Opinión
¡En defensa de la soberanía, el patrimonio natural y la vida!
Por Narciso Isa Conde
En esta entrega decidí incluir el texto del Manifiesto de la Izquierda Revolucionaria, alianza en la que participa el Movimiento Caamañista (MC), de cuya Coordinación formo parte, elaborado colectivamente en ocasión de la situación que vive el país en las proximidades del 48 aniversario de la Revolución de Abril de 1965 y de la guerra patria con el invasor estadounidense, y de cara a la gran Jornada por la Soberanía y la Vida que está siendo programada en todas las regiones del país a propósito de los graves amenazas que se ciernen contra la seguridad ambiental y el derecho a la vida de todos los/as dominicanos/as.
Este texto reviste una singular importancia en vista de la evolución de las situaciones creadas por la Barrick, Xtrata Niquel-Falcondo y la invasión de corporaciones mineras, así como la IMPUNIDAD vinculada a los efectos del Paquetazo Tributario y a todas las expresiones de violencia de clase, de género, racista y policial… desplegada en el contexto de la actual dictadura neoliberal institucionalizada bajo la hegemonía de la partidocracia peledeísta, acompañada de las co-responsabilidades de las cúpulas del PRD y el PRSC.
Aquí va el Manifiesto de IR:
“El presidente Danilo Medina no ha tomado una sola medida en defensa del medio ambiente, de la soberanía nacional y de la vida, después descalificar como inaceptable el contrato firmado por Leonel Fernández con la Barrick Gold para explotar la mina de Pueblo Viejo. ¡Ni siquiera ha sometido a la justicia a los funcionarios que firmaron tal monstruosidad!
“Ante la indolencia e indiferencia oficialista la Izquierda Revolucionaria-IR asume como propia -y por tanto impulsará y participará en ella con todo el entusiasmo y las energías imprescindibles- la Jornada por la Vida y la Soberanía convocada por el Comité Nacional Contra la Mega-minería y el uso del cianuro para los días 23 y 24 de abril, mes emblemático de la lucha antiimperialista.
“Nos proponemos contribuir al máximo a su despliegue exitoso a todo lo largo y ancho del país, procurando convertir en clamor generalizado la nacionalización de la insolente, depredadora y saqueadora Barrick Gold; insistiendo, en consecuencia, en la necesidad de la plena recuperación de la mina de oro, plata y cobre de Pueblo Viejo de las garras malvadas de esa corporación transnacional.
“Nos movilizaremos con igual determinación por el urgente propósito de salvar Loma Miranda de la agresión mortal de Xrata Niquel-Falcondo, por la anulación de todos los contratos mineros que atentan contra la Cordillera Central, la soberanía y la vida del país; por el cese de la impunidad y la recuperación de los bienes públicos robados; por el fin del impacto empobrecedor del paquetazo tributario, por justos e impostergables aumentos salariales para civiles y militares, por la plena libertad sindical y la satisfacción de todos los reclamos del pueblo trabajador; por el ataque frontal a las causas de los femenicidios y la violencia de género.
Barrick Gold-Pueblo Viejo
“En el caso de la Barrick estamos enfrentados/as a muerte a un contrato viciado y nulo de origen, inconstitucional, leonino y perverso… no solo por la ridícula suma de dólares que ingresaría al Estado dominicano (dueño del oro, la plata y el cobre Pueblo Viejo), sino además –y sobretodo- porque desconoce la soberanía nacional y atenta contra la seguridad ambiental.
“Porque no admite la mayoría de acciones de parte del Estado representadas con creces en el valor de esos portentosos yacimientos mineros.
“Porque emplea la tecnología envenenante del cianuro (considerada de alto riesgo y prohibida incluso por la Unión Europea y otros países).
“Porque legaliza el robo del agua de la presa de Hatillo.
“Porque configura una especie de Estado dentro del Estado nacional.
“Porque como está planteada su explotación ocasionaría enormes e irreparables daños al suelo, al subsuelo y sobresuelo en esa importante región país, en el mismo centro de la isla.
