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Durante 2013 se registraron 74 feminicidios, la cifra más baja en ocho años
Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República reveló que durante el 2013 los feminicidios presentaron la tasa más baja de los últimos ocho años, cuyas estadísticas establecen un total de 74 muertes por esa causa en el país.
En ese sentido, el informe preliminar indica que en el año 2005 se produjeron 98 feminicidios, en tanto que en el 2006 un total de 99 mujeres fueron víctimas de este flagelo.
Las autoridades informaron además que durante el año 2007, 89 mujeres fallecieron, mientras que en el 2008 se registró la cifra de mayor víctimas, arrojando un saldo negativo de 131 muerte de mujeres a manos de su pareja o expareja, cifra que volvió a descender a 92 en el 2009, volviendo a incrementarse en el año 2010 cuando alcanzaron un total de 97.
El informe refleja que en el año 2011 nuevamente se incrementó el número de mujeres fallecidas por feminicidio, arrojando un total de 128 víctimas.
Las estadísticas en ese orden reflejan además que en el año 2012, el número de mujeres muertas por esta causa fue de 103 víctimas, colocándose en la actualidad, con la cifra de menor saldo en ese sentido, en donde el país cerró el 2013 con un total de 74 feminicidios.
«Si bien es cierto que hemos mejorado, no menos cierto es que no es para celebrarlo, no es suficiente. Sin embargo, esto nos llena de una satisfacción que a la vez sirve de estímulo para seguir cada día luchando contra este mal que tanto dolor siempre en las familias y en la sociedad. Seguiremos implementando todas las acciones necesarias para salvar la vida de nuestras mujeres. Es una lucha día a día la cual asumimos con toda la fe de poder alcanzar la meta de «Cada Día Menos, Hasta Llegar a Cero», aseguró el procurador general, Francisco Domínguez Brito.
El reporte además establece que las estadísticas del período 2012-2013 representan una variación porcentual de 28.16. Igualmente, precisa que en el mes de diciembre del pasado año 2013 se produjeron 5 muertes por esa causa, lo que representa una disminución de 7 casos con relación al 2012 en el que se fallecieron 12 mujeres durante ese periodo.
Las autoridades del Ministerio Público atribuyen la reducción de los feminicidios a las medidas preventivas que se han puesto en marcha en ese sentido, entre ellas, el aumento de la capacidad de respuesta a través de las 17 unidades de atención a víctimas de violencia basada en género, intrafamiliar y delitos sexuales que funcionan a nivel nacional.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.