El INASE estaría adscrito al Ministerio de Agricultura y tendría a su cargo la regulación, certificación y control de la calidad de las semillas producidas, importadas y comercializadas en el país

Por Alberto Rodriguez

Santo Domingo, República Dominicana.– El Senado de la República aprobó este martes, en segunda discusión, el proyecto de ley que dispone la creación del Instituto Nacional de Semillas (INASE), una nueva entidad pública que tendrá como misión fortalecer la regulación y supervisión de la producción y comercialización de semillas en el territorio nacional.

La iniciativa, presentada por los senadores Félix Bautista y Héctor Acosta, busca establecer mecanismos que garanticen que las semillas utilizadas por los productores agropecuarios cumplan con los estándares de calidad requeridos, tanto las producidas en República Dominicana como aquellas provenientes del extranjero.

El proyecto establece que el INASE estaría adscrito al Ministerio de Agricultura y asumiría funciones que actualmente desarrollan dependencias de esa institución, entre ellas el Departamento de Semillas y la Oficina de Registro de Variedades y Protección de los Derechos del Obtentor.

De convertirse en ley, el personal, los bienes y otros recursos vinculados a esas áreas pasarían a formar parte de la nueva estructura institucional.

Registro y certificación

Entre sus principales atribuciones, el Instituto Nacional de Semillas tendría la responsabilidad de determinar y certificar la calidad de las semillas destinadas a la producción agrícola.

Para esos fines, se contempla la creación de un registro nacional para las personas físicas y jurídicas dedicadas a la producción, acondicionamiento, distribución y comercialización de semillas.

La entidad también estaría facultada para realizar inspecciones en campos de producción, almacenes y establecimientos públicos o privados, así como tomar muestras y retener productos cuando sea necesario verificar su calidad.

Sanciones por irregularidades

El proyecto contempla sanciones para productores, empresas o comercializadores que proporcionen información falsa sobre la calidad de las semillas.

Las infracciones podrían conllevar multas de hasta 100 salarios mínimos del sector público, además de la suspensión o cancelación de las licencias correspondientes, dependiendo de la gravedad del caso.

La propuesta legislativa establece igualmente mecanismos de protección para los compradores. En caso de comprobarse que una persona adquirió semillas cuya calidad fue presentada de manera fraudulenta, el vendedor tendría que devolver el dinero recibido, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran ejercerse.

Fondo para apoyar producción de semillas

La pieza legislativa también propone la creación del Fondo de Incentivo y Contingencia Semillera (FONICOSE), destinado a respaldar económicamente programas relacionados con la producción, multiplicación y utilización de semillas certificadas.

El fondo también podría ser utilizado para responder ante situaciones calificadas como “emergencias semilleras” y desarrollar campañas dirigidas a fortalecer la disponibilidad de material de siembra de calidad.

Según la propuesta, el FONICOSE recibiría anualmente recursos equivalentes al 10 % del presupuesto asignado al INASE.

Los promotores de la iniciativa sostienen que la creación del instituto permitiría fortalecer la institucionalidad del sector agropecuario y establecer un sistema más organizado de supervisión de las semillas utilizadas en la producción nacional.

El proyecto deberá continuar ahora su trámite legislativo en la Cámara de Diputados. En caso de ser aprobado sin modificaciones y posteriormente promulgado por el Poder Ejecutivo, entraría formalmente al ordenamiento jurídico dominicano.

El órgano acusador busca revocar el perdón judicial concedido al pelotero y pide mantener la condena de 10 años impuesta a la madre de la adolescente

Rosa Hernández

PUERTO PLATA, República Dominicana.– El Ministerio Público solicitó este martes a la Corte de Apelación de Puerto Plata revocar el perdón judicial otorgado al pelotero Wander Samuel Franco Aybar y, en su lugar, imponerle una condena de cinco años de prisión por los delitos de abuso sexual y psicológico en perjuicio de una adolescente.

La petición fue presentada durante el conocimiento de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada el 25 de mayo de 2026 por el Tribunal Colegiado Ad Hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata.

Esa decisión declaró culpable a Franco de violar disposiciones del artículo 396, literales b y c, de la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Sin embargo, pese a la declaración de culpabilidad, el tribunal le concedió un perdón judicial, por lo que quedó eximido del cumplimiento de una pena de prisión.

MINISTERIO PÚBLICO CUESTIONA EL PERDÓN JUDICIAL

En su recurso, el órgano acusador sostiene que el tribunal de primera instancia realizó una aplicación incorrecta de la figura del perdón judicial y considera que la decisión no guarda proporción con las circunstancias establecidas en la sentencia.

Los fiscales solicitaron a la Corte declarar admisible el recurso de apelación parcial y, en cuanto al fondo, revocar la parte de la sentencia que favoreció a Franco con el perdón judicial.

La petición concreta es que el tribunal de alzada dicte su propia sentencia e imponga al pelotero una pena de cinco años de prisión, que, de acogerse la solicitud, sería cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata.

