Opinión
Fulgurazos
Por Andrés L. Mateo
Las “nominillas” son la fórmula de financiamiento del partido oficial
-UNO-
Uno de los “éxitos” del joven-viejo gobierno de Danilo Medina es la proclamada austeridad, y yo observaba mirando la entrevista que le hizo Alicia Ortega al Director del IDECOOP, Pedro Corporán, cómo se le escapan las voces secuestradas por el clientelismo, cuando se encuentran delante de su propia definición. Corporán es un tribuno, un pico de oro, un verdadero “Catrín de la fachenda”, de esos que pululan en el caleidoscopio mediático dominicano. Pero cuando Alicia Ortega le preguntó sobre los numerosos empleados de la institución, medio chivo, observó que él no tenía control en el nombramiento de esos empleados, y que ni siquiera los conocía, porque eran incluidos en nómina directamente desde el Palacio Nacional. Entonces Alicia Ortega dijo la palabra clave: -“¿Las nominillas?”-. Y él respondió: -“sí, las nominillas”-
-DOS-
Las “nominillas” son la fórmula de financiamiento del partido oficial, y forman parte de la estructura de corrupción montada para lograr consumar la vocación de eternidad en el poder que alientan los dirigentes peledeístas. En estos momentos más de 18 mil dirigentes medios del PLD se han prorrateado en las nóminas públicas, y reciben pagos extraídos del presupuesto nacional por las funciones políticas que desempeñan en el PLD y en otros partidos aliados. Ese mecanismo de financiación del partido es una acción violatoria de las leyes y de la Constitución, y significa una carga considerable que cálculos conservadores llevan a más de 13 mil millones de pesos. Sin embargo, el presidente Danilo Medina no la ha tocado, quizás porque es de esas cosas que están bajo el alero de lo que no se debe “apedrear hacia atrás”, aunque sea un evidente abuso de poder.
-TRES-
La nación dominicana tiene el pubis como tierra arrasada. Su desgracia es la indolencia de quienes nos han dirigido, y nos dirigen. ¿Adónde fueron a parar los más de trescientos viceministros que Danilo Medina “suprimió” mediante Decreto? ¿Significó esa disposición alguna economía para el erario? Yo hice unas averiguaciones a través de la indagación en nóminas de diversos ministerios y, con excepción de dos viceministros, el resto continúa con otras denominaciones en el aparato burocrático, incluso en sus mismas oficinas, cobrando sus mismos salarios. ¿No es esto una burla? ¿No fue esto una infame coartada para legitimar el “paquetazo”? ¿No es un engaño inmoral, un despojo, imponerle una carga impositiva al país y ser, al mismo tiempo, tan complaciente con los intereses de los militantes del Partido?
La nación dominicana tiene el pubis como tierra arrasada.
-CUATRO-
El Senado de la República y la Cámara de Diputados son las instituciones más pornográficas del país. Hay un estudio exquisito del Strip-Tease que se encuentra en el libro “Mitologías” de Roland Barthes, según el cual el strip-tease está fundado en una contradicción: “desexualiza a la mujer en el mismo momento en que la desnuda”- dice Barthes. Y siempre que veo actuar a los Senadores y Diputados pienso en esa extraña impresión de estar ante un espectáculo de strip-tease. Estos tipos tienen la desnudez como un ropaje natural, desde un comienzo parece siempre que se están desnudando, pero al final terminan envueltos en los actos gestuales de la pornografía. Un buen ejemplo fue la “discusión” sobre la reforma fiscal. Las expectativas que habían creado eran que ellos mismos darían muestras de sacrificios, de que se despojarían de sus “barrilitos”, sus dietas, sus pagos por comisiones, sus exoneraciones, sus enormes e injustificados ingresos. Era el país el que pedía el sacrificio de sus líderes. Pero esos tígueres saben bailar con miriñaques y burlarse del país que dizque representan, echando sobre las espaldas del pueblo toda la carga, y pasando del strip-tease a la pornografía. No se despojaron de nada, preservaron todos sus privilegios.
Hay una leve separación entre strip-tease y pornografía, y ellos la atraviesan sin inmutarse, sin rubor.
-CINCO-
Una foto de Danilo Medina brincando un charquito. Sin dudas que es un espectáculo conmovedor. ¿Se quedará ahí, frisado para siempre en la foto, saltando eternamente ese charquito? ¡Oh, Dios!
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.