Nacionales
Director DNI dice todavía no se puede afirmar que caso del Metro sea terrorismo
Sigfrido Pared Pérez hace recomendaciones a la CDEEE y considera que en el asalto a Najayo hubo conexión interna
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Sigfrido Pared Pérez, consideró que todavía no se puede afirmar de manera definitiva que lo ocurrido en la línea II del Metro de Santo Domingo sea terrorismo.
Asimismo, el ex ministro de Defensa descartó que los hechos de Najayo, la Victoria, el Metro y las torres de la CDEEE tengan algún hilo conductor que persigan afectar la estabilidad del Estado.
Explicó que cuando concluyan en su totalidad las investigaciones, confirmando si hubo o no hubo vinculaciones entre Frankelis Holguín Medina y otras personas, entonces las autoridades podrían determinar si el caso es terrorismo o no.
Pared Pérez, director del DNI, consideró que en los violentos acontecimientos ocurridos recientemente en la cárcel de Najayo, donde seis personas perdieron la vida hay vinculaciones internas
El ex ministro de las Fuerzas Armadas dijo que para llegar a la conclusión de terrorismo, la investigación tiene que llegar al fondo, para determinar si el inculpado tiene conexión o no, o si por el contrario planeó todo solo, y si tiene problemas mentales, de psiquiatría o de personalidad.
“Es muy delicado el tratar el tema como tal, decir que es terrorismo. Para tú decirlo tienes que tener elementos muy contundentes”, reiteró.
En otro orden, Pared Pérez, director del DNI, consideró que en los violentos acontecimientos ocurridos recientemente en la cárcel de Najayo, donde seis personas perdieron la vida hay vinculaciones internas.
Sostuvo que sería muy difícil que unidades de narcotraficantes puedan incurrir en la afrenta de disparar o tratar de acometer contra una unidad penitenciaria para sacar reclusos.
Explicó que las investigaciones que dirige la Procuraduría General de la República con apoyo de la Policía y del DNI ya tienen identificados a los posibles agresores, y eso es lo más importante.
“Tiene que haber algún tipo de complicidad y más cuando son casos que envuelven crimen organizado, que tiene que ver con el narcotráfico, ya son aspectos que manejan recursos y que pueden tener las herramientas para poder incentivar a cualquier persona para involucrarse en este tipo de delito”, recalcó.
Por otro lado llamó a las autoridades de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) a proteger a las torres de los cables de alta tensión con cámaras de vídeos y que habilite una unidad de respuesta rápida para enfrentar este tipo de sabotaje.
El ex ministro de Defensa fue entrevistado en el programa De Agenda que cada domingo se difunden por Telesistema Canal 11.
acento.com.do
Nacionales
DNCD reporta decomiso de más de 27 kilos de presuntas drogas y 61 detenidos en el Gran Santo Domingo
Autoridades realizaron 14 allanamientos y 387 intervenciones; también ocuparon equipos de comunicación, balanzas, motocicletas y dinero en efectivo
SANTO DOMINGO.– La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de agentes de la Policía Nacional y bajo la coordinación del Ministerio Público, informó la detención de 61 personas y la ocupación de 27,836 gramos de sustancias presumiblemente narcóticas durante una serie de operativos desarrollados en el Gran Santo Domingo.
Las acciones incluyeron 14 allanamientos y 387 intervenciones realizadas en diferentes barrios y sectores señalados por las autoridades como puntos de interés dentro de las operaciones contra el microtráfico.
Más de 2,000 porciones ocupadas
Según el reporte de la DNCD, durante las intervenciones fueron confiscadas 2,203 porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 25,196.7 gramos.
También fueron ocupados 640 envoltorios de un vegetal que se presume marihuana, con un peso de 1,903.3 gramos, así como 200 porciones de un material rocoso presumiblemente crack, que alcanzaron los 736 gramos.
Las sustancias fueron remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes, que deberán establecer oficialmente su naturaleza y composición.
Ocupan equipos y otros objetos
Como parte de las operaciones, las autoridades también reportaron la incautación de 18 balanzas digitales, 20 teléfonos celulares, ocho radios de comunicación y dos motocicletas, además de dinero en efectivo en moneda dominicana y extranjera.
Asimismo, fueron ocupadas seis armas blancas, una computadora portátil, un chaleco antibalas y un fusil de hidrogel.
Las evidencias quedaron bajo custodia del Ministerio Público de las jurisdicciones correspondientes para continuar con los procedimientos legales.
