Nacionales
Afirman que es factible explotar Loma Miranda sin afectar ecología
Falcondo presenta alegatos a comisión estudia proyecto de parque nacional
SANTO DOMINGO. La empresa Falconbridge Dominicana considera que es factible extraer los minerales de Loma Miranda sin afectar el medio ambiente en la zona.
Así lo hizo saber a la comisión especial del Senado que estudia el proyecto que declara Loma Miranda Parque Nacional, y que escuchó la posición de la empresa sobre la iniciativa. Rafael Calderón, presidente de la comisión, reiteró que se escucharán las opiniones de todos los sectores sobre la propuesta.
Geovanny Bloise, gerente de Minas de Falcondo, en representación de Darren Bowden, presidente de la empresa, explicó que en los últimos 40 años de explotaciones de la empresa, en Bonao, la minería y otras actividades han convivido perfectamente.
«Las operaciones nuestras en Bonao son un ejemplo de eso, donde más de 35 mil tareas de arroz bordean nuestras operaciones, y han seguido produciendo a los niveles esperados y aún mejores», expresó Bloise.
El ejecutivo de Falcondo recordó que en el año 1999 fueron certificados como una empresa bajo los estándares de ISO14,001, la primera operación de ferroníquel en el mundo en ser certificada, aún antes de que se aprobara la Ley de Medio Ambiente en el país.
«O sea que estamos convencidos de algo que es posible, y creemos que es la mejor manera de sacar provecho de nuestros recursos naturales, sin comprometer el medioambiente ni el bienestar de las generaciones futuras. Nosotros estamos convencidos de que lo podemos hacer y estamos abiertos a escuchar sugerencias de cualquier parte interesada que pueda aportar a hacer este proceso más seguro para todos», agregó Bloise.
Al ser cuestionado sobre si el impacto de la explotación de Loma Miranda la dejaría como la Loma de La Peguera, el gerente afirmó que La Peguera es un impacto controlado y que está en proceso continuo de rehabilitación.
En cambio señaló que sobre Loma Miranda se ha enfatizado mucho su importancia hídrica, atribuyéndole al sitio las propiedades de la Presa de Rincón, cosas que aseguró son totalmente diferentes.
«La presa de Rincón es alimentada por el río Jima y sus afluentes, incluyendo al Jayaco y el Cañabon, mientras que de Miranda es solamente drenada por un solo curso de agua que es Río Jaguey, que es un río pequeño que entra en la categoría de arroyo ya que su caudal promedio anual es de un metro cúbico».
Pide tiempo
El director del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olgo Fernández, resaltó la capacidad hidrográfica de Loma Miranda para alimentar el valle agrícola de La Vega, información que considera no debe ser ocultada.
Pidió a la comisión especial que estudia el proyecto que le permita el próximo martes llevar un informe detallado sobre la producción hidrográfica y acuífera de esta zona.
diariolibre.com
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.