Opinión
La veeduría en el gobierno
Por Juan Bolívar Díaz
Cuando me invitaron a formar parte de una Comisión de Veeduría de las compras y contrataciones del Ministerio de la Presidencia del gobierno del presidente Danilo Medina, no tuve el menor titubeo, aunque puse una condición: que los demás integrantes fueran personas de convicciones éticas, preocupadas por el mejoramiento de la gestión pública.
Tres razones fundamentales me obligaban a aceptar esa responsabilidad. La primera es que no podía negar esa colaboración a un ministerio encabezado por un político de la integridad demostrada de Gustavo Montalvo, y de un gobierno que hace esfuerzo por reducir los altos índices de corrupción que corroe la función pública y por mejorar la transparencia en su gestión.
La segunda es que quienes luchamos por el mejoramiento de la gestión gubernamental estamos en el deber de incentivar y respaldar cualquier esfuerzo en esa dirección, aún a costa de echarnos encima nuevas responsabilidades que consumen el tiempo de descanso o del esparcimiento.
Tercera, porque las experiencias en seguimiento a contrataciones del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y del Programa de Medicamentos Esenciales (Promese-CAL) habían sido gratificantes, pues demostraron que la transparencia y la honestidad en concursos y licitaciones generan inmensos beneficios. Entre el 2005 y el año pasado, Promese se economizó cientos de millones de pesos por reducción hasta la quinta o décima parte del costo original de sus compras.
El concurso de Indotel para la portabilidad numérica demandó a los veedores decenas de horas de trabajo en múltiples sesiones, con el agravante de que hubo que repetirlo, pues junto a sus técnicos y ejecutivos acordamos una segunda convocatoria cuando las primeras ofertas resultaron insatisfactorias.
Los titulares de esos organismos, Elena Fernández y José Rafael Vargas, y sus respectivos equipos técnicos, se graduaron en la transparencia. No tuvieron que darnos nada, como tampoco nos pidieron incondicionalidad ni que dejáramos de ser críticos con la gestión del gobierno del presidente Leonel Fernández al que servían. En ambos casos dejamos constancia pública del éxito.
Con mucho orgullo me cuento entre los fundadores del movimiento cívico Participación Ciudadana, que arriba a su vigésimo aniversario, colaborando con decenas de instituciones estatales en un esfuerzo, no siempre exitoso, por mejorar la gestión pública, por reducir la discrecionalidad y la corrupción.
PC ha firmado convenios y ejecutado programas junto a ministerios como el de Función Pública, Economía, Planificación y Desarrollo, Educación y Salud Pública, con la Procuraduría General, la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Cuentas, con el Congreso Nacional, Junta Central Electoral, Consejo Nacional de Reforma del Estado, con múltiples ayuntamientos y otras entidades públicas, además de los mismos partidos políticos. Ha habido resultados exitosos y aceptables, como también verdaderos fracasos, pero eso no nos ha impedido seguir luchando con los políticos y ejecutivos que tenemos. Aunque a decir verdad con momentos de desaliento.
Lo que no podía prever es que la integración de esta comisión de veedores, despertaría tantos demonios y generaría tantos cuestionamientos a sus auspiciadores. Tampoco que motivaría una nueva tanda de infamias, insultos y descalificaciones, que ya se extienden a mi familia, de parte de fanáticos que pretenden la eliminación de la disensión, la crítica y la promoción de principios y valores consubstanciales al buen periodismo que me enseñaron en las aulas universitarias.
Como hay tanta ignorancia y algunos quieren generalizar sus propias mezquindades debo advertir que no hemos pasado a ser funcionarios gubernamentales y que la misión es gratuita, un ejercicio de ciudadanía, de responsabilidad social.
Espero que el esfuerzo fructifique, pero si no resultara así, prometo no suicidarme ni frustrarme ni declararme indiferente. Hasta la batalla final.
Por José Cabral
En un país donde la politiquería lo ha dañado todo, absolutamente todo, hay que apelar a una herramienta que puede servir de mucho y se trata del voto en blanco como una forma de llamar a la atención silenciosa a unos partidos que nada les sirve de escarmiento.
