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Fallo del Tribunal Electoral abona la división del PRD

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Por Juan Bolívar Díaz

TribunalContrario a lo que dice su último dictamen en la crisis del principal partido opositor, el Tribunal Superior Electoral (TSE) fue apoderado de los documentos, certificados por la Junta Central Electoral (JCE), que permiten comprobar la sustitución de unos 629 dirigentes y la inclusión adicional de otros 300, para totalizar 929.

La clara negación de justicia profundiza el desguañangue del PRD, alienta las confrontaciones y remite a los afectados a protestas que podrían generar graves actos de violencia y una ingobernabilidad partidaria que anularía  esa formación política, conduciendo a un régimen unipartidista.

 La tremenda corte.

En la madrugada del martes 16 el TSE  rechazó la solicitud de amparo a sus derechos ciudadanos elevada originalmente por 69 dirigentes perredeístas, a los cuales se adhirieron posteriormente poco más de un centenar.  La declaró “inadmisible por resultar notoriamente improcedente”, bajo el argumento fundamental de que “por los medios de prueba aportados, este Tribunal no ha podido comprobar la condición de miembros del Comité Ejecutivo Nacional de dichos accionantes y en consecuencia no se ha probado la violación de los derechos fundamentales alegados”.

Por lo que se discutió en  audiencia y recogió la prensa, la JCE se declaró incapacitada para certificar la lista de miembros del CEN perredeísta electos en la convención nacional  del 2010 por un período de cuatro años y que en marzo del 2012 rigió la elección de los candidatos a diputados del exterior en los comicios del 2012 y la aprobación del programa de gobierno, y que dio facultad al candidato presidencial  Hipólito Mejía para pactar alianzas.

En la primera audiencia del recurso, el TSE resolvió formular dos peticiones, a la JCE y al presidente del PRD Miguel Vargas. Pero en  el primer caso incurrió en dos  “errores”, al pedir “los resultados de la XXVII Convención Nacional Ordinaria del PRD, celebrada el 27 de septiembre del 2009, especificando los nombres, número de cédula y el cargo de todos los candidatos que resultaron electos por el voto directo en la indicada convención”

Pero resulta que aunque la Convención comenzó en el 2009, se extendió hasta el 2010 y fue en febrero de este año que fueron electos los miembros del CEN. Y además una buena proporción de los mismos no son electos por “voto directo”, sino que lo son “de oficio”, por ser legisladores y alcaldes, expresidentes de la República y del partido, y una cuota de los vicepresidentes y subsecretarios generales son propuestos por el presidente a ratificación de la Comisión Política.

Donde no se equivocó el Tribunal fue en la petición al presidente del partido, a quien le precisaron el listado “de todas las personas que en la actualidad ostentan la calidad de miembros del CEN”. La actualidad son los que Vargas Maldonado registró en la JCE el 18 de mayo y el primero de junio del 2012, sin el concurso del secretario general como indican los estatutos.

El TSE sí tenía los electos

 Por los términos equívocos en la solicitud, la JCE pudo sacar el bulto al conflicto. Parecía una nueva demostración de parcialidad de un tribunal cuyos integrantes se los repartieron el expresidente Leonel Fernández y Vargas Maldonado. Pero al día siguiente quedó evidente que ese fallo es un escándalo mayúsculo, que en cualquier país de mediana intensidad democrática tendría consecuencias.

El doctor Enmanuel Esquea, dirigente perredeísta y principal abogado de los recurrentes, mostró por Teleantillas que el Tribunal sí tenía el listado completo de los integrantes del CEN electos en el 2010 y que sesionaron en el 2012, incluido como anexo por los peticionarios del amparo. Mostró el listado, con fotos, nombres y cédulas del CEN del 2010, con el sello de recibido de la JCE en la primera página,  selladas todas las páginas, y al final la certificación sellada del secretario general del organismo, Ramón Hilario Espiñeira, que reza; “La presente es copia fiel y conforme a su original, al cual me remito, la que expido, firmo y sello, recibido en la Secretaría General en fecha 19 de marzo del 2012”. Agrega que fue emitida el 22 de abril del 2013.

Es obvio que los jueces pudieron comparar la lista oficial registrada en la JCE en marzo del 2012, con 2005 miembros, con las introducidas el 18 de mayo y el 1 de junio del mismo año, con 2007 y 2307 miembros, para comprobar si hay sustituidos e incluidos. Porque los impetrantes del amparo los presentaron debidamente certificados por la JCE. Sería la primera vez que un tribunal desconoce una certificación oficial.

