Latinoamericanas
MEXICO: Tratan determinar si restos son de estudiantes
Las autoridades no han aclarado si los restos corresponden a los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre
CHILPANCINGO, México.- Los restos encontrados en las seis fosas clandestinas halladas el sábado en una localidad del sur de México, donde desaparecieron días antes 43 estudiantes normalistas, están calcinados, dijo el domingo un asesor legal de las familias de los desaparecidos.
Vidulfo Rosales, representante legal, indicó que autoridades del gobierno del estado de Guerrero les informaron que los restos humanos de un número indeterminado de personas encontradas en las afueras de Iguala, unos 200 kilómetros al sur de la Ciudad de México, estaban quemados.
El ejecutivo estatal no ha aclarado cuántos cuerpos hallaron ni el número de fosas, pero Juan López Villanueva, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que acudió al lugar, dijo que eran seis enterramientos.
Las autoridades no han aclarado si los restos corresponden a los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre a manos de policías locales vinculados al crimen organizado, pero el domingo 37 familiares ya se habían hecho las pruebas de ADN pertinentes para confirmar o negar su parentesco con los cuerpos localizados el sábado, añadió Rosales.
La extracción de sangre para las muestras genéticas comenzó a realizarse desde el 28 de septiembre, antes del hallazgo de las fosas, y se aprovechó para ello el momento en que los familiares iban a denunciar las desapariciones ante la fiscalía del estado de Guerrero, indicó el abogado.
Rosales explicó que los restos encontrados en las fosas permanecían el domingo por la mañana en el servicio forense de Iguala, pero que se habían enviado muestras a Chilpancingo —la capital estatal— para corroborar los datos genéticos.
Las fosas se localizaron en las faldas de un cerro en las afueras de una colonia marginal de Iguala. El lugar, llamado Pueblo Viejo, es un territorio muy abrupto, de difícil acceso, que desde primera hora de la tarde del sábado quedó fuertemente custodiado por más de un centenar de policías federales, estatales y miembros del Ejército y de la Marina.
El 26 de septiembre, un grupo de estudiantes de la Normal tomó varios autobuses en Iguala para usarlos en sus protestas, pero fueron atacados en varias ocasiones por policías locales y desconocidos armados. La Procuraduría del estado confirmó entonces que en los incidentes seis personas murieron —entre ellos tres estudiantes y un futbolista de 15 años del equipo «Avispones de Chilpancingo»— y 57 alumnos desaparecieron.
Se indicó además que 17 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Días después, las autoridades redujeron el número de desaparecidos a 43 e indicaron que los 14 restantes habían sido localizados, aunque la organización Tlachinollan —encargada del apoyo legal a las familias de los estudiantes— señaló que el ajuste se debió a la corrección de errores en la lista inicial.
El fiscal de Guerrero aseguró que había videos que demostraban que, tras el primer ataque de la policía local contra los estudiantes, varios agentes habían detenido a un número indeterminado de ellos, por lo que hay elementos para acusar a los policías de desaparición forzada.
El suceso provocó que las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaran los hechos y exigieran al gobierno mexicano acciones rápidas y contundentes para localizar con vida a los estudiantes e investigar los crímenes.
Esta es la segunda vez en pocos días que la ONU condena abusos ocurridos en México a manos de fuerzas de seguridad oficiales. El otro caso fue la presunta ejecución extrajudicial de 22 supuestos criminales por militares en la localidad de Tlatlaya, no muy lejos de Iguala.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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