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Ejecutivo busca ampliar plazo de deuda del Banco de Reservas
SANTO DOMINGO. El presidente Danilo Medina sometió al Congreso, iniciando por la Cámara de Diputados, un proyecto de ley de «Racionalización de Operaciones con el Banco de Reservas de la República Dominicana», que busca ampliar el vencimiento de algunas operaciones de financiamiento interno de corto plazo.
La operación envuelve la suma de US$795,703,179.66 y RD$399,161,479.02.
De acuerdo con la carta enviada por el Jefe del Estado al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, estos compromisos se contrajeron con el Banco de Reservas, a través del Ministerio de Hacienda, para proyectos de inversión del Ministerio de Obras Públicas, y obras en el sector de energía y aguas a cargo de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
El artículo Uno, reconoce la operación de crédito entre el Banco y Hacienda, mediante la cual se otorgó una autorización de corto plazo para financiar obras ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas por un monto de hasta US$331,850,839.18.
El artículo Dos establece que se reconocen las operaciones de crédito realizadas por el Banco de Reservas y el Ministerio de Hacienda, que otorgaron autorizaciones de corto plazo para dos líneas de crédito para financiar obras ejecutadas también por Obras Públicas y realizar el pago originado por la rescisión del Contrato de Concesión con el Consorcio Vial Dominicano por un monto de hasta RD$399,161,479.02 y US$124,000,000.00, respectivamente.
Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través de Hacienda, a asumir la operación de corto plazo y a convertirla a largo plazo.
«Los proyectos de inversión se enmarcan en el plan del Gobierno de aplicar políticas orientadas a dinamizar la economía, con la finalidad de neutralizar, tanto el impacto negativo ocasionado por la crisis financiera internacional; así como la desaceleración económica experimentada durante el primer semestre del 2013», expresa la carta del Ejecutivo.
La propuesta, además, reconoce la operación de crédito realizada entre el Banco de Reservas y el Ministerio de Hacienda, que autorizó una operación a corto plazo, para financiar obras ejecutadas por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana por un monto de hasta US$28,052,340.48 y otra realizada con el Indrhi por un monto de US$61,800,000.00.
Igualmente se reconoce la operación de crédito realizada por el Reservas y Hacienda, que otorgó una línea de crédito para cumplir compromisos de pago de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) por un monto de hasta US$250,000,000.00
Explica que la aprobación del esquema de reconversión de plazos planteada en el proyecto, permitirá establecer amortizaciones adecuadas a los ingresos fiscales esperados en el mediano plazo.
«Como los vencimientos y las tasas de interés van a reflejar las condiciones vigentes del mercado, el Banco de Reservas también saldrá beneficiado de una operación que debe mejorar la calificación de su cartera de crédito y otros indicadores financieros», agrega la carta.
Establece que el período de gracia mínimo para el pago de capital que se incluye en este esquema de doce meses, ya ha sido contemplado en los planes de negocios elaborados por esa entidad financiera y las tasas de interés y plazo de amortización compatibles con las condiciones vigentes del mercado.
Diariolibre.com
Nacionales
Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.