Opinión
Recordar a Eduardo Hughes Galeano
Por Hamlet Hermann
Comenzando la mañana del lunes 13 de abril de 2015 recibí una llamada de Cabito Gautreaux. “Tengo que darte una mala noticia: tu amigo Galeano murió hace un rato.” Entonces sentí la misma sensación que experimenté seis años atrás cuando mi hermano Dardo murió. Sentí algo así como un desconcertado desaliento mientras el ánimo me abandonaba. Corté la comunicación telefónica y reflexioné.
Sabía del pésimo estado de salud en que se encontraba Eduardo. Recordé entonces aquellos días de 2006 cuando me aparecí por sorpresa en Montevideo al recibir la noticia de que al hermano uruguayo lo habían intervenido quirúrgicamente en un pulmón. Preparado para lo peor consideraba que con una persona tan amante de la vida como Gius, no le iba resultar fácil a la parca llevárselo consigo. Contrario a lo que esperaba, al llegar a la casa de la calle Dalmiro Costa, lo encontré dirigiendo y protagonizando una parrillada en el patio, acompañado, nada más y nada menos, que de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina.
El olor que emanaba de los churrascos opacaba los jazmines blancos que despiden su aroma al caer la tarde. Fracasado el primer intento de la parca, pasamos los más alegres días ayudando en la preparación del concierto que presentarían aquellos geniales artistas.
Ahora, en 2015, la parca no dio tiempo a mucho. Habíamos estado en contacto directo para facilitar la recepción del premio que le concediera la Feria internacional del Libro de República Dominicana el año pasado. Pero la enfermedad se interponía y no dio tiempo para que lo entregáramos personalmente.
En febrero recién pasado, Helena nos envió las fotos que había tomado durante la visita que le hiciera Evo Morales, Presidente de Bolivia. Le entregó a Eduardo un libro en el que los bolivianos reclaman su derecho a conectar con el Océano Pacífico. Esas imágenes, nos prepararon para lo que hoy sentimos. La transformación del físico del amigo era evidencia de un fin cercano.
Ahora que ya Eduardo, Gius, Dudú o Galeano no estará más con nosotros, tendremos que refugiarnos para siempre en los recuerdos que nos dejó.
Me quedo con el recuerdo de aquella libretica en la que acumulaba las expresiones y particularidades de cuanto tenía lugar a su alrededor. Diminuta, como de tres centímetros por cada lado la desenfundaba cual pistolero del Far West, para anotar lo que sospechaba podía negarle su traicionera memoria en el momento que la necesitara. Un día, envueltos en un intercambio fraternal, califiqué algo que dijo como de poca importancia. Para expresarlo, alegué que aquello no era más que un “gadejo”. Suspendió la discusión y preguntó presuroso al tiempo que desenfundaba su arma literaria qué era eso de “gadejo”. “Ganas de joder, Eduardo, Gadejo significa en buen dominicano ganas de estropearle el momento a los demás.” Y allí quedó grabada la expresión en la minúscula libretica
Recordaré las dedicatorias que dejó en cada uno de los libros que me enviaba tan pronto los publicaba. La frase siempre fue distinta y todas contaban con la combinación del creativo literario con el creativo dibujante. Un cariñoso texto y un trazo con tres circulitos que simbolizaba a la editora de sus obras: Ediciones El Chanchito.
Cómo olvidar que más de veinte años atrás me cambió el nombre. Para Eduardo, dejé de ser Hamlet Hermann al convertirme en Jota Jota. Razón no le faltaba. Una noche del siglo pasado, sentados en su aromático patio, hablamos de mis nombres anglo uno y sajón el otro. El origen familiar, allá por el desaparecido imperio austro húngaro. Hablamos del estoicismo necesario para llevar nombres que en la zona del Caribe nadie pronuncia como debía ser. Me han llamado de tantas maneras diferentes que respondo hasta cuando nada tiene que ver conmigo. Entonces, este uruguayo se acogió a la fonética utilizada por un vendedor ambulante de República Dominicana y me bautizaría en lo adelante como Jota Jota, en vez de Hache Hache. Por eso en sus correos electrónicos y en sus dedicatorias todas llevan el cariño fraternal a través de dos letras: J. J.
