Opinión
Una ignominiosa carta
Por Hamlet Hermann
Cuando alguien descubrió que controlar medios de comunicación garantizaba impunidad, la verdad perdió importancia para ser publicada.
Hoy lunes 28 de abril de 2014 se cumplen 49 años de una ignominiosa carta,firmada por un traidor a la patria, solicitando la intervención de tropas estadounidenses en el conflicto que, evidentemente, perfilaba como una victoria popular contra los militares golpistas.
Esa misiva estaría firmada por el coronel Pedro Bartolomé Benoit, aunque fuegestionada por funcionarios del gobierno de Estados Unidos al tener lugar la primera gran derrota de las fuerzas armadas creadas por Trujillo a manos de un pueblo armado deficientemente.
Tras la obligada firma, aparecieron sobre suelo nacional los Navy SEALS, que ya exploraban las zonas de probables desembarcos navales, al tiempo que los Marines que permanecían en los portaviones dentro de aguas territoriales hacían tierra en el campo de polo contiguo al hotel El Embajador en Santo Domingo.
Así se inició la invasión militar que llegó a alcanzar la cantidad de 42, 413 hombres que se ocuparían de que el pueblo dominicano no pudiera lograr la democracia que tanto ansiaba y necesitaba.
Lo que no se conoce a cabalidad es que el modelo original de la carta de solicitud de una invasión a República Dominicana fue redactada cinco años atrás, el 14 de abril de 1960. Formaba parte de un memorando del entonces Secretario de Estado de Estados Unidos, Christian Herter, al Presidente, general Dwight Eisenhower.
En aquel momento de 1960, el gobierno estadounidense estabaempeñado obsesivamente en agredir a la Revolución cubana. Pero encontraba en ese camino el tremendo obstáculo de algunos Presidentes latinoamericanos, encabezados por Rómulo Betancourt, quienes insistían en que no podía agredirse a Fidel Castro si antes nose derrocaba a Rafael Trujillo.
Fue entonces cuando los asesores militares estadounidenses formaron una Junta Militar integrada por serviles Coroneles de las tres fuerzas armadas para falsamente entregar la soberanía nacional al poder estadounidense
Lo que los Mandatarios del continente perdían de vista era que todos los gobiernos de Estados Unidos habían apoyado siempre a Rafael Trujillo desde que, fraudulentamente, asumió el poder bajo la mirada atenta y complaciente del presidente Herbert Hoover.
Pero ya en 1960, con la Administración republicana de Eisenhower en el poder, el fondo empezó a verse en el pozo de la tiranía y la Casa Blanca decidió buscar una solución al problema dominicano sinque esto afectara al tirano y sus acólitos.
Es entonces cuando surgen las tres opciones que Estados Unidos debía aspirar para mantener al pueblo dominicano bajo su control absoluto, frase que, posteriormente, Arthur Schlesingerreconstruyó y atribuyó a John Kennedy. Estados Unidos trataría de colocar en el poder un gobierno “democrático decente” (¿?) o continuar el régimen trujillista, con tal de impedir un gobierno popular.
Pero el grupo de acción antitrujillistaencabezadopor Antonio de la Maza ignoró las conveniencias de la Casa Blanca y procedió a ajusticiar al tirano el 30 de mayo de 1961. Esto ocurría apenas a 41 días de la humillante derrota dela invasión contra Cuba patrocinada por Estados Unidos.
La desesperación del gobierno estadounidense de Kennedy por la pérdida de su gran aliado fue tal que tres días después de la muerte de Trujillo, falsificaron la firma del general Guarionex Estrella alegando que solicitaba “fuerzas armadas terrestres, navales y aéreas”.
Grave error que se apresuró a corregirla Casa Blanca pues ese militar había perdido su libertad la misma noche del ajusticiamiento de Trujillo, luego que se detectara la participación de su hermano, Salvador Estrella, en el grupo de acción que terminó con la vida del tirano. Fue la primera vez que ese tipo de carta se intentaba utilizar para justificar una invasión militar. Aunque no pudo ser.
