Análisis Noticiosos
Increíble afrenta europea
Por Juan Bolívar Díaz
Atropello a presidente Evo Morales constituye una agresión a Bolivia
Todo el que tenga un mínimo de conciencia sobre la dignidad de pueblos y naciones, y crea en los más elementales preceptos del derecho internacional debe rechazar con energía el atropello de que fuera víctima el presidente de Bolivia, Evo Morales, lo que constituye una agresión a todo un país pobre que lucha por construir su propio destino y, por extensión, a todos sus vecinos y hermanos latinoamericanos.No hay que ser devoto de Evo Morales ni de su Gobierno para rechazar que se obligara a aterrizar al avión en que viajaba el presidente boliviano, por la simple presunción de que en el mismo podría ir el agente de inteligencia estadounidense Edward Snowden, varado en el aeropuerto internacional de Moscú tras desertar de sus responsabilidades y denunciar una inmensa red norteamericana de espionaje.
Fue un evidente exceso de complacencia por cuanto no se trataba de un terrorista, genocida o criminal condenado por un tribunal o siquiera con una orden internacional de captura, sino de alguien que denunció un abuso transnacional del derecho universal a la confidencialidad de las comunicaciones, particularmente en el ámbito europeo, lo que debía ofender a quienes actuaron con tan asombrosa sumisión.
Llama la atención que si Estados Unidos tiene capacidad para espiar las comunicaciones electrónicas de 38 embajadas de países amigos y enemigos, incluyendo las delegaciones y edificios de la Unión Europea, y millones de comunicaciones telefónicas y de Internet de todo el mundo, incluyendo a aliados como Alemania, no haya podido establecer vigilancia en el aeropuerto moscovita para saber con certeza si Snowden aborda un avión tan importante como el del presidente de una nación.
No se puede justificar que un Estado cualquier se arrogue el derecho de interceptar las comunicaciones del resto del mundo, en violación de sus propias normas constitucionales y del derecho internacional, mucho menos que trate como delincuente al mandatario de otra nación que no le ha declarado la guerra ni le ha agredido.
Se puede entender que Estados Unidos quiera sancionar al desertor, pero no agregando otra ignominia internacional a la que motivaron la deserción del agente. Pero lo más insólito, e inconcebible es que países como Portugal, Italia y sobre todo Francia, que debían estar ofendidos por el desenfrenado espionaje norteamericano, se prestaran tan dócilmente a colaborar con el intruso, sin el menor fundamento ni derecho, entorpeciendo el viaje de un presidente legítimo, negándole el paso por su espacio aéreo y obligándolo a un aterrizaje de emergencia.
¡Oh Europa! Que pobre demostración de dignidad, atropellando las normativas de la Convención de Viena que protege los derechos de los presidentes a sobrevolar territorios, siguiendo las pautas de la aviación internacional. ¡Cuánto se extraña a estadistas de la categoría histórica de Charles de Gaulle, de George Pompidou, de Francois Mitterrand, Willy Brandt u Olof Palme!
Hay que celebrar la inmensa dignidad y el coraje con que el primer presidente indígena de América resistió los intentos de que le registraran el avión tras su forzoso aterrizaje en Viena, Austria, precisamente la capital del derecho internacional. Le sobró la integridad y el valor que le faltó a su colega Francois Hollande.
Y qué pena que Estados Unidos reproduzca actuaciones que pudieron explicarse en la guerra fría, cuando la Unión Soviética, China y sus aliados le disputaban la hegemonía. Pero que ahora resultan absolutamente prepotentes e insultantes y que degradan su liderazgo en la promoción de la democracia y el respeto a los derechos nacionales e internacionales.
Hay que celebrar que la Organización de Estados Americanos condenara esta semana el atropello al presidente boliviano y reclamara las correspondientes disculpas, con votación casi unánime, con las excepciones de Estados Unidos y Canadá, así como de Panamá que se separó del consenso latinoamericano y caribeño.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.