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CODUE: Cumplimiento sentencia del TC no debe ser decidido por CARICOM
SANTO DOMINGO.- La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional es un tema constitucional de carácter interno y de soberanía, por lo que su cumplimiento no debe ser decidido por bloques regionales comerciales como lo es el CARICOM.
Así lo afirmó el reverendo Fidel Lorenzo Merán, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), quien instó a a todos los sectores de la sociedad a que se acojan al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros ilegales decretado por el Poder Ejecutivo, y abogó por la integración al mismo de organizaciones de la sociedad civil, para que llegue a buen término.
Asimismo, el presidente de CODUE instó a todos los sectores de la sociedad a que se acojan al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros ilegales decretado por el Poder Ejecutivo, y abogó por la integración al mismo de organizaciones de la sociedad civil, para que llegue a buen término.
Lorenzo Merán advirtió que el cumplimiento de esa sentencia no puede ser revocado por foros internacionales, la opinión pública o grupos activistas, porque se corre el peligro de caer en la ilegalidad e irrespetar la Constitución de la República, ya que ninguna de sus disposiciones puede ser revocada por aclamación popular.
Recordó que la República Dominicana todavía no ha logrado ser aceptada en el Caricom (Comunidad del Caribe), pese a su insistencia y ruegos desde hace varios años y que su presencia en este foro ha sido poco menos que simbólica, por lo que esos legales internos aspectos de la legislación dominicana tampoco son de su competencia.
“El tema migratorio y discutir o exigir el cumplimiento de una sentencia en un país de la región, no es precisamente uno de los objetivos de ese foro regional que debería ser precisamente la integración económica de sus países miembros”, indicó Lorenzo Merán.
Asimismo, se mostró de acuerdo con las expresiones dadas por el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara en el sentido de que es incorrecto que la presidenta del CARICOM Kamla Persad Bissessar, solicite al gobierno que deje sin efecto la sentencia 168-13.
Advirtió que tal como lo establece la Constitución, las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y vinculantes a todos los poderes y órganos del Estado.
“Las fórmulas y alternativas para llevar a buen término el cumplimiento de la sentencia deben ser derivadas del respeto a lo que ella misma dispone”, señaló.
Agregó que desde hace algún tiempo se ha desvirtuado el carácter obligatorio de la decisión de ese tribunal, porque muchas veces se ha debatido inadecuadamente y un segmento de la población todavía no entiende su importancia y alcances.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.