Opinión
¡En defensa de la soberanía, el patrimonio natural y la vida!
Por Narciso Isa Conde
En esta entrega decidí incluir el texto del Manifiesto de la Izquierda Revolucionaria, alianza en la que participa el Movimiento Caamañista (MC), de cuya Coordinación formo parte, elaborado colectivamente en ocasión de la situación que vive el país en las proximidades del 48 aniversario de la Revolución de Abril de 1965 y de la guerra patria con el invasor estadounidense, y de cara a la gran Jornada por la Soberanía y la Vida que está siendo programada en todas las regiones del país a propósito de los graves amenazas que se ciernen contra la seguridad ambiental y el derecho a la vida de todos los/as dominicanos/as.
Este texto reviste una singular importancia en vista de la evolución de las situaciones creadas por la Barrick, Xtrata Niquel-Falcondo y la invasión de corporaciones mineras, así como la IMPUNIDAD vinculada a los efectos del Paquetazo Tributario y a todas las expresiones de violencia de clase, de género, racista y policial… desplegada en el contexto de la actual dictadura neoliberal institucionalizada bajo la hegemonía de la partidocracia peledeísta, acompañada de las co-responsabilidades de las cúpulas del PRD y el PRSC.
Aquí va el Manifiesto de IR:
“El presidente Danilo Medina no ha tomado una sola medida en defensa del medio ambiente, de la soberanía nacional y de la vida, después descalificar como inaceptable el contrato firmado por Leonel Fernández con la Barrick Gold para explotar la mina de Pueblo Viejo. ¡Ni siquiera ha sometido a la justicia a los funcionarios que firmaron tal monstruosidad!
“Ante la indolencia e indiferencia oficialista la Izquierda Revolucionaria-IR asume como propia -y por tanto impulsará y participará en ella con todo el entusiasmo y las energías imprescindibles- la Jornada por la Vida y la Soberanía convocada por el Comité Nacional Contra la Mega-minería y el uso del cianuro para los días 23 y 24 de abril, mes emblemático de la lucha antiimperialista.
“Nos proponemos contribuir al máximo a su despliegue exitoso a todo lo largo y ancho del país, procurando convertir en clamor generalizado la nacionalización de la insolente, depredadora y saqueadora Barrick Gold; insistiendo, en consecuencia, en la necesidad de la plena recuperación de la mina de oro, plata y cobre de Pueblo Viejo de las garras malvadas de esa corporación transnacional.
“Nos movilizaremos con igual determinación por el urgente propósito de salvar Loma Miranda de la agresión mortal de Xrata Niquel-Falcondo, por la anulación de todos los contratos mineros que atentan contra la Cordillera Central, la soberanía y la vida del país; por el cese de la impunidad y la recuperación de los bienes públicos robados; por el fin del impacto empobrecedor del paquetazo tributario, por justos e impostergables aumentos salariales para civiles y militares, por la plena libertad sindical y la satisfacción de todos los reclamos del pueblo trabajador; por el ataque frontal a las causas de los femenicidios y la violencia de género.
Barrick Gold-Pueblo Viejo
“En el caso de la Barrick estamos enfrentados/as a muerte a un contrato viciado y nulo de origen, inconstitucional, leonino y perverso… no solo por la ridícula suma de dólares que ingresaría al Estado dominicano (dueño del oro, la plata y el cobre Pueblo Viejo), sino además –y sobretodo- porque desconoce la soberanía nacional y atenta contra la seguridad ambiental.
“Porque no admite la mayoría de acciones de parte del Estado representadas con creces en el valor de esos portentosos yacimientos mineros.
“Porque emplea la tecnología envenenante del cianuro (considerada de alto riesgo y prohibida incluso por la Unión Europea y otros países).
“Porque legaliza el robo del agua de la presa de Hatillo.
“Porque configura una especie de Estado dentro del Estado nacional.
“Porque como está planteada su explotación ocasionaría enormes e irreparables daños al suelo, al subsuelo y sobresuelo en esa importante región país, en el mismo centro de la isla.
