Análisis Noticiosos
Perú: ejemplo de avance institucional democrático
Por Juan Bolívar Díaz
El Perú está demostrando que los países latinoamericanos pueden avanzar en la fortaleza de la institucionalidad democrática, al pasar la prueba de una de las elecciones presidenciales más reñidas de la historia, con un resultado de apenas 0.24 por ciento de diferencia, a favor del economista Pedro Pablo Kuczyinsky.
Es relevante que la perdedora, Keiko Fujimori, con tan estrecho margen, haya aceptado el resultado sin alegar fraude, que no haya habido incidentes, lo que se explica por la independencia de los órganos electorales, y porque el Estado no estuvo en la campaña como ocurre en República Dominicana.
Resultado casi insólito. La diferencia de 0.24 puntos, 50.12 a 49.88 por ciento, con que Kuczynski ha ganado la presidencia de Perú es histórica, probablemente la segunda más estrecha en la democracia universal, después de la registrada en Estados Unidos en 1960 cuando John Kennedy superó a Richard Nixon 49.7 a 49.6 por ciento. Más recientemente en el 2000, George Bush se impuso a Al Gore 48.38 a 47.87 para una diferencia de 0.51 puntos.
Para la candidata perdedora, Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes y corrupción, el resultado es más que doloroso, porque ya en el 2011 la victoria se le había escapado también en la segunda ronda electoral, a manos del actual presidente, Ollanta Humala, aunque no tan estrechamente: 51.44 a 48.55, para 2.89 puntos de diferencia.
Hace cinco años Keiko había llegado de segunda en la primera ronda, pero en abril pasado fue primera con votación de 40 por ciento, casi el doble del 21 que consiguió Kuczynski, quien debe su triunfo ahora a la tercera candidata, Verónika Mendoza, del Frente Amplio, quien en la primera ronda había quedado en tercer lugar con 19 por ciento.
Hasta tres días antes de la segunda vuelta, las encuestas daban el triunfo a Keiko, con ventaja entre 3 y 5 puntos, pero el apoyo de Mendoza, de la moderada izquierda peruana, al economista centro derechista resultó definitivo. Ella pidió votar por Kuczynski sin siquiera reunirse con él y encabezó una marcha multitudinaria en Lima, proclamando que no podía permitir el triunfo del fujimorismo, recordando la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000), con sus crímenes y corrupción.
Asombrosa tranquilidad. Muchos dominicanos no entienden la asombrosa tranquilidad con la que los peruanos han asumido un resultado tan estrecho en su elección presidencial, sin violencia ni impugnaciones, cerrándose el proceso al quinto día, con la aceptación de la candidata perdedora, Keiko Fujimori, cuyo partido queda en control del Congreso con 73 de sus 130 miembros. Si aquí hubiese habido un resultado parecido, casi estalla una guerra civil, dadas las precariedades de la institucionalidad democrática.
En Perú el resultado de la elección presidencial fue proclamado el jueves, al cuarto día de los comicios, mientras aquí tomó el doble, completándose el 23 de mayo.
Medio día después ya la señora Fujimori había aceptado la realidad, lo que aquí no ha ocurrido formalmente cuatro semanas después de la votación. Y el Perú es un país 26 veces mayor en territorio, con muchas poblaciones aisladas en la zona amazónica y la sierra andina. La población de 32 millones triplica la dominicana, como su padrón electoral de 22.9 millones.
Los peruanos experimentaron el voto electrónico en 19 de los 43 distritos de la capital y su puerto El Callao, incluyendo apenas a 743 mil electores, un 3.25 por ciento del total. Y hubo atrasos y dificultades sobre todo para la población adulta mayor. En la elección del 2011 se probó en un único distrito, Pacarán. Aquí se impuso de golpe en todo el país el 15 de mayo, para registrar un colapso en el escrutinio.
En Perú las elecciones municipales y locales están separadas de la presidencial y congresual. En la primera vuelta solo elegían 138 cargos, presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados de un congreso unicameral y 5 representantes al Parlamento Andino. Aquí el 15 de mayo se eligieron 4,106 funcionarios, incluyendo 222 para dos cámaras legislativas. En Perú se eligió un legislador por cada 246 mil peruanos y aquí uno por cada 45 mil dominicanos.
El electorado sanciona. Otra diferencia fundamental con RD es que en Perú es bajo el clientelismo político y el electorado es exigente y sanciona, tanto que los partidos tradicionales han desaparecido y ninguno de los nuevos domina el escenario, desde hace casi cuatro décadas. En 1980 Belaúnde gana la elección y en 1985 su partido obtiene 6%; gana Alan García y en 1990, su APRA cae al 11%, Fujimori gana y se constituye en dictador, pero tras imponer una segunda reelección en el 2000, es obligado al exilio y luego condenado a 25 años de cárcel por crímenes y corrupción; electo Toledo, termina en el piso en el 2006, y vuelve Alan, pero su partido ni siquiera pudo presentar candidato en el 2011, cuando llega Ollanta Humala, cuyo partido tampoco pudo llevar candidatura presidencial ahora en el 2016.
Cualquiera tiene la tentación de creer que los resultados gubernamentales han sido un desastre, pero relativamente no es cierto. La economía ha crecido en promedio anual de 5% en lo que va de siglo, en 7 años por encima del 6 por ciento, y en tres con más del 8.5%. Perú es el país de América Latina que más redujo la pobreza, según la CEPAL, a menos de la mitad, del 54.7 en el 2001, al 22.7 en el 2014, con gran descentralización de la inversión. República Dominicana solo logró bajarla del 42 al 37% en ese período, según la misma fuente.
Como en todas partes, hay mucha corrupción en el Perú, pero su principal diario, El Comercio, informaba el 2 de enero pasado, que durante el 2015 el Poder Judicial dictó 13,307 condenas por delitos de corrupción en todos los niveles del país.
La realidad dominicana. A cuatro semanas de las elecciones generales dominicanas, todavía se conocen impugnaciones en juntas municipales, el Tribunal Superior Electoral, partidarizado y sin el menor crédito, tiene decenas de impugnaciones pendientes, y la oposición sigue restando legitimidad al proceso, tras una automatización fallida que prometió resultados la misma noche de la votación.
La diferencia fundamental fue que aquí el Estado irrumpió, se involucró por completo, con el presupuesto, sin el menor escrúpulo, desde la reforma de la Constitución hasta una campaña absolutamente desigual, aplastante, con enorme clientelismo y decenas de miles de activistas pagados del presupuesto nacional y con los órganos electorales y gran parte de los medios comunicativos secuestrados. El resultado es que los aplastados se niegan a reconocer a quienes consideran impostores.
La ventaja del 62 por ciento en la reelección presidencial y la captura de dos terceras partes del Congreso y los municipios por el partido gobernante, no han sido disuasivos y están cobrando un alto costo de descrédito e ilegitimidad. Mientras hay razones para cuestionar si es beneficioso o perjudicial el colapso de los partidos que dominaron el escenario político peruano en el siglo pasado.
Análisis Noticiosos
La jurisdicción contenciosa administrativa, una caricatura del sistema de justicia.
Por José Cabral.
En una sociedad como la dominicana, donde los antivalores aparecen en todos los escenarios, fruto de una herencia histórico- cultural fundamentada en el caudillismo, el machismo, el patriarcado, el amiguismo, entre otras distorsiones, es lo que explica que el país haya caído en dictaduras férreas como las de Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilí y la de Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Esta vocación dictatorial todavía perdura en muchos dominicanos, ya que, aunque se salió de esos gobiernos violadores de derechos humanos fundamentales, pero aún perdura la tendencia en el país, máxime cuando una persona adquiere cierta autooridad a través de la administración pública, la inclinación por las arbitrariedades que provienen del poder.
Entonces, a partir de esa premisa se puede decir que la jurisdicción contenciosa administrativa juega un papel de primer orden en el sistema de justicia nacional, porque tiene la sagrada misión de juzgar a la administración frente a los abusos que se cometen en contra del administrado.
Los avances en esta rama del derecho que se observan en los textos de las leyes 13-07 y 107-13, las cuales son una continuación de lo que consignan los artículos 164 y 167 de la Constitución de la Republica, no parecen que jueguen su papel en el marco del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país desde el año 2010.
La jurisdicción contenciosa administrativa parece que se ha quedado estacionaria en lo que disponía la Ley 1494 de que a través de ella la administración se juzgaba a sí misma, mediante la llamada justicia tenida, ya que sus sentencias son una especie de bochorno y evitan que el ciudadano pueda recurrir en contra de la conducta abusiva del funcionario público.
Las sentencias de los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa son la principal frustración y negación del proceso de constitucionalización del derecho, cuyas ponderaciones dejan mucho que desear y son decepcionantes para que el administrado logre sobreponerse a los atropellos de la administración que ya no encajan en el contexto del neo-constitucionalismo.
Naturalmente, hay que decir que el fenómeno no es exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de todo el sistema de justicia, en el que se observa que se producen graves violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, así como de principios como el de celeridad procesal, el plazo razonable que devienen en justicia tardía, que no es otra cosa que denegación de justicia.
Todo este cuadro dice claramente que en el país todavía no se ha superado la denominada constitución de fachada, es decir, que la misma es muy bonita en el papel, pero que la práctica es una negación de ella, lo cual deja muy mal parada a la democracia nacional.
Sin embargo, hay que ratificar que lo que se observa en la jurisdicción contenciosa administrativa llena de vergüenza a los que de alguna manera abogan por una mejor administración de justicia, cuyas principales decisiones casi siempre terminan en nulidad mediante los recursos de revisión en esta materia elevados ante el Tribunal Constitucional (TC)
Lo interesante de las debilidades que se observan en todo el sistema de justicia es que en los discursos de los que lo representan, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el país camina tan bien en esta materia que habría que compararlo con las naciones donde el estado de derecho tiene un real y contundente empoderamiento.
¿Percepción o realidad?
Por José Cabral
En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.
Puede decirse que el proceso de constitucionalización del derecho se produce en el papel, pero no en la realidad, lo que crea una serie de incertidumbres en la sociedad.
La jurisdicción contenciosa administrativa es una que no hay forma de que tenga un desempeño en función de una buena administración de justicia, porque si el funcionario público incurre en graves violaciones de los derechos fundamentales, peor pasa con los jueces de la misma, quienes no hay forma de que demuestren que se manejan en función del impacto de los valores y principios constitucionales en sus decisiones, lo cual es definitivamente una negación de los supuestos avances en esta materia.
Las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa son una especie de caja de resonancia de los pedidos en sus conclusiones de la Procuraduría General Administrativa, cuyos contrasentidos jurídicos son el pan de cada día en las audiencias de sus diferentes salas, lo que impacta negativamente al ciudadano.
Por el momento quiero reproducir una carta enviada al presidente del Tribunal Superior Administrativa ante una decisión tomada en virtud de la solicitud de una medida cautelar frente a los abusos que comete la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE) en contra de los usuarios.
Sin embargo, la falta de razonabilidad y racionalidad de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), principalmente de su presidente, causa más indignación que los atropellos que comete el órgano del Estado que maneja la referida empresa.
A continuación reproduzco la carta enviada al presidente del TSA a propósito de su sentencia mediante la cual niega una medida cautelar, cuyo razonamiento, aparte de ridículo, revela hasta donde en el país se cuenta con una Constitución de fachada, cuyo respeto a los derechos fundamentales sólo existe en el texto, pero no en la realidad.
Señor
Magistrado Diomedes Y. Villalona G.
Presidente del Tribunal Superior Administrativo
Magistrado Villalona:
La presente es para dejar sentada mi indignación por la reiteración de decisiones que dejan muy mal parada a la jurisdicción contenciosa administrativa en la República Dominicana, cuyo desempeño deja mucho que desear, a pesar de que se enarbola que su base de sustentación es el nuevo constitucionalismo que se rige por valores y principios.
El mejor ejemplo de que la jurisdicción contenciosa administrativa se maneja con un nivel de razonabilidad y de racionalidad que no supera lo que ocurre en los juzgados de paz o tribunales inferiores, donde las decisiones son generalmente muy superficiales y carentes de una aceptable ponderación, es la sentencia emitida y que genera la presente comunicación.
La última joya del presidente del Tribunal Superior Administrativo ante los abusos cometidos por la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), la cual ha incurrido en una serie de atropellos que revelan que los derechos de los consumidores y de los administrados están en manos de juzgadores que sólo sirven como caja de resonancia de los funcionarios públicos que actúan al margen de la Ley 13-07 y de la 107-13, así como de la 1494, ya que su misión no parece ser otra que imponer una carga procesal y económica que se agrava cuando finalmente se emite un fallo carente de toda lógica jurídica en detrimento del impetrante y en favor del impetrado..
En este sentido, he querido dejar sentado mi rechazo al comportamiento y el daño que genera esta jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento de un buen derecho, de una buena administración de justicia, que deteriora la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, dado que en el fallo se establece qué tan grande es su falta de razonabilidad al negar una medida cautelar en virtud de un corte del servicio de electricidad que lleva varios meses bajo el argumento de que no se aportaron pruebas de que el recurrente no tiene el referido servicio, pese a que la propia ley ofrece la respuesta al respecto.
Cómo se puede entender semejante decisión, ya que es un contrasentido que el recurrente diga que se le cortó arbitrariamente el servicio de energía eléctrica y que mediante la medida cautelar solicite la reconexión del mismo, pero que, en un choque con cualquier razonamiento lógico, máxime cuando la parte recurrida no ha invocado lo contrario de lo alegado por el cliente, el tribunal niegue el pedido sustentándose en que no se aportaron las pruebas al respecto, sobre todo cuando el órgano se niega a entregar documentos que comprometan su irresponsabilidad e ilegalidad.
La realidad es que ese desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa es una vergüenza ante el proclamado empoderamiento del neoconstitucionalismo, que se basa en la aplicación de valores y principios que van de las manos con los derechos humanos fundamentales.
La decisión tomada en torno a la medida cautelar es una especie de anuncio anticipado de que el recurso que tiene que ver con el fondo también será fallado en contra, en razón de que, como digo más arriba, la decisión tomada deja muy claro que las acciones de cualquier administrado es un esfuerzo perdido por los criterios con que se maneja la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, convirtiéndose en una vergüenza para el derecho comparado, interamericano e internacional.
El mejor consejo para cualquier administrado abusado por la administración es desistir de buscar justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa por representar una vergüenza para el sistema de justicia nacional, ya que como lo dije más arriba sus decisiones están determinadas por los contrasentidos jurídicos que invoca generalmente la Procuraduría General Administrativa, cuyos procesos para lo único que sirven es para aumentar la carga procesal y costos económicos en desfavor del ciudadano a través de notificaciones arbitrarias y abusivas.
Este desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual todavía está estacionaria en la llamada justicia retenida, mediante la cual la administración se juzga a sí misma y cuyos jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, igual que el que preside la Procuraduría General Administrativa, llena de vergüenza a cualquier buen dominicano, dado que se supone que el Tribunal Superior Administrativa está bajo el control y la tutela de la Suprema Corte de Justicia en virtud del mandato de la Ley 13-07.
Evidentemente que la decisión de negar la medida cautelar tiene el propósito de condenar al fracaso la demanda principal en razón de que impone que el recurrente tenga que negociar con EDENORTE para restablecer el servicio y de ese modo disponer la inadmisibilidad de la misma por existir un acuerdo que deja sin sentido el pedido principal de la parte recurrente que, entre otras cosas, busca una indemnización por los daños morales y materiales causados.
No está de más recordar que el artículo 22 de la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas ante la Administración y el derecho a la defensa establece que la administración debe probar sus alegatos. El procedimiento sancionador obliga a la administración a sustentar la validez de sus actos y pruebas, además que existe la carga de la prueba que en los procedimientos sancionadores la administración pública tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus decisiones contra un ciudadano en función del principio de legalidad, ya que el funcionario público está limitado por las normas de procedimiento y la Constitución, no pudiendo actuar sin sustento probatorio, ya que la presunción de validez no es absoluta. Otro principio violado por la jurisdicción contenciosa administrativa es el de celeridad, consignado en el artículo 19 de la Ley 107-13, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. La medida cautelar solicitada por el impetrante fue fallada en contra de lo que dispone al articulo 7 de la Ley 13-07, Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la cual se conoció el 16 de diciembre y fue fallada el 22 de enero, pese a que se habla de cinco días después de la celebrada la audiencia en la que las partes plantean sus conclusiones, principalmente cuando hay una afectación mayor, porque el recurrente no tiene servicio de energía eléctrica y que en consecuencia todas las labores comerciales y empresariales están paralizadas y la reactivación está determinada por el fallo de la misma.
Este es un ejemplo de que en el país existe una Constitución de fachada que niega los supuestos avances y fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho, lo cual es una explicación de que República Dominicana es una sociedad que vive más de la percepción que de la realidad.
Sin otro particular,
José Antonio Cabral Salcedo.
Análisis Noticiosos
Santo Domingo está entre los destinos para viajar en 2026, según la BBC de Londres
Santo Domingo figura entre los destinos recomendados para viajar en el año 2026, de acuerdo con una selección especial de BBC Travel, que destaca destinos mundiales con capacidad para de ofrecer experiencias mientras promueven el turismo sostenible y la preservación del patrimonio cultural.
La capital dominicana aparece en una lista que incluye 11 destinos internacionales, cinco de ellos ubicados en América Latina, elegidos a partir de recomendaciones de periodistas de la BBC, expertos en viajes y autoridades globales en turismo responsable.
El criterio central fue identificar lugares que reciben al visitante con entusiasmo y donde el impacto del turismo sea positivo y duradero.
Según la BBC, 2026 será un año clave para Santo Domingo, ya que la ciudad albergará los Juegos Centroamericanos y del Caribe, del 24 de julio al 8 de agosto, en el marco del centenario de la competencia. Este evento reunirá a atletas de 37 países y ha impulsado una serie de mejoras urbanas y deportivas en la capital.
Asimismo, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte fue modernizado, incorporando infraestructura inclusiva como senderos de pavimentación táctil para personas con discapacidad visual.
La BBC subraya que Santo Domingo ofrece mucho más que historia. La ciudad es el epicentro del merengue y la bachata, ritmos que marcan el pulso de celebraciones como el Carnaval de febrero y el Festival del Merengue.
En 2026, además, regresan grandes citas musicales como el Isle of Light, en marzo, y el Presidente Festival, que vuelve tras una pausa de una década como uno de los eventos musicales más emblemáticos de América Latina.
Puerta al ecoturismo del Caribe
BBC Travel también resalta la conexión de Santo Domingo con Samaná, conocida por sus calas, selvas tropicales y aguas turquesas. El hotel Ocama, por ejemplo, ofrece traslados en helicóptero desde la capital hacia esta región, facilitando el acceso a uno de los destinos naturales más atractivos del país.
Otros destinos citados por la BBC, según el orden alfabético
- Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
- Costa de Oregón, Estados Unidos
- Costa Rica
- Guimarães, Portugal
- Islas Hébridas, Escocia
- Ishikawa, Japón
- Loreto, Baja California Sur, México
- Montenegro
- Uruguay
- Valle de Colchagua, Chile