Afiliados aseguran no reconocer servicios médicos facturados a la aseguradora estatal; auditores y especialistas del INACIF también forman parte de la oferta probatoria
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Ministerio Público incorporó cientos de testimonios de afiliados al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), además de auditorías y peritajes financieros, documentales y digitales, como parte de la oferta probatoria presentada en el denominado caso SeNaSa 2.0-A.
De acuerdo con el expediente elaborado por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), numerosos afiliados consultados durante la investigación declararon no reconocer determinados servicios médicos que aparecen registrados como reclamados ante la aseguradora estatal.
El documento enumera testimonios desde el número 10 hasta, por lo menos, el número 300, lo que evidencia la amplitud de las declaraciones recopiladas durante la investigación.
Afiliados niegan haber recibido servicios facturados
Según sostiene el órgano acusador, varios afiliados manifestaron que no recibieron atenciones de determinados profesionales cuyos nombres aparecen asociados a reclamaciones realizadas a SeNaSa.
Entre los médicos mencionados en el expediente figuran Griselda Altagracia Basora Ramírez, Laura Altagracia Santana Evangelista, Adriano H. López, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Rafael Mauricio Cabral González, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Wander Manuel Díaz Encarnación, entre otros.
La inclusión de estos nombres corresponde a lo establecido por el Ministerio Público dentro de su investigación y no constituye, por sí misma, una determinación de responsabilidad penal.
En relación con Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, exsubdirector del Hospital Darío Contreras, el expediente recoge declaraciones de afiliados que, según la acusación, no reconocen haber recibido determinados servicios atribuidos al profesional.
Situaciones similares son descritas respecto de otros médicos incluidos en la investigación.
Investigación también examina movimientos financieros
La acusación incorpora análisis de operaciones financieras que el Ministerio Público considera relevantes para sustentar su teoría del caso.
Entre estas se encuentran transacciones que, conforme al expediente, habrían sido identificadas entre algunos profesionales de la salud investigados y el imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Los fiscales pretenden relacionar esos movimientos con los testimonios de afiliados y con otros elementos documentales y periciales recabados durante la investigación.
Será el tribunal competente el que deberá determinar el valor probatorio de esos elementos y su eventual vinculación con las conductas atribuidas a cada imputado.
Auditorías de SeNaSa forman parte del expediente
La oferta probatoria no se limita a los testimonios de afiliados.
El Ministerio Público también incluyó a funcionarios y especialistas que participaron en auditorías y levantamientos realizados dentro de SeNaSa.
Entre ellos se encuentran Giselle M. Herrera Segura, coordinadora de la Unidad de Investigación de SeNaSa, y Helen Navil Encarnación Alcántara, subgerente de Auditoría Médica.
Según el expediente, ambas deberán explicar ante el tribunal la metodología empleada, los antecedentes de las investigaciones y los hallazgos obtenidos durante las auditorías relacionadas con las reclamaciones examinadas.
Peritos del INACIF explicarán análisis financieros
Otra parte importante de la oferta probatoria corresponde a especialistas de la Subdirección de Auditoría Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
Entre los peritos señalados figuran Valentina Suero de la Cruz, Wanda María Ramírez Rodríguez, Evelin José Gerez y Tomás Ery Heredia Severino.
Estos profesionales participaron, según la documentación, en la elaboración o análisis del informe pericial financiero identificado como INACIF-AF-025-2025 y deberán explicar los procedimientos empleados, así como sus hallazgos y conclusiones.
El expediente contempla igualmente pruebas documentales y digitales, incluyendo la participación de especialistas vinculados a investigaciones forenses tecnológicas.
Tribunal tendrá la última palabra
Con este conjunto de testimonios, auditorías, análisis financieros y peritajes, el Ministerio Público procura sustentar su teoría sobre las presuntas irregularidades investigadas en perjuicio del Seguro Nacional de Salud.
Sin embargo, las afirmaciones sobre fraude, irregularidades y participación penal forman parte de la tesis de la acusación y deberán ser debatidas durante el proceso judicial.
Las defensas tendrán la oportunidad de controvertir las pruebas, presentar sus propios elementos y formular los argumentos que consideren pertinentes.
Corresponderá finalmente al tribunal valorar las evidencias y determinar, conforme al debido proceso y a la presunción de inocencia, la eventual responsabilidad individual de cada una de las personas sometidas al proceso.
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