Editorial
La Doble Moral: Común Denominador En R.D.
Se ha hablado bastante sobre la grave crisis que padece la sociedad dominicana en los órdenes económicos, sociales, políticos, pero, sobre todo, en lo ético-moral.
El asunto es tan delicado que las primeras de esas crisis pueden ser evaluadas fácilmente con las conductas de muchos de los políticos, los periodistas, los abogados, los médicos y los demás actores de la vida nacional.
Sin embargo, lo moral y lo ético muy difícilmente puedan ser evaluados mediáticamente, en virtud de que para poder entender la magnitud del problema hay que estar dentro de los zapatos de los protagonistas de esta descomposición.
La sociedad está dividida hoy día entre los que son definidos como ortodoxos y como pragmáticos, los primeros apegados a principios, sobre todo, éticos, mientras que los segundos son aquellos que apelan a lo que sea para conseguir las cosas, no importa a quién haya que quitar del medio, lo importante es sólo un buen vehículo, dinero en el banco, una buena casa, entre otras comodidades.
Los pragmáticos casi siempre viven bajo la sombra del Estado, a través del tráfico de influencia, el contrabando, el lavado de activos y otros fenómenos que hacen mucho daño a la sociedad dominicana.
Los pragmáticos generalmente se apoyan en las arcas nacionales para desarrollar sus bellaquerías, para imponer una doble moral que hacen creer lo contrario de lo que exactamente son.
Los pragmáticos se mueven a una velocidad impresionante, no tienen fronteras ni limitantes, pero a la hora de impartir cátedras de moral son los más destacados, los que están en primera fila.
En cambio los ortodoxos son los “hazme reír” de la sociedad, porque tienen un proceder que para los pragmáticos pertenece a la década del 70, cuando todo era romántico, transparente y en el contexto de la ética y la moral.
Esta es la causa por la que hay periodistas que cuando hablan en un programa de radio o de televisión o a través de un artículo en el periódico dicen muchas veces lo contrario de lo que sienten.
A muchos muy poco les importa la democracia y la justicia social, pero son adornos que les sirven para justificarse en una profesión que demanda un cierto nivel de sensibilidad social y esgrimir un discurso que esté en el contexto del sacerdocio que se le atribuye al periodismo.
Lo mismo pasa con el político que mientras se embolsilla los dineros del patrimonio público, proyecta una imagen y asume un discurso moralista y ético, cuya doble moral, igual que la de muchos periodistas, sólo se conoce cuando se tiene la oportunidad de familiarizarse con estos personajes de la vida nacional.
Lo mismo pasa con el médico que ya sólo le importa el dinero que genera a través de su profesión sin que se tenga como marco de referencia la ética o el juramente hipocrático o el abogado que tiene que asumir como cierta la mentira y las manipulaciones de su cliente, aunque se trate de un violador, ladrón o un gran degenerado social y moral, porque la misión del profesional del derecho es proyectar al victimario como víctima.
Toda esta descomposición es la que explica las pensiones en la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, la Superintendencia de Seguros, el Barrilito y el Cofrecito en el Senado y en la Cámara de Diputados de la República Dominicana, donde todo se vale cuando se trata de acumular fortunas.
Muchos de los beneficiarios de estos privilegios anti-constitucionales pronuncian discursos y hasta someten proyectos para combatir la corrupción, lo que constituye parte de la desvergüenza nacional.
Ahí está la explicación de que Leonel Fernández coja en su boca a Juan Pablo Duarte hasta para criticar a otros que son igual a él.
La verdad es que la doble moral se ha apropiado de la sociedad dominicana, cuya principal expresión es el propio presidente de la República, quien habla de adecentamiento, pero con la nómina estatal llena de sinvergüenzas y personas que deben estar en el banquillo de los acusados.
Es un problema de todo el cuerpo social, de arriba hasta abajo, de la cabeza hasta lo pie.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.