Nacionales
Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas saluda declaraciones de jefes de Estado
SANTO DOMINGO.-Más de 400 personalidades entre las que están periodistas, artistas, sindicalistas, sacerdotes, congresistas y académicos agrupados en el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas saludaron hoy la muestra de solidaridad brindada por varios estados a los dominicanos de ascendencia haitiana que -según indican- serían afectadas con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Mediante un comunicado dado a conocer esta mañana, el Comité dice que acoge con responsabilidad la muestra de solidaridad expresada por representantes de una veintena de países en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
A continuación el texto íntegro del comunicado:
Tras la realización del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, efectuado este 5 de febrero en Ginebra, Suiza, este Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), desea manifestar lo siguiente:
1.- Acogemos con responsabilidad el apoyo manifiesto de una veintena de Estados expresado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a los fines de garantizar la plenitud de derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas de ascendencia extranjera nacidos en el país y que han sido despojados de su derecho a la nacionalidad.
El firme apoyo al respeto de los derechos humanos expresado por diversas naciones tanto delSistema Interamericano, como de países otros continentes debe mover a la reflexión sobre la imagen del país en la comunidad internacional.
Entre los países que manifestaron recomendaciones en ese sentido se destacan Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Uruguay, Trinidad y Tobago, España, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Irlanda, Noruega, Ucrania, Portugal, Eslovenia y Australia.
2- Lamentamos que la nación siga siendo objeto de cuestionamientos en el plano internacional, en relación a la plena vigencia de los derechos humanos en el país y reiteramos que el enorme rechazo nacional e internacional a la sentencia de desnacionalización ha creado una situación de graves incertidumbres que afectan la imagen del país.
A nombre de la soberanía no se puede ignorar los compromisos internacionales, ni la sensibilidad universal en materia de derechos tan fundamentales como el de la nacionalidad. Las autoridades están en el deber de evitar mayores daños que pudieran derivarse de las denuncias a que está sometido el Estado dominicano.
3.- Reiteramos que es desde la sociedad dominicana que tiene que salir una solución justa e institucional, que restituya plenamente los derechos conculcados, primero por la Resolución 12-07 de la Junta Central Electoral, y luego por la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Esperamos que “la postura firme” expresada por el Estado Dominicano en Ginebra, de que “ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana va a ser despojada de ella”, se materialice en la solución nacional al drama que están padeciendo las personas desnacionalizadas, con sus vidas suspendidas.
4.- Llamamos al liderazgo político del país, especialmente al Presidente de la República, a escuchar tanto la opinión de los principales expertos constitucionalistas, como de la mayoría del pueblo dominicano, que entiende que son dominicanos los hijos de padres haitianos indocumentados, como se reflejó en la Encuesta Gallup publicada esta semana por el diario Hoy. El 58.2% de los encuestados le reconoce la nacionalidad dominicana y sólo el 39.6% se la niega.
Por el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, integrado por más de 400 ciudadanos y ciudadanas dominicanas,
Miguel Ceara Hatton, Carmen Amelia Cedeño, Juan Bolívar Díaz, monseñor Julio César Holguín K.; Pavel Isa Contreras, Wilfredo Lozano, Manuel Robles, Cristóbal Rodríguez y el padre Mario Serrano, Ana Selman, Guadalupe Valdez, Víctor Víctor, Roque Félix, Sergia Galván, Guillermo Esterling y la sindicalista Eulogia Familia.
Nacionales
La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.