Opinión
La situación general del país finalizando el 2013
Por Narciso Isa Conde
La situación general del país al finalizar el 2013, indisolublemente vinculada a la multi-crisis del sistema capitalista mundial se caracteriza por:
Un incremento del endeudamiento público hasta llegar al tope de la irresponsabilidad: representa más del 50% del presupuesto, una carga de un 40% y un volumen equivalente a la mitad del PBI.
Por demás, el déficit fiscal sigue gravitando y el gobierno amenaza con nuevas cargas tributarias y otras variantes de su voracidad fiscal.
La carestía sigue creciendo. La insoportable precarización del salario está generando nuevas demandas de aumentos de sueldos y salarios.
Es muy grave el deterioro de los servicios de salud y onerosas las consecuencias del incremento de su privatización.
Las cargas de los subsidios es ya insostenibles y los apagones y el encarecimiento del servicio eléctrico se tornan dramáticos.
La violencia de género está desbordada. Igual el racismo.
La inversión en educación está empantanada. El empobrecimiento material de seres humanos y naturaleza es bestial.
El caos urbano es terrible.
Las amenazas sobre los recursos naturales y el medio ambiente, por la subordinación de gobierno y Estado a la impronta destructiva de las corporaciones minero-energéticas…resultan ominosas.
Y las tendencias económica-sociales en el 2014 y en el 2015 pintan peores.
Otras señales de la declinación del nuevo gobierno
La prolongación de una impunidad irritante en medio de sucesivas expresiones de la podredumbre estatal, especialmente de la claque peledeísta, incrementa la indignación de la gente. Los escándalos se suceden uno tras otros y el presidente ni se inmuta…
Es evidente la potenciación de el estado de inseguridad ciudadana y fracaso estrepitoso del nuevo plan anunciado con bombos…
Resalta ya el incumplimiento significativo de lo prometido en muchas comunidades y sectores y retorno progresivo a las prácticas y a las políticas de la administración leonelistas…
Entramos ya a un periodo de creciente y multifacética efervescencia social con iniciales tintes políticos y tendencias a los estallidos sociales…Se aprecia a la vez un incremento progresivo de la represión oficial y de la criminalización de las protestas…
Comenzó el desgaste de la popularidad de Danilo Medina y la pérdida de efectividad de los recursos de imagen y mercadología política instrumentados por su equipo…
Es muy notorio el entrampamiento del gobierno en temas como Loma Miranda, Barrick Gold, Bahía de la Águilas, Antena Latina, las concesiones de cuotas ministeriales y garantías de impunidad para conspicuas figuras de la corrupción y el crimen morado, tanto a nivel civil como militar…Claras señales de detención o mediatización del manejo inicial empleado para ganar aplausos.
En las últimas semanas se ha producido el deslizamiento de toda la cúpula peledeista, la cúpula empresarial y gran parte de las elites eclesiales, hacia el racismo anti-haitiano y hacia la sobre-explotación clasista: abriéndole cancha institucional y política al neo-fascismo y a la extrema derecha económica; pagando el presidente de turno el mayor costo político nacional e internacional por ese giro…
Es un hecho la consolidación del paso de la dictadura bipartidista a la unipartidista, montada sobre un endurecimiento de la dictadura de clase local y transnacional. Está más clara la configuración de la dictadura política morada a partir de la cooptación total de lo que queda del PRSC y su matrícula, de la compra y secuestro de la matricula oficial del PRD y del entrampamiento de la facción mayoritaria de Hipólito, Abinader y demás.
Es más que evidente la invalidez crónica que afecta a esa parte mayoritaria del PRD para recuperar su matrícula secuestrada por el oficialismo y para confrontar con éxito en ese terreno con una línea de masas. Exhibe grandes limitaciones esenciales y trabas para crear algo diferente con pegada y hacerle oposición de calles a esta dictadura institucionalizada, a cuyos mecanismos decisorios sigue recurriendo de manera ya ridículas en medio de nuevas subdivisiones…
Configuración del tipo de dictadura
En fin, la dictadura morada ha pasado a ser una dictadura compartida por las dos facciones del PLD y transada periódicamente en su Comité Político; sin que esto implique el cierre de la competencia entre los principales bandos en pugna, ni el bloqueo permanente a las convergencias por conveniencias mutuas y razones corporativas (no es como sucede en el PRD: guerra a muerte entre ambas parte).
En esa situación el danilismo luce imposibilitado tanto de romper como de desplazar el leonelismo; menos aun optando, como lo está haciendo, por competir con él por espacios propios de la derecha y la extrema derecha. En ese plano lo acontecido ahora con el tema dominico-haitiano es muy elocuente.
El descrédito de Leonel es brutal, al punto que no logra remontar el 12% en las encuestas. Es posible que eso lo haya conducido a montarse y potenciar más aun la onda racista y el patrioterismo antihaitiano de su facción y fuerzas aliadas, arrastrando de paso al danilismo. Sin dudas, ese tema tiene mucha fuerza en esta sociedad y eso explica su intención de repuntar por esa vía. Pero de todas maneras su techo será bajo, aunque pueda crecer algo.
Danilo Medina en lo adelante va a descrecer con riego de desplomarse por esa ruta. Porque administrar el modelo neoliberal, sus paquetazos pasados y por venir, la impunidad, el narco-estado delincuente y la dependencia -en medio de la multi-crisis global del capitalismo (la cual se seguirá agudizándose y expandiéndose)- no conduce ni siquiera a desplegar un periodo de gobierno regularcito, sino malo y camino a peor. Las ventajas comparativas iniciales respecto a la desastrosa administración anterior, tienden a esfumarse paso a paso.
Al momento en que el aire inicial que le aportó Danilo Medina a este régimen podrido se evapore, la dictadura clasista y la dictadura política morada se van a endurecer y con ello también a deslegitimarse y debilitarse sensiblemente; mucho más si contribuimos a que emerja una fuerte oposición de calle, que ya comienza a gestarse, producto del crecimiento de la indignación y la movilización de sectores populares y sectores medios de la sociedad acompañada de propuestas emplazadoras y claramente alternativas a la dictadura institucionalizada y las esencias de modelo neoliberal que coloquen en el centro la necesidad de una Constituyente Popular y Soberana.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
(1 de 3)
El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.