Opinión
Tongo le dio a Borondongo
Por Andrés L. Mateo
Las elecciones del partido-Estado PLD para escoger a los nuevos integrantes del Comité Central, ha sido un espectáculo deprimente en el cual quedó demostrado que la nuestra es la fría historia circular en la que todo se repite, como si hacer política no pudiera ser de otra manera. Esa trabajosa telaraña en la que se ha enredado todo el atraso social de los dominicanos, recorriendo ya el siglo XXI, debe a los dirigentes de los partidos políticos tradicionales una cuota considerable.
Cuando en el 2008 Danilo Medina dijo “Me derrotó el Estado”, su expresión estaba proféticamente fundada en las mortificaciones que Leonel Fernández le había hecho vivir, usando contra él los recursos públicos (“Tongo le dio a Borondongo”). Esos signos entrelazados que Danilo Medina dio a la sociedad dominicana hablando como perdedor en la contienda interna del 2008, eran voluntariamente mudos, pero había pistas suficientes para descorrer el telón y ver los hechos que, en el teatro de la palabra, su premonición escondía. No olvidemos que el Danilo Medina que hablaba entonces lo hacía desde las entrañas de un Partido-Estado en proceso de consolidación, y el Partido-Estado obliga a callar cuando se difiere, y porque inquisitorialmente, en el Partido-Estado, el usufructo del poder manipula la conciencia, la palabra y la vida. Esa fue la raíz de su silencio.
La respuesta es ahora. Usando los recursos del Estado hasta más no poder, la tendencia de Danilo Medina aplastó al leonelismo (“Borondongo le dio a Bernabel”). Y reconfiguró la estructura del poder hacia el interior de los organismos de control del partido. Los cálculos aproximados indican que a nivel local de 86 puestos obtuvieron 80, y en el plano nacional de 36 se alzaron con 30. No es que el leonelismo deja de tener poder, lo que se puso en juego es apenas el 20% del Comité Central. Leonel había desmontado a todos los demás contrincantes, descascarando para siempre a Jaime David, convirtiendo a José Tomás en un asalariado, y haciendo lo mismo con todo el comité político, a cuyos miembros incorporó en su totalidad con rango de Ministros al tren gubernamental. La acumulación originaria de capital que ha reunido su grupo es desmesurada, y el cemento invisible de la corrupción fraguó una estructura de dominación volcada sobre los recursos del Estado. Únicamente una maquinaria empinada sobre el poder del Estado podía derrotarlo. Y es lo que ha ocurrido.
Al descubierto queda que el PLD es ya un Partido-Estado, y es un grave peligro que la sociedad observe en silencio lo que está ante sus ojos. ¿Cómo funciona un Partido-Estado? Mediante un oscuro vínculo de lealtad tribal. A través de la financiación irregular del partido, subordinando las instituciones. Se puede consignar una cosa en la Constitución, proclamar algunas ideas en la doctrina, pero se suele hacer una tercera. Ni Leonel Fernández, ni Danilo Medina, ni el PLD son dueños de los fondos públicos que emplean para aplastarse uno a otro en la contienda interna por el poder (“Bernabel le pegó a Muchilanga”). Es el mismo cinismo leonelista, la misma vocación de ungido, la misma fiera pasión por el poder, el mismo asco, y la misma perversión de la historia y las instituciones. Leonel Fernández compró voluntades, compró consciencia y abusó de la ignorancia y de la pobreza de este país. Asignaba sueldos a los tránsfugas y financiaba a más de 18 mil militantes del PLD con la nómina pública (Algo que sigue intacto). Ganaba congresos y elecciones aplastando a sus contrarios a papeletazos limpios, y luego se disfrazaba de Mesías, entornaba los ojos como para no hacer prosaica su cerebralidad, y fingía ser torpe en la tierra porque parecía que el don divino casi le estorbaba. Pero usar los fondos públicos para derrotar esa maquinaria azarosa es desplegar el mismo engaño, la misma simulación y la misma mentira como destrezas esenciales del oficio político.
El PLD puede hacer lo que le venga en ganas en este país. La sociedad ha perdido del todo el dominio de sus desventuras, estamos sentados a la diestra de la manipulación del espíritu, vencidos todos por el valor aplastante del dinero. ¡Ya no hay proyectos sociales en los cuales hacer descansar los sueños colectivos de redención! Estas elecciones del Partido-Estado PLD han demostrado que la corrupción se ha legitimado, y que vivimos bajo un poder hegemónico al cual todo le es permitido. ¡Oh, Dios!
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.