En las pasadas elecciones municipales hubo un ensayo que, aunque no se trató exactamente del voto en blanco, sino del nulo, cuya última no parece ser la mejor opción, porque no son contabilizados y en consecuencia no surten ningún efecto, todavía requiere de una acción más contundente.
En cambio, el voto en blanco luce como una herramienta que como ya se ha planteado en diferentes lugares del mundo, representa una forma de protesta ante la conducta depravada y corrupto de los actores de la vida política nacional e internacional y sirve como una expresión democrática.
Sin lugar a dudas, que el voto en blanco puede ser la clave para darle una nueva vida y mayor credibilidad al sistema electoral dominicano y como vía de consecuencia a la democracia.
El alto nivel de abstención electoral es un espejo de la falta de estímulo del votante porque sufre desde hace décadas el mismo proceder de todas las organizaciones que conforman la odiosa partidocracia.
El voto en blanco podría constituirse en un instrumento útil para evitar que el desacreditado sistema político dominicano caiga en la ilegitimidad, aunque no necesariamente en la ilegalidad, pero que este paso, sin duda, haría reflexionar a los que no les importa los intereses de la mayoría, sino los propios, de grupos y de otros particulares.
Sería como una especie de desaprobación constructiva como ya lo planteo alguien en una reflexión sobre este mismo tema.
En algunos países del hemisferio el voto en blanco es un mecanismo de cambio, ya que si esta opción logra la mayoría podrían repetirse las elecciones, pese a que para que esto ocurra en la República Dominicana habría que modificar las leyes del régimen electoral.
Pero de cualquier modo no deja de ser útil el voto en blanco para enviarles un contundente mensaje a todos los «vividores» de la política vernácula, sobre todo porque el país no está muy lejos de tener un total colapso institucional.
Se imaginan los dominicanos preocupados con el sendero que lleva el país enviar un mensaje en las urnas de que ninguno de los candidatos merece su voto y la repercusión que esto podría tener en el ámbito nacional e internacional.
Como ya se ha dicho el voto en blanco no es una expresión de apatía, sino de inconformidad, es una forma de dejar claro que no se quiere ninguna de las opciones presentadas.
A votar en blanco el próximo 19 de mayo y la mayoría de la gente verá como las cosas comienzan a cambiar, incluso el burocratismo que caracteriza a las instituciones públicas, las cuales en el marco de la concepción de los partidos políticos que controlan el Estado, son un patrimonio particular de cuyas acciones no tienen que rendirle cuenta a nadie.
Por Isaías Ramos
El discernimiento es esa capacidad esencialmente humana que nos permite analizar, evaluar y comprender profundamente las encrucijadas que la vida nos presenta. Reflexionamos críticamente, balanceando aspectos racionales y emocionales, buscando esa chispa de claridad en cada decisión.
Pero, ¿qué sucede cuando el discernimiento parece fallar ante decisiones cruciales cuyas opciones parecen, todas, llevar a consecuencias negativas?
En esos momentos de incertidumbre, cuando el corazón pesa y el camino hacia adelante se nubla, es fundamental mantenernos fieles a nuestros principios. No podemos permitirnos el lujo de engañar a nuestra conciencia o justificar pequeñas traiciones por conveniencia o desesperación.
Actualmente, nuestra nación se encuentra inmersa en la recta final de una campaña electoral insulsa. Nos enfrentamos a una alarmante escasez de candidatos que realmente encarnen los valores y principios que nuestros padres de la patria instauraron. ¿Dónde están esos líderes capaces de trazar un camino claro hacia el futuro que deseamos? Las elecciones se acercan, y la oferta política parece más desalentadora que nunca.
Esta crisis de liderazgo es un claro desafío al poder del discernimiento individual. Nos vemos obligados a elegir en un panorama desolador donde predominan las promesas vacías y las estrategias populistas, más enfocadas en el engaño y la manipulación que en ofrecer soluciones reales. Las mismas caras, desgastadas por escándalos y fracasos, siguen ocupando el escenario político, insistiendo en que merecen otra oportunidad.
