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Amplio rechazo a la división de la provincia Santo Domingo
SANTO DOMINGO. Cualquier intento de división de la provincia Santo Domingo no sería más que un absurdo que sólo vendría a incrementar la burocracia y el Presupuesto General de la Nación, consideraron ayer expertos y representantes de la municipalidad, quienes, por el contrario, abogan por un fortalecimiento de las regiones del país.
Erick Dorrejo, arquitecto y urbanista, junto al ex director del Consejo Nacional de Reforma del Estado y ex diputado Tirso Mejía Ricart, en planteamientos por separado, coinciden en señalar que el proceso de dividir no es el camino ideal, ni lo más conveniente.
«Creo que el proceso de dividir no es lo recomendable, sino que a lo que debe abocarse nuestro país es un poco a concentrar la gestión administrativa del territorio, y el fraccionamiento del territorio en más municipios, de más provincias quizás lo que hace es contribuir un poco a caotizar, a complejizar el sistema, que ya viene degradándose en los últimos años», enfatizó Dorrejo.
A su juicio, se debe definir un sistema de regiones únicas para el territorio, que permita a todos los actores trabajar en función de demarcaciones que son más amplias que un pequeño municipio o una sola provincia.
De igual modo, sostiene que inmediatamente se produzca un fraccionamiento, se estaría agregando una mayor cantidad de empleomanía, conllevando un incremento en el Presupuesto General de la Nación.
«Se complicaría el asunto de la gestión y la creación de nuevos actores, de nuevos intermediarios, de nuevas personas figurando en lo que es este pastel, no permitiría devolverle a la población mejores servicios públicos, sino todo lo contrario, lo que estaría es cada cacique con su pedacito», apuntó.
Mientras, Mejía Ricart tiene la teoría también de que deben fortalecerse las diez regiones del país, ya que ello contribuiría a una mejor organización territorial. «Eso puede aumentar la burocracia, tal vez alguien interesado en ser senador o gobernador puede estar impulsando eso, pero no tiene ningún sentido», puntualizó.
Cuestionó que el proyecto de Ley sea objeto de estudio por parte de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, bajo el entendido de que se requiere de una descentralización, «cuando una provincia no implica descentralización, sino apenas desconcentración del Poder Ejecutivo».
Sería extemporáneo
Mientras que el presidente de la Asociación Dominicana de Regidores (Asodore), Julián Roa, consideró que no es el momento de impulsar esa iniciativa, y recordó que la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados se comprometió con técnicos y expertos en municipalidad a esperar la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Ordenamiento Territorial, acogiendo lo que establece la Constitución. «Sería atomizar fundamentalmente el Presupuesto, crear nuevos puestos de trabajo, que no digo que no sean necesarios, pero no es el momento para eso ahora mismo. Eso es extemporáneo. Habría primero que aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial, después aprobar la Ley de Regiones Únicas de Planificación, y entonces pensar cómo debe quedar parcialmente dividida o administrativamente dividido el Estado dominicano», analizó.
Recordó que el proyecto de Ley de Ordenamiento territorial ha sido impulsado por la Dirección de Ordenamiento Territorial con fondos internacionales. «Son presiones políticas generalmente. Creación de nuevos empleos, de nuevos cargos públicos…», recalcó.
En tanto que el presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Pedro Richarson, criticó que se busque crear más provincias, porque el país no las necesita, y se incrementaría la burocracia. Sin embargo, sí abogó porque se creen más Distritos Municipales o municipios, y que previo a eso se apruebe primero la Ley de Ordenamiento Territorial.
Senadores, alcaldes y burocracia
De ser acogida la propuesta para dividir la provincia Santo Domingo, aumentaría la matrícula del Senado, de 32 a 34 senadores. Además con la creación de nuevos municipios, como serían Guaricanos, Sabana Perdida, La Victoria, en adición a los ya existentes Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y ocho distritos municipales, se incrementaría la cantidad de Alcaldes y directores distritales, lo que conllevaría la erogación de mas recursos por parte del Estado. El proyecto de Ley plantea que esas nuevas autoridades sean electas en los comicios de 2016.
Santo Domingo. – Tras una declaración de urgencia y en dos lecturas consecutivas el Senado de la República aprobó las modificaciones a la ley número 225-20, Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana.
El proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán de la provincia La Vega; y Ginnette Bournigal de Jiménez de Puerto Plata.
Esta pieza tiene el propósito de fortalecer el marco normativo para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, modificando los artículos 4, en los numerales 11, 38, y 39; y se agregan los numerales 21-bis, 26-bis y 47-bis. También modifica los artículos 16 y 17 de la presente ley con el fin de mantener la armonía entre el hombre y su ambiente, e impedir, subsanar, corregir o eliminar las situaciones que pongan en riesgo la calidad de los recursos naturales y de la biósfera.
