Los españoles exigen al Gobierno y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que «se cambie la política actual y que la administración de Justicia siga funcionando como hasta la fecha».Denuncian que las reformas «están privando de derechos fundamentales a los ciudadanos».
Manifestación contra tasazo llega a las puertas de Min Justicia. ‘No a las Tasas, Justicia para todos’ gritan. (Foto: @HsalasteleSUR)
Centenares de personas recorren este sábado las calles de la capital de España, convocadas por los sindicatos de la Administración de Justicia de España con el apoyo de la ‘Plataforma Justicia para Todos’, para protestar en contra de la Ley de Tasas Judiciales, la privatización del Registro Civil y en defensa del servicio público de la justicia.
La movilización comenzó a las 12H00 local (13H0x0 GMT) desde la plaza Cibeles hasta la sede del Ministerio de Justicia.
La corresponsal de teleSUR en Madrid, Hilda Salas, reportó a través de su cuenta en la red social Twitter que en la manifestación se encuentran ciudadanos de toda España, y avanzan al grito de “’Dónde está?, no se ve la Justicia del PP’”, en alusión al Partido Popular, actualmente en el gobierno.
Salas informó además que los manifestantes están solicitando la dimisión del Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.
Los españoles exigen al Gobierno y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que «se cambie la política actual y que la administración de Justicia siga funcionando como hasta la fecha».
Bajo el lema ‘Gallardón acaba con la justicia para todos’, denuncian que las reformas que está llevando a cabo Gallardón «están privando de derechos fundamentales a los ciudadanos».
Los sindicatos de justicia denuncian que las recientes medidas aprobadas por el Gobierno «les supone la imposibilidad de acudir a los tribunales a defender sus legítimos derechos». «El acceso a la jurisdicción a partir de ahora va a estar vetado para la inmensa mayoría, limitando de forma muy grave sus derechos fundamentales».
Asimismo, sostienen que la Ley de Tasas Judiciales aprobada por el Ejecutivo «establece la eliminación de la tutela judicial efectiva» y recuerda que se trata de una norma «que tiene a una amplísima mayoría de ciudadanos, profesionales y trabajadores de la Justicia en contra».
La presidenta del Colectivo de Jóvenes Abogados de Bizkaia, Verónica Luque, ha asegurado, tras un mes de vigencia de la Ley de Tasas Judiciales, que la mayoría de clientes piden presupuesto y «desisten del auxilio judicial».
En declaraciones a Europa Press, Luque ha manifestado que la ley no puede presentar a la Administración de Justicia como a «un órgano recaudador», algo que, en su opinión, ocurre en la actualidad, y tendrá «consecuencias devastadoras».
«No se puede presentar a la Administración de Justicia como un lugar al que uno va sólo si paga por segunda vez, porque, en principio, ya hemos pagado con los impuestos»
Los ciudadanos españoles que quieran acceder a los Tribunales de Justicia tendrán que abonar previamente una tasa, según la Ley de Tasa Judiciales aprobadas por los votos del PP en el Congreso.
Las tasas afectan a tres de los cinco órdenes jurisdiccionales. En concreto, a la jurisdicción Civil, a la Social (o Laboral) y a la Contencioso-Administrativa. Quedan exentas la Penal y la Militar.
En líneas generales en la jurisdicción Civil y en la Contencioso-Admnistrativa se paga desde el principio y la cuantía de las tasas se componen de una cantidad fija y otra variable. La fija oscila entre los 100 euros que cuesta un procedimiento monitorio (una reclamación a un vecino moroso) a los mil 200 de un recurso de casación ante la Sala de lo Civil o de lo Contencioso del Tribunal Supremo. La variable supone entre un 0,25 y un 0,5 por ciento de la cuantía procesal (el interés económico del pleito).
Manuel Figueroa, un vigués de 58 años, conoce en primera persona las consecuencias negativas de las tasas. Este hombre es uno de los ciudadanos que ya se ha visto obligado a renunciar a llevar su caso a los juzgados como consecuencia del polémico tributo, pues pagaría más de tasazo que lo que suman las multas de tráfico por las que pretendía pelear.
«Es una vergüenza; está claro que quieren poner trabas e impedir que la gente humilde podamos defender nuestros derechos», afirmaba ayer indignado.