El discernimiento, sin embargo, debe ir más allá de la simple elección entre las opciones presentadas. Debe implicar una búsqueda activa de alternativas, un impulso hacia la creación de nuevas posibilidades que reflejen nuestros ideales más elevados. En estos momentos de crisis, es donde más se prueba la resiliencia de nuestra democracia y la integridad de nuestro compromiso con los valores fundacionales.
¿Cómo podemos confiar en aquellos que han sido parte del sistema corrupto que tanto ha dañado a nuestro país? La falta de visión política, la ausencia de transparencia y la escasez de propuestas innovadoras solo refuerzan la percepción de que la mayoría de los candidatos carecen del compromiso genuino necesario para liderar verdaderos cambios.
Es imperativo recordar que somos herederos de una nación forjada con principios y valores trascendentales. Frente a esta encrucijada crítica, debemos recordar nuestra responsabilidad como ciudadanos informados y conscientes. Cada voto que emitimos refleja nuestra dignidad y respeto por nosotros mismos. Vender o traicionar nuestros principios más íntimos equivale a despojarnos de nuestra propia humanidad.
Sucumbir a la tentación del egoísmo y la falta de integridad nos aleja de nuestra verdadera esencia y nos sumerge en un camino oscuro, impulsados por intereses mezquinos en lugar de valores profundos y duraderos. En este contexto, el discernimiento por sí solo no basta.
En el Frente Cívico y Social, entendemos que solo unidos podemos superar este desafío crucial y abrir paso a una nueva era política fundada en valores auténticos y proyectos transformadores. El tiempo es esencial y nuestra nación merece lo mejor.
No permitamos que la falta de visión y principios nos condene al estancamiento perpetuo. Juntos, podemos redescubrir el significado de la política como servicio verdadero al pueblo, redefiniendo así el futuro de nuestra nación.
El cambio está en nuestras manos. Es hora de reclamar nuestro futuro, de construirlo sobre los cimientos de nuestra integridad. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional requerirá en ciertas ocasiones que un Estado Parte entregue a sus propios nacionales, cuando la persona sea sospechosa de haber cometido un crimen de la competencia de la CPI. No obstante, esto podría representar dificultades para aquellos Estados en los cuales su constitución expresamente prohíba la extradición de sus nacionales, y podría requerir de soluciones creativas.
Los Estados deberían tomar en cuenta el ¨carácter específico de la Corte¨ al decir sobre la mejor manera de asegurar que la nacionalidad de la persona requerida no afecte su entrega a la Corte Penal Internacional.
Los Estados Parte del Estatuto no podrán alegar bajo ninguna circunstancia que la nacionalidad del acusado, o una disposición constitucional que prohíbe la extradición de nacionales impida su entrega.
Para muchos Estados, la posibilidad de entregar sus nacionales a la CPI no necesita la implementación de una ley particular más que aquella que prevea la entrega de cualquier persona a la CPI.No obstante algunos Estados poseen una constitución que expresamente prohíbe la extradición de los nacionales. Estos Estados deben de escoger entre estas dos opciones:
- a)Algunos Estados podrían distinguir en su legislación entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la CPI, lo cual permitiría la entrega de nacionales a la CPI a pesar de la restricción a la ´´extradición¨ de nacionales a tribunales extranjeros, sin obstaculizar la habilidad del Estado de cooperar plenamente con la CPI.
La ventaja de esta medida consiste en el procedimiento simple a seguir para la entrega de una persona acusada a la CPI. También reconoce el carácter específico de la competencia de la CPI , la cual no puede considerarse como una jurisdicción extranjera , y prevé una manera más eficiente de proceder con la cooperación.
- b)La reforma podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio, asegurando que la constitución no sea violada por la entrega de un nacional a la CPI. La ventaja de una enmienda constitucional con una referencia específica a la CPI yace en el hecho de que elimina cualquier posibilidad de que surja un conflicto normativo a escala nacional.
Lo planteado anteriormente garantiza que los tribunales nacionales dicten sentencias de conformidad con sus obligaciones legales respecto al Estatuto de Roma, pese al posible dilema de entregar a un ciudadano a otro sistema judicial.