La iniciativa refiere que desde la promulgación de la Ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, no se han logrado grandes avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos, no obstante, persisten desafíos en la implementación efectiva de la gestión integral de estos.
La normativa establece que el manejo y la gestión integral y disposición final de los residuos es uno de los principales pilares de la Ley No. 225-20, ya que el aumento de la población, junto a los cambios en los patrones de consumo, ha provocado un incremento en la cantidad de residuos que se generan en el país. En virtud de esto, se hace necesario adoptar medidas que garanticen la conservación del ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras generaciones.
El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la Ley-358-05, sobre la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.
Esta normativa tiene la finalidad de modificar varios artículos para establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario, garantizando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre los proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros y la calidad de los productos que consume la población.
La pieza presentada por el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, indica que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), como órgano del Estado destinado a garantizar los derechos fundamentales de las personas y su acceso a bienes, servicios y alimentos de calidad, debe poseer las cualidades administrativas que lo doten de las competencias sancionadoras necesarias, propugnando así por la eficacia en la aplicación de la ley y el beneficio colectivo.
En segunda lectura el Pleno aprobó el proyecto que designa con el nombre de Theodore Chasseriau el Bulevar Turístico del Atlántico, comprendido desde el cruce el Catey, en el municipio Sánchez, hasta el cruce el Limón, con la carretera de Samaná, de la provincia Samaná, propuesta del senador Pedro Manuel Catrain.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, consideró como el mayor desafío del sistema los innumerables casos pendientes.
Molina reconoció que «la mora judicial es y ha sido un reto existencial para la justicia y la sociedad«, por lo que implementan medidas en la ruta de que «estamos transformando esa realidad».
“El mayor desafío que enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes”, dijo Molina en su intervención.
En busca de corregir la situación, citó que todas las salas de la Suprema Corte resolvieron el 98 por ciento de casos ingresados en 2023, cuya meta en lo adelante es no tener expedientes inconclusos con más de seis meses.
El discurso de Molina revela que de los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98 por ciento ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.
«Cada tribunal, cada jueza y juez, cada servidor judicial, ha contribuido a esta transformación. Demostrando que la justicia al día es posible si trabajamos unidos, con compromiso y entrega», añadió en sus palabras.
El objetivo de reducir los retardos judiciales encuentra marco normativo en la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que pone pestillo e «impide» la entrada de prácticas dilatorias. Esta reduce de dos años a menos de cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.
Las declaraciones de Luis Henry Molina sucedieron en el marco de la Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en conmemoración al Día Nacional del Poder Judicial, donde contó con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Santo Domingo, R.D.-El partido Alianza País llamó al presidente Luis Abinader a no recibir en el Palacio Nacional al líder opositor venezolano, Edmundo González, debido a que podría arrastrar a República Dominicana a un “enfrentamiento diplomático” con Venezuela.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido indicó que “lo prudente” sería apostar al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, las cuales fueron clausuradas el pasado mes de julio.
Mediante el documento, el partido encabezado por Guillermo Moreno ratificó su apoyo a la “institucionalidad democrática” de Venezuela y se opone a “cualquier tipo de presión foránea para solucionar sus problemas internos”.
“Conforme los principios que rigen en la Constitución y los tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria, los Estados son soberanos para dirimir sus conflictos internos sin injerencias, presiones o intervenciones de fuerzas extranjeras. Corresponde al pueblo de Venezuela darle solución a los conflictos que se susciten en su país y ningún Estado ni gobierno extranjero debe inmiscuirse en los asuntos internos que solo corresponde resolver a los venezolanos”, señala Alianza País.
La reunión entre el presidente Abinader y Edmundo González está programada a realizarse el próximo jueves nueve de mayo a las 11:00 de la mañana mediante un acto en el Salón de Embajadores de la sede de Gobierno.
El acto estará centrado en los desafíos y oportunidades para el fortalecimiento democrático en Venezuela; la actividad contará con intervenciones de González, Abinader, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y uno de los expresidentes que componen la delegación del Grupo IDEA.
“En esta reunión, se abordarán temas relacionados con la situación política en Venezuela, los retos para la democracia en la región y las oportunidades para una transición pacífica y ordenada”, reseña un documento de prensa enviado a los medios de comunicación, que señala que luego se hará un almuerzo que contará además con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros José Ignacio Paliza, Andrés Bautista y Víctor (Ito) Bisonó.
Hasta el momento el Gobierno dominicano no ha reconocido ni ha Edmundo ni a Nicolás Maduro como ganadores oficiales de las elecciones presidenciales de Venezuela realizadas a finales de julio.
El Gobierno sí ha exigido en reiteradas ocasiones la publicación de las actas electorales, sin embargo el Consejo Nacional de Elecciones de ese país declaró ganador a Maduro sin dar a conocer las mismas.
Todo, mientras Edmundo señalaba que los datos que manejaba su equipo de campaña lo daban como un “amplio ganador”.