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Medio Ambiente vigilará desde hoy la situación en Duquesa
SANTO DOMINGO. La basura que llegó al vertedero de Duquesa encontró un lugar dónde ser tirada, al menos hasta ayer al mediodía. Pero la situación es precaria, lo que ha obligado al Ministerio de Medio Ambiente a informar que mantendrá una vigilancia estricta.
La entidad aseguró ayer que «mantendrá una vigilancia medioambiental estricta de la referida zona, y ese equipo permanecerá el tiempo que fuese necesario, hasta tanto se produzca una solución definitiva al problema». Achacó la causa de la actual situación a la falta de equipos, por lo que urgió al Ayuntamiento de Santo Domingo Norte a usar más equipos.
Apenas a unos 300 metros de la entrada del vertedero, la basura se coloca casi en medio de la carretera interna, en la primera plataforma de tiro. A la segunda plataforma sólo tienen acceso los camiones en mejor estado, y se encuentra a casi un kilómetro de distancia de la entrada.
Los técnicos del vertedero de Duquesa, Rijo Meléndez, encargado del depósito, y Saldívar Hernández, director de operaciones, aseguraron a DL que seis equipos, dos retroexcavadoras y cuatro tractores, trabajaban en las tareas para facilitar el desecho de los desperdicios.
Sin embargo, se pudo comprobar que en los lugares donde se laboraba, sólo había dos maquinarias, una retroexcavadora y un tractor. Los técnicos expresaron luego que los demás equipos se encontraban trabajando en una plataforma que será utilizada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, la que no estará lista hasta dentro de tres días.
La ubicación actual de los lugares de tiro de basura es una muestra de lo difícil que es botar la basura en el Gran Santo Domingo, lo que se ha tenido que resolver con soluciones extremas.
Entre la falta de equipos, las lluvias que afectan al vertedero, y el incremento de los desperdicios producto del empuje comercial de la época navideña y el fin de año, los ayuntamientos han tenido más basura de la que pueden manejar, lo que ha llevado al Colegio Médico Dominicano (CMD) a pedir a los cabildos a que se pongan de acuerdo para solucionar un problema que se puede convertir en una situación de crisis sanitaria.
Ya la situación se ha traducido en el Gran Santo Domingo en calles y barrios atestados de basura, malos olores y alimañas, una situación que se pensaba superada hace años. «Duquesa no recoge basura. Si algún ayuntamiento tiene problemas con la recolección debe contratar más camiones porque todo el mundo sabe que en estas fechas la basura se multiplica», aseguró ayer el director operativo del vertedero.
El encargado interino de Duquesa tiene un discurso similar. «Nosotros nos hemos convertido en esclavos de los ayuntamientos, trabajando todo el día el 24 y 25 de diciembre, hasta que ellos dejen de mandar camiones», declaró Meléndez, al tiempo de explicar que el pasado día de Navidad «no hubo cierre del vertedero; las compañías dejaron de mandar camiones a la 12:40 de la tarde. En total se recibieron 225 camiones de todos los ayuntamientos».
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.