Editorial
La Doble Moral: Común Denominador En R.D.
Se ha hablado bastante sobre la grave crisis que padece la sociedad dominicana en los órdenes económicos, sociales, políticos, pero, sobre todo, en lo ético-moral.
El asunto es tan delicado que las primeras de esas crisis pueden ser evaluadas fácilmente con las conductas de muchos de los políticos, los periodistas, los abogados, los médicos y los demás actores de la vida nacional.
Sin embargo, lo moral y lo ético muy difícilmente puedan ser evaluados mediáticamente, en virtud de que para poder entender la magnitud del problema hay que estar dentro de los zapatos de los protagonistas de esta descomposición.
La sociedad está dividida hoy día entre los que son definidos como ortodoxos y como pragmáticos, los primeros apegados a principios, sobre todo, éticos, mientras que los segundos son aquellos que apelan a lo que sea para conseguir las cosas, no importa a quién haya que quitar del medio, lo importante es sólo un buen vehículo, dinero en el banco, una buena casa, entre otras comodidades.
Los pragmáticos casi siempre viven bajo la sombra del Estado, a través del tráfico de influencia, el contrabando, el lavado de activos y otros fenómenos que hacen mucho daño a la sociedad dominicana.
Los pragmáticos generalmente se apoyan en las arcas nacionales para desarrollar sus bellaquerías, para imponer una doble moral que hacen creer lo contrario de lo que exactamente son.
Los pragmáticos se mueven a una velocidad impresionante, no tienen fronteras ni limitantes, pero a la hora de impartir cátedras de moral son los más destacados, los que están en primera fila.
En cambio los ortodoxos son los “hazme reír” de la sociedad, porque tienen un proceder que para los pragmáticos pertenece a la década del 70, cuando todo era romántico, transparente y en el contexto de la ética y la moral.
Esta es la causa por la que hay periodistas que cuando hablan en un programa de radio o de televisión o a través de un artículo en el periódico dicen muchas veces lo contrario de lo que sienten.
A muchos muy poco les importa la democracia y la justicia social, pero son adornos que les sirven para justificarse en una profesión que demanda un cierto nivel de sensibilidad social y esgrimir un discurso que esté en el contexto del sacerdocio que se le atribuye al periodismo.
Lo mismo pasa con el político que mientras se embolsilla los dineros del patrimonio público, proyecta una imagen y asume un discurso moralista y ético, cuya doble moral, igual que la de muchos periodistas, sólo se conoce cuando se tiene la oportunidad de familiarizarse con estos personajes de la vida nacional.
Lo mismo pasa con el médico que ya sólo le importa el dinero que genera a través de su profesión sin que se tenga como marco de referencia la ética o el juramente hipocrático o el abogado que tiene que asumir como cierta la mentira y las manipulaciones de su cliente, aunque se trate de un violador, ladrón o un gran degenerado social y moral, porque la misión del profesional del derecho es proyectar al victimario como víctima.
Toda esta descomposición es la que explica las pensiones en la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, la Superintendencia de Seguros, el Barrilito y el Cofrecito en el Senado y en la Cámara de Diputados de la República Dominicana, donde todo se vale cuando se trata de acumular fortunas.
Muchos de los beneficiarios de estos privilegios anti-constitucionales pronuncian discursos y hasta someten proyectos para combatir la corrupción, lo que constituye parte de la desvergüenza nacional.
Ahí está la explicación de que Leonel Fernández coja en su boca a Juan Pablo Duarte hasta para criticar a otros que son igual a él.
La verdad es que la doble moral se ha apropiado de la sociedad dominicana, cuya principal expresión es el propio presidente de la República, quien habla de adecentamiento, pero con la nómina estatal llena de sinvergüenzas y personas que deben estar en el banquillo de los acusados.
Es un problema de todo el cuerpo social, de arriba hasta abajo, de la cabeza hasta lo pie.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.