El documento aportado al TSE, el Acta de la reunión ordinaria del CEN del 4 de marzo del 2012, podía ayudar a los jueces a establecer la realidad, puesto que la JCE certificó que el quórum fue de 1156 de los 2007 integrantes del organismo. El tribunal desoyó a los abogados que pidieron atención a los documentos presentados y que compareciera Vargas Maldonado, bajo el increíble argumento de que “sus declaraciones no aportarían valor probatorio alguno”.

 Más leña al fuego

 Es obvio que la decisión del TSE constituyó una negativa de justicia que se inscribe en la dirección de terminar de desguañangar al principal partido de la oposición que parece irrevocablemente dividido.

Al negar tan arbitrariamente el acceso a la justicia a los recurrentes, en vez de ser un factor de conciliación, el tribunal toma posición y echa más leña al fuego en que se consume una de las organizaciones fundamento del sistema político dominicano. Y al declarar inadmisible el recurso, no se pronuncia sobre el fondo, que es si los recurrentes son o no miembros del principal órgano directivo del PRD, bajo el falso argumento de que no se ha podido comprobar.

Después de la experiencia de enero pasado, cuando cientos de militantes perredeístas irrumpieron en una reunión del CEN convocada por Vargas Maldonado, se generalizan los temores de que rebrote la violencia en el nuevo intento por reunir el organismo con las exclusiones. Los que alegan la exclusión y todos los que cuestionan a Vargas Maldonado han reiterado que se harán presentes donde quiera que lo convoquen.

Por de pronto, el tremendo fallo generó reacciones duras como las del expresidente Hipólito Mejia de que no les están dejando más alternativa que “tomar las calles”, es decir, recurrir a protestas, mientras prometen endurecer la oposición al Gobierno. Se agudizan las acusaciones de que el líder del partido gobernante, Leonel Fernández, contribuye al incendio en interés de destrozar el PRD, y empiezan a responsabilizar también al presidente Medina.

La crisis del PRD es más significativa por la desmovilización que afecta al Partido Reformista Social Cristiano, tercera organización del sistema político, despersonalizado y virtualmente absorbido por el partido de gobierno.

Para qué descuartizan el PRD?

Negado a dar pasos conciliatorios que restablezcan la unidad del PRD, o permitan una expresión democrática de sus militantes, teniendo  como fuerza principal el apoyo de los tribunales que constituyó con el líder del PLD, Vargas Maldonado parece no importarle ninguna consecuencia.  Para la opinión pública, y así lo han marcado las encuestas,  es obvio que sólo controla una minoría de ese partido. Y no se sabe si su resentimiento es mayor con Hipólito Mejía o con la gran mayoría de los dirigentes nacionales que lo apoyaron hasta el 2011.

Por eso tiene a la casa nacional del PRD bajo secuestro y busca el auxilio de la fuerza pública para hacer una reunión allí, ya que los hoteles y salones de reuniones se niegan a acogerlo para evitarse riesgos.

La situación se complicará aún más dado que este viernes 19 de julio  se cumplió el plazo de cuatro años por el que fue juramentado como presidente del PRD, lo que también está certificado por la JCE y se puede encontrar en los periódicos de esos días. Es posible que ahora es cuando comience la parte más peligrosa y crítica de la  confrontación, porque la mayoría de los perredeístas está perdiendo las tenues esperanzas de reunificación y muchos parecen dispuestos a tomar posición.

Al final lo que quedaría del partido más antiguo del país pueden ser apenas cenizas, lo que dejaría espacio para que surja una opción alternativa que cierre posibilidades aún al que se quede con la franquicia, sea por decisión legítima de la mayoría o por imposición con la colaboración de fuerzas externas.

Los sectores más duros del PLD y sus millonarios voceros tienen razón para  alentar el desguañangue del partido blanco. Por de pronto está incapacitado para hacer la mínima oposición y su descrédito va en ascenso. Como telón de fondo está la falta de democracia y las debilidades institucionales de los partidos dominicanos que históricamente se debaten entre el caudillismo autoritario y la anarquía.

Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.

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El trasfondo del asentamiento de saldados salvadoreños en Haití

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Por José Cabral

El envío de dos mil militares salvadoreños a Haití luce que no se trata de la supuesta gratitud y bondad con el pueblo más pobre del hemisferio, sino de un plan orquestado desde la administración Trump para que sea parte de su propósito de destruir el derecho internacional.

Bukele y todos los actores de la comunidad internacional y de Haití saben que el problema de las bandas es sólo una parte, tal vez la menos importante, de la crisis que padece la hermana nación, porque territorio que no tenga autoridad pública termina vandalizado.

