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Empresarios quieren modificar 28 puntos del Código de Trabajo; sindicalistas creen interés es suprimir derechos
El sector sindical cree que el interés del empresariado es suprimir ciertos derechos. Foto de archivo.
La Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano (OPD-FUNGLODE) divulgó hoy los resultados de un análisis en torno a las discusiones sobre la reforma laboral en el cual determinó que tanto los grupos sindicales como los empresarios del país demandan una modificación al Código de Trabajo, pero cada uno defendiendo los intereses de su sector.
«Este deseo de reforma no es nuevo, los empresarios han argumentado desde hace años que el Código de Trabajo de 1992 está desactualizado y necesita reformarse, y han planteado la modificación de 28 puntos de la normativa», señala un comunicado del OPD.
El informe realizado por Fanny Vargas, coordinadora de la Unidad, indica que las organizaciones del sector privado han hecho énfasis en que las disposiciones del Código en materia de horarios, prestaciones laborales, cesantía, riesgos laborales y conciliación judicial crean una pesada carga para las empresas, en especial las pequeñas y las medianas.
En principio, los empresarios alegaron que los horarios y días feriados no responden a la realidad del país y que es necesario establecer jornadas diferenciadas para diversos sectores. Mientras que los grupos que representan los intereses de los empleados,como la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y el Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), se oponen en términos generales a cualquier reforma que erosione los derechos de los trabajadores, aunque se muestran cautelosamente abiertos al diálogo.
Los dirigentes sindicales afirman que el interés de los empresarios es suprimir ciertos derechos laborales y bajar el costo de lamano de obra.
Desacuerdos. Pero los desacuerdos entre empleadores y empleados no se quedan ahí, ya que según el estudio, los empresarios sostienen que después de la puesta en marcha de la seguridad social, los pagos ascienden al doble entre el fondo de pensiones (AFP) y la cesantía, y es necesario revisar las normativas y crear topes a los montos otorgados.
En tanto, el sector privado alega, que la cesantía y otras cargas laborales (como los aportes a la seguridad social) son consideradas una traba para la competitividad y que crean distorsiones en el mercado laboral.
Los grupos sindicales sostienen, por su parte, que en el país los salarios son bajos y la compensación final del trabajador es la cesantía.
Según el CNUS, el seguro de desempleo sería más costoso que la cesantía como tal, y que esta no representa una carga tan grande para el sector privado como señalan algunos de sus representantes.
Crecimiento económico. En otro aspecto, el informe revela que a pesar del sostenido crecimiento económico, el promedio de desempleo en el período 2000-2012 ha sido de 15%, el subempleo representa aproximadamente el 16% del empleo total y alrededor de un tercio de los subempleados busca horas adicionales.
Indica que para abril de 2013, el empleo formal apenas alcanzó el 45% del mercado laboral. Es decir, que de los 3.9 millones de empleos actuales, el 55% (2.1 millones) es informal, indica el documento.
Explica que estos datos indican que el empleo formal privado ha tenido un crecimiento neto de 4.1 % en los últimos doce años, aproximadamente cuatro mil empleos netos por año, principalmente dirigidos a actividades del sector servicios intensivas en capital.
El análisis señala que los salarios reales promedio por hora se han quedado muy rezagados respecto del crecimiento de la productividad laboral.
“Como resultado, el salario mínimo en República Dominicana no se ha mantenido al nivel con el costo de vida”, precisa.
HOY
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Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.