Comunidad en el exterior
P. RICO: Comunidad dominicana pide investigar policías corruptos
SAN JUAN.- La comunidad dominicana pidió una investigación exhaustiva en el seno de la Policía puertorriqueña para acabar con la corrupción dentro de esas fuerzas de seguridad, algunos de cuyos miembros, según denuncian, se aprovechan de la situación de los inmigrantes de ese país.
El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, José Rodríguez, dijo que la corrupción en el Departamento de la Policía de Puerto Rico es todavía alta, a pesar de una reforma de las fuerzas de seguridad en marcha con un coste millonario que en su opinión no ha servido hasta ahora para nada.
Rodríguez subrayó que en las últimas fechas la corrupción policial y los abusos contra ciudadanos afectan tanto a dominicanos como a puertorriqueños, que recurren al Comité Dominicano de los Derechos Humanos para que les ayuden en sus denuncias contra los que consideran abusos policiales.
La denuncia de Rodríguez llega después de que las autoridades federales estadounidenses detuvieran a principios de semana a diez miembros de la Policía de Puerto Rico, entre ellos un teniente y un sargento, por cargos relacionados con corrupción, narcotráfico, robo, extorsión, soborno y violaciones de derechos civiles.
Los detenidos formaban parte de la División de Drogas de San Juan y supuestamente cometían los actos delictivos por toda la geografía de la isla caribeña.
Los policías presuntamente sobornaban a personas detenidas por diversos cargos, sospechosos de actos criminales y narcotraficantes pidiéndoles dinero a cambio de dejarlos en libertad.
Rodríguez dijo que tres de los detenidos el pasado martes estuvieron involucrados en la muerte de Jorge Ortiz Jordán, puertorriqueño, pero de cuyo caso se encarga el Comité Dominicano de los Derechos Humanos.
El sargento de la División de Drogas de San Juan, Ángel Hernández Nieves, y los agentes Xavier Jiménez Martínez y David Centeno Faría, son investigados en relación a la muerte de Ortiz Jordán, ocurrida el 25 de febrero de 2014 en la capital puertorriqueña.
La muerte sucedió después de que Ortiz Jordán saliera a la calle en medio de la noche al oír unos ruidos sospechosos, donde tuvo un encuentro con agentes de la Policía que le dispararon mortalmente, lo que los agentes justificaron como acto de legítima defensa.
Rodríguez indicó que la muerte de Ortiz Jordán se suma a la de otras personas de nacionalidad dominicana muertas, según dijo, a manos de miembros de las fuerzas del orden de la isla caribeña durante los últimos años.
Las detenciones de esta semana suponen el número más elevado por parte del FBI en Puerto Rico desde que en 2010 arrestó a 133 miembros de la isla caribeña.
Aquel operativo, denominado “Guard Shack”, llevó a que se emitieran 133 acusaciones, de los cuales 89 eran policías imputados por su relación en transacciones de narcotráfico, entre otros delitos.
La de 2010 fue la mayor operación del FBI en su historia desde que se estableció en Puerto Rico en 1908.
Las denuncias de abusos por parte de diferentes colectivos llevó a la reforma de la Policía local, que se puso en marcha tras el acuerdo judicial alcanzado entre el Gobierno y la Justicia federal a raíz de un informe de 2011 de la Unión Americana de Libertades Civiles que denunciaba que entre 2005 y 2010 casi 2.000 agentes de la Policía local cometieron delitos de distinta índole.
El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos adelantó que si en los próximos meses no hay un cambio sustancial en el patrón de la Policía de Puerto Rico, está dispuesto a llevar el asunto ante la Comisión Interamericano de los Derechos Humanos.
Rodríguez indicó que la corrupción policial no afecta a solamente agentes, sino que es un problema que tiene su raíz en altos mandos del cuerpo, algunos, dijo, cercanos al propio jefe de la Policía, José Caldero.
lmomento.net
Comunidad en el exterior
“Estafa de abuelos”: Acusan a 11 dominicanos de estafar a estadounidenses desde call centers
Estados Unidos.-Dieciséis personas fueron acusadas en relación con una extensa “estafa de abuelos” para defraudar a estadounidenses de edad avanzada con millones de dólares, anunció este martes el Departamento de Justicia durante un anuncio virtual.
