Rafael L. Trujillo Molina

MIAMI.- Los familiares del generalísimo Rafael L. Trujillo Molina residentes aquí dieron a conoceruna comunicación dirigida al Procurador General de la República Dominicana en la que se quejan de los intentos de revivir una disposición de 1962 que prohibe las actividades trujillistas y que ellos consideran “ley mordaza” violatoria de los derechos consagrados en la actual Constitución de ese país.

La amplia comunicación enviada al Procurador Francisco Dominguez Brito está suscrita por L. Ramfis Domínguez Trujillo, hijo de la señora María de los Angeles Trujillo Martínez, quien está radicado en esta ciudad y hija menor del dictador que gobernó durante 31 años el país caribeño.

“…mantenemos que la disposición 5880-62 del Consejo de Estado, quedó debidamente anulada conforme el Artículo 6 de nuestra Carta Magna como fue ratificada en su última versión en el 2010, que dispone lo siguiente: “son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”, se expresa en la misiva.

Se añade que “esta afirmación se apoya también en el Artículo 49 de la Constitución que protege el derecho a la libertad de expresión e información proclamando que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”.

Sostiene que “el derecho universal de libre expresión es también protegido por leyes internacionales y pactos convenidos entre los países que respetan la facultad de estos atributos inherentes a la autonomía de cada individuo. La República Dominicana es signatario a estos trascendentales acuerdos como lo son la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No podemos permitir que continúen perpetuando su vulgar atropello a este derecho fundamental”.

LA CARTA 

El texto completo de la comunicación al Procurador General de la República es el siguiente:

El motivo de esta carta obedece a la más reciente actividad de un reducido grupo de individuos que, en asociación con los directores del llamado Museo de la Resistencia, se dirigieron a su despacho con el propósito de entregar una carta en la que solicitan la aplicación de la Ley 5880-62, que instituyera el Gobierno provisional del Consejo de Estado. Estiman ellos que la rehabilitación de esta ley mordaza frenaría lo que ellos llaman “promoción del régimen” del Generalísimo Trujillo, así como “las actividades Trujillistas”. Sería risible hablar de revivir lo que por múltiples razones no puede ser; la reaparición de un gobierno cuyos dirigentes no existen ya, y quien lo personificaba, su líder, falleció hace ya más de medio siglo. Pero no, lo que solicitan es grave, muy grave. Se trata de pedir la aplicación selectiva o dosificación de los derechos fundamentales de la libre expresión, basándose para ello en expedientes obsoletos, objetados, precisamente, por la nueva Constitución de la República.

Quisiéramos clarificar de manera inequívoca que el cometido tanto de la Fundación Rafael Leónidas Trujillo Molina, la Familia Trujillo, y la mía personal en todo lo inherente al tema del Generalísimo Trujillo y su gobierno de 31 años, es histórico-cultural. Lo que venimos reclamando hace ya casi tres años es que se respeten las verdades históricas incontrovertibles sobre este periodo de tanta trascendencia para nuestra República Dominicana. Durante los últimos 52 años, se ha pretendido relegar la historia de la Era de Trujillo exclusivamente a una leyenda negra conveniente para un pequeño grupo compuesto de elementos que: o bien han vivido suntuosamente de su neo-anti-Trujillísmo industrial; o aquellos que pretenden ocultar su colaboración con el régimen – ya que luego de su desaparición, estos se convirtieron en sus más grandes antagonistas y críticos; o aquellos que aspiran a ocultar su desmedido despilfarro del caudal que legó el gobierno del Generalísimo Trujillo a nuestra patria. Estos grupos persiguen impedir que las verdades históricas se conozcan para amparar su embaucamiento y evadir ser desenmascarados, con el fin de preservar sus considerables intereses personales.