“Porque está confirmado a escala mundial que esa poderosa y prepotente corporación es absolutamente funcional a la voracidad imperialista, sin reparos en daños ecológicos dramáticos
“Si, estamos de frente a una transnacional de larga historia escocida y criminal, dominada por la familia Bush y por los peores halcones del saqueo minero planetario.
“No basta en este caso, por tanto, demandar más ingreso para el Estado dejando a un lado la recuperación de ese patrimonio, la soberanía sobre nuestro territorio (suelo, subsuelo y sobresuelo) y las perspectivas y amenazas de una especie de catástrofe ambiental.
“El contrato con Barrick Gold es nulo y como tal el Estado dominicano debe ser obligado a reconocer su nulidad y proclamar su fin.
“La empresa en cuestión debe ser nacionalizada y la mina de Pueblo Viejo plenamente recuperada. Solo así la nación y el pueblo dominicano podrían decidir soberanamente cómo y de qué manera darle continuidad a ese proyecto dentro del exclusivo interés nacional de alcanzar el máximo de ingresos posibles, la máxima seguridad ambiental y el control de su gestión.
“Otra ruta -como la planteada por el presidente Danilo Medina- sería además de precaria y en extremo insuficiente, sumamente incierta y anticipadamente permisiva de la depredación y los graves riesgos ambientales denunciados.
“¡Barrick –Pueblo Viejo debe ser nacionalizada sin contemplaciones !
Loma Miranda
“Loma Miranda es un tesoro de agua y biodiversidad que debe ser preservado a toda costa y a como de lugar de la conocida voracidad de Xtrata Níquel Falcondo.
“Loma Miranda debe ser declarada área protegida, parque nacional, reserva ecológica de la nación. La vida que de ella emana es innegociable.
“A Loma Miranda la vamos a defender con nuestras propias vidas si fuera necesaria, independientemente de cualquier consideración del PNUD u otra instancia ajena a los intereses nacionales y populares.
“Soberanía y vida vuelvan a hermanarse en este combare trascendental.
Concesiones mineras inaceptables
“Un paquete creciente de concesiones mineras, plagas de vicios y dolo, amenazan nuestras fuentes de aguas y de vida animal y vegetal, mientras otras procuran controlar los nacimientos y cuencas de nuestros ríos desde una fuerte y abusiva impronta privatizadora y depredadora a cargo del gran capital.
“El patrón saqueador de la Barrick, Falcondo, Gold Corp., Uni Gold… se expande hacia San Juan de la Maguana, Restauración, Loma Mala, La Sierra de los Siete Picos, Juan López y otros puntos neurálgicos del territorio nacional.
“Se impone, pues, detener esa ominosa perspectiva y por eso nuestra Izquierda Revolucionaria (IR) proclama su determinación de contribuir a levantar progresivamente, junto a todas las fuerzas patrióticas del país, una resistencia multitudinaria frente a tan nefastos designios del gran capital privado en contubernio con funcionarios sin escrúpulos.
Otras agresiones a la dignidad humana: al derecho a comer, a vivir y a la libertad.
“Paquetazo tributario, intervención del FMI, policía criminal, impunidad de los delitos de Estado, violencia de género, sobre explotación, discriminación, represión patronal… se suman a todos los demás despropósitos contra la soberanía, la libertad y la vida.
“Izquierda Revolucionaria (IR) ha decidido abrazarse a todos/as aquellos/as que combaten esos despropósitos y luchan por la felicidad colectiva. Abril y esa jornada patriótica-popular nos ofrecen una gran oportunidad para ampliar la unidad y la indignación nacional.
“IR con el ejemplo de Duarte en su bicentenario…IR con el ejemplo de Caamaño…
IR con ejemplo de Abril…
“¡A las calles! ¡A las plazas! ¡A nuestros campos!
“A convertir la primera jornada por la vida, la libertad y la soberanía en una memorable expresión de indignación ordenada, disciplinada, unitaria, diversa y hermosa.
“Abril y la defensa de la soberanía nos convocan a sembrar esperanzas y crear contra-poder popular.”
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.