Comunidad en el exterior
P. RICO: Comunidad dominicana pide investigar policías corruptos
SAN JUAN.- La comunidad dominicana pidió una investigación exhaustiva en el seno de la Policía puertorriqueña para acabar con la corrupción dentro de esas fuerzas de seguridad, algunos de cuyos miembros, según denuncian, se aprovechan de la situación de los inmigrantes de ese país.
El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, José Rodríguez, dijo que la corrupción en el Departamento de la Policía de Puerto Rico es todavía alta, a pesar de una reforma de las fuerzas de seguridad en marcha con un coste millonario que en su opinión no ha servido hasta ahora para nada.
Rodríguez subrayó que en las últimas fechas la corrupción policial y los abusos contra ciudadanos afectan tanto a dominicanos como a puertorriqueños, que recurren al Comité Dominicano de los Derechos Humanos para que les ayuden en sus denuncias contra los que consideran abusos policiales.
La denuncia de Rodríguez llega después de que las autoridades federales estadounidenses detuvieran a principios de semana a diez miembros de la Policía de Puerto Rico, entre ellos un teniente y un sargento, por cargos relacionados con corrupción, narcotráfico, robo, extorsión, soborno y violaciones de derechos civiles.
Los detenidos formaban parte de la División de Drogas de San Juan y supuestamente cometían los actos delictivos por toda la geografía de la isla caribeña.
Los policías presuntamente sobornaban a personas detenidas por diversos cargos, sospechosos de actos criminales y narcotraficantes pidiéndoles dinero a cambio de dejarlos en libertad.
Rodríguez dijo que tres de los detenidos el pasado martes estuvieron involucrados en la muerte de Jorge Ortiz Jordán, puertorriqueño, pero de cuyo caso se encarga el Comité Dominicano de los Derechos Humanos.
El sargento de la División de Drogas de San Juan, Ángel Hernández Nieves, y los agentes Xavier Jiménez Martínez y David Centeno Faría, son investigados en relación a la muerte de Ortiz Jordán, ocurrida el 25 de febrero de 2014 en la capital puertorriqueña.
La muerte sucedió después de que Ortiz Jordán saliera a la calle en medio de la noche al oír unos ruidos sospechosos, donde tuvo un encuentro con agentes de la Policía que le dispararon mortalmente, lo que los agentes justificaron como acto de legítima defensa.
Rodríguez indicó que la muerte de Ortiz Jordán se suma a la de otras personas de nacionalidad dominicana muertas, según dijo, a manos de miembros de las fuerzas del orden de la isla caribeña durante los últimos años.
Las detenciones de esta semana suponen el número más elevado por parte del FBI en Puerto Rico desde que en 2010 arrestó a 133 miembros de la isla caribeña.
Aquel operativo, denominado “Guard Shack”, llevó a que se emitieran 133 acusaciones, de los cuales 89 eran policías imputados por su relación en transacciones de narcotráfico, entre otros delitos.
La de 2010 fue la mayor operación del FBI en su historia desde que se estableció en Puerto Rico en 1908.
Las denuncias de abusos por parte de diferentes colectivos llevó a la reforma de la Policía local, que se puso en marcha tras el acuerdo judicial alcanzado entre el Gobierno y la Justicia federal a raíz de un informe de 2011 de la Unión Americana de Libertades Civiles que denunciaba que entre 2005 y 2010 casi 2.000 agentes de la Policía local cometieron delitos de distinta índole.
El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos adelantó que si en los próximos meses no hay un cambio sustancial en el patrón de la Policía de Puerto Rico, está dispuesto a llevar el asunto ante la Comisión Interamericano de los Derechos Humanos.
Rodríguez indicó que la corrupción policial no afecta a solamente agentes, sino que es un problema que tiene su raíz en altos mandos del cuerpo, algunos, dijo, cercanos al propio jefe de la Policía, José Caldero.
lmomento.net
Por Jhonny Trinidad
NUEVA YORK.- Son dominicanos los dos hombres baleados la noche del pasado Domingo de Pascua en el distrito de Brooklyn, en esta ciudad, uno de los cuales murió.
Las víctimas son José Ureña Morán, de 30 años, y otro hombre de 50 que no ha sido identificado.
El agresor es el hondureño Michael Mendoza Cardona, de 24 años, quien fue acusado el pasado lunes de asesinato, intento de asesinato y posesión ilegal de armas.
El tiroteo ocurrió frente a un edificio de la calle Fulton, en el sector Cypress Hills.
Cámaras de vigilancia captaron el momento en que el sospechoso disparó contra Ureña Morán y el otro hombre mientras se encontraban debajo de la plataforma elevada del metro de la línea J, entre las calles Cleveland y Elton, cuando estaban de pie en la acera, cerca de un grupo de tres personas.
Después de que uno de los hombres pareciera dirigirse al grupo, el presunto atacante sacó un arma y disparó varias veces contra él y otro hombre que se encontraba a su lado.
Las imágenes también muestran que el atacante continuó disparando contra las víctimas, incluso, mientras estas permanecían inmóviles en la acera.