Es muy fácil hablar de la Era de Trujillo sin tener que aportar pruebas fidedignas que apoyen esas aseveraciones, pero después de la muerte del Generalísimo Trujillo, todos los pronunciamientos se han aceptado como buenos y validos sin ninguna exacción. Nuestro propósito es provocar un debate con respeto, altura y de manera absolutamente académica; anhelamos la reivindicación de nuestras efemérides con verdades totalmente irrefutables, no con fábulas retorcidas y útiles solo para un ínfimo segmento de la ciudadanía dominicana. Las grandes revelaciones autenticadas que han resultado de las investigaciones emprendidas por nuestra organización, son prueba fehaciente de la imperiosa necesidad de nuestra labor. El pueblo dominicano merece conocer la verdadera historia, y no solo el oscurantismo con el que han querido opacar la descomunal proeza de la denominada era de Trujillo, y que peor aún, desdice categóricamente del pueblo dominicano. Insistimos en que todo el abundante legado de grandes hazañas alcanzadas durante ésta época, habla por sí solo de la grandeza del pueblo dominicano.

CIERRE DE PORTAL

Es comprensible que aquellos intereses que hoy se oponen al esclarecimiento de estas auténticas veracidades históricas, se sientan acorralados, en un callejón sin salida, pues el peso de estos develamientos atentan seriamente contra las irresponsables versiones que estos grupos han pretendido promover caprichosamente como historia patria. Es evidente el empeño que tienen de enmudecernos, exigiendo hasta a los medios de comunicación el no difundir nuestras intervenciones. Su despliegue burdo e intolerante no tiene límites y han recurrido a todo tipo de artimañas y maquinaciones para cumplir su ominosa misión. Incluso, hoy aspiran a extender sus garras fuera del territorio nacional con una absurda recaudación de firmas que ambiciona el cierre del portal de la Fundación Rafael Leónidas Trujillo Molina en la red social de Facebook (www.facebook.com/groups/112234865457756/). Lo que sí nunca han podido hacer, es refutar ni tan siquiera una de nuestras aseveraciones. Hemos retado y continuaremos retando a que nos señalen una sola farsa de todas las declaraciones y publicaciones transmitidas públicamente desde el inicio de este proyecto. Sin embargo, nosotros sí hemos impugnado sus imprudentes afirmativas, apoyados siempre en la verdad, con pruebas perentorias, y revelando grandes falacias que comprometen altamente su desvirtuada labor. Consideramos un verdadero crimen que estos grupos continúen aprovechándose del pueblo Dominicano y su empobrecido caudal, siendo todos estos beneficiaros de la manutención del gobierno en cantidades suntuosas para seguir ampliando su red de declaraciones infundadas. El Museo de la Resistencia, para citar un solo ejemplo, recibió ciento seis millones de pesos (RD $106 millones) del gobierno dominicano para su construcción y continúa recibiendo prebendas como ONG. Con falacias transgreden además las normas civilizadas de concordia y de bien común, y delinquen especulando con el respeto y la honra de los demás como lo denunciaran recientemente los hijos del fallecido Don Ángel Severo Cabral, a la vez que les exigían la inmediata devolución de todo lo concerniente a la memoria de su padre.

En cuanto a mí, me enorgullezco de haber tomado la antorcha de rescatar del secuestro, la verdadera historia dominicana. Mi conducta ha sido un libro abierto entregado a esta noble causa. Es una cruzada cuesta arriba, lo sé, pero la nobleza de la causa vigoriza el espíritu. Cuando por gentil invitación comparezco en los medios, lo hago ceñido a la verdad, el respeto, y los buenos modales, preceptos éticos de la Fundación. Me complace hablar de nuestra independencia financiera y la creación del sistema bancario dominicano, así como el tema de la dominicanización fronteriza y la institucionalización del Estado. Me fascina hablar de la educación, el crecimiento y desarrollo etc.; y como todos los gobiernos tienen luces y sombras, no evado discutir las sombras concernientes al régimen de mi abuelo. Se le acusa mucho por la falta de libertades durante su gobierno, pero resulta irónico que los líderes que más enarbolaban esas reclamaciones eran ideólogos comunistas, comprometidos con gobiernos totalitarios de la época. Muchos de estos señores aún pululan por las calles de nuestro país saboreando aun el polvo de la derrota.