Operativos contra el microtráfico
La DNCD indicó que las intervenciones forman parte de las operaciones desarrolladas por la Fuerza de Tarea Conjunta para combatir la venta y distribución de sustancias controladas en distintos sectores del Gran Santo Domingo.
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes conforme avance el proceso de investigación.
Mientras tanto, los resultados del Inacif serán determinantes para establecer oficialmente qué tipo de sustancias fueron decomisadas durante las operaciones.
Investigación atribuye al grupo un presunto esquema de facturación de servicios médicos no realizados; perjuicio preliminar rondaría los RD$40 millones
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas vinculadas a la denominada Operación Senasa 2.0-A, una investigación sobre un presunto esquema mediante el cual se habrían facturado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) consultas, cirugías y otros procedimientos médicos que supuestamente nunca fueron realizados.
Entre los imputados se encuentran exempleados de la aseguradora estatal, médicos y particulares.
La solicitud de medida de coerción está contenida en un expediente de aproximadamente 525 páginas, depositado ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional por representantes de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Además de la prisión preventiva, los fiscales solicitaron que el proceso sea declarado complejo.
Presunto esquema afectaba fondos y cobertura de afiliados
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el presunto mecanismo consistía en gestionar autorizaciones y posteriormente facturar servicios, consultas y procedimientos médicos que los afiliados aseguraban no haber recibido.
La directora de la Pepca, Mirna Ortiz, explicó que estas operaciones presuntamente no solo generaban un perjuicio económico para Senasa, sino que también podían reducir la disponibilidad de cobertura de los afiliados cuyos seguros eran utilizados para realizar las reclamaciones.
Las autoridades califican esta etapa como una nueva fase de las investigaciones y no descartan que las pesquisas puedan extenderse hacia otras personas o entidades.
Investigación comenzó tras denuncia de Senasa
Las pesquisas se remontan a una denuncia presentada por Senasa el 28 de noviembre de 2024, relacionada con supuestas irregularidades detectadas en autorizaciones de servicios médicos.
Según la tesis presentada por el órgano acusador, entre enero de 2021 y septiembre de 2024 habrían sido utilizados diferentes números telefónicos para gestionar aprobaciones de cirugías, consultas y procedimientos ambulatorios a través del centro de llamadas de la aseguradora.
Los afiliados cuyos seguros habrían sido utilizados presuntamente no reconocían esas autorizaciones ni los servicios médicos registrados a su nombre.
El Ministerio Público estima de manera preliminar en aproximadamente RD$40 millones el perjuicio económico atribuido al esquema investigado.
25 personas bajo investigación
Entre los procesados figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También aparecen los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La solicitud incluye además a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los 25 imputados permanecen recluidos preventivamente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera del conocimiento de la medida de coerción.
Los allanamientos y arrestos fueron autorizados judicialmente como parte de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público.
La solicitud de prisión preventiva y los hechos atribuidos a los investigados corresponden a la tesis del Ministerio Público y deberán ser examinados por el tribunal. Los imputados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva que establezca responsabilidad penal.
Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo
Santo Domingo, República Dominicana.– El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este lunes 21 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, la solicitud de medida de coerción contra 25 personas investigadas en la denominada Operación Senasa 2.0-A.
Entre los imputados figuran exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), médicos y particulares, a quienes el Ministerio Público atribuye presunta participación en una red que habría defraudado fondos públicos mediante la facturación de servicios médicos que, según la acusación, no fueron realizados.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva contra los 25 imputados y que el proceso sea declarado caso complejo.
La solicitud fue presentada por fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
De acuerdo con la información divulgada, la instancia sometida ante el tribunal consta de aproximadamente 525 páginas y contiene los elementos en los que el órgano persecutor sustenta las imputaciones.
Los imputados
En el expediente figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También aparecen los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La solicitud de coerción incluye además a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los imputados permanecen recluidos preventivamente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera del conocimiento de la medida de coerción.
Audiencia este lunes
Durante la audiencia, el tribunal deberá examinar la solicitud del Ministerio Público y los argumentos presentados por las defensas antes de decidir qué medidas de coerción corresponden.
La solicitud de 18 meses de prisión preventiva constituye la posición del Ministerio Público y no una decisión judicial. Asimismo, las imputaciones descritas forman parte de una investigación penal en curso y no equivalen a una declaración de culpabilidad.
El conocimiento de la medida de coerción está pautado para las 2:00 de la tarde de este lunes 21 de septiembre en el Distrito Nacional.