Opinión
Déficit de cultura democrática
Por Juan Bolívar Díaz
No pasan de la veintena los presidentes que han logrado gobernar durante dos períodos en la historia de la democracia latinoamericana de las últimas tres décadas, tras el derrumbe de las dictaduras que asolaron estos pueblos, cuando unos 140 fueron elevados al poder por mandato popular en los 20 países de la región, calculando un promedio de 7 elecciones. En la mayoría de los casos se han ido felices a disfrutar su éxito con sus familiares, en el mundo académico o a trabajar en el sector privado.
El período democrático dominicano arrancó en 1978, con diez elecciones, pero solo 6 presidentes, pues Joaquín Balaguer y Leonel Fernández agotaron tres períodos cada uno, con infinito abuso del poder para reelegirse, y el primero no sigue repostulándose porque lo venció el tiempo. Don Antonio Guzmán, recordado como el mejor mandatario de la etapa, prefirió suicidarse cuando no pudo conseguir un segundo período en un partido que entonces militaba en el postulado de que la reelección era la madre de las dictaduras y cercenadora de la democracia.
Patético es el caso de Leonel Fernández, integrante del exclusivo club de los que en la democracia mundial han gobernado tres períodos: José Velasco Ibarra, Franklyn D. Rossevelt, Konrad Adenauer, Margaret Thatcher, Felipe González, Hugo Chávez, Silvio Berlusconi y Daniel Ortega. El nuestro parece haberse propuesto alcanzar a Velasco, campeón con cinco períodos y a Rossevelt y González, que lograron cuatro, ya que ha reiterado que su partido gobernará hasta el bicentenario de la República, en el 2044, treinta años más. Él dice que su partido es una “fábrica de presidentes”, aunque en la práctica promueve un solo modelo.
Toda la historia nacional es un himno al continuismo, bajo el eterno predicamento de que “el poder no se cede”. Por eso entre Santana, Báez, Lilís, Horacio, Trujillo, Balaguer y Leonel se han ido dos terceras partes de los 170 años de la República. Los dos últimos cuentan también dos tercios del período post tiranía de Trujillo. El otro tercio de la República corresponde a unos 60 gobernantes, en su gran mayoría sin haber completado un período, incluyendo a los dos mayores civilistas de nuestra historia Ulises Francisco Espaillat y Juan Bosch, ambos coincidencialmente solo gobernaron 7 meses, aunque con un siglo de distancia.
No hay en el mundo democrático de hoy nadie que luego de tres períodos de gobierno esté batallando como Fernández por volver, y en medio de circunstancias bien adversas como alta tasa de rechazo. En la oposición, Hipólito Mejía, quien fue electo presidente hace 14 años y fracasó luego dos veces intentando regresar, también parece lanzarse a una difícil batalla para volver, por igual con alta tasa de rechazo. Su caso es también único en la actual democracia universal.
En la pobre cultura democrática dominicana no se concibe el relevo ni la renovación, aunque la historia regional referida demuestra que eso no es lo predominante, que el poder sí se cede y se traspasa a los compañeros. Balaguer le cerró el paso a todos los suyos que intentaron sucederle, dando vigencia al postulado que se atribuye a Horacio de que “después de mí el diluvio, o que entre el mar”. Y su partido devino en insustancial.
Pero no vayan a creer que eso solo ocurre en la política, tampoco se retiran los directores de los diarios, obispos y rectores, así como dirigentes sociales. Tenemos líderes sindicales con más de medio siglo en los cargos. Y ni siquiera las glorias del béisbol, como Juan Marichal, Sammy Sosa, Pedro Martínez, Manny Ramírez o Moisés Alou anunciaron a tiempo su retiro. Terminaron cuando ya nadie los contrató y algunos mendigaron otra oportunidad de forma penosa.
El continuismo y la negación de la alternabilidad no solo está en la cumbre del poder, sino que es expresión de una pobre cultura democrática, de un presidencialismo a ultranza y del rentismo, el clientelismo y la corrupción que lastran el desarrollo de nuestra institucionalidad democrática. Es que no queremos entender que la vida es una continua renovación y desconocemos los planteamientos bíblicos del Eclesiastés: Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD.
Las escaseces de divisas, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos, como la electricidad, etc., predominan y se agravan en Cuba, donde no ha estallado una poblada contra el orden socio-político instaurado principalmente por la comprensión ciudadana del inhumano bloqueo económico-financiero y comercial de Estados Unidos y su inspiración en el líder histórico de su Revolución, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese prodigio comprueba el poder de la ideología y la herencia de los sistemas de valores como pilares para mantener el control del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
La naturaleza sui generis de los tribunales Ad-Hoc los constituye al mismo tiempo como jurisdicciones que tienen un carácter limitado tanto ratione temporis como ratione loci.El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia solo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la Ex República Federal Socialista de Yugoslavia mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene una competencia temporal aún más restringida dado que sólo puede juzgar los crímenes cometidos durante el año 1994 en el territorio de Ruanda.
Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene una competencia ratione temporis de carácter prospectivo, vale decir, se aplica sólo a los crímenes cometidos luego del 1 de julio del 2002, fecha de la entrada en vigor de su Estatuto. Además, su competencia ratione loci se basa en el principio de territorialidad y no en el principio de jurisdicción universal.
Por otro lado, conviene destacar que la forma de creación de los tribunales penales internacionales determina a su vez el modo como estos tribunales internacionales se relacionan con las jurisdicciones internas.
Así por ejemplo, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad en relación a la jurisdicción interna de los Estados. Esto tiene particular relevancia en los casos de competencia concurrente con la jurisdicción nacional, dado que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional no es complementaria de la jurisdicción nacional, sino que en su lugar se trata de una jurisdicción internacional que tiene primacía sobre las instancias nacionales.
Lo anterior permite que en cualquier estado de un proceso ante un tribunal nacional tanto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda puedan requerir a los tribunales nacionales la remisión del caso a sus respectivas competencias.
En relación a la existencia de mecanismos de cooperación judicial entre los tribunales penales internacionales, es pertinente subrayar que esta instituciones responden a principios distintos de aquellos que son propios del derecho penal internacional propios del derecho internacional privado y es en esta línea conservadora que ninguno de los estatutos de los tribunales internacionales contiene disposiciones específicas sobre cooperación entre ellos.
Así por ejemplo, el Estatuto de Roma regula las relaciones de cooperación y asistencia judicial sólo entre los Estados Parte y la Corte Penal Internacional y conforme al Artículo 2 de su Estatuto, se prevé en virtud del acuerdo entre la CPI y las Naciones Unidas, relaciones de cooperación con esta organización internacional.
Por tanto, el tratado de Roma no contiene referencias relativas a la forma como la Corte Penal Internacional podría vincularse con otros tribunales del sistema de justicia penal internacional.
Finalmente, tal como se observa en las líneas precedentes no existe un vínculo normativo entre la Corte Penal Internacional y los tribunales Ad-Hoc . No obstante, es innegable que la valiosa y extensa jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda servirán como referente en el desarrollo del trabajo jurisprudencial de la CPI.