El órgano acusador busca revocar el perdón judicial concedido al pelotero y pide mantener la condena de 10 años impuesta a la madre de la adolescente

Rosa Hernández

PUERTO PLATA, República Dominicana.– El Ministerio Público solicitó este martes a la Corte de Apelación de Puerto Plata revocar el perdón judicial otorgado al pelotero Wander Samuel Franco Aybar y, en su lugar, imponerle una condena de cinco años de prisión por los delitos de abuso sexual y psicológico en perjuicio de una adolescente.

La petición fue presentada durante el conocimiento de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada el 25 de mayo de 2026 por el Tribunal Colegiado Ad Hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata.

Esa decisión declaró culpable a Franco de violar disposiciones del artículo 396, literales b y c, de la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Sin embargo, pese a la declaración de culpabilidad, el tribunal le concedió un perdón judicial, por lo que quedó eximido del cumplimiento de una pena de prisión.

MINISTERIO PÚBLICO CUESTIONA EL PERDÓN JUDICIAL

En su recurso, el órgano acusador sostiene que el tribunal de primera instancia realizó una aplicación incorrecta de la figura del perdón judicial y considera que la decisión no guarda proporción con las circunstancias establecidas en la sentencia.

Los fiscales solicitaron a la Corte declarar admisible el recurso de apelación parcial y, en cuanto al fondo, revocar la parte de la sentencia que favoreció a Franco con el perdón judicial.

La petición concreta es que el tribunal de alzada dicte su propia sentencia e imponga al pelotero una pena de cinco años de prisión, que, de acogerse la solicitud, sería cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata.

El Ministerio Público argumenta que el perdón judicial constituye una figura de carácter excepcional y sostiene que las circunstancias del caso no justificaban su aplicación.

PIDEN MANTENER CONDENA CONTRA MADRE DE LA ADOLESCENTE

Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público también solicitaron que sea confirmada la condena de 10 años de prisión impuesta a la madre de la adolescente, quien fue condenada por explotación sexual comercial y lavado de activos.

El órgano acusador no recurrió esa condena y ahora procura que la Corte mantenga la decisión adoptada en primera instancia.

La jornada también incluyó el conocimiento de los recursos interpuestos por las defensas de las personas procesadas.

Los fiscales solicitaron que esos recursos sean rechazados al considerar que carecen de fundamento jurídico.

CORTE DECIDIRÁ EL 20 DE OCTUBRE

Luego de escuchar los argumentos de las partes, los jueces de la Corte de Apelación de Puerto Plata se reservaron el fallo para el 20 de octubre de 2026, a las 9:00 de la mañana.

El tribunal está integrado por los magistrados Miguelina Beard, quien lo preside, Germán Martínez y Manuel Ureña.

La decisión que adopte la Corte determinará, entre otros aspectos, si permanece vigente el perdón judicial concedido a Wander Franco o si prospera la petición del Ministerio Público de imponerle una pena privativa de libertad.

Hasta que sea emitida esa decisión, la solicitud de cinco años de prisión constituye la pretensión del Ministerio Público en apelación y no una nueva condena contra el pelotero.

Adriano Hernández López, fallecido en 2024, figura en el expediente presentado por el Ministerio Público, que sostiene que realizó transferencias millonarias relacionadas con la presunta estructura investigada.

Francisco Salcedo

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El nombre del doctor Adriano Hernández López, fallecido en 2024, aparece en la solicitud de medida de coerción correspondiente al denominado caso Senasa 2.0, aunque no figura entre las personas procesadas debido a su fallecimiento.

De acuerdo con las imputaciones contenidas en el expediente del Ministerio Público, Hernández López habría estado relacionado con el presunto esquema mediante el cual se sometían reclamaciones por procedimientos médicos utilizando formularios que, según la acusación, contenían firmas falsificadas de afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El órgano persecutor sustenta parte de sus señalamientos en testimonios de personas que aparecen como afiliados en formularios atribuidos al médico y que habrían negado la realización de determinados procedimientos.

Según la documentación citada por el Ministerio Público, cinco personas figuran en reclamaciones presentadas a nombre del doctor Hernández López, pero las firmas consignadas en esos documentos presuntamente no coincidirían con las de los afiliados.

TRANSFERENCIAS MILLONARIAS

Otro elemento señalado por los investigadores corresponde a los movimientos financieros que atribuyen al médico.

El Ministerio Público sostiene que Hernández López transfirió un total de RD$2,385,322 a una cuenta bancaria perteneciente a Ángel Luis Guzmán Vásquez, señalado por las autoridades como uno de los principales imputados en la investigación.

Asimismo, el expediente atribuye al fallecido médico transferencias por RD$2,091,950 a una cuenta de Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, quien también figura entre las personas imputadas.

Estas operaciones forman parte de las evidencias financieras utilizadas por el Ministerio Público para sustentar su teoría sobre la existencia de una estructura dedicada presuntamente a gestionar reclamaciones médicas irregulares.

INVESTIGACIÓN A MÉDICOS Y EMPLEADOS

El expediente de Senasa 2.0 involucra a médicos, empleados y otras personas que, conforme a la acusación, habrían participado en distintas fases del supuesto mecanismo utilizado para obtener autorizaciones y reclamar recursos al seguro estatal de salud.

Ángel Luis Guzmán Vásquez es señalado por el Ministerio Público como una figura central del presunto esquema y como responsable de un call center que habría intervenido en la gestión de autorizaciones para procedimientos médicos.

Entre las personas mencionadas en el proceso también figuran Angeury Guzmán Vásquez y varios empleados de Senasa, además de más de una veintena de profesionales de la medicina identificados por el órgano acusador.