El fraudulento mecanismo de la carta de solicitud de intervención militar de Estados Unidos volvería a surgir el 28 de abril de 1965 luego de que el pueblo en armas, junto a una considerable cantidad de militares, derrotara y forzara una fuga en retirada de las tropas elites de la base aérea de San Isidro.
Fue entonces cuando los asesores militares estadounidenses formaron una Junta Militar integrada por serviles Coroneles de las tres fuerzas armadas para falsamente entregar la soberanía nacional al poder estadounidense.
Conclusión: las ocupaciones militares de Estados Unidos contra República Dominicana nunca han sido solicitadas libremente por dominicanos, sino impuestas por Washington. Los serviles que las han firmado, desechables por antonomasia, no fueron más que coartadas para encubrir el desprecio de los gobiernos estadounidenses por la libre determinación de los pueblos.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD.
Las escaseces de divisas, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos, como la electricidad, etc., predominan y se agravan en Cuba, donde no ha estallado una poblada contra el orden socio-político instaurado principalmente por la comprensión ciudadana del inhumano bloqueo económico-financiero y comercial de Estados Unidos y su inspiración en el líder histórico de su Revolución, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese prodigio comprueba el poder de la ideología y la herencia de los sistemas de valores como pilares para mantener el control del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
La naturaleza sui generis de los tribunales Ad-Hoc los constituye al mismo tiempo como jurisdicciones que tienen un carácter limitado tanto ratione temporis como ratione loci.El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia solo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la Ex República Federal Socialista de Yugoslavia mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene una competencia temporal aún más restringida dado que sólo puede juzgar los crímenes cometidos durante el año 1994 en el territorio de Ruanda.
Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene una competencia ratione temporis de carácter prospectivo, vale decir, se aplica sólo a los crímenes cometidos luego del 1 de julio del 2002, fecha de la entrada en vigor de su Estatuto. Además, su competencia ratione loci se basa en el principio de territorialidad y no en el principio de jurisdicción universal.
Por otro lado, conviene destacar que la forma de creación de los tribunales penales internacionales determina a su vez el modo como estos tribunales internacionales se relacionan con las jurisdicciones internas.
Así por ejemplo, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad en relación a la jurisdicción interna de los Estados. Esto tiene particular relevancia en los casos de competencia concurrente con la jurisdicción nacional, dado que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional no es complementaria de la jurisdicción nacional, sino que en su lugar se trata de una jurisdicción internacional que tiene primacía sobre las instancias nacionales.
Lo anterior permite que en cualquier estado de un proceso ante un tribunal nacional tanto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda puedan requerir a los tribunales nacionales la remisión del caso a sus respectivas competencias.
En relación a la existencia de mecanismos de cooperación judicial entre los tribunales penales internacionales, es pertinente subrayar que esta instituciones responden a principios distintos de aquellos que son propios del derecho penal internacional propios del derecho internacional privado y es en esta línea conservadora que ninguno de los estatutos de los tribunales internacionales contiene disposiciones específicas sobre cooperación entre ellos.
Así por ejemplo, el Estatuto de Roma regula las relaciones de cooperación y asistencia judicial sólo entre los Estados Parte y la Corte Penal Internacional y conforme al Artículo 2 de su Estatuto, se prevé en virtud del acuerdo entre la CPI y las Naciones Unidas, relaciones de cooperación con esta organización internacional.
Por tanto, el tratado de Roma no contiene referencias relativas a la forma como la Corte Penal Internacional podría vincularse con otros tribunales del sistema de justicia penal internacional.
Finalmente, tal como se observa en las líneas precedentes no existe un vínculo normativo entre la Corte Penal Internacional y los tribunales Ad-Hoc . No obstante, es innegable que la valiosa y extensa jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda servirán como referente en el desarrollo del trabajo jurisprudencial de la CPI.