SANTO DOMINGO. El embajador dominicano en Washington, Aníbal de Castro, reiteró que nadie que tenga la nacionalidad dominicana, el derecho legal para conseguirla o que le corresponda, se verá privado de ella, al referirse al Plan de Regularización y la controversial sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, en un artículo publicado en el periódico estadounidense Miami Herald.
En su escrito, el diplomático lamentó que «gran parte del debate sobre el enfoque de la República Dominicana se ha caracterizado por la información inexacta o imprecisa». «Abundan los rumores, que no son ciertos, de deportaciones y desnacionalizaciones», dijo.
El artículo fue publicado el pasado jueves 23 de enero, bajo el título: «Dominican Republic immigration plan will protect all» (El plan de inmigración de República Dominicana protegerá a todos).
Aníbal de Castro indica que con el Plan de Regularización «en los próximos 18 meses, el gobierno será capaz de normalizar el estatus migratorio de alrededor de 435 mil personas, lo que permite a los que anteriormente fueran apátridas adquirir un estatus legal en la República Dominicana».
«El gobierno dominicano presentará pronto una nueva ley al Congreso, que abrirá rápidamente el camino a la ciudadanía a los individuos que nacieron de extranjeros indocumentados en territorio dominicano y han demostrado profundas raíces en el país», dijo el embajador dominicano.
Resaltó que República Dominicana tiene una larga historia de apoyo a la comunidad de inmigrantes, y el Estado invierte actualmente el 18 % de su presupuesto sanitario para dar servicio a esa población.
El diplomático criollo indicó que aproximadamente 54 mil niños están registrados en las escuelas públicas, sin necesidad de proporcionar documentación, independientemente de su condición jurídica.
Recordó que a principio de enero se retomó el diálogo entre Haití y República Dominicana para tratar políticas migratorias, y que la segunda reunión será el 3 de febrero.
Aseguró que con las medidas, el país podrá cumplir con sus desafíos de desarrollo, y mejorar la lucha contra la trata de personas. «Esto beneficiará a la isla La Española y la región, y podría servir como una hoja de ruta para los Estados Unidos y otros países que se enfrentan a problemas similares», concluyó.