Latinoamericanas
Proceso de paz en Colombia será evaluado en Examen Periódico de la ONU
Varios países de América, Europa, Asia y África asistirán este martes en Ginebra (capital, Suiza) al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, donde uno de los temas cruciales será la marcha del proceso de paz en Colombia.
Varios países de América, Asia, Europa y África asistirán en Suiza al Examen Periódico Universal de la ONU (foto: AVN)
Varios países de América, Europa, Asia y África asistirán este martes en Ginebra (capital, Suiza) al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde uno de los temas cruciales será la marcha del proceso de paz en Colombia.
En total son 13 las naciones que serán evaluadas por este mecanismo encargado de investigar periódicamente, aproximadamente cada cuatro años y medio, si los Estados miembros cumplen las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.
Sobre la mesa hay varios asuntos, pero uno de los prioritarios es el diálogo iniciado el 19 de noviembre pasado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, encabeza la delegación de ese país, integrada por unas 30 personas, que viajaron a la capital suiza para la exposición de su informe en el Palacio de las Naciones.
Garzón adelantó que la principal carta de presentación será la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que muestra como logros la reparación (indemnización) a cerca de 200 mil víctimas y la restitución de 12 mil hectáreas a desplazados.
Por su parte, la directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos, Alma Bibiana Pérez, manifestó que “Colombia es un país que reconoce que enfrenta grandes retos como la desigualdad social y la impunidad, con progresos en atención a víctimas del conflicto, en reducción de la pobreza, se creó el Sistema Nacional de Derechos Humanos”.
Otro de los temas que saldrá a relucir en Suiza será el de los casos conocidos como «los falsos positivos» o asesinatos extrajudiciales reportados luego como guerrilleros caídos en combate. El vicefiscal Jorge Perdomo anticipó que dentro de la reforma al fuero militar se estudia expedir una directiva para garantizar que los procesos por ejecuciones extrajudiciales sean llevados ante la justicia ordinaria.
Dentro de los desafíos en esa nación latinoamericana figuran también otros asuntos importantes, como la reducción de los elevados índices de pobreza, en un país considerado entre los más desiguales del mundo, la impunidad en los crímenes contra sindicalistas y periodistas y las desapariciones forzadas.
El representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, considera que la situación en Colombia ha cambiado en los últimos 10 a 15 años. “Hay un cambio de realidad para las víctimas de violaciones de derechos humanos”, afirmó al tiempo que, en cuanto a los desafíos que persisten, destacó la impunidad y la desigualdad social.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos excluyó a Colombia de la lista negra de países donde más se vulneran los derechos humanos, por primera vez en 12 años.
El proceso de paz colombiano, que cuenta con Cuba y Noruega como países garantes, busca, además de poner fin a un conflicto armado de casi medio siglo, resolver otros asuntos como el acceso a la tierra, el narcotráfico, la participación política de los guerrilleros y la reparación a las víctimas de la guerra.
La búsqueda de un acuerdo fue una de las recomendaciones hechas al Estado sudamericano durante su anterior Examen Periódico Universal, en 2008.
El 15 de marzo de 2006 la Asamblea General de la ONU creó el Consejo de Derechos Humanos en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos, una institución que había caído en el descrédito y la falta de legitimidad por la manipulación política impuesta por Estados Unidos y sus aliados.
La resolución de la Asamblea estableció que este Consejo realizara un examen periódico, basado en información objetiva y fidedigna, sobre el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de manera de garantizar la universalidad y la igualdad de trato de todos los miembros. En ese sentido, surgió el EPU en 2007.
Las sesiones se celebran habitualmente entre los meses de enero – febrero, mayo – junio y octubre – noviembre.
El Consejo nombra a un grupo de trabajo integrado por delegados de sus 47 países miembros y encabezado por una troika de relatores. Cada país examinado debe presentar un informe sobre los logros, dificultades, retos y prioridades en esta materia, además de otros dos textos preparados por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A partir de ahí se inicia un diálogo interactivo en el que participan la troika, el Estado examinado, los miembros del grupo de trabajo y los países observadores.
Generalmente los presentes hacen recomendaciones que el país evaluado tiene la facultad de aceptar y las cuales son examinadas en el próximo período.
Entre el 22 de abril y el 1 de mayo serán examinados Burkina Faso, Cabo Verde, Colombia, Uzbekistán, Tuvalu, Alemania, Yibuti, Canadá, Bangladesh, la Federación Rusa, Azerbaiyán, Camerún y Cuba.
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.