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Diputado dice durante sesión que se avergüenza de ser legislador
Durante una sesión de la Cámara de Diputados, José Ignacio Paliza Nouel dijo sentirse avergonzado de ser legislador, pues no concebía que sus compañeros aprueben proyectos sin leerlos en detrimento de la nación.
El legislador, representante de Puerto Plata por el Partido Revolucionario Dominicano PRD, deploró que sus colegas votaran por un proyecto de 200 millones de dólares sin leerlo y sin haberlo enviado a comisión.
“Pero cómo ahora también aprobar otro (contrato) por nueve millones o conocerlo sin haberlo tan siquiera leído”, expresó con voz fuerte y enérgicamente Paliza durante su turno en la sesión.
Declaró que esas acciones son un insulto a las funciones de ser legislador y que es una “vergüenza” serlo. Mientras hablaba, el presidente del hemiciclo trató de interrumpirlo para que se enfocara en el debate del día, cosa que el congresista no permitió.
Paliza, representante de Puerto Plata en la Circunscripción No. 1, con 32 años de edad, es el congresista más joven de la Cámara de Diputados.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público y el Ministerio de Trabajo aunaron esfuerzos para articular acciones tendentes a prevenir, investigar y sancionar los delitos de trata y tráfico laboral en el país, así como para proteger a las víctimas y garantizar sus derechos.
Con ese objetivo, se rubricó un acuerdo interinstitucional entre la procuradora general Miriam Germán Brito y el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps García, quienes ratificaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para continuar con la lucha contra de esta problemática social.
En la firma de este acuerdo, el ministro de Trabajo expresó que esta colaboración interinstitucional no es más que un paso adicional dentro de los muchos avances que ya se han materializado, como son la formalización del acuerdo para la lucha contra el trabajo infantil y sus peores formas.
“Tenemos la expectativa de que, a partir de las reformas que el gobierno central ha estado impulsando, entre ellas, la de la modernización del Código de Trabajo, se fortalecerán las capacidades del Ministerio de Trabajo. Junto con este fortalecimiento de las relaciones con el Ministerio Público, estamos convencidos que los flagelos que pudieran amenazar a nuestro país en algún momento podrán ser eliminados y reducidos”, sostuvo el ministro.
En tanto que, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dijo que la trata de personas y el tráfico humano no son solo problemas legales; son violaciones a la dignidad humana que afectan a miles de personas en nuestro país, situación a la que debe actuarse con urgencia y contundencia.
“Es por esto que nos comprometemos a establecer una cooperación interinstitucional que no solo facilite la prevención y la investigación de estos delitos, sino que también asegure la protección de las víctimas con oportunidades de reinserción laboral”, añadió la procuradora Miriam Germán Brito.
Santo Domingo, (EFE).- El presidente Luis Abinader designó al vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester al frente de la Dirección General de Migración (DGM), en sustitución de Venancio Alcántara.
La designación del alto oficial se produjo mediante el decreto 560-24 emitido con fecha de ayer por el Poder Ejecutivo, dijo la Dirección de Prensa del Presidente.
Al momento de su designación, Lee Ballester se desempeñaba como director del Centro de Comando, Control, Comunicación, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia de las Fuerzas Armadas, conocido como C5i, un cargo rotativo.
Egresado con honores de la Escuela Naval de la Armada de República Dominicana, Lee Ballester tiene una vasta experiencia en diferentes áreas como coordinador directivo relacionado con las medidas de reforzamiento en seguridad fronteriza.
Además, se ha desempeñado como coordinador de servicios de apoyo a la Policía Nacional en lo relativo a la seguridad ciudadana, y experto en temas relacionados con los convenios y regulaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI), afirmó la nota.EFE
Santo Domingo, R.D.- El exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz fue liberado este jueves del impedimento de salida del pais, medida de coerción que pesaba sobre él desde octubre del 2023.
El abogado del exfuncionario Manuel Rodríguez dijo que la decisión está «adecuada» al comportamiento a la conducta «impecable» que ha exhibido Guerrero de «nunca» sustraerse del proceso, mediante el cual el Ministerio Público lo acusa de ser uno de los supuestos cabecillas de una red que estafó al Estado con más de 19,000 millones de pesos.
La decisión de la jueza Altagracia Ramírez establece que Guerrero se limitará a presentarse cada mes ante el Ministerio Público.
El letrado anunció que el próximo pasó que dará como defensor del exministro será el de lograr que también sea liberado de la presentación periódica.
«El ciudadano Donald Guerrero Ortiz tendrá plena libertad de salir del país, pero sin sustraerse del proceso», dijo su abogado.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, reveló en abril pasado que los acusados de la llamada operación Calamar son 46, entre personas físicas y jurídicas.
«Hay más de dos mil medios de prueba, que servirán para que se produzca una apertura a juicio y cuando se de ese juicio, nosotros vayamos a procurar las sanciones correspondientes», dijo Camacho en esa oportunidad.
En el expediente también figuran como acusados los exministros Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y de Obras Públicas Gonzalo Castillo.
El alegado fraude contra el Estado también involucra al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo; a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda, y el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa.
Asimismo, se cita en el expediente al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías.
Los imputados son señalados por, supuestamente, sustraer más de 19,000 millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.EFE