Es tanto así, que si mañana las bandas resultan derrotadas quedaría pendiente la tarea más compleja de la crisis haitiana, que tiene que ver con que allí el Estado sólo existe en el papel, pero no en la realidad.

Entonces, si se partiera de la hipótesis de que las bandas sean desarticuladas, por la vía que sea, habría que preguntarse si existe algún plan para reestructurar el Estado a los fines de que la autoridad pública pueda hacer cumplir el mandato de la ley y la Constitución?

Todo el mundo sabe que no, incluido Bukele y también la administración estadounidense, lo cual indica que se le crean falsas expectativas sobre la base de un plan que no tiene mucho que ver con  un pueblo que ya no aguanta más maltratos y violencia.

El problema tiene muchas aristas, porque además hay que preguntarse si la parte del Ejército del Salvador presente en Haití cuenta con los recursos para permanecer allí por largo tiempo si es que fuera necesario.

De manera, que mediante un análisis sopesado del problema se puede colegir que lo que ocurre con lo decidido por Bukele parece inscribirse más que en cualquier otra cosa en una vanidad y al interés de vender una imagen de ser un presidente omnipotente, pero además a través de él cuestionar la idoneidad del derecho internacional como parte de los objetivos del “Escudo de las Américas”.

En este contexto, luce estar la medida del presidente salvadoreño de enviar más de dos mil militares a Haití en una acción paralela a la Fuerza de Supresión de Pandillas que operaba en la hermana nación mediante un esfuerzo conjunto de una serie de países miembros de la ONU, a un interés de ego personal y de cumplir y justificar la razón de la existencia del “Escudo de las Américas”, creación de Donald Trump.

Como se ve, el asentamiento de los militares salvadoreños ni siquiera luce que tenga como objetivo principal rescatar sus cuatro compañeros secuestrados y probablemente asesinados por las bandas que ejecutaron la acción, ya que se sabe que este tipo de desenlace puede ocurrir en cualquier lugar donde hay una confrontación armada.

Otra cuestión es que la ofensiva de Bukele persigue justificar y legitimar los esfuerzos individuales propiciados por la administración de los Estados Unidos a través del “Escudo de las Américas” para quitarle sentido al derecho internacional, lo cual quiere decir que los países latinoamericanos, en este caso, “amuelan cuchillo” para su propia garganta.

Hay, a caso, alguien que ponga en duda que el accionar de Bukele en Haití fortalece la deteriorada  imagen de Donald Trump, a quien se le cae  la casa encima, no sólo por la derrota sufrida en las elecciones de medio tiempo, sino porque los gobiernos que tienen su aval en Latinoamérica  su   han entrado en un nivel de descrédito que se puede pronosticar su expulsión del control de los Estados de esas naciones.

De manera, que se puede colegir que la reunión de Bukele con Trump en la Casa Blanca a propósito del envío de los soldados salvadoreños a Haití, haya servido para discutir la estrategia que ahora se observa.

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Análisis Noticiosos

La esclavitud disfrazada de tradición

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Por Rafael N. Fernández

En Santiago de los Caballeros, la esclavitud se viste de coches tirados por caballos.

Los caballos tiran de los coches bajo un sol que quema el asfalto.

Lo que para muchos dominicanos y turistas es “pintoresco”, para el caballo es una práctica insoportable  y una condena injusta.

Los caballos viven una vida miserable bajo el calor el extremo, jadeando,  sedientos y a veces ni suficiente agua reciben.

Trabajan jornadas excesivas, sufren latigazos y hasta heridas cuando se niegan a seguir caminando.

Lo peor es la falta de libertad, pues nacen, crecen, enferman y mueren tirando de carruajes y sin poder correr libres en un pastizal, sin elegir qué comer, sin poder simplemente ser caballos.

Decir que es tradición no hace que sea correcto, la ignorancia ha disfrazado de cultura lo que en realidad es explotación.

Justificar el sufrimiento animal porque “es una tradición” es la misma lógica que ha sostenido la esclavitud a lo largo y ancho de la historia.

Una tradición no puede estar por encima de la vida y la dignidad de seres que sufren y que no pueden defenderse de sus verdugos.

En 1889, en Turín, Friedrich Nietzsche presenció cómo un cochero golpeaba brutalmente a un caballo y corrió angustiado hacia el animal, lo abrazó y lloro desconsoladamente por su angustia, tiempo después  sufrió el colapso que marcó el final de su vida pública.

Mientras otros pasaban y miraban la escena indiferentes, Nietzsche miro en aquel animal a un ser que sufría,  que no podía defender  y que no podía defenderse.