Entre los acusados figuran Juan Rafael Parra Arias, también conocido como Yofre, 41 años; Nefy Vladimir Parra Arias, también conocido como Keko, 39 años; Nelson Rafael González Acevedo, también conocido como Nelson Tech, 35 años; Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, también conocido como Max Morgan, 59 años; Miguel Ángel Fortuna Solano, también conocido como Botija, y Boti, 41 años; Félix Samuel Reynoso Ventura, también conocido como Fili, y Filly The Kid, 37; Carlos Javier Estévez, 45; Luis Junior Rodríguez Serrano, también conocido como Junior, 27 años; Miguel Ángel Vásquez, también conocido como Miguel Disla, 24; Jovanni Antonio Rosario García, también conocido como Porky, y Chop, de 45 años; y José Ismael Dilón Rodríguez, 34.
Según la acusación, revelada en Newark, Nueva Jersey, los acusados participaron en una estafa operada desde centros de llamadas en República Dominicana.
Otras cinco personas fueron acusadas mediante denuncia de conspiración para cometer fraude electrónico como parte del mismo plan. Estos son Endy José Torres Morán, de 21 años, de Brooklyn, Nueva York; Ivan Alexander Inoa Suero, 32 años, de la ciudad de Nueva York; Jhonny Cepeda, 27 años, de la ciudad de Nueva York; Ramón Hurtado, de 43 años, de la ciudad de Nueva York, y Yuleisy Roque, de 21 años, del Bronx, Nueva York.
Se alega que los cinco acusados en la denuncia actuaron como mensajeros que recogieron dinero en efectivo de víctimas defraudadas en Nueva Jersey, Nueva York y otros lugares.
“Como se alega, estos 16 acusados se aprovecharon del amor y la devoción familiar de los abuelos, estafándolos con millones de dólares”, dijo el Fiscal Federal Sellinger para el Distrito de Nueva Jersey.
“En esta ‘estafa de abuelos’, los acusados supuestamente se hicieron pasar por nietos en apuros, alegando, por ejemplo, que habían sido arrestados después de un accidente automovilístico que involucró a una mujer embarazada que luego tuvo un aborto espontáneo, y que necesitaban efectivo inmediato para pagar la fianza o un abogado. Los abuelos, presas del pánico, pagaron rápidamente, a veces decenas de miles de dólares. Mi oficina está comprometida a proteger los derechos de todas las víctimas y procesaremos implacablemente a quienes supuestamente se dirigen a personas mayores vulnerables para robarles los ahorros que tanto les costó ganar”.
“El anuncio surge del presunto ataque cruel de los acusados contra víctimas de edad avanzada que fueron engañadas colectivamente para que entregaran millones de dólares”, dijo el agente especial interino a cargo Darren B. McCormack de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York.
Agregó que “para su propio beneficio egoísta, estos individuos acusados amenazaron los medios de vida de estadounidenses inocentes y les robaron su precioso tiempo y todos los ahorros que habían conseguido para sí mismos”.
Cómo operaban
Según documentos presentados en este caso y declaraciones rendidas ante el tribunal, Juan Rafael Parra Arias, Nefy Vladimir Parra Arrias y González Acevedo operaban una sofisticada red de centros de llamadas en la República Dominicana. Entre sus presuntas víctimas se encontraban residentes ancianos de varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts. Los centros de llamadas victimizaron a cientos de estadounidenses mediante fraude y robaron millones de dólares.
Los miembros de la conspiración denominados “abridores” llamaron a víctimas ancianas en los Estados Unidos y se hicieron pasar por hijos, nietos u otros parientes cercanos de las víctimas. Los centros de llamadas utilizaron tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían del interior de los Estados Unidos. Por lo general, a la víctima se le decía que su nieto había tenido un accidente automovilístico, había sido arrestado en relación con un accidente y necesitaba ayuda.
Una vez que los abridores engañaron a las víctimas haciéndoles creer que sus seres queridos estaban en graves problemas, otros que trabajaban en los centros de llamadas, conocidos como «cerradores», supuestamente se hicieron pasar por abogados defensores, agentes de policía o personal judicial y convencieron a las víctimas para que proporcionaran miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos.
