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PROCONSUMIDOR dice que plazas comerciales son responsables de los vehículos en sus parqueos
SANTO DOMINGO. Tras estudiar varias jurisprudencias internacionales y sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia, queda clara la responsabilidad civil de los establecimientos donde los ciudadanos acuden como clientes y sufren robos en los parqueos donde se han estacionado.
En ese sentido, la entidad ha sometido una propuesta de resolución ante el Consejo del PRO CONSUMIDOR con el propósito de regular el uso de los parqueos de tal manera que no haya perjuicio contra los usuarios y consumidores en caso de sufrir el robo de propiedades de los mismos.
La propuesta de resolución plantea que se prohíba la colocación de letreros que exoneren de responsabilidad a los propietarios, administradores y sus representantes por robo de vehículos de motor y los objetos dejados en su interior, mientras estén estacionados dentro de los parqueos del establecimiento.
La directora de la entidad defensora de los consumidores, Altagracia Paulino, presentó en octubre del 2011 una propuesta de resolución que será reintroducida ante el nuevo Consejo Directivo con el fin de que se regule la situación que afecta a los consumidores y usuarios de plazas comerciales.
«Los estacionamientos, aún sea gratuitos, constituyen una prestación accesorio y complementaria a la prestación principal lo cual genera una obligación de custodia y guarda del vehículo» (ver boletín Judicial 1214), precisa Pro consumidor.
Señala la entidad que la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en torno a los estacionamientos como un servicio cuyo ofrecimiento se deriva de la oferta realizada, donde la publicidad tiene un papel preponderante en la percepción de los consumidores (Boletín Judicial, número 1214, enero 2012).
Paulino recordó que el proveedor tiene la obligación de garantizar la protección efectiva de los intereses económicos de los consumidores o usuarios a través de un trato equitativo, no discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de bienes y servicios. Indica el artículo 33, literal (d), de la Ley 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.
Paulino se refirió también a una sentencia de la Corte de Apelación de Chile, en la que dice: «no es posible concluir que el servicio de estacionamiento constituya un servicio anexo, adicional o diferente a la venta de bienes y servicios sino que forma parte de la misma oferta».
De modo que lo conveniente es que los establecimientos dispongan de un sistema que garantice la seguridad del cliente y de sus bienes.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.