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Ejecutivo busca ampliar plazo de deuda del Banco de Reservas
SANTO DOMINGO. El presidente Danilo Medina sometió al Congreso, iniciando por la Cámara de Diputados, un proyecto de ley de «Racionalización de Operaciones con el Banco de Reservas de la República Dominicana», que busca ampliar el vencimiento de algunas operaciones de financiamiento interno de corto plazo.
La operación envuelve la suma de US$795,703,179.66 y RD$399,161,479.02.
De acuerdo con la carta enviada por el Jefe del Estado al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, estos compromisos se contrajeron con el Banco de Reservas, a través del Ministerio de Hacienda, para proyectos de inversión del Ministerio de Obras Públicas, y obras en el sector de energía y aguas a cargo de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
El artículo Uno, reconoce la operación de crédito entre el Banco y Hacienda, mediante la cual se otorgó una autorización de corto plazo para financiar obras ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas por un monto de hasta US$331,850,839.18.
El artículo Dos establece que se reconocen las operaciones de crédito realizadas por el Banco de Reservas y el Ministerio de Hacienda, que otorgaron autorizaciones de corto plazo para dos líneas de crédito para financiar obras ejecutadas también por Obras Públicas y realizar el pago originado por la rescisión del Contrato de Concesión con el Consorcio Vial Dominicano por un monto de hasta RD$399,161,479.02 y US$124,000,000.00, respectivamente.
Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través de Hacienda, a asumir la operación de corto plazo y a convertirla a largo plazo.
«Los proyectos de inversión se enmarcan en el plan del Gobierno de aplicar políticas orientadas a dinamizar la economía, con la finalidad de neutralizar, tanto el impacto negativo ocasionado por la crisis financiera internacional; así como la desaceleración económica experimentada durante el primer semestre del 2013», expresa la carta del Ejecutivo.
La propuesta, además, reconoce la operación de crédito realizada entre el Banco de Reservas y el Ministerio de Hacienda, que autorizó una operación a corto plazo, para financiar obras ejecutadas por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana por un monto de hasta US$28,052,340.48 y otra realizada con el Indrhi por un monto de US$61,800,000.00.
Igualmente se reconoce la operación de crédito realizada por el Reservas y Hacienda, que otorgó una línea de crédito para cumplir compromisos de pago de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) por un monto de hasta US$250,000,000.00
Explica que la aprobación del esquema de reconversión de plazos planteada en el proyecto, permitirá establecer amortizaciones adecuadas a los ingresos fiscales esperados en el mediano plazo.
«Como los vencimientos y las tasas de interés van a reflejar las condiciones vigentes del mercado, el Banco de Reservas también saldrá beneficiado de una operación que debe mejorar la calificación de su cartera de crédito y otros indicadores financieros», agrega la carta.
Establece que el período de gracia mínimo para el pago de capital que se incluye en este esquema de doce meses, ya ha sido contemplado en los planes de negocios elaborados por esa entidad financiera y las tasas de interés y plazo de amortización compatibles con las condiciones vigentes del mercado.
Diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.