Opinión
Jerarquías y sumisiones inaceptables
Por Narciso Isa Conde
La carga de prepotencias, encumbramientos y adulonerías en el ejercicio del poder político, social, económico y militar de este tipo de regímenes y formaciones sociales, procura siempre generar sumisiones, estimular pleitesías y entronizar autoritarismos.
Es mucho ya decirle “Señor Presidente” a un/a ciudadano/a escogido para sencillamente coordinar la gestión de gobierno y es excesivo llamarle Excelentísimo Señor a esa persona. Mientras llegar a decirle “Insigne, Perínclito, Benemérito” o algo parecido –y lo hacen- raya en lo ridículo y aberrante.
Calificar de “Jefe” o “Jefa” a cualquier persona que ejerza funciones en escala administrativa o social por encima de otras, equivale a matar toda noción de igualdad derechos y respeto de doble vía.
Es sencillamente poner las cosas al revés denominar como “Honorables” a cualquier político que ejerza una elevada función electiva o no electiva, más aun cuando se trata de verdaderos delincuentes de Estado. O darle el título de Eminencia a cualquier mediocre o ignorante en la materia.
Los Generales abundan como Mayores Generales, Generales de Brigadas y de División, Tte. Generales y hasta Generalísimos. Las Generalas escasean como “las muelas de gallinas”.
Los Generales ordenan “leer al revés”, violar la Constitución y las Leyes, torturar y matar; mientras los “Oficiales Subalternos” son obligados a obedecer a los Superiores “so pena” de cancelación y cárcel. Igual receta se emplea en las demás escalas hasta llegar a los pobres “clases” y “rasos”, que pagan todas las “cuabas” y todas las desgracias castrenses habidas y por haber.
La Iglesia Católica tiene todavía “Papas Infalibles”, “Cardenales Eminentes y Reverendísimo”, “Purpurados” y “Obispos Venerables”.
Las mujeres en esa Iglesia no pueden ser nada de eso, ni siquiera Sacerdotisas. Los Curas (siempre en masculino) tienen prohibido unirse normal y abiertamente en pareja de cualquier tipo, por lo que algunos se deciden a hacerlo clandestinamente y, en su defecto, a seducir y abusar sexualmente de personas menores.
Países con democracias liberales formales o con dictaduras políticas, montan “Monarquías” para desempolvar los/as descendientes de las viejas noblezas y nombrarlos “Reyes” y “Reinas”, “Príncipes” y “Princesas”, “Condes” y “Condesas”, “Marqueses” y “Marquesas”, “Infantas”, Lores y cuanta “gilipolladas” se les ocurra. En fin, Aristocracia mezclada con modernidad y postmodernidad capitalista. Neo-nobleza en la bendecida sociedad burguesa.
Palabras como “Patrón” o “Patroncito” deberían ser erradicadas, dado que detrás de ese lenguaje reina encubierta la pérfida y desigual relación entre superioridad y sumisión.
A nadie se le debería decir Don o Doña, aunque ciertamente -además de la connotación de clase o jerarquía social- esto exprese una cierta tradición de respeto por la edad.
Usted puede ser ingeniero, doctor, licenciado… y eso le merece un título en materia de conocimientos y disciplinas. Pero esa calidad académica no le otorga derechos o escalas sociales superiores respecto a lo demás seres humanos y menos aún debería convertirse en su primer nombre a ser incluido en su firma.
A ningún ser humano, por vestirse con saco y corbata (o su “traje” equivalente en el caso de la mujer), se le debería llamar doctor/a, licenciado/a, ingeniero/a o Don/ña y tratársele más bien o menos mal que a los demás.
Nadie por ser abogado, o cualquier otra cosa parecida, debería decidir no “apiarse” un saco y una corbata, aun en medio de estos “calorazos”, como nota de superioridad social.
Los carros “pescuezos largos” no deberían tener “licencia” para violar la ley. Ni los vehículos humildes deberían ser tratados con saña policial.