“Porque está confirmado a escala mundial que esa poderosa y prepotente corporación es absolutamente funcional a la voracidad imperialista, sin reparos en daños ecológicos dramáticos
“Si, estamos de frente a una transnacional de larga historia escocida y criminal, dominada por la familia Bush y por los peores halcones del saqueo minero planetario.
“No basta en este caso, por tanto, demandar más ingreso para el Estado dejando a un lado la recuperación de ese patrimonio, la soberanía sobre nuestro territorio (suelo, subsuelo y sobresuelo) y las perspectivas y amenazas de una especie de catástrofe ambiental.
“El contrato con Barrick Gold es nulo y como tal el Estado dominicano debe ser obligado a reconocer su nulidad y proclamar su fin.
“La empresa en cuestión debe ser nacionalizada y la mina de Pueblo Viejo plenamente recuperada. Solo así la nación y el pueblo dominicano podrían decidir soberanamente cómo y de qué manera darle continuidad a ese proyecto dentro del exclusivo interés nacional de alcanzar el máximo de ingresos posibles, la máxima seguridad ambiental y el control de su gestión.
“Otra ruta -como la planteada por el presidente Danilo Medina- sería además de precaria y en extremo insuficiente, sumamente incierta y anticipadamente permisiva de la depredación y los graves riesgos ambientales denunciados.
“¡Barrick –Pueblo Viejo debe ser nacionalizada sin contemplaciones !
Loma Miranda
“Loma Miranda es un tesoro de agua y biodiversidad que debe ser preservado a toda costa y a como de lugar de la conocida voracidad de Xtrata Níquel Falcondo.
“Loma Miranda debe ser declarada área protegida, parque nacional, reserva ecológica de la nación. La vida que de ella emana es innegociable.
“A Loma Miranda la vamos a defender con nuestras propias vidas si fuera necesaria, independientemente de cualquier consideración del PNUD u otra instancia ajena a los intereses nacionales y populares.
“Soberanía y vida vuelvan a hermanarse en este combare trascendental.
Concesiones mineras inaceptables
“Un paquete creciente de concesiones mineras, plagas de vicios y dolo, amenazan nuestras fuentes de aguas y de vida animal y vegetal, mientras otras procuran controlar los nacimientos y cuencas de nuestros ríos desde una fuerte y abusiva impronta privatizadora y depredadora a cargo del gran capital.
“El patrón saqueador de la Barrick, Falcondo, Gold Corp., Uni Gold… se expande hacia San Juan de la Maguana, Restauración, Loma Mala, La Sierra de los Siete Picos, Juan López y otros puntos neurálgicos del territorio nacional.
“Se impone, pues, detener esa ominosa perspectiva y por eso nuestra Izquierda Revolucionaria (IR) proclama su determinación de contribuir a levantar progresivamente, junto a todas las fuerzas patrióticas del país, una resistencia multitudinaria frente a tan nefastos designios del gran capital privado en contubernio con funcionarios sin escrúpulos.
Otras agresiones a la dignidad humana: al derecho a comer, a vivir y a la libertad.
“Paquetazo tributario, intervención del FMI, policía criminal, impunidad de los delitos de Estado, violencia de género, sobre explotación, discriminación, represión patronal… se suman a todos los demás despropósitos contra la soberanía, la libertad y la vida.
“Izquierda Revolucionaria (IR) ha decidido abrazarse a todos/as aquellos/as que combaten esos despropósitos y luchan por la felicidad colectiva. Abril y esa jornada patriótica-popular nos ofrecen una gran oportunidad para ampliar la unidad y la indignación nacional.
“IR con el ejemplo de Duarte en su bicentenario…IR con el ejemplo de Caamaño…
IR con ejemplo de Abril…
“¡A las calles! ¡A las plazas! ¡A nuestros campos!
“A convertir la primera jornada por la vida, la libertad y la soberanía en una memorable expresión de indignación ordenada, disciplinada, unitaria, diversa y hermosa.
“Abril y la defensa de la soberanía nos convocan a sembrar esperanzas y crear contra-poder popular.”
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.