COARTAR LIBRE EXPRESION

En vista del éxito de nuestra labor que desde ya cuenta con un extraordinario apoyo dentro y fuera de la República Dominicana, estos grupos ahora buscan albergarse en esta ley pretérita para intentar detener nuestro progreso. Persiguen coartar nuestro derecho de libre expresión alegando que ésta libertad inalienable e universal tiene sus límites en el respeto a la verdad y la dignidad”. Piden “defender el derecho de los jóvenes y niños dominicanos a la verdad”. Deliberadamente y por capricho propio de sus designios, ignoran los elementos básicos de nuestra jurisprudencia que protegen el derecho a la verdad conforme las disposiciones que sancionan la difamación y la injuria. Por otro lado, interpelan al acatamiento de la verdad, pero se rehúsan a debatir aun con el firme propósito de alcanzar la máxima legitimidad histórica. Peor aún, se oponen a la difusión de verdades absolutamente irrebatibles y bien documentadas. Esto resulta una gran contradicción que desdice fuertemente de la integridad de sus propósitos. Como bien lo expresó el Profesor Juan Bosch: “…un gobierno democrático no puede ser democrático para unos sectores y dictatorial para otros…”

 Hemos sido y seremos siempre respetuosos de las leyes de la República Dominicana. A pesar de haber sido perjudicado por un fallo anti-constitucional, producto de una manipulación de los mismos intereses que hoy de nuevo pretenden imponer una ley abrogada por nuestra Carta Magna, acatamos el dictamen y la prohibición al trabajo de la Fundación Rafael Leónidas Trujillo Molina en el territorio nacional y también suspendimos la venta del libro de mi Sra. Madre, María de los Angeles Trujillo Martínez de Domínguez, “Trujillo mi Padre,…en mis memorias” y la producción videográfica de la fundación, “Trujillo, 31 Años de Historia Perdida” en todo el país. Toda la labor desempeñada en la República Dominicana luego del fallo de la Corte de Primera Instancia, se ha hecho a título personal y sin contar con el apoyo y la participación de la organización que presido como Vicepresidente Ejecutivo. Aprovecho para invitarle a nuestra página personal en la redes sociales de Twitter (@ramfisdt) y de Facebook (http://www.facebook.com/ramfisdt) para que pueda constatar esta realidad.

No obstante, mantenemos que la disposición 5880-62 del Consejo de Estado, quedó debidamente anulada conforme el Artículo 6 de nuestra Carta Magna como fue ratificada en su última versión en el 2010, que dispone lo siguiente: “son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”. Esta afirmación se apoya también en el Artículo 49 de la Constitución que protege el derecho a la libertad de expresión e información proclamando que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”. El derecho universal de libre expresión es también protegido por leyes internacionales y pactos convenidos entre los países que respetan la facultad de estos atributos inherentes a la autonomía de cada individuo. La República Dominicana es signatario a estos trascendentales acuerdos como lo son la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No podemos permitir que continúen perpetuando su vulgar atropello a este derecho fundamental.

ACTITUD

En vista de las intenciones del precitado grupo, nos dirigimos a usted para afirmarle nuestra disposición de colaborar con esta institución, con fines de dilucidar los pormenores del caso que nos ocupa, así como también responder ante cualquier instancia de su consideración. Ansiamos conocer la orientación de su despacho al respecto, confiando plenamente en el discernimiento, ecuanimidad, y capacidad de nuestra jurisprudencia ante este reto de defender cabalmente, los derechos fundamentales e inviolables consagrados en nuestra Constitución. El peso de esta determinación es extraordinario y marcará para presentes y futuras generaciones, nuestra concordia a las libertades ecuménicas, y sustentarán el escrutinio de la comunidad internacional. Apelamos a la cordura, imparcialidad y el apego a nuestra Carta Magna ante un desafío histórico de imponente proporciones para nuestra patria.

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