Nacionales
El Gobierno recibirá de la Barrick Gold en cuatro años US$2,200 millones
Manuel Rocha y Gustavo Montalvo firman el acuerdo.
SANTO DOMINGO. Luego de doce meses de negociaciones, el Gobierno y la empresa minera Barrick Gold, llegaron a un acuerdo, en el que se establece que partiendo de un precio promedio del oro de US$1,600 la onza para el período 2013-2016, el Estado dominicano recibiría US$2,200 millones, equivalente a un 26.3% de los ingresos brutos de exportación, casi seis veces más que lo que estaba previsto.
La segunda enmienda al Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros especifica, tal como se anunció el pasado 8 de mayo, que el gobierno recibirá ingresos de alrededor de US$11,615 millones durante la vida del proyecto, que equivale al 51.3% del total de los beneficios brutos, en vez de un 37.1%, que recibiría con el acuerdo anterior.
Los términos del nuevo contrato y la conclusión de las negociaciones, fueron anunciadas por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en un acto realizado ayer en el Salón Verde del Palacio Nacional, en el que además del funcionario, rubricó el documento Manuel Rocha, presidente de Barrick Pueblo Viejo.
Montalvo dijo que el acuerdo garantiza que el aumento de los ingresos comience a percibirse de forma inmediata. Recordó que antes, el Gobierno tenía previsto recibir US$377.4 millones durante el período 2013-2016, de un total de ingresos proyectados de más de US$8,000 millones. También se acordó que el pago del Impuesto de Participación de las Utilidades Netas (PUN) entre en vigor este año, y no en 2019, como se estipuló en el anterior contrato.
Sostuvo que por concepto del PUN, según la versión anterior del contrato, el Gobierno dominicano no recibiría nada durante el período 2013-2014, sin embargo, ahora obtendrá US$1,283 millones, siempre partiendo del citado precio promedio del oro.
Con relación a las exportaciones realizadas por la Barrick en 2012, las partes acordaron que la empresa minera, retroactivamente, pagará en el 2013 US$36.4 millones, como impuesto mínimo sobre los ingresos brutos generados por las exportaciones de oro y plata, realizadas entre el 13 de noviembre y el 31 de diciembre del pasado año.
Reglas sobre producción y suministro
El Gobierno y la Barrick convinieron que se contemple la sustitución del fuel oil por Gas Natural Licuado en la planta Quisqueya I, que proveerá electricidad a la mina de Pueblo Viejo, «siempre y cuando esta sea factible y garantice un menor costo».
La empresa minera podrá vender el excedente de energía generada por dicha planta al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (Seni), acogiéndose a las normas y regulaciones que establezca este organismo y la Superintendencia de Electricidad.
Procedimientos de exportación
Otro punto importante del acuerdo es que las partes definirán procedimientos de exportación aplicables a la empresa minera «expeditos y consistentes con las prácticas internacionales». Asimismo -agrega- se establecerán mecanismos para la verificación de la mercancía de exportación de la mina y en los puertos del país.
«De esta forma, tanto la Dirección General de Aduanas, como la Dirección General de Impuestos Internos, dejaron conciliados todos los procesos con la empresa minera, con el objetivo de garantizar la transparencia y la eficiencia para ambas partes», precisó Montalvo.
Aunque no forma parte de la segunda enmienda del acuerdo, la Barrick y el Gobierno acordaron que la empresa pagará US$73.1 millones por concepto de Impuesto sobre la Renta por la ganancia de capital derivada de la operación de venta de Placer Dome República Dominicana, que será pagado en el primer semestre de 2014.
«En los próximos días estaremos llevando este acuerdo al Congreso, notificando los aspectos que han sufrido modificaciones, para su consideración. Esperamos contar con el apoyo del Congreso en la rápida aprobación de esta enmienda», precisó Montalvo.
Rocha dice proceso de negociación fue «largo y difícil»
El presidente de Barrick Pueblo Nuevo, Manuel Rocha, al pronunciar un breve discurso, afirmó que a su llegada al país en septiembre del año pasado, la primera llamada que recibió fue que «viniera a conocer al Ministro», y «ahora nos conocemos muy bien».
Definió el proceso como «una larga y difícil negociación» entre la empresa y la comisión negociadora del Gobierno, bajo el liderazgo de Gustavo Montalvo, con quien aseguró ha desarrollado «una excelente relación».
«Las dos partes reconocemos que no ha sido fácil llegar al acuerdo que hemos firmado hoy día. Lo importante para los intereses de los dos es que con mucha insistencia y con mucho trabajo nos hemos puesto de acuerdo», refirió Rocha.
El presidente de la Barrick Gold dijo que el acuerdo protege una larga lista de beneficios económicos, directos e indirectos que su mega inversión, que calificó de histórica, de más de US$4,000 millones, ha traído al país, y citó como constancia las facturas que pasan por su escritorio de mas de 400 empresas criollas suplidoras de su proyecto.
Danilo medina no estuvo presente
Causó extrañeza que al acto de la firma de la enmienda del contrato con la Barrick Gold no asistiera el presidente Danilo Medina, quien fuera el propulsor de la iniciativa, cuando en su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, el pasado 27 de febrero, advirtió a los ejecutivos de la empresa: «Hasta ahora hemos sido pacientes. Pero la paciencia tiene un límite». Además, encabezó el 8 de mayo, el acto donde se anunció el acuerdo preliminar. DL supo de fuente segura que previo al acto, Medina se reunió ayer en privado con Montalvo y Rocha. Luego éstos se dirigieron al Salón Verde.
Diariolibre.com
Nacionales
Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.