La indiferencia no debe ser la respuesta ante el maltrato  animal,       el accionar que atormenta la existencia de esos tristes caballos debe ser detenido, hay que hacerle un alto a la crueldad, es un delito que debe cesar.

¿Cómo es posible que aún poseamos un nivel de ignorancia tan grande que veamos el sufrimiento de un animal como algo normal y para colmo  llamarlo “tradición”?

¿Hasta cuándo tienen que seguir padeciendo?

Lo más indignante y terrible es que,  tanto el gobierno central como el municipal, se hacen de la vista gorda y prefieren mantenerse al margen; les resulta más barato no intervenir que enfrentar la realidad  y  buscar otras alternativas económicas para los cocheros.

El silencio del poder sostiene por tradición una práctica que es una maldición para los pobres caballos y una vergüenza para la sociedad dominicana.

Acabar con la esclavitud animal no es dejar sin trabajo a los cocheros, es reemplazar  los coches tirados por caballos por carruajes eléctricos y, a la vez, crear refugios o santuarios naturales para que los caballos puedan sentirse en paz, descansar, y vivir la vida que nunca han podido vivir, porque la ignorancia humana se la ha arrebatado.

Un pueblo que se dice civilizado no puede medir su progreso en edificios y avenidas mientras ignora el sufrimiento de seres indefensos que transitan contra su voluntad cada día por sus calles.

Santiago se llama “de los caballeros” y se supone que ser caballero es proteger al más débil, y mientras haya un caballo jadeando bajo el sol, con la mirada cansada,  sin agua y sin descanso, ese nombre será una ironía, la esclavitud animal es un absurdo que debe ser eliminado de nuestra sociedad.

Estar a favor de la abolición de la esclavitud animal, es estar a favor de la verdad y de la razón.

No podemos decir que somos buenas personas si nos empeñamos en mantener una tradición que es sinónimo de crueldad para seres tan nobles, indefensos e inocentes.

 

Rafael N. Fernández (Escritor y poeta dominicano)

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Análisis Noticiosos

Otra vez el nepotismo legislativo

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Por José Cabral

La conducta de los partidos políticos ya se ha hecho una cultura en la República Dominicana, una de cuyas expresiones es el llamado nepotismo legislativo, el cual tiene que ver con la escogencia de un hijo, esposa o familiar cercano cuando muere un diputado o senador.

Si bien es cierto que la sustitución es mediante un mecanismo que consiste en la presentación de una terna del partido por el que fue elegido el congresista fallecido, pero ello no implica que la inclinación tenga que ser por un hijo, un hermano o la esposa del legislador muerto como se estila en el país.

Es un comportamiento que se repite constantemente, pese a que lo lógico fuera que el escogido sea otro dirigente de ese partido que haya logrado algunos méritos en la misma circunscripción para ocupar la posición, a los fines de que la organización cumpla con lo prometido durante la campaña por ese legislador que ya ha muerto.

Sin embargo, las cosas no ocurren de esa manera porque los cargos públicos son manejados por los partidos políticos como una propiedad de quien resultó electo a una curul congresional, convirtiéndose el asunto en una especie de herencia familiar.

Por esa razón yo he planteado desde una perspectiva crítica que los partidos políticos debían someter un proyecto de ley para que la figura de la determinación de herederos sea extendida al derecho electoral para que los familiares sean los sucesores de los cargos públicos, lo cual implica un problema ético.

Ello así porque los cargos electivos públicos no son un patrimonial familiar, ya que el ciudadano ha dado su voto por un candidato para que mediante la democracia representativa lo represente en el Congreso Nacional, es decir, que no lo hizo para que el cargo sea concedido a un familiar ante su ausencia definitiva como si se tratara de un patrimonio privado.

Pero la práctica ya se ha convertido en un mandato y en consecuencia los cargos vacantes por muerte de diputados y senadores siempre quedan en manos de sus familiares como si se tratara de una herencia patrimonial.

Siempre he sostenido que los partidos políticos tienen el mismo comportamiento en lo que respecta a la implementación de políticas públicas y de igual modo en asuntos como el tratado en este artículo.

Que nadie se cree ilusiones de que los partidos van a cambiar ese comportamiento, ya que cuando llegan al control del Estado lo manejan como si fuera una herencia que les dejó sus abuelos.

De manera, que en esto se confirma también que los partidos políticos, tanto grandes, medianos y pequeños, actúan como si fueran uno, cuya única diferencia es el nombre de los dirigentes, el color que lo identifica y como se hace llamar.

Entonces, en lo que muy bien se puede llamar nepotismo legislativo también se comportan de igual manera y manejan las curules vacantes por muerte de sus titulares como si se tratara de la partición de una herencia patrimonial dejada por el causante.

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