Opinión
La situación general del país finalizando el 2013
Por Narciso Isa Conde
La situación general del país al finalizar el 2013, indisolublemente vinculada a la multi-crisis del sistema capitalista mundial se caracteriza por:
Un incremento del endeudamiento público hasta llegar al tope de la irresponsabilidad: representa más del 50% del presupuesto, una carga de un 40% y un volumen equivalente a la mitad del PBI.
Por demás, el déficit fiscal sigue gravitando y el gobierno amenaza con nuevas cargas tributarias y otras variantes de su voracidad fiscal.
La carestía sigue creciendo. La insoportable precarización del salario está generando nuevas demandas de aumentos de sueldos y salarios.
Es muy grave el deterioro de los servicios de salud y onerosas las consecuencias del incremento de su privatización.
Las cargas de los subsidios es ya insostenibles y los apagones y el encarecimiento del servicio eléctrico se tornan dramáticos.
La violencia de género está desbordada. Igual el racismo.
La inversión en educación está empantanada. El empobrecimiento material de seres humanos y naturaleza es bestial.
El caos urbano es terrible.
Las amenazas sobre los recursos naturales y el medio ambiente, por la subordinación de gobierno y Estado a la impronta destructiva de las corporaciones minero-energéticas…resultan ominosas.
Y las tendencias económica-sociales en el 2014 y en el 2015 pintan peores.
Otras señales de la declinación del nuevo gobierno
La prolongación de una impunidad irritante en medio de sucesivas expresiones de la podredumbre estatal, especialmente de la claque peledeísta, incrementa la indignación de la gente. Los escándalos se suceden uno tras otros y el presidente ni se inmuta…
Es evidente la potenciación de el estado de inseguridad ciudadana y fracaso estrepitoso del nuevo plan anunciado con bombos…
Resalta ya el incumplimiento significativo de lo prometido en muchas comunidades y sectores y retorno progresivo a las prácticas y a las políticas de la administración leonelistas…
Entramos ya a un periodo de creciente y multifacética efervescencia social con iniciales tintes políticos y tendencias a los estallidos sociales…Se aprecia a la vez un incremento progresivo de la represión oficial y de la criminalización de las protestas…
Comenzó el desgaste de la popularidad de Danilo Medina y la pérdida de efectividad de los recursos de imagen y mercadología política instrumentados por su equipo…
Es muy notorio el entrampamiento del gobierno en temas como Loma Miranda, Barrick Gold, Bahía de la Águilas, Antena Latina, las concesiones de cuotas ministeriales y garantías de impunidad para conspicuas figuras de la corrupción y el crimen morado, tanto a nivel civil como militar…Claras señales de detención o mediatización del manejo inicial empleado para ganar aplausos.
En las últimas semanas se ha producido el deslizamiento de toda la cúpula peledeista, la cúpula empresarial y gran parte de las elites eclesiales, hacia el racismo anti-haitiano y hacia la sobre-explotación clasista: abriéndole cancha institucional y política al neo-fascismo y a la extrema derecha económica; pagando el presidente de turno el mayor costo político nacional e internacional por ese giro…
Es un hecho la consolidación del paso de la dictadura bipartidista a la unipartidista, montada sobre un endurecimiento de la dictadura de clase local y transnacional. Está más clara la configuración de la dictadura política morada a partir de la cooptación total de lo que queda del PRSC y su matrícula, de la compra y secuestro de la matricula oficial del PRD y del entrampamiento de la facción mayoritaria de Hipólito, Abinader y demás.
Es más que evidente la invalidez crónica que afecta a esa parte mayoritaria del PRD para recuperar su matrícula secuestrada por el oficialismo y para confrontar con éxito en ese terreno con una línea de masas. Exhibe grandes limitaciones esenciales y trabas para crear algo diferente con pegada y hacerle oposición de calles a esta dictadura institucionalizada, a cuyos mecanismos decisorios sigue recurriendo de manera ya ridículas en medio de nuevas subdivisiones…
Configuración del tipo de dictadura
En fin, la dictadura morada ha pasado a ser una dictadura compartida por las dos facciones del PLD y transada periódicamente en su Comité Político; sin que esto implique el cierre de la competencia entre los principales bandos en pugna, ni el bloqueo permanente a las convergencias por conveniencias mutuas y razones corporativas (no es como sucede en el PRD: guerra a muerte entre ambas parte).
En esa situación el danilismo luce imposibilitado tanto de romper como de desplazar el leonelismo; menos aun optando, como lo está haciendo, por competir con él por espacios propios de la derecha y la extrema derecha. En ese plano lo acontecido ahora con el tema dominico-haitiano es muy elocuente.
El descrédito de Leonel es brutal, al punto que no logra remontar el 12% en las encuestas. Es posible que eso lo haya conducido a montarse y potenciar más aun la onda racista y el patrioterismo antihaitiano de su facción y fuerzas aliadas, arrastrando de paso al danilismo. Sin dudas, ese tema tiene mucha fuerza en esta sociedad y eso explica su intención de repuntar por esa vía. Pero de todas maneras su techo será bajo, aunque pueda crecer algo.
Danilo Medina en lo adelante va a descrecer con riego de desplomarse por esa ruta. Porque administrar el modelo neoliberal, sus paquetazos pasados y por venir, la impunidad, el narco-estado delincuente y la dependencia -en medio de la multi-crisis global del capitalismo (la cual se seguirá agudizándose y expandiéndose)- no conduce ni siquiera a desplegar un periodo de gobierno regularcito, sino malo y camino a peor. Las ventajas comparativas iniciales respecto a la desastrosa administración anterior, tienden a esfumarse paso a paso.
Al momento en que el aire inicial que le aportó Danilo Medina a este régimen podrido se evapore, la dictadura clasista y la dictadura política morada se van a endurecer y con ello también a deslegitimarse y debilitarse sensiblemente; mucho más si contribuimos a que emerja una fuerte oposición de calle, que ya comienza a gestarse, producto del crecimiento de la indignación y la movilización de sectores populares y sectores medios de la sociedad acompañada de propuestas emplazadoras y claramente alternativas a la dictadura institucionalizada y las esencias de modelo neoliberal que coloquen en el centro la necesidad de una Constituyente Popular y Soberana.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.