Cómo olvidar aquel hombre amante de la vida y sus bellezas que una noche decidió llevarnos a cenar donde “el chef de todos los chefs” uruguayos. El lugar donde los chefs de Montevideo iban a disfrutar de exquisitos platos y a discutir su contenido y cocción con los mejores conocedores de la cocina internacional. Nos sentaríamos a lo largo de una acera, al aire libre en una noche de verano montevideano donde él oficiaría como máximo pontífice de la amistad y de la vida.
Por todo esto tendremos que acostumbrarnos a vivir solo con su ejemplo de dignidad y como defensor de todo aquello en lo que creemos los que respetamos al ser humano.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD.
Las escaseces de divisas, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos, como la electricidad, etc., predominan y se agravan en Cuba, donde no ha estallado una poblada contra el orden socio-político instaurado principalmente por la comprensión ciudadana del inhumano bloqueo económico-financiero y comercial de Estados Unidos y su inspiración en el líder histórico de su Revolución, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese prodigio comprueba el poder de la ideología y la herencia de los sistemas de valores como pilares para mantener el control del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
La naturaleza sui generis de los tribunales Ad-Hoc los constituye al mismo tiempo como jurisdicciones que tienen un carácter limitado tanto ratione temporis como ratione loci.El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia solo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la Ex República Federal Socialista de Yugoslavia mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene una competencia temporal aún más restringida dado que sólo puede juzgar los crímenes cometidos durante el año 1994 en el territorio de Ruanda.
Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene una competencia ratione temporis de carácter prospectivo, vale decir, se aplica sólo a los crímenes cometidos luego del 1 de julio del 2002, fecha de la entrada en vigor de su Estatuto. Además, su competencia ratione loci se basa en el principio de territorialidad y no en el principio de jurisdicción universal.
Por otro lado, conviene destacar que la forma de creación de los tribunales penales internacionales determina a su vez el modo como estos tribunales internacionales se relacionan con las jurisdicciones internas.
Así por ejemplo, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad en relación a la jurisdicción interna de los Estados. Esto tiene particular relevancia en los casos de competencia concurrente con la jurisdicción nacional, dado que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional no es complementaria de la jurisdicción nacional, sino que en su lugar se trata de una jurisdicción internacional que tiene primacía sobre las instancias nacionales.
Lo anterior permite que en cualquier estado de un proceso ante un tribunal nacional tanto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda puedan requerir a los tribunales nacionales la remisión del caso a sus respectivas competencias.
En relación a la existencia de mecanismos de cooperación judicial entre los tribunales penales internacionales, es pertinente subrayar que esta instituciones responden a principios distintos de aquellos que son propios del derecho penal internacional propios del derecho internacional privado y es en esta línea conservadora que ninguno de los estatutos de los tribunales internacionales contiene disposiciones específicas sobre cooperación entre ellos.
Así por ejemplo, el Estatuto de Roma regula las relaciones de cooperación y asistencia judicial sólo entre los Estados Parte y la Corte Penal Internacional y conforme al Artículo 2 de su Estatuto, se prevé en virtud del acuerdo entre la CPI y las Naciones Unidas, relaciones de cooperación con esta organización internacional.
Por tanto, el tratado de Roma no contiene referencias relativas a la forma como la Corte Penal Internacional podría vincularse con otros tribunales del sistema de justicia penal internacional.
Finalmente, tal como se observa en las líneas precedentes no existe un vínculo normativo entre la Corte Penal Internacional y los tribunales Ad-Hoc . No obstante, es innegable que la valiosa y extensa jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda servirán como referente en el desarrollo del trabajo jurisprudencial de la CPI.