Opinión
Se busca un peledeísta honesto
Por Hamlet Hermann
Todos los funcionarios peledeístas son corruptos, sin excepción
Llamó mucho la atención en Estados Unidos la condena a dos años y medio de prisión impuesta al ex- agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) John Kiriakou. La pena le fue impuesta por divulgar información sobre actos de tortura que la fiscalía consideró podría lesionar la reputación del gobierno de esa nación. La justificación para la condena fue su denuncia pública de que la CIA practicaba la tortura contra los detenidos como parte de una política oficial. Fue Kiriakou el primer funcionario gubernamental que confirmó el uso del submarino (Waterboarding) como método oficial de martirio para obtener información de parte de los opositores a las agresiones estadounidenses en el Oriente Medio.Lo interesante del caso fue que, luego de escuchar la sentencia del juez, Kiriakou lucía aparentemente alegre ante su próximo encierro en una cárcel de Loretto, Pennsylvania. Incluso un centenar de amigos y simpatizantes le dieron una fiesta de despedida vistiendo ropa de color naranja, como la que usan los presidiarios en las cárceles estadounidenses. En el acto de despedida, Kiriakou dijo: “Esta condena la asumo como una medalla de honor.” En realidad, estaba cumpliendo con lo establecido en la Constitución de Estados Unidos. A la fiesta de despedida asistieron personalidades liberales de Estados Unidos, incluyendo al coronel de la Fuerza Aérea ® Morris Davis, quien renunciara a la fiscalía de la base de Guantánamo como protesta por las torturas que en esa prisión extraterritorial se practicaban.
Kiriakou ingresará a la cárcel el jueves 28 de febrero de 2013. Ante la inevitable perspectiva, trataba de tranquilizar a su esposa e hijos diciendo: “Luego de 15 años en la CIA, incluyendo aquellos como agente en Oriente Medio y el sudeste asiático, yo he vivido en peores lugares que la cárcel de Loretto. La prisión puede ser dura y estaré separado de la familia, pero puedo soportarla”.
Esta información del Washington Post, provocó que, mientras repasaba la nota periodística, pensara si pudiera darse un caso semejante en República Dominicana en torno a la corrupción gubernamental. Pensé en que todavía podría existir algún miembro del Partido de la Liberación Dominicana tan honesto como Juan Bosch y que, con abundantes pruebas en la mano y con sus propias vivencias como argumento, se atreviera a acusar ante los tribunales de la República a los principales funcionarios, evidentemente corruptos, de los gobiernos de Leonel Fernández.
Si fuera un miembro del Comité Político el que hiciera la denuncia tendría mayor fuerza. Es allí donde se emiten las dispensas por actos ilegales y se concentra lo peor de ese grupo corporativo. Si algún peledeísta tuviera los “jardines colgantes de Babilonia” bien puestos y osara enfrentar a la corrupción administrativa en la cúpula, de seguro que le pasaría algo semejante a lo del agente de la CIA que denunció la tortura. Lo someterían a la justicia por denuncias hechas que, según los cabecillas, atentarían contra la gobernabilidad del Estado dominicano. No habría que extrañarse si la DNCD le depositara drogas en su auto o en las mochilas escolares de sus hijos como descrédito. Como también podrían inventarle mil diabluras y falacias para que la gente perdiera confianza en las denuncias hechas contra la dirigencia gubernamental. Los tribunales actuales de Justicia, ensamblados por la perversidad presidencial, de seguro lo condenarían como difamador si no es que lo desaparecen en un “intercambio de disparos” con la Policía Nacional.
Pero hay momentos en los que el futuro de la patria merece que uno asuma riesgos enormes. Algunos hemos sufrido cárceles y torturas, las que llevamos como medallas de honor por haber luchado contra la corrupción y el crimen de los gobiernos de Joaquín Balaguer. Hoy por hoy son balagueristas los más sumisos y aprovechados aliados del grupo corporativo peledeísta.
Soñar no cuesta nada, es cierto. Pero esto nos lleva a la conclusión de que cuando se habla de corrupción en los gobiernos recientes no hay excepciones a la regla: todos los funcionarios peledeístas son corruptos. Porque el que calla ante la comisión de un delito se hace cómplice, de hecho, de cada crimen porque parece que en esa fauna nadie tiene bien puestos los “jardines colgantes de Babilonia”.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.