Al negro/a, mulato/a y jabao/a “mal vestido” generalmente se le considera un ser inferior y se le rechaza y hasta se le prohíbe la entrada en no pocos lugares; mientras el ser humano blanco y “bien vestido” le abren todas las puertas y de inmediato le ponen el título de Don, Doña, Doctor/a, Licenciado/a…
Los/as menores de edad con pinta oscura y ropa desteñida o raída son “palomos” y “palomas” a repeler.
Los blanquitos/as presumidos/as son muchachos/as de “buena familia” o “de sociedad”.
Los/as haitianos/as, o descendientes de ellos/as, no son considerados/as seres humanos, al extremo de negarle documentación y de ser frecuentes ver en grandes medios de comunicación titulares como éstos: “matan dos hombres y una haitiana”, o “vehículo embiste haitiana y grupo mujeres dominicanas”, o “haitiana agrede a mujer dominicana”.
A nadie se le ocurre decirle a un blanco encopetado que se “monte” en la cama de un camión. Las “camionas” son solo para haitianos/as y para los/as pobres de aquí.
El pobre, más si es teñidito, que transita por un barrio rico con una “lap top” o un “bi-bi” en la mano “es porque se la robó” y merece ser apresado.
El que tiene “pinta de rico” se puede robar el país y se le sigue rindiendo pleitesía.
La pareja de un obrero muchas veces es considerada “concubina”, no merece el calificativo de “Dama” y es objeto de mil vejaciones.
La del burgués siempre es tratada como una gran dama, no importa la porquería humana que sea.
La del Presidente de la República, aun no haya estudiado mucho o no tenga méritos resaltables, es designada “PRIMERA DAMA” sin haber participado en política y sin haber sido elegida; situándola por encima de millones de mujeres, incluidas las más meritorias, todas supuestamente iguales ante la ley y la sociedad.
Esto esta fríamente calculado y es permanentemente inducido desde arriba y desde la dictadura mediática funcional a esta sociedad jerarquizada a favor de los que ejercen el poder dentro de un sistema capitalista y un Estado a su servicio, donde los dueños del gran capital lo tienen todo y en grandes volúmenes por el solo hecho de haber despojado al resto de la sociedad de sus bienes, o de haber “heredado” fortunas, o de cogerse para sí el patrimonio público del país, o de apropiarse del excedente del trabajo asalariado convertido en plusvalía primero y ganancia después.
Donde, además, cualquier general o alto funcionario “respetuosamente” se roba lo que pertenece al Estado y a la sociedad; mientras al pueblo trabajador empobrecido se le niega el derecho a la vida, el afecto y a cualquier gesto de solemnidad merecida.
A la mujer se le coloca como propiedad del hombre y del capital.
Al joven como siervo del adulto.
Al niño/a como simple “muchacho/a de mierda”.
A los/as teñidos por el sol de África y desheredados de la propiedad y la fortuna como esclavos “libres” de los nuevos amos del siglo XXI.
Y si es mujer, joven o vieja, pobre, proletaria y haitiana… se la llevó “per secula seculorum” el mismísimo Diablo al servicio del Don, el Señor, el Excelentísimo y su Eminencia Reverendísima.
Y después de todo esto –y para colmo de los colmos- insisten en llamar esta mierda de sistema, disque “democracia”.
La Operación Cobra revela una red de estafa en SeNaSa, con 28 arrestos, pero sin implicar a altos funcionarios ni empresas vinculadas a Abinader.
- En 37 allanamientos en cinco demarcaciones fueron arrestadas 28 personas, principalmente médicos y prestadores.
- Entre los pocos nombres confirmados figuran Gabriel Ravelo, Steven Rabassa y el “doctor Puriel”.
- La PGR describió una red que emitía facturas ficticias y cobraba procedimientos no realizados.
Por Narciso Isa Conde
En esta segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, fueron arrestadas 28 personas, fundamentalmente prestadores de servicios de salud y médicos, ninguna de las altas esferas comprometidas con la estafa.