Según los documentos de la acusación, los cerradores, incluidos los acusados Rodríguez Guzmán, Fortuna Solano, Reynoso Ventura y Estévez, normalmente decían a las víctimas que dieran el dinero en efectivo a mensajeros que enviaban a las casas de las víctimas para recoger su dinero. Otras veces, los vendedores indicaban a las víctimas que enviaran el dinero en efectivo por correo.
Una vez que se convenció a las víctimas de que dieran dinero en efectivo, los “despachadores” del centro de llamadas, incluidos Rodríguez Serrano, Vásquez, Rosario García y Diloné Rodríguez, reclutaron y administraron una red de mensajeros con sede en Estados Unidos para obtener dinero en efectivo de las víctimas ancianas en todo el noreste de Estados Unidos.
Esos mensajeros con base en Estados Unidos, incluidos los cinco acusados en la denuncia, generalmente iban a la casa de las víctimas ancianas para recoger el efectivo, a menudo usando nombres falsos y entregando a las víctimas recibos falsos. Luego, los mensajeros llevaron el dinero a otros miembros de la conspiración, quienes enviaron el dinero de las víctimas a la República Dominicana.
Penas
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, una multa máxima de $250,000 por cada cargo de fraude postal y electrónico y una multa máxima de $500,000 por cada cargo de lavado de dinero.
El fiscal adjunto Rao se unió al fiscal federal Sellinger, al agente especial a cargo James E. Dennehy de la División Newark del FBI y al agente especial adjunto a cargo McCormack de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York hicieron el anuncio.
HIS, SSA-OIG, NYPD y el FBI están investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia significativa.
Los abogados litigantes Jason Feldman, Joshua Ferrentino y Emily Powers de la División de Protección al Consumidor de la División Civil y la fiscal federal adjunta Carolyn Silane para el distrito de Jersey están a cargo de la acusación en el caso.
LAWRENCE.- La Policía ofreció una recompensa de cinco mil dólares por información que ayude a la captura de un hombre que asesinó a balazos a un joven dominicano en diciembre del 2023.
Franklin Laras, de 27 años, es buscado por el Departamento de Policía de Lawrence y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos por la muerte a balazos de Edward Javier Pérez, de 29.
El crimen ocurrió el pasado 24 de diciembre, en el club Energy Lounge, localizado en el 459 de Broadway, en Lawrence.
Laras fue descrito como un hombre blanco de 5 pies y 7 pulgadas de estatura, 190 libras, ojos y cabello marrones, y con tatuajes en el pecho y los brazos.
La Policía dijo que Laras tiene vínculos en los pueblos de Springfield y Palmer, Massachusetts.
Si sabe algo, comuniquese con el Servicio de Alguaciles de EEUU al 1-877-WANTED2 o en línea en usmarshals.gov/tips.
jt/am
NUEVA YORK.- La Policía arrestó a dos de sus agentes de origen dominicano acusados de haber abuzado sexualmente de una mujer que estaba ebria.
Julio Alcántara Santiago, de 40 años, y Christian García, de 32, conocieron a la supuesta víctima en el bar “Zona de Cuba”, en el sector Melrose, y se ofrecieron a llevarla a su casa porque estaba borracha.
Los agentes, que estaban fuera de servicio, aparecen en un video de vigilancia sacando del negocio a la mujer por los brazos y en otro se ven sacándola de un automóvil mientras ella parecía estar inconsciente.
Luego, Alcántara Santiago y García llevaron a la fémina a su apartamento en el 790 de la avenida Grand Concourse, donde la víctima afirma que fue abusada.
Aunque la mujer, de 36 años, asegura que no recuerda cuándo salió del bar, dijo que se despertó en una cama y encontró a los dos oficiales encima de ella.
Alcántara y García enfrentan cargos de abuso sexual, conducta sexual inapropiada y toque forzado.
Ambos fueron procesados el pasado martes y suspendidos sin goce de sueldo por el presunto crimen ocurrido en julio del año pasado.