El Ministerio Público argumenta que el perdón judicial constituye una figura de carácter excepcional y sostiene que las circunstancias del caso no justificaban su aplicación.

PIDEN MANTENER CONDENA CONTRA MADRE DE LA ADOLESCENTE

Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público también solicitaron que sea confirmada la condena de 10 años de prisión impuesta a la madre de la adolescente, quien fue condenada por explotación sexual comercial y lavado de activos.

El órgano acusador no recurrió esa condena y ahora procura que la Corte mantenga la decisión adoptada en primera instancia.

La jornada también incluyó el conocimiento de los recursos interpuestos por las defensas de las personas procesadas.

Los fiscales solicitaron que esos recursos sean rechazados al considerar que carecen de fundamento jurídico.

CORTE DECIDIRÁ EL 20 DE OCTUBRE

Luego de escuchar los argumentos de las partes, los jueces de la Corte de Apelación de Puerto Plata se reservaron el fallo para el 20 de octubre de 2026, a las 9:00 de la mañana.

El tribunal está integrado por los magistrados Miguelina Beard, quien lo preside, Germán Martínez y Manuel Ureña.

La decisión que adopte la Corte determinará, entre otros aspectos, si permanece vigente el perdón judicial concedido a Wander Franco o si prospera la petición del Ministerio Público de imponerle una pena privativa de libertad.

Hasta que sea emitida esa decisión, la solicitud de cinco años de prisión constituye la pretensión del Ministerio Público en apelación y no una nueva condena contra el pelotero.

Adriano Hernández López, fallecido en 2024, figura en el expediente presentado por el Ministerio Público, que sostiene que realizó transferencias millonarias relacionadas con la presunta estructura investigada.

Francisco Salcedo

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El nombre del doctor Adriano Hernández López, fallecido en 2024, aparece en la solicitud de medida de coerción correspondiente al denominado caso Senasa 2.0, aunque no figura entre las personas procesadas debido a su fallecimiento.

De acuerdo con las imputaciones contenidas en el expediente del Ministerio Público, Hernández López habría estado relacionado con el presunto esquema mediante el cual se sometían reclamaciones por procedimientos médicos utilizando formularios que, según la acusación, contenían firmas falsificadas de afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El órgano persecutor sustenta parte de sus señalamientos en testimonios de personas que aparecen como afiliados en formularios atribuidos al médico y que habrían negado la realización de determinados procedimientos.

Según la documentación citada por el Ministerio Público, cinco personas figuran en reclamaciones presentadas a nombre del doctor Hernández López, pero las firmas consignadas en esos documentos presuntamente no coincidirían con las de los afiliados.

TRANSFERENCIAS MILLONARIAS

Otro elemento señalado por los investigadores corresponde a los movimientos financieros que atribuyen al médico.

El Ministerio Público sostiene que Hernández López transfirió un total de RD$2,385,322 a una cuenta bancaria perteneciente a Ángel Luis Guzmán Vásquez, señalado por las autoridades como uno de los principales imputados en la investigación.

Asimismo, el expediente atribuye al fallecido médico transferencias por RD$2,091,950 a una cuenta de Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, quien también figura entre las personas imputadas.

Estas operaciones forman parte de las evidencias financieras utilizadas por el Ministerio Público para sustentar su teoría sobre la existencia de una estructura dedicada presuntamente a gestionar reclamaciones médicas irregulares.

INVESTIGACIÓN A MÉDICOS Y EMPLEADOS

El expediente de Senasa 2.0 involucra a médicos, empleados y otras personas que, conforme a la acusación, habrían participado en distintas fases del supuesto mecanismo utilizado para obtener autorizaciones y reclamar recursos al seguro estatal de salud.

Ángel Luis Guzmán Vásquez es señalado por el Ministerio Público como una figura central del presunto esquema y como responsable de un call center que habría intervenido en la gestión de autorizaciones para procedimientos médicos.

Entre las personas mencionadas en el proceso también figuran Angeury Guzmán Vásquez y varios empleados de Senasa, además de más de una veintena de profesionales de la medicina identificados por el órgano acusador.

La investigación continúa bajo conocimiento de las autoridades judiciales, por lo que las afirmaciones contenidas en la solicitud de medida de coerción constituyen imputaciones del Ministerio Público que deberán ser examinadas y debatidas ante los tribunales.

UN NOMBRE QUE NO LLEGARÁ AL BANQUILLO

El caso de Adriano Hernández López presenta una circunstancia particular dentro del expediente: aunque el Ministerio Público le atribuye participación en las operaciones investigadas, su fallecimiento en 2024 impide que pueda ser sometido a un proceso penal.

Su nombre permanece, sin embargo, dentro de la documentación utilizada por los fiscales para explicar cómo, según su teoría del caso, funcionaba el presunto entramado investigado en Senasa 2.0.