Gran parte de los nombres de los nuevos detenidos se han mantenido bajo reserva, algo que no se justifica y que de hecho implica protección de imagen de negocios y negociantes mafiosos.
En general, por los datos ofrecidos de las casas allanadas y las familias afectadas, se trata de personas, la mayoría profesionales de la medicina, merecedores/as de sanciones. Pero al parecer toca fundamentalmente a beneficiarios de bajo y mediano nivel.
Entre los pocos nombres confirmados o mencionados por sus abogados figuran el doctor Gabriel Ravelo (subdirector del Hospital Darío Contreras), el médico Steven Rabassa y un especialista identificado como el “doctor Puriel”.
En cuanto a las empresas y entidades corporativas involucradas en la estafa, el Ministerio Público la PGR no ha identificado a nadie y se ha limitado a declarar la existencia de una red de clínicas, centros médicos, cadenas farmacéuticas y empresas de carpeta, dedicadas “a emitir facturas ficticias, activar códigos de Prestadores de Servicios de Salud-PSS) cancelados y cobrar por consultas, cirugías o procedimientos no realizados”.
De la cadena de farmacias GBC (responsable del 40% de los suministros), cómplice y beneficiara en gran escala de esa estafa multimillonarias, no se ha dicho nada; pero si se ha colado lo del apresamiento de dos farmacéuticos no identificados y no se habla de farmacia alguna: una manera de ocultar responsabilidades específicas
Del negocio mafioso con las vacunas, la privatización y las alianzas delictiva estatal privada …NI JI
Todo esto a pesar de que Santiago Hazim es una figura de alto peso político y empresarial, una figura del entorno del presidente Luis Abinader, habiendo coordinado sectores externos de campaña y dirigido el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), desde el inicio de la gestión gubernamental en 2020 hasta su posterior destitución y sometimiento por corrupción administrativa.
Todo esto a pesar de los vínculos políticos del Grupo Estrella y otras empresas con Abinader y el PRM.
Es evidente la ausencia de investigación, a pesar de las responsabilidades incumplidas por Abinader, Raquel Peña, Rincón, Atalá y otros los altos funcionarios del Ministerio, el Servicio Nacional y el Gabinete de Salud y PROMESE, encargados de relacionarse estrechamente y fiscalizar la gestión de la seguridad social estatal y de salud pública; incluso, conociendo detalles de la estafa y de la corrupción privatizadora, la facilitaron y la protegieron.
Además, en los documentos oficiales del Ministerio Público y en las investigaciones de la PEPCA sobre el entramado financiero de SeNaSa, no figuran imputaciones, menciones directas ni vínculos procesales que involucren formalmente al Grupo Read Estrella dentro de la estructura de desfalco al ARS estatal.
Las indagatorias se han circunscrito estrictamente al manejo financiero interno de la aseguradora, los reembolsos administrativos, el uso de fondos de programas especiales (como áreas de atención oncológica) y la red de complicidad con prestadores médicos y farmacéuticas.
Hasta hechos diferentes que lo desmientan, todo indica la PGR ha aprovechado la tardanza en macharle a la SENASA 2.O para hacer una investigación mediatizada, recortada, encartuchada, que posibilita proteger al Presidente Abinader, a altos funcionarios, a entidades corporativas del capital privado y altas instancias políticas.
Por Rommel Santos Diaz
La libertad personal es un derecho indispensable para el desarrollo del accionar en sociedad de todo ser humano, reconocido de modo expreso en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los textos constitucionales de los Estados de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, sino que admite restricciones.
Conviene establecer que los derechos señalados anteriormente sólo pueden llevarse a cabo en estricta observancia de los requisitos que, para tal efecto, se encuentran previstos en las normas internacionales y nacionales.
En este sentido, la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por la autoridad competente ( excepto en el caso de flagrante delito) y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o legales.
