arresto de comuneros sin tener que llevarlos ante la justicia (Foto: Emol)
La Justicia chilena ratificó este jueves la aplicación de la Ley Antiterrorista en el caso de uno de los mapuches detenidos por un ataque incendiario en la región de la Araucanía (sur), en el que murió un matrimonio. La medida faculta ampliar la detención de una persona, sin tener que presentarlo ante un magistrado o una audiencia de control.
El Juzgado de Garantía de Temuco rechazó el amparo presentado a favor del comunero José Córdova Tránsito, de 26 años de edad, arrestado por Carabineros en el marco de la investigación por el incendio al fundo Palihue, en Vilcún, el pasado cuatro de enero.
Los abogados defensores argumentaron irregularidades en la detención de Córdova, pero el amparo fue rechazado debido a que el juez acogió la solicitud de la Fiscalía en cuanto a la aplicación de la Ley Antiterrorista.
Tras el anuncio, decenas de mapuches marcharon pacíficamente por las calles de Santiago, en rechazo a la aplicación de la Ley, levantando barricadas para evitar enfrentamientos con la Policía que, sin embargo, respondió con chorros de agua y gases lacrimógenos contra los manifestantes, con la pretensión de dispersar la movilización.
Horas antes de la protesta, un grupo de desconocidos quemó la vivienda del cuidador de una finca y una bodega en el sur de Chile, atentados supuestamente vinculados al llamado «conflicto mapuche».
En ese sentido, las autoridades investigan éste y dos nuevos atentados cometidos ese mismo día, el primero de los cuales ocurrió en el municipio de Río Bueno, 850 kilómetros al sur de Santiago, en la región de Los Ríos.
El Gobierno se Sebastián Piñera mantiene su teoría de que los mapuches operan con apoyos de organizaciones terroristas financiadas desde el exterior.
Por su parte, partidos políticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos discrepan con la versión del Ejecutivo y exigen no se aplique la Ley Antiterrorista contra las comunidades originarias.
En tanto, voceros de la misma etnia rechazan toda vinculación con la cadena de incendios perpetrados en los últimos días, y consideran que los autores pueden ser «infiltrados de la derecha».
Durante las últimas semanas, se han recrudecido en la Araucanía los incidentes vinculados al denominado “conflicto mapuche”, que desde los años noventa enfrenta a grupos indígenas con empresas agrícolas y forestales que explotan una tierra que ancestralmente los mapuches dicen les pertenece.
Asimismo, el Ejecutivo reforzó el contingente policial en la zona y advirtió que la Ley Antiterrorista será aplicada a todos quienes resulten culpables de los atentados incendiarios.
Este viernes serán procesados dos hermanos, miembros de una comunidad indígena, como presuntos participantes en el ataque en que murió la pareja de agricultores, días atrás.
La Cámara de Diputados del Congreso tiene previsto debatir el próximo martes, en una sesión especial, varias propuestas recibidas que permitan solucionar el conflicto.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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