Nacionales
Haití también pone trabas a aceites, jugos y platos plásticos de RD
Las denuncias sobre la situación son frecuentes en el mercado binacional.
Jimaní. Las trabas que coloca Haití a los productos dominicanos son cada vez más, es decir, que no se limitan a los pollos y huevos. Hace un tiempo ese país limita la entrada de platos plásticos, aceites y jugos. De acuerdo a informes obtenidos por elCaribe, en el puesto fronterizo del Mal Paso, hace varios meses que las autoridades del vecino país se muestran reacias a permitir que los citados productos tengan presencia más allá de la zona limítrofe de las dos naciones, lo que constituye un revés en términos de negocios para la parte dominicana.
Los comerciantes que tienen sus puntos de ventas en el mercado binacional de Jimaní no saben “a ciencia cierta”, a qué obedece el comportamiento de las autoridades haitianas. Lo que sí saben es que cuando los compradores cruzan la puerta divisoria de los dos territorios, se buscan las mil y una formas de impedir que los platos plásticos, algunos aceites y varios tipos de jugo, lleguen sanos y salvos a sus destinos. “Mire mi hermano, si un haitiano cruza del otro lado con eso, las aduanas de allá le colocan impuestos altísimos. Y cuando logran zafarse ya de Aduanas, algún policía u otra autoridad le rompe todo. Le pisotean los platos, le rompen los galones de aceite y le rompen los jugos”, denunció el presidente de la Asociación de Distribuidores de Huevos de Jimaní, Laureano Santana.
Lo que dice Laureano es revalidado desde otro escenario por el vendedor Higo Piña. Ambos coinciden en asegurar que “Haití tiene un interés marcado en cerrarle a República Dominicana, paso a paso, la posibilidad de que ésta venda sus productos”.
Las prohibiciones de Haití vienen de lejos, por lo menos en lo que respecta a los productos avícolas. La veda de éstos, formalmente, data del 7 de enero de 2008, cuando las autoridades haitianas alegaban que en República Dominicana había presencia de gripe aviar. En realidad lo que se detectó en varias trabas de gallos en Higüey y se notificó oficialmente desde el Palacio Nacional fue la presencia de influenza aviar de baja patogenicidad (H5N2), inofensiva para seres humanos.
El mes pasado, en lo que más que una nueva prohibición fue una ampliación de la existente, Haití volvió a vedar la entrada de carne, animales y huevos dominicanos. En ambos casos, a Haití se le criticó que no cumplió con una serie de protocolos que se contemplan para hacer las notificaciones. El vecino país, ni en la prohibición de este año, ni en la que hizo en 2008 tomó en cuenta que ambos países tienen representaciones diplomáticas en sus territorios. Las autoridades dominicanas se enteraron por versiones no oficiales, en algunos casos, por despachos de prensa de agencias internacionales o locales.
Las razones que mueven a Haití a prohibir rubros dominicanos casi nunca quedan claras y eso sirve de cultivo para la generación de múltiples especulaciones.
Por un lado, desde distintos sectores se habla de “arbitrariedad al tomar las decisiones”, y por el otro, de “intereses haitianos que torpedean el comercio entre los dos países, pertenecientes a una misma isla. La versión más reciente de la prohibición avícola por parte de Haití se produjo un día después de que los presidentes Danilo Medina y Michel Martelly sostuvieron un encuentro. En ese caso, se criticó que el gobernante haitiano no tuviera la delicadeza de comentar a Medina lo que estaba ocurriendo sobre el tema.
Está claro que Haití hace poco caso a delegaciones
Cuando Haití prohibió la importación de pollos y huevos de RD (enero 2008) varias delegaciones del Gobierno dominicano visitaron ese país (el presidente era René Préval), sin lograr resultados. No valió llevar empresarios haitianos a las granjas locales para demostrar la sanidad en las mismas. Esta vez ocurre algo similar.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.