La obligación de cumplir con estas condiciones se encuentra prevista tanto en los instrumentos internacionales como los textos constitucionales de los países de la región, los cuales se complementan mutuamente. Al respecto el , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( Art. 9, numeral 1) establece que ¨Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta¨.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Art. 7, numeral 2) señala que ¨ Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas¨.
La ratificación del Estatuto de Roma por parte de un Estado implica reconocer y aceptar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional expida una orden privativa de libertad contra una persona que se encuentra en su territorio. Esta orden de privación de la libertad puede darse bajo las siguientes situaciones:
- a) Orden de detención para la investigación de uno de los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional o;
- b) Sanción privativa de la libertad por la responsabilidad en la comisión de un crimen internacional previsto por el Estatuto de Roma.
Disposiciones similares se encuentran previstas en el texto de la constitución dominicana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por Isaias Ramos
República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos 2.8 millones de cruceristas.
Es un logro importante. Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que contar cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.
Esa es la cuenta que falta.
¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?
Porque el turismo no llega solo.
Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada por el Estado.
También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el turismo fue de RD$12,092.3 millones: recursos que el Estado decidió no recaudar para estimular el sector.
Eso puede ser una excelente inversión. Un peso público que genera empleos, empresas, divisas e impuestos puede regresar multiplicado.
Pero precisamente por eso hay que medirlo.
El problema no es invertir. El problema es que el país ponga recursos, patrimonio e incentivos sin poder ver claramente la cuenta del retorno.
Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios. Detrás de esas cifras no hay dinero abstracto: hay recursos que pertenecen a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.
Un crucerista cuenta como uno. Su impacto no.
En 2025, 2.8 millones de los visitantes contabilizados fueron pasajeros de cruceros.
El tarifario general de APORDOM establece para buques turísticos un cargo de US$1.50 por pasajero, además de otros servicios aplicables y sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.
Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, si resulta aplicable.
Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.
Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.
Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula dentro de negocios vinculados al mismo operador y apenas toca la economía circundante, su efecto sobre la comunidad es distinto.
Por eso necesitamos separar cuatro cosas:
actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.
Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica
Port Cabo Rojo permite verlo.
El Estado aportó un puerto preexistente y concedió derechos para transformarlo y explotarlo. Al mismo tiempo desarrolla infraestructura pública alrededor del destino.
La Memoria Institucional 2022 de Banreservas cifró entonces el proyecto en aproximadamente US$78.3 millones y el financiamiento aprobado por el banco en US$37 millones.
Casi el 47% del monto que aquella memoria atribuía al proyecto.
Posteriormente se comenzó a hablar de una inversión cercana a US$98 millones.
Pero US$98 millones de inversión anunciada no significan US$98 millones puestos por los accionistas de ITM.
La información pública localizada no permite establecer cuánto fue capital propio, cuánto otra deuda, cuánto financiamiento relacionado ni cuánto del monto anunciado ha sido efectivamente ejecutado.
Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:
¿Qué garantiza los US$37 millones de Banreservas?
Que Banreservas sea estatal no convierte un préstamo comercial en gasto público. Si ITM responde por esa deuda, paga intereses y existen garantías suficientes, estamos ante financiamiento privado.
Pero no hemos localizado públicamente el contrato crediticio ni sus garantías.
¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos del puerto? ¿La infraestructura construida?
¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías derechos económicos derivados de la concesión otorgada por el propio Estado?
No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.
Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.
Cuando un banco estatal financia un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, saber quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde no debería ser un privilegio de quienes firmaron el contrato.
El turismo que necesitamos
La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.
Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.
Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público:
capital privado realmente invertido; deuda y garantías; activos públicos utilizados; exenciones recibidas; cánones e impuestos pagados; empleos y salarios; compras a proveedores dominicanos; inversión pública asociada y dinero que efectivamente permanece en las comunidades.
Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.
Entre visitantes y valor.
Entre crecimiento y desarrollo.
República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo donde el patrimonio público produzca también prosperidad pública.
Si República Dominicana pone el patrimonio y parte del riesgo, pero no puede medir cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, eso no es todavía desarrollo: es una cuenta nacional pendiente.