Ambos hombres fueron trasladados en estado crítico al Centro Médico Universitario Brookdale. Posteriormente, Ureña Morán, residente de Cypress Hills, fue declarado muerto, de acuerdo con la policía.
jt-am-sp
COLUMBIA.- Un tribunal federal de Estados Unidos emitió una orden de protección que regula el manejo de las pruebas en el caso penal contra Melitón Cordero, exjefe de la DEA en República Dominicana, con el objetivo de resguardar información sensible y garantizar un proceso judicial adecuado.
En el marco del proceso, Cordero, nacido en San Francisco de Macorís, tiene previsto comparecer este lunes a las 12:30 del mediodía ante un tribunal federal de Estados Unidos para la celebración de su audiencia preliminar, luego de que la misma fuera aplazada el pasado mes de marzo.
La disposición, firmada por el juez magistrado Matthew J. Sharbaugh en el Distrito de Columbia, establece que todos los materiales entregados por el Gobierno como parte del proceso solo podrán ser utilizados por la defensa exclusivamente para este caso.
El tribunal ordenó que dichos documentos no podrán ser divulgados ni utilizados en otros procedimientos, y su acceso queda limitado al equipo legal del acusado, excluyendo a familiares, amigos o terceros no autorizados.
Además, la medida pone especial énfasis en la protección de información considerada sensible, como datos personales, identidades de testigos, fuentes confidenciales, agentes encubiertos, registros médicos y detalles de investigaciones en curso.
NO PUEDE RESENTARSE EN DOCUMENTOS JUDICIALES ABIERTOS
Según la orden, este tipo de material no podrá hacerse público ni presentarse en documentos judiciales abiertos, salvo autorización expresa del tribunal, y deberá ser manejado bajo estrictas condiciones de confidencialidad.
El juez también estableció que, aunque los abogados pueden mostrar parte de la evidencia al acusado para preparar su defensa, no pueden entregarle copias ni permitirle registrar información personal contenida en los documentos.
Asimismo, se dispone que cualquier disputa sobre el carácter confidencial de las pruebas deberá ser resuelta inicialmente entre las partes antes de acudir al tribunal.
La orden permanecerá vigente incluso después de concluido el caso, y no modifica las obligaciones del Gobierno de entregar pruebas conforme a la ley.
Con esta medida, las autoridades buscan proteger la integridad de la investigación, la seguridad de testigos y la privacidad de las personas involucradas, mientras avanza el proceso judicial.
TAMBIÉN PROHIBIÓ DIVULGACIÓN DE:
Números de teléfono, correos electrónicos, licencias de conducir u otra información identificativa; información sobre fuentes confidenciales del gobierno, Identidad de agentes encubiertos, Información que ponga en riesgo la seguridad de testigos.
Asimismo, información privada de terceros no relacionados con el caso, historial médico o de salud mental, métodos de investigación de las autoridades e información que afecte investigaciones en curso o futuras.
También está prohibido divulgar datos de sistemas internos policiales y declaraciones o información tributaria.
an/am
NUEVA YORK.- Cuatro hombres de origen dominicano fueron acusados de agredir a un policía tras una serie de robos de convertidores catalíticos que derivo una persecución en Long Island.
Henry Cruz, de 25 años; Luis Acosta, de 24; Jeorge Santana Sánchez, de 34, y Madinson Silverio Ventura, de 27, enfrentan cargos por lesiones físicas graves a un agente del orden.
El incidente ocurrió el pasado 7 de marzo en Lindenhurst.
De acuerdo con la investigación, los acusados se desplazaban en un Maserati Levante 2021 por calles de Lindenhurst, donde seleccionaban principalmente vehículos Toyota Prius para sustraer sus convertidores catalíticos.
El grupo operaba de forma organizada: apagaban las luces del vehículo, uno vigilaba, otro utilizaba un gato hidráulico y otro cortaba la pieza con una sierra eléctrica antes de huir en busca de otro objetivo, según una nota de prensa.
Alrededor de las 4:37 de la madrugada del pasado 7 de marzo, agentes intentaron detener el vehículo, pero el conductor emprendió la huida, dando inicio a una persecución que se extendió hasta la autopista Southern State Parkway, donde presuntamente alcanzaron velocidades superiores a 90 millas por hora.
Durante el operativo, otra patrulla desplegó dispositivos para detener el vehículo, logrando desinflar sus neumáticos. Los acusados abandonaron el automóvil y huyeron a pie. En medio de la persecución, un agente cayó y sufrió una fractura de tobillo que requirió cirugía de emergencia en el Hospital Universitario de Stony Brook.
Cruz y Acosta fueron arrestados ese mismo día, Santana Sánchez y Silverio Ventura el 19 de marzo en un hotel de El Bronx.
Silverio Ventura también enfrentaba una orden de arresto previa por un robo similar ocurrido en 2023.
El pasado 1 de abril, los cuatro imputados fueron presentados ante el juez de la Corte Suprema Timothy P. Mazzei, enfrentando cargos que incluyen agresión a un oficial de policía, desmantelamiento de automóvil en primer grado, daños a la propiedad y posesión de propiedad robada.
La próxima audiencia fue fijada para el 6 de mayo de 2026.
Cada uno de los imputados enfrenta hasta 15 años de prisión.
jt-am