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El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU dará un informe sobre la República Dominicana
SANTO DOMINGO. Será este viernes que el Consejo de los DerechosHumanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitirá su informe en relación a la presentación que hizo el país el miércoles sobre la regularización migratoria, motivada principalmente sobre la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que trazó pautas sobre la nacionalidad dominicana, y cuya interpretación mantiene al país en la opinión pública internacional desde septiembre pasado.
Así lo informa la ONU, en el sumario que colgó en su sitio web (http://webtv. un.org) sobre lasesión de trabajo del pasado miércoles, en la que participaron 49 estados, 19 en condición de miembros, y 30 como observadores.
Si bien, la mayoría de los Estados acogen como buenas las medidas adoptadas por el país desde 2010, para mejorar la situación de los derechos humanos, en sus recomendaciones hicieron énfasis, en que se respete el derecho a la nacionalidad de toda persona nacida en el país, en alusión a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, que a percepción de los participantes, dejaría apátridas a miles de descendientes de haitianos.
«Adoptar medidas urgentes para garantizar el pleno respeto del derecho a una nacionalidad, a poner en práctica un proceso de regularización para evitar la privación discriminatoria de nacionalidad, y buscar asesoramiento técnico con el ACNUR (Alto Comisionado de lasNaciones Unidas para los Refugiados), para identificar y prevenir la apatridia, y proteger a los apátridas», dice el documento preliminar.
De los países de habla hispana, España fue uno de los más críticos. En la voz de su delegado, Vicente Cacho, recomendó al país «que evite la aplicación retroactiva de las normas que podrían derivarse de la ejecución de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, y que podría crear situaciones de apatridia de ciudadanos que ostenten la nacionalidad dominicana». Como colofón agregó que su país mantiene dudas sobre este tema, en alusión a las garantías que da República Dominicana de que no habrá violación de derechos humanos.
«España recomienda la aplicación rápida y no discriminatoria del plan de regulación de extranjeros y que la República Dominicana considere a los efectos, las recomendaciones formuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras su visita el pasado seis de diciembre», dijo Cacho.
De su lado, Trinidad y Tobago, uno de los primeros países en rechazar la sentencia, sugirió que «la República Dominicana debe tomar acciones políticas, legislativas, judiciales y administrativas para urgentemente desestimar el problema humanitario creado por la decisión del Tribunal Constitucional».
Otras recomendaciones
Los Estados participantes en la reunión recomendaron además a RD fortalecer el marco jurídico nacional para la protección de mujeres y niñas de la violencia doméstica y de género, y adoptar medidas eficaces para eliminar los casos de feminicidio; investigar los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad; tomar medidas para desarrollar el Defensor del Pueblo en una institución independiente de derechos humanos; intensificar los esfuerzos para combatir la trata de personas; hacer esfuerzos para despenalizar el aborto y asegurar que las mujeres y las niñas que buscan y profesionales de la salud no estén sujetas a sanciones penales; y fortalecer los esfuerzos y poner en práctica políticas para combatir la discriminación contra las personas LGBT (gays, bisexuales, lesbianas y transexuales).
Países que participaron
Además de España y Trinidad y Tobago, en la sección tomaron turnos Marruecos, Chile, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Noruega, Holanda, Francia, Filipinas, Vietnam, Alemana, Egipto, Indonesia, Irak, Irlanda, Italia, Jamaica, Somalia, Malasia, México, Estonia, Irlanda, Corea, Cuba, Brasil, Bolivia, Bélgica, Australia, Argentina, Argelia, Angola, Uruguay, Ucrania, Turquía, Suiza, Eslovenia, Singapur, Guatemala y Portugal.
Nacionales
Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.