Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader, a través de la Consultoría del Poder Ejecutivo, depositó este martes dos proyectos de leyes que establecen drásticas sanciones de 30 a 50 años de prisión a la violación de unos 20 delitos. También crea una dependencia para proteger a víctimas y testigos.

Cuando ya la agenda de la sesión de hoy estaba lista, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó a sus compañeros sobre las propuestas que llegaron desde el Palacio Nacional. De inmediato, las envió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a fin de rendir informes en las próximas asambleas.

Una de las piezas, que contiene 76 artículos, consiste en el Proyecto de Ley de Persecución y Judicialización de las Organizaciones Criminales, que fija pena de 10 a 30 años de prisión a las personas que constituyan una organización criminal para cometer delitos, como lavado de activos, terrorismo, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, tráfico de drogas, tráfico ilícito de armas, municiones y materiales relacionados.

También, secuestro, tráfico y comercialización de órganos humanos, estafas, desfalcos y sobornos contra el Estado, tráfico de niños, delitos financieros, intermediación financiera no autorizada, estafa piramidal o esquema Ponzi, delitos medioambientales y sicariato.

Hay más: delitos de alta tecnología, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas, falsedad de documentos públicos, delitos graves cometidos contra las personas, y cualquier otro delito cuya pena mínima sea igual o superior a los tres años de prisión.

50 años para el sicariato

El artículo 38 señala: «La persona que mate a otra por pago, recompensa, promesa remuneratoria o cualquier otro beneficio, para si o para un tercero», será sancionada con 40 a 50 años de prisión y multa de 75 a 350 salarios mínimos.

La misma pena será aplicable a la persona que contrate el sicario de forma directa o indirectamente. Incluso, «la sola publicidad y oferta de sicariato» será penalizado con tres y 10 años de prisión y multa de 30 y 50 salarios mínimos.

Estafas masivas y reincidencia

Las personas que, valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando manejos fraudulentos, por acción u omisión, con ánimo de lucro, para así engañar a otros, recibirán una pena de tres a 10 años de prisión y pago de 100 a 3,000 mil salarios mínimos.

Protección a víctimas y testigos

El Poder Ejecutivo también depositó una pieza complementaria, consistente en el Proyecto de Ley sobre Atención y Representación Legal y Protección a las Víctimas, Testigos y Sujetos en Riesgo.

Entre las novedades de esta pieza está la creación de la Dirección de Atención a Víctimas, dependiente del Ministerio Público, y que se encargará de «evaluar, formular y ejecutar políticas a los testigos y víctimas».

Estará compuesto por las áreas de sicología, trabajo social, médicos, seguimientos y otras áreas que garanticen la calidad del servicio.

Las fases

Ambas piezas deben ser conocidas dos veces seguidas por los senadores y pasar a la Cámara de Diputados para aprobación en dos lecturas. Luego, volverán al Palacio Nacional para promulgación.

Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos, presidente del Senado, pidió a sus colegas dejar a un lado la controversia con la Cámara de Diputados  por el tema del barrilito y exoneraciones de vehículos.

Durante un turno en la sesión de este martes, el representante de Sánchez Ramírez por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) pidió analizar bien «cuando se tenga la inquietud de impulsar cualquier iniciativa, que, de una forma u otra, se sienta aludido o afectado uno de los dos órganos».

«No podemos, bajo ninguna circunstancia, caer en la situación de que los senadores decimos de aquí para allá y los diputados dicen de allá para acá. Eso yo quiero que nosotros lo reflexionemos», agregó.

De los Santos ha tenido armonía con su homólogo de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, con quien, según aseguró, hay «excelentes relaciones», por lo que pidió a sus compañeros cuidar los vínculos.

El detonante

Diario Libre publicó varios temas sobre el polémico uso que dan los congresistas a las exoneraciones de vehículos que reciben, lo que le ha costado al fisco más de 2,000 millones pesos en los últimos cuatro años.

Luego, los senadores Félix Bautista, de San Juan, y Alexis Victoria Yeb, de María Trinidad Sánchez, sometieron por separados dos proyectos de leyes para eliminar las exoneraciones de vehículos.

Sin embargo, algunos miembros de la Cámara de Diputados pidieron a los senadores quitarse el barrilito y también eliminar la exoneraciones en jueces, fiscales y otras áreas del Estado.

Las quejas entre los congresistas no solo han sido por esos temas. Es frecuente que los senadores se quejen de que, proyectos claves, como el Código Penal, la ley de regulación de academias, y otros, no sean tomados en cuenta en la Cámara de Diputados, cuando ya fueron aprobados en la Cámara Alta.

La postura más radical la tiene el senador Antonio Marte, quien ha dicho que los diputados les plagian sus proyectos, por lo que ha dicho que solo debería existir una sola cámara.

Santo Domingo, R.D.-Este martes fueron enviados a una comisión especial de la Cámara de Diputados dos contratos de préstamos, acordados con entidades bancarias internacionales, que entregarán al Gobierno una financiación por casi mil millones de dólares

Esto surgió tan solo minutos después de que los más de 130 representantes que componen la bancada oficialista y sus aliados aprobaran por medio de una declaración de urgencia el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para 2025. En esta pieza, el Poder Ejecutivo prevé que solicitarán durante el siguiente año RD$350,990,390,000 en modo de préstamos.

Luego de aprobar dos convenios de préstamos que serían destinados a la terminación del monorriel en la provincia Santiago y respaldar programas de gestión ambiental del país, los congresistas enviaron a estudio de comisión dos acuerdos que suman US$445 millones.

El primero fue acordado el pasado 16 de abril con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (Jica) por un valor de US$45 millones, para el financiamiento del proyecto “Mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos”.

Y, por último, otro empréstito que fue pactado el pasado 22 de agosto con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf), que le otorgará US$400 millones al Poder Ejecutivo para apoyar el presupuesto de Políticas de Desarrollo Sostenible.

Sin embargo, estos últimos deberán ser evaluados por la comisión de Hacienda, que deberá presentar un informe durante las próximas sesiones, recomendando o no su aprobación.

Monorriel de Santiago

Este endeudamiento forma parte de un documento firmado el pasado 17 de julio por el Gobierno con BNP Paribas y Citibank Europe PLC, quienes fungen como los encargados de realizar el empréstito.

De acuerdo con el documento legislativo, la ejecución del proyecto “Monorriel de Santiago” estará a cargo de la Presidencia de la República, quien lo desarrollará a través del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram).

Medio Ambiente

Mientras tanto, la segunda iniciativa aprobada proviene de pacto realizado el pasado 21 de agosto por el Gobierno con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España.

Este tiene el objetivo de asegurar el funcionamiento del “Programa de Gestión Integral y Sostenible de Residuos Sólidos en la provincia Santo Domingo”, el cual será implementado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mmarn).