La investigación continúa bajo conocimiento de las autoridades judiciales, por lo que las afirmaciones contenidas en la solicitud de medida de coerción constituyen imputaciones del Ministerio Público que deberán ser examinadas y debatidas ante los tribunales.

UN NOMBRE QUE NO LLEGARÁ AL BANQUILLO

El caso de Adriano Hernández López presenta una circunstancia particular dentro del expediente: aunque el Ministerio Público le atribuye participación en las operaciones investigadas, su fallecimiento en 2024 impide que pueda ser sometido a un proceso penal.

Su nombre permanece, sin embargo, dentro de la documentación utilizada por los fiscales para explicar cómo, según su teoría del caso, funcionaba el presunto entramado investigado en Senasa 2.0.

El jurista Luis Greco sostiene que la inteligencia artificial puede servir de apoyo a la justicia, pero considera jurídicamente problemático delegar en una máquina la responsabilidad de decidir sobre los derechos y la libertad de las personas.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El avance de la inteligencia artificial ha abierto nuevas posibilidades para modernizar los sistemas judiciales, pero también plantea una interrogante de gran trascendencia: ¿puede una máquina sustituir a un juez al momento de impartir justicia?

El tema fue abordado durante el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia, organizado por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana (TC), que se celebra del 21 al 23 de septiembre en Santo Domingo y tiene como eje central el debido proceso constitucional en materia penal.

Durante la conferencia “El poder de juzgar sin la intervención de un juez: la imposibilidad jurídica del juez robot”, el jurista Luis Greco, de la Universidad Humboldt de Berlín, analizó las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial dentro de los tribunales, pero también advirtió sobre los límites que deberían imponerse a su utilización.

Greco reconoció que los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial generativa poseen capacidad técnica para intervenir en múltiples tareas relacionadas con la administración de justicia. Sin embargo, cuestionó que puedan asumir de manera autónoma una de las funciones esenciales del Estado: juzgar y decidir sobre los derechos de una persona.

El problema de la responsabilidad

Uno de los principales obstáculos señalados por el jurista es la ausencia de responsabilidad personal de una máquina frente a las consecuencias de una decisión judicial.

Mientras un juez debe fundamentar sus decisiones, responder institucionalmente por ellas y actuar dentro de un sistema de garantías constitucionales, una inteligencia artificial carece de conciencia, responsabilidad jurídica y experiencia humana.

Greco planteó que la relación entre poder y responsabilidad constituye un elemento fundamental del derecho y que esa conexión adquiere especial importancia cuando se ejerce la potestad de juzgar.

Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial podría convertirse en una herramienta para ayudar a los jueces a procesar información, organizar expedientes, localizar precedentes o analizar grandes cantidades de documentos, pero la decisión definitiva debería permanecer bajo control y responsabilidad humana.

El jurista también alertó sobre el riesgo de que una utilización excesiva de estas tecnologías provoque una producción masiva de decisiones que termine dificultando una verdadera supervisión por parte de los jueces.

Inteligencia artificial y debido proceso

La discusión sobre el denominado “juez robot” trasciende el debate tecnológico. También involucra principios fundamentales como el derecho de defensa, la motivación de las decisiones judiciales, la tutela judicial efectiva, la transparencia y el debido proceso.

En República Dominicana, el artículo 69 de la Constitución reconoce las garantías de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, estableciendo derechos que deben ser respetados por los órganos encargados de administrar justicia.

Precisamente sobre estas garantías se pronunció el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón R. Estévez Lavandier, durante la apertura del congreso.

El magistrado destacó que defender el debido proceso no equivale a promover la impunidad, sino a garantizar el respeto de la Constitución, la dignidad humana y los límites que deben acompañar el ejercicio del poder estatal.

Estévez Lavandier recordó además la importancia de concebir el debido proceso no como una simple formalidad, sino como un conjunto de garantías destinadas a asegurar que toda persona pueda ser escuchada, defender sus derechos y presentar legítimamente sus pretensiones ante un juzgador.

Más de 45 expertos debaten sobre justicia

El VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia reúne a más de 45 especialistas nacionales e internacionales vinculados al derecho constitucional, penal y procesal penal.

Participan juristas procedentes de Argentina, Costa Rica, España, Estados Unidos, Alemania, Perú, Puerto Rico, Colombia y República Dominicana.

La actividad se desarrolla del 21 al 23 de septiembre en el Hotel Jaragua, en Santo Domingo.

Durante la jornada inaugural también intervino el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, quien destacó la importancia de estos espacios académicos para analizar los desafíos que enfrenta el sistema judicial y el fortalecimiento de las garantías del debido proceso.

La tecnología como herramienta, no como sustituto

El debate plantea uno de los grandes desafíos que probablemente acompañará a la justicia durante los próximos años: determinar hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial dentro de un tribunal.

La tecnología puede facilitar investigaciones jurídicas, clasificación de expedientes, búsqueda de jurisprudencia y otras labores de apoyo. Sin embargo, la discusión cambia cuando se plantea entregar a un algoritmo la facultad de adoptar autónomamente decisiones capaces de afectar la libertad, el patrimonio y otros derechos fundamentales de una persona.

El desafío, por tanto, no consiste únicamente en determinar qué puede hacer técnicamente la inteligencia artificial, sino también qué debe permitírsele hacer jurídicamente.

En una administración de justicia cada vez más digitalizada, la pregunta permanece abierta: ¿hasta dónde puede llegar la tecnología sin desplazar la responsabilidad humana de juzgar?