Además de marchas de protesta organizadas por sindicatos y movimientos sociales en medio centenar de ciudades, los manifestantes promovieron paralizaciones parciales de algunos servicios, principalmente del transporte y de la educación, en las grandes ciudades de Brasil.

La jornada de protestas fue secundada por los sindicatos de empleados públicos y de profesores en varios estados, que obligaron a escuelas y universidades a cerrar sus puertas en varios estados, como Río de Janeiro, así como por conductores de autobuses y maquinistas de metro y de trenes urbanos en ciudades como Sao Paulo, Belo Horizonte y Curitiba.

Pese a que no promovieron la prometida paralización de Brasil contra las reformas de Temer, la movilización se convirtió en una demostración de fuerza cuando el Congreso se prepara para debatir la polémica reforma.

En una primera reacción política, el Partido Socialista Brasileño (PSB), de la coalición oficialista y con un representante en el Gabinete de Temer, anunció su rechazo a la reforma como fue propuesta.

«El Partido Socialista Brasileño no acepta el carácter de la reforma tal y como fue presentada, por limitar severamente derechos sociales, lo que afecta de manera irremediable a la población más vulnerable de país, especialmente en un momento de grave crisis económica», señaló la formación en un comunicado.

Sao Paulo, la mayor ciudad del país, amaneció sin autobuses en las calles y con el metro funcionando a media marcha, aunque el transporte se normalizó a lo largo del día, y se registraron bloqueos en importantes vías, gigantescos embotellamientos y el cierre de algunos bancos.

La manifestación en plena Avenida Paulista, que paralizó el centro, contó con la presencia del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien advirtió en un discurso que la reforma «impedirá la jubilación de millones» de personas.

«Querría que (el ministro de Hacienda, Henrique) Meirelles y Temer escucharan vuestro mensaje. En vez de hacer una reforma para tirar el dinero, hagan economía para volver a crecer», expresó el exmandatario, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010.

La marcha en la capital paulista tuvo réplicas en otras ciudades del estado de Sao Paulo como Campinas, Sao José do Río Preto, Ribeirao Preto, Franca, Sao Carlos, Piracicaba y Limeira.

En Río de Janeiro, pese a que el transporte funcionó con normalidad, los colegios y universidades se paralizaron y algunos bancos no llegaron a abrir las puertas.

En Brasilia, además de una marcha que reunió a unos 10.000 militantes de los movimientos Sin Techo y Sin Tierra en la avenida que concentra las sedes del Gobierno, el Congreso y la Justicia, cientos de manifestantes ocuparon parcialmente la edificación del Ministerio de Hacienda, en cuyo interior protagonizaron refriegas con los guardias y rompieron los cristales de algunos ventanales.

Las movilizaciones multitudinarias se repitieron en Belo Horizonte (Minas Gerais), y Recife (Pernambuco), la mayor ciudad del noreste de Brasil, entre más de una veintena de capitales.

En medio de las protestas, Temer salió en defensa de su reforma en una intervención ante un grupo de empresarios: «Lo que hicimos fue presentar un camino para salvar al sistema de jubilaciones del colapso, para salvar los beneficios de los jubilados de hoy y de los jóvenes que se jubilarán mañana», afirmó.

«No queremos que Brasil de aquí a seis o siete años tenga que hacer lo que hizo Portugal, que tuvo que cortar los salarios de los trabajadores activos y de los jubilados, así como elevar la edad de jubilación», dijo.

El presidente sostuvo que Brasil tiene la opción de promover una reforma profunda en este momento porque «no podemos hacer algo modesto ahora para, de aquí a cuatro años, tener que hacer un corte mayor como lo tuvieron que hacer Portugal, Grecia y España».

Las protestas fueron convocadas por movimientos sociales y sindicatos como la Central Única de los Trabajadores (CUT, mayor unión sindical de Brasil), en su mayoría vinculados al Partido de los Trabajadores (PT), formación de los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, destituida en agosto pasado por violaciones a las leyes fiscales y sustituida por Temer.

El proyecto de Temer eleva a 65 años la edad mínima de jubilación tanto para hombres como para mujeres, aunque según las leyes actuales, las trabajadoras pueden jubilarse con treinta años de cotización y los trabajadores con 35, sin límite de edad, lo que permite que puedan acogerse al sistema de